“Tomarán en cuenta el grado de deforestación en un país, el avance de la frontera agrícola y asuntos que requieren de una evaluación más subjetiva, por ejemplo, a qué punto se puede comprobar el cumplimiento de la legislación ambiental o la incidencia de violación de derechos laborales en dado país”, señala Luciana Téllez, investigadora de deforestación y medio ambiente en la organización Human Rights Watch, sobre la ley del Parlamento Europeo que está por ratificarse y que prohibiría la importación de artículos relacionados con la deforestación. “Las autoridades podrán verificar la documentación entregada para ver si los importadores están cumpliendo la norma. Si entregan información incorrecta y son descubiertas, sí hay consecuencias, multas o confiscación de los cargamentos de productos.”, añade sobre la normativa que apunta a reducir la huella ambiental que tiene el consumo de la Unión Europea.

Se espera que con la aprobación de la nueva norma, además, exista una mayor fiscalización sobre aquellos productos que provienen de países afectados por la deforestación. La buena noticia es que no falta mucho para que esta legislación entre en vigencia, considerando que ya fue aprobada por el Parlamento Europeo y que solo falta el visto bueno del Consejo Europeo.

En la práctica, la norma hará que los importadores de la Unión Europea de productos que pueden estar asociados a la deforestación reporten obligatoriamente información sobre el origen y la trazabilidad de los mismos. Los productos que cubre la norma incluyen la soya, la carne de vaca y otros derivados del ganado, así como el caucho, el cacao y el café. La ley puede tener un impacto significativo en la producción latinoamericana, considerando, por ejemplo, que Argentina exporta alrededor  del 13 % de su carne a la Unión Europea, mientras Colombia el 36 % de su producción de aceite de palma. Otros países proveedores del aceite de palma son Guatemala y Honduras.

Sin embargo, el país latinoamericano que más tendrá que adaptarse a la ley es Brasil, ya que este suministra entre el 20 y el 40 % de la carne importada por la Unión Europea. “Es probable que Brasil sea considerado de alto riesgo por la enorme deforestación que se dio bajo el gobierno de Bolsonaro”, explica Luciana Téllez, quien en esta entrevista con Mongabay Latam analiza las implicancias de la nueva reglamentación. También cómo podría impactar las exportaciones de países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Colombia y Honduras en productos relacionados con la deforestación como la soya, el ganado y el aceite de palma.

—¿Cómo busca esta ley evitar que haya deforestación?

—Reglamenta la importación o exportación en la Unión Europea de café, cacao, ganado, palma aceitera, soya, goma o caucho y madera, así como de algunos de sus productos derivados como el cuero o el chocolate, prohibiendo su comercialización si se originan de áreas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. La norma también requiere que los productos o commodities sean producidas en condiciones que respeten los derechos laborales tal como están definidos en la legislación del país de origen, así como los derechos humanos protegidos por el derecho internacional.

La ley aplica a las empresas radicadas en países miembros de la Unión Europea, que son las que tienen que cumplir con sus requisitos para ya sea importar o exportar estos productos. Se les exige que hagan un análisis de sus cadenas de suministro para identificar el origen de los productos. Cada país está encargado de designar a las instituciones que harán valer la ley dentro de sus fronteras, así como los procesos administrativos para hacerla cumplir. La inspección de los productos será cuando lleguen por primera vez a una frontera de un país miembro.

—¿Habrá vigilancia especial sobre algunos países?

—La Comisión Europea definirá si un país es de nivel bajo, medio o alto de riesgo de deforestación a partir de información objetiva. Tomarán en cuenta el grado de deforestación en un país, el avance de la frontera agrícola y asuntos que requieren de una evaluación más subjetiva, por ejemplo, a qué punto se puede comprobar el cumplimiento de la legislación ambiental o la incidencia de violación de derechos laborales en dado país. La Comisión también tomará en cuenta el historial de corrupción en relación con las cadenas de suministro de los distintos productos reglamentados por esta normativa.

Entre más alto el riesgo en el que se clasifique a un país, más detallado debe ser el análisis de la compañía que importa productos provenientes de ese país a la Unión Europea. Por ejemplo, si un país productor de café es considerado de alto riesgo, entonces un mayor volumen porcentaje de las importaciones de café provenientes de ese país serán inspeccionados por las autoridades para determinar si cumple con los requisitos, según lo que la normativa contempla.

Además, si se llegara a determinar que uno de los países miembros de la Unión Europea es de alto riesgo, las compañías radicadas en ese país también deberán hacer un control más estricto de los productos que exportan si estos están reglamentados por la normativa.

—¿Hay países latinoamericanos clasificados de alto riesgo?

—Aún no se ha tomado esa decisión. En este mes se hará la aprobación formal de la ley en el Consejo de la Unión Europea que reúne a representantes de los 27 gobiernos miembros de esta. Luego se publica en el diario oficial de la Unión Europea y veinte días después, entra en vigor la ley. Una vez esto pase, la Comisión Europea tendrá 18 meses para asignar un nivel de riesgo a los distintos países. Es difícil ver que algunos países latinoamericanos escapen de la clasificación de alto riesgo.

—¿Cómo cuáles?

—Es probable que Brasil sea considerado de alto riesgo por la enorme deforestación que se dio bajo el gobierno de Bolsonaro, que estaba a favor de la misma. Esta ha seguido creciendo bajo el mandato de Lula, pero es muy temprano para decir que es dada a la inacción de su gobierno, ya que todavía está lidiando con las consecuencias de su predecesor. Buena parte del área deforestada se destina a actividades ganaderas y plantaciones de soya, que son los dos principales productos de exportación de Brasil a la Unión Europea, en particular a España y los Países Bajos.

—¿Y los demás países?

—Falta ver qué clasificación les dan, pero los principales productos que son el objeto de la ley y que exportan países latinoamericanos a la Unión Europea son carne y soya desde Argentina a España; café y el aceite de palma desde Colombia, ambos con destino a Bélgica y España principalmente, y para Ecuador es el cacao que va también a los Países Bajos. Guatemala envía aceite de palma africana que va principalmente a España, y Honduras con el café y el aceite de palma que va para Alemania y los Países Bajos. Una vez que la ley entre en vigor, las empresas europeas que los importan tendrán que cerciorarse que estén alineados con los requisitos de la normativa para poder ingresarlos a la Unión Europea. Desde el punto de vista de productores latinoamericanos, estos tendrán que adaptarse a los nuevos requisitos para poder continuar exportando a sus socios comerciales en la Unión Europea.

Por ejemplo, en Honduras, el cultivo de palma africana está fuertemente asociado a la deforestación y a violaciones de derechos humanos. En Colombia, la tendencia parece indicar que la industria palmicultora está generando deforestación recientemente. Hay industria de más riesgo que otras. La relación comercial que más va a impactar la ley es la de Brasil y Argentina con la Unión Europea.

—¿Cómo funcionará en la práctica la inspección?

—Los importadores tendrán que entregar de manera obligatoria documentación que incluya las coordenadas de donde se originó el cultivo o informar sobre el establecimiento donde se criaron los animales en el caso del ganado hasta el final de su vida. En la práctica, la empresa en Europa le va a tener que pedir información a la compañía proveedora latinoamericana. Pero al fin y al cabo es la empresa europea la que está sujeta a la ley.

Ese nivel de transparencia existe en muy pocos países. En Uruguay, por ejemplo, ya existe la trazabilidad del ganado desde el comienzo hasta el final de su vida. Esto será un reto en países como Brasil, donde es clara la vinculación entre deforestación y ganadería.

Habrá que esperar los recursos que asigne cada país de la Unión Europea para ver qué tan exhaustiva será la revisión que harán. La efectividad dependerá de qué tan bien la implemente cada país.

—¿La ley contempla otro tipo de medidas para desincentivar la deforestación?

—Sí, incluye multas altas en caso de que una empresa no cumpla con la ley. Además, si las autoridades portuarias reciben información de que un cargamento de productos está relacionado con deforestación u otra violación de la normativa, tiene la opción de retener el envío hasta que puedan cerciorarse de que efectivamente sí cumplieron con la ley. El prospecto de que se retengan los productos en la frontera —más teniendo en cuenta que algunos son perecederos— es un incentivo para que más importadores respeten la ley.

Las autoridades podrán verificar la documentación entregada para ver si los importadores están cumpliendo la norma. Si entregan información incorrecta y son descubiertas, sí hay consecuencias, multas o confiscación de los cargamentos de productos. Sin lugar a dudas, la efectividad de la ley va a depender de los recursos que se asignen para su implementación en cada país miembro de la Unión Europea, incluidos recursos para verificar la veracidad de la información que entregan los importadores.

Las organizaciones como Human Rights Watch haremos incidencia para que la implementación sea rigurosa.

—¿La ley generará una reducción de la deforestación en Latinoamérica?

—Puede contribuir a esa dirección. Primero, enviando una señal a los países que proveen estos productos de que la Unión Europea ahora quiere incentivar un suministro sostenible, libre de deforestación. Segundo, porque la ley prevé que la Unión Europea apoye a los países proveedores a que se adapten a la ley. Por ejemplo, la Comisión Europea está revisando los distintos programas de cooperación internacionales que tiene con países productores. Esta ley es parte de un paquete de medidas de la Unión Europea para reducir la deforestación a nivel global.

—¿Hay normas similares a esta ley en la Unión Europea?

—Lo más cercano era un reglamento que prohibía la importación de madera que había sido cortada ilegalmente. Era limitada porque solo consideraba la deforestación ilegal, si era legal no afectaba las exportaciones a la Unión Europea. Ahora con esta nueva ley, no importa si la deforestación fue legal o ilegal en el país de origen, lo que se prohíbe es que puedan entrar estos productos si están asociados a la pérdida de bosque.

—¿En qué difiere la ley de los acuerdos voluntarios empresariales o los sellos de no deforestación?

—Muchas empresas han hecho compromisos voluntarios de no deforestación en su cadena de suministro en los últimos diez o quince años, pero no los cumplieron. El problema de muchas de estas iniciativas es que las compañías pagan las auditorías que evalúan la sostenibilidad. Si la empresa que auditas es la que te está pagando, quizás no vas a hacer una auditoría muy rigurosa o estás limitado a hacerla dentro de parámetros muy estrictos definidos por la compañía que te contrata, y que probablemente no te permitirá evaluar realmente si sus productos están libres de deforestación o si hubo abusos laborales. Pero esta ley lo vuelve una obligación, ya no es voluntario. Desde Human Rights Watch consideramos que es lo necesario, no puede seguir siendo un tema voluntario. Lo que se requiere es una legislación vinculante como esta. Es positivo que además se hagan obligatorios los mecanismos de trazabilidad.

—¿Cómo va a funcionar la ley en el tema del ganado?

—Los países de la Unión Europea van a requerir las coordenadas GPS de los establecimientos donde se ha criado el ganado. Es más complejo que en el caso de las plantaciones, que son estáticas, mientras que el ganado es movilizado durante su vida. También cubre la carne y el cuero. Es relevante porque el 25 % del cuero que exporta Brasil va en dirección a la Unión Europea. Es un sector significativo.

El desafío será que las autoridades que reciben la información, confirmen si esta es correcta, así como los mecanismos de cooperación que establecerán con los países productores para poder verificar los temas.

—¿Le faltó algo a la ley?

—No incluye una protección para ecosistemas naturales distintos a los bosques como las sabanas. Eso es importante para la relación entre Europa y América Latina porque el cultivo de la soya está arrasando con el Cerrado brasileño, con el Chaco argentino y paraguayo. Son ecosistemas que la ley no abarca. Entonces, si hay productos de soya que provienen de esas zonas, pueden entrar a la Unión Europea sin problema. Pero hay una cláusula en la norma que busca resolver ese problema que permite a la Comisión Europea incluir otros ecosistemas en la protección contra la deforestación bajo aprobación del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo.

—¿Qué están haciendo los países latinoamericanos para acomodarse a la nueva ley?

—Sí, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura Brasil a principios de año inició una consulta pública sobre qué sistemas de trazabilidad de ganado debe haber en el país. No es una coincidencia, el país está buscando adaptarse a esos requerimientos que vienen en camino. Se está pensando en cómo cumplir esos requisitos para no perder competitividad.

—¿Qué otro aspecto quiere resaltar?

—Por primera vez, establece que las compañías importadoras europeas tienen que cumplir con el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado, lo cual es significativo. Abre puertas para que podamos responsabilizar a las empresas que no lo cumplan, facilita la creación de mecanismos de remediación de violaciones de derechos humanos de las comunidades que más defienden los bosques, los pueblos indígenas.

—¿Es algo específico o más abstracto?

—La obligación de que la empresas tienen que respetar el consentimiento es clara. Pero aún no hay detalles sobre qué información deberán brindar para demostrar que han cumplido con este requerimiento específico, por el momento es un poco abstracto, lamentablemente.

—¿En qué difiere de la ley de bosques de Estados Unidos (el Forest Act)?

—Estados Unidos tiene una ley que prohíbe la importación de madera ilegal, el Lacey Act. El Forest Act por el momento solo es una propuesta de ley a nivel federal, el Congreso aún no la ha aprobado. Contempla prohibir las importaciones de aceite de palma, soya, carne, cuero, goma o caucho, cacao y de pasta y papel si están asociadas a la deforestación ilegal en su país de origen. Difiere de la normativa Europea en que permitiría aquellos productos que están asociados a la deforestación siempre y cuando ésta sea considerada legal en su país de origen. En muchos países de América Latina, la gran mayoría de la deforestación es ilegal. Entonces, a pesar de la diferencia entre las normas, el Forest Act también tendría un impacto significativo.

—¿Y qué sucede con China?

—Recientemente, durante la visita del presidente Lula de Brasil a China, acordó con Xi Jinping acabar con el comercio de madera ilegal. Es significativo como aspiración, habrá que ver cómo lo implementan. China es un importante consumidor de la madera brasileña.

*Imagen principal: Vista aérea de las zonas quemadas y deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

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David Tarazona Editor/a

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