- En un comunicado conjunto, siete relatores de Naciones Unidas destacaron los actos de intimidación y criminalización en contra de líderes de la comunidad afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier en la provincia de Esmeraldas y expresaron su preocupación por no protegerlos contra los abusos de derechos humanos que han sufrido por parte de una empresa palmicultora.
- El organismo internacional está preocupado por el abuso que la empresa habría hecho del sistema judicial. Cuatro líderes fueron condenados a indemnizar a la palmicultora con 151 000 dólares. Esa decisión está en apelación mientras que la comunidad espera que avance la demanda en que solicita la recuperación de varias hectáreas de sus tierras ancestrales.
Siete relatores de Naciones Unidas (ONU) quedaron sorprendidos luego de conocer que la justicia ecuatoriana condenó a cuatro líderes afroecuatorianos a pagarle 151 000 dólares a una palmicultora, por haber realizado un plantón pacífico durante tres meses en el 2019.
Ante esto, los relatores de la ONU hicieron un llamado urgente al gobierno ecuatoriano para que garantice la seguridad de los defensores ambientales y aseguraron que la empresa ha venido abusando del sistema judicial para intimidar y criminalizar a los líderes.
En una carta, los relatores expresan al Estado ecuatoriano que es urgente que preste atención “al presunto uso indebido del sistema judicial por parte de la empresa de aceite de palma Energy & Palma, del Grupo La Fabril, contra cuatro líderes comunitarios afrodescendientes y defensores de los derechos humanos de la Comunidad Barranquilla de San Javier, provincia de Esmeraldas, Ecuador —Antonio Olivero Mina Caicedo, Luis Fernando Quintero Mina, Andrés Humberto Arce Quintero y Néstor Javier Caicedo Caicedo— por ejercer su derecho a la protesta, la defensa colectiva del territorio y del medio ambiente”.
Y es que el 10 de septiembre de 2020, la empresa denunció a siete dirigentes de Barranquilla por daños y perjuicios, aduciendo pérdidas de más de 320 000 dólares durante los tres meses de 2019 en que la comunidad bloqueó una de las vías de acceso a la palmicultora. El plantón, según dicen los líderes, era un reclamo por la contaminación de sus fuentes de agua y porque la empresa habría ocupado varias hectáreas que forman parte de su territorio ancestral.
En septiembre de 2021, el juez de primera instancia del cantón San Lorenzo sentenció a cuatro de los siete líderes a pagar 151 000 dólares. La comunidad apeló esta decisión, pero el 28 de julio de 2022 “el juez de segunda instancia determina que existe un daño y obliga a pagar unas ínfimas cuantías”, comenta Gustavo Redín, abogado de los líderes de Barranquilla. Es en ese momento cuando la comunidad acude ante la ONU.
Aunque ya ha pasado más de un año desde que se llevó a cabo la audiencia oral de segunda instancia, aún no se emite la sentencia escrita ni se determina el dinero que los líderes deberán pagar.
“Así nos pusieran a pagar 100 o 200 dólares no nos parece justo. Es el mundo al revés. Que a nosotros por defender la naturaleza y los ecosistemas para todos los ecuatorianos nos demanden por más de 350 000 dólares en lugar de que ordenen la reforestación de nuestros territorios y que le exijan a la palmicultora que se comprometa a no contaminar los esteros ni a talar un árbol más. Somos perseguidos por la justicia de la provincia y del cantón. Si a veces no tenemos para darle de comer a nuestros hijos, de dónde vamos a sacar 350 000 dólares”, dice Luis Quintero, presidente de la comuna Barranquilla de San Javier.
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¿Intimidación a través del sistema judicial ecuatoriano?
Gustavo Redín es presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), además de ser el abogado defensor de los líderes de Barranquilla. Tanto para él como para Nathalia Bonilla, coordinadora de campañas de bosques en Acción Ecológica, organización que acompaña a la comunidad desde hace varios años, la justicia opera lentamente en este caso.
Esa fue una de las razones que llevó a la comunidad, y a las organizaciones que los acompañan, a elevar la preocupación ante siete relatores de la ONU: el Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
En un comunicado conjunto, los siete relatores expresaron su “profunda preocupación por esos presuntos actos de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y por no protegerlos contra los abusos de derechos humanos que han sufrido por parte de la empresa [Energy & Palma]”.
Además, le hicieron ocho peticiones al Estado ecuatoriano. Entre ellas están:
1) Proporcionar información sobre el caso presentado contra las cuatro personas defensoras y sobre las medidas que está tomado el gobierno para mejorar la eficacia de los mecanismos judiciales y garantizar que el sistema judicial no sea usado de forma indebida para silenciar la protesta pacífica de personas defensoras de derechos humanos en Ecuador.
2) Proporcionar información sobre las acciones que toma el gobierno para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y si ha considerado la posibilidad de introducir reformas legislativas para evitar que se les persiga en casos de protesta legítima y pacífica.
3) Proporcionar información sobre las medidas que el gobierno está tomando para garantizar que las personas afectadas por abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas en su jurisdicción y/o territorio tengan acceso a una reparación efectiva.
4) Proporcionar información sobre las evaluaciones de impactos ambientales y de derechos humanos efectuadas por el gobierno para asegurar que las operaciones de la empresa Energy & Palma previenen, mitigan y reparan los impactos causados al medio ambiente y las personas.
El gobierno ecuatoriano le respondió a la ONU y destacó que en la audiencia de segunda instancia de la demanda de la palmicultora contra los líderes afroecuatorianos, “los jueces determinaron que necesitan hacer un estudio profundo del caso, previo a resolver lo que en derecho corresponda, por lo que la audiencia fue suspendida y se encuentra a la espera de su reinstalación con el fin de dar a conocer la resolución oral”.
Para Nathalia Bonilla, el hecho de que el Gobierno reconozca que no se ha podido emitir sentencia cuando ya ha pasado casi un año desde que se suspendió la audiencia, “es una muestra de falta de acceso a la justicia para las comunidades y desigualdad ante la ley”.
El gobierno ecuatoriano también asegura en su respuesta que “respecto a las graves aseveraciones realizadas por los representantes de los procedimientos especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en relación con el uso indebido del sistema judicial por parte de la empresa de aceite de palma Energy & Palma, del Grupo La Fabril, en contra de los líderes de la comunidad Barranquilla de San Javier, provincia de Esmeraldas, el Consejo de la Judicatura tiene previsto convocar a una mesa de trabajo interinstitucional con la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo y otras instituciones, para conocer los pormenores suscitados alrededor del presente conflicto socio ambiental […] y en caso de verificar que existe alguna infracción disciplinaria por parte de las y los operadores de justicia que conocen las causas, se procederá conforme con las competencias atribuidas al Consejo de la Judicatura, contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial”.
Según el abogado Gustavo Redín, esa mesa de trabajo interinstitucional no ha llegado a ninguna resolución o recomendación, “por lo tanto no existe ningún proceso que el Estado haya realizado para la efectiva protección de los derechos de los defensores y para disminuir la vulneración de derechos por parte de las empresas”.
La ONU también envió solicitudes de información a las empresas Energy & Palma, La Fabril, a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), así como a las compañías Nestlé, General Mills y Pepsi Co (que compran aceite de la palmicultora Energy & Palma).
Solo dos de estas seis organizaciones, Nestlé y Pepsi Co, respondieron a las solicitudes de Naciones Unidas. Nestlé aseguró que no tolera la violencia, las amenazas o la intimidación de los defensores de los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente, y que le han pedido a Energy & Palma que rinda cuentas sobre los compromisos que ha asumido para encontrar una solución al conflicto con la comunidad afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier.
Por su parte, Pepsi Co respondió que “hemos tenido un compromiso continuo con La Fabril y Energy & Palma en 2022 sobre las denuncias de esta queja y los posibles pasos para ayudar a abordar y resolver la queja de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU”.
Redín afirma que tanto Nestlé como Pepsi Co han iniciado procesos para averiguar por los reclamos de la comunidad pero “en ningún momento se han acercado a la comuna Barranquilla de San Javier para preguntar cuáles han sido las vulneraciones y cuál es la opinión de los pueblos afro. Por lo tanto, nuevamente estamos ante un proceso de invisibilización de los problemas de los pueblos afroecuatorianos”.
Mongabay Latam se comunicó con Energy & Palma para conocer su versión, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta. Este medio ha buscado a la compañía para distintos reportajes que ha realizado en años anteriores sobre conflictos socioambientales que involucran a la compañía, pero nunca se ha obtenido respuesta.
En julio de 2022, el grupo La Fabril, al que pertenece Energy & Palma, publicó una carta abierta en la que asegura estar dispuesto a encontrar una solución al conflicto que tiene con la comunidad de San Javier a través de un proceso participativo que incluye una comunicación abierta.
Luis Quintero, presidente de la comuna Barranquilla de San Javier, asegura que, hasta el momento, esos diálogos no se han dado a pesar de que la comunidad ha intentado propiciarlos.
La RSPO tampoco le contestó a la ONU, pero en su portal web aparece una queja de enero de 2023 en contra de la empresa Energy & Palma y que actualmente se encuentra en investigación. A pesar de esto, no hay documentos públicos que permitan conocer detalles de la investigación, más allá de que la empresa no ha enviado una respuesta formal a la RSPO.
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Así comenzó el conflicto entre Barranquilla y la palmicultora
En la década de los noventa, la comuna de Barranquilla de San Javier fue reconocida por el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y recibió su título de propiedad en 1997, donde se reconocía a sus habitantes como propietarios de tierras ancestrales. Sin embargo, un par de años después, un vacío legal permitió que algunos comuneros recibieran, de manera individual, otros títulos de propiedad sobre las mismas tierras y se los vendieran después a la compañía Energy & Palma. Es decir, legalmente estas tierras les pertenecen a las comunas, pero también le pertenecen a la palmicultora. Una disputa que la justicia sigue sin aclarar.
De acuerdo con Luis Quintero, presidente de la comuna, con la llegada de la palmicultora llegaron épocas de despojo, contaminación de ríos y mucha resignación. Esa resignación terminó a finales del 2019, cuando Barranquilla organizó una protesta que duró tres meses: armaron carpas y se instalaron en la vía principal de acceso a la palmicultora.
La empresa solicitó medidas cautelares ante las autoridades judiciales del cantón San Lorenzo y en un operativo de cerca de 300 policías, y varios helicópteros, desalojaron a la comunidad. “Hubo una audiencia y en solo cinco días se emitió la sentencia para desalojar a la comunidad del bloqueo pacífico que estaba haciendo. Sin embargo, hay dilación en todos los procesos emprendidos por los pobladores afroecuatorianos”, comenta Nathalia Bonilla, coordinadora de campañas de bosques en Acción Ecológica.
En el 2020, cuando la comunidad pensaba demandar a la empresa para recuperar las tierras que ocupan dentro de su territorio ancestral, la compañía se adelantó y denunció a los líderes por daños y perjuicios, exigiendo una compensación de 350 000 dólares.
El principal soporte para el reclamo territorial de la comuna de Barranquilla de San Javier está en el Estudio multitemporal de tenencia de tierras en los territorios comunales de la provincia de Esmeraldas que elaboró el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en septiembre de 2017. El informe dice que en el territorio de la comuna de Barranquilla “se identificó un posible desmembramiento del predio comunal” y “se pudo determinar que el predio de la compañía Energy & Palma S.A tiene una sobreposición de 251 hectáreas en la comunidad afroecuatoriana Barranquilla de San Javier”. Esto significa que la palmicultora está asentada en parte del territorio que le pertenece a la comuna. Sin embargo, los comuneros aseguran que la sobreposición es de al menos 754 hectáreas, más de la mitad de su territorio.
El 2021 y gran parte del 2022 fueron años en los que la comunidad afroecuatoriana se dedicó a preparar su defensa en la demanda que les puso Energy & Palma y en apelar la sentencia que condenaba a cuatro de sus líderes a pagar una millonaria indemnización.
A pesar de esto, en noviembre de 2022, demandaron a la empresa por invasión de sus tierras. La denuncia fue presentada en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, donde la compañía tiene sus operaciones; pero nuevamente vieron cómo el sistema judicial les ponía trabas. El juzgado de Manta devolvió la denuncia y dijo que tenía que presentarse en el cantón San Lorenzo, lugar donde han ocurrido los hechos. Fue hasta enero de 2023 que el juzgado de San Lorenzo aceptó la demanda, “pero ya es mayo y todavía estamos esperando que el juzgado convoque a la empresa. Esta es otra nueva prueba de la falta de acceso a la justicia y de desigualdad ante la ley”, comenta Bonilla.
Los habitantes de Barranquilla de San Javier no dan su brazo a torcer e insisten en que no descansarán hasta recuperar sus tierras. También aseguran que no pagarán un solo dólar porque nunca agredieron a nadie y la empresa tenía vías alternas para sacar su producción.
El líder Luis Quintero asegura que ellos seguirán luchando hasta que tengan justicia, “hasta que nos devuelvan nuestro territorio y hasta que ellos [la palmicultora] se comprometan a no talar más árboles ni a contaminar los ríos”.
*Imagen principal: Comuna Barranquilla de San Javier. Foto: cortesía.
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