Que exista un DENP que demuestre que las poblaciones de la especie están estables y que no serán perjudicadas con su comercialización, es uno de los principales requisitos a la hora de emitir un permiso CITES.

La autoridad CITES que vela por los tiburones y las demás especies marinas protegidas por la convención en el Perú, está alojada en el Ministerio de la Producción (Produce). Es ella la que a la hora de emitir un permiso CITES para exportar tiburones debe asegurarse de que exista un DENP favorable. Pero, además, el Produce debe verificar que el espécimen que se quiere comercializar tenga un origen legal. Para ello debe revisar todos los documentos y facturas que acrediten la ruta recorrida por el animal. Por lo tanto, en el caso de las aletas, el número que se quiere exportar debe coincidir con las especies y el número de tiburones que fueron desembarcados, transportados y procesados. Es así como cada permiso tiene un expediente que puede contener hasta 300 páginas entre certificados, actas de fiscalización, facturas y otros.

Durante dos años, Oceana revisó miles de documentos correspondientes a los expedientes de 158 permisos CITES emitidos para la exportación de tiburones y que la ONG obtuvo del Produce a partir de una solicitud de acceso a la información. El resultado del análisis de esos documentos oficiales fue que en 98 permisos CITES, es decir, en el 62 % de los casos no se cumplía los requisitos para obtener la autorización de exportar.

Una de las observaciones más frecuentes, presente en al menos 47 permisos, es que no se contaba con el DENP necesario. Otros 43 casos presentaron certificados de desembarque  de tiburón (el documento que se emite en puerto y que acredita las especies que trae cada embarcación y las cantidades) “ruleteados”, es decir, que ya se habían utilizado en solicitudes de permisos CITES anteriores para exportar tiburones.

Además, otros permisos autorizaron la exportación de un volumen de aletas mayor a la cantidad de tiburones desembarcados. Por ejemplo, en julio del 2021 se emitió un permiso para exportar 1028 kilos de aletas de tiburón diamante aun cuando los certificados presentados por la empresa solo sustentaban 784 kilos de aletas secas de esa especie. ¿De dónde salieron los demás tiburones? En algunos casos, las empresas solo adjuntaron declaraciones juradas y no documentos que acrediten la veracidad de los datos. Incluso en algunos casos los especialistas  encontraron que el certificado de identificación de las especies que supuestamente se querían exportar indicaba una especie distinta a la autorizada en el permiso. Y hay 23 casos en los se detectaron más de una observación.

¿Por qué el Produce entregó permisos CITES si los expedientes estaban repletos de inconsistencias que no permitían asegurar que el origen de las aletas fuera legal?

Para aportar con más datos, Mongabay Latam revisó los 98 expedientes en los que Oceana detectó irregularidades. Encontró que, en total, 153,2 toneladas de aletas de siete diferentes especies de tiburones amenazados fueron exportadas con permisos que no cumplían con las condiciones para ser emitidos.

De las siete especies que fueron exportadas con permisos irregulares, dos están consideradas En Peligro Crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que indica que está enfrentando un riesgo de extinción extremadamente alto. Se trata del tiburón martillo (Sphyrna lewini) y el tiburón oceánico de puntas blancas (Carcharhinus longimanus). Además, otras dos especies están consideradas En Peligro: el tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus) y el tiburón mako (Isurus oxyrinchus). El tiburón zorro (Alopias vulpinus), el tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena) y el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) están catalogados como Vulnerables.

“La especie que a mí más me preocupa es el zorro pelágico”, dice Kuroiwa. Sucede que en el 2021, el Dictamen de Extracción No Perjudicial de esta especie realizado por Perú precisó que se debía establecer y monitorear un volumen máximo de exportación de aletas secas de tiburón zorro pelágico que no supere las 23 toneladas por año. Ese mismo año, sin embargo, “se importaron desde Ecuador 170 toneladas de esa especie”, dice la experta. “Si bien la cuota ecuatoriana no afecta la cuota peruana”, advierte, los tiburones no saben de fronteras políticas y “lo que se pesca (en Ecuador) forma parte de la misma biomasa y afecta a la especie”, agrega la especialista.

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Los nombres detrás de los expedientes

Para el abogado ambiental peruano César Ipenza, “es sorprendente que en el Perú todavía se sigan haciendo esos certificados a mano y sin mecanismos efectivos de transparencia y de cruce de información”.

Pero, ¿quiénes están detrás de las exportaciones y quiénes otorgaron esos permisos plagados de irregularidades?

Para completar el informe hecho por Oceana e identificar a las empresas involucradas y las más recurrentes, Mongabay Latam revisó cada uno de los expedientes observados por la ONG y que obtuvo mediante solicitudes de acceso a la información pública. En ellos se pudo confirmar que las empresas que presentan más irregularidades son Lamarqocha Inversiones SAC y Angaff Perú SAC, cada una con 35 permisos observados.

La primera de ellas es la principal exportadora de aletas del país y tuvo como proveedor a Mario Maceda Vidal, identificado como uno de los mayores importadores de aletas desde Ecuador. En el 2018, Maceda Vidal fue acusado de integrar la organización criminal Los Piratas de Puerto Pizarro, dedicada al robo de embarcaciones, cuyos presuntos integrantes —peruanos y ecuatorianos— cumplen prisión preventiva por homicidio, robo agravado, lesiones graves, entre otros delitos.

De los 35 permisos otorgados a la empresa Lamarqocha, 13 no contaban con el DENP respectivo y 15 incluían certificados de desembarque que ya habían sido utilizados en otras solicitudes de permisos CITES para exportar tiburones. Además, como se lee en el análisis de Oceana, en otros permisos se encontraron facturas que habían sido utilizadas antes, facturas que detallaban la compra de especies muy diferentes a las que se pretendía exportar y certificados de desembarque que reportaban un volumen menor de tiburones al otorgado en el permiso, entre otras faltas.

Angaff Perú, por su parte, que al igual que Lamarqocha tiene 35 permisos observados, tuvo como proveedor a Poly Dicks Pinto Gonzales, quien junto al subgerente de la empresa Ajansa Perú SAC, Jorge Roldán, fue sentenciado en febrero del 2022 por tráfico ilegal de especies acuáticas en su forma agravada. Se trata de un caso considerado histórico por tratarse de la primera condena a nivel nacional contra traficantes de aletas de tiburón. El Poder Judicial, en la provincia norteña del Santa, les impuso a ambos una sentencia de cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de S/106 mil (unos US$ 28 500).

Luego de presentar la acusación contra Poly Dicks Pinto González y el subgerente de Ajansa Perú, la Fiscalía Ambiental del Santa le envió la carpeta fiscal al Ministerio Público de Tumbes para investigar si esos delitos pudieron haberse cometido en otra parte del país. Fue así que en Tumbes, otra provincia del norte que limita con Ecuador,  “se abrieron dos carpetas más porque encontramos que sus compras de aletas no contaban con certificado de desembarque. Los dos casos ya están en etapa de acusación”, cuenta la fiscal en materia ambiental de la provincia de Tumbes, Ina Suarez.

De los 35 permisos observados de Angaff Perú, 15 no cuentan con el DENP necesario. Además, 10 tienen certificados de desembarque que indican un volumen de tiburones menor al otorgado en el permiso. En siete se encontraron certificados de desembarque “ruleteados”. Y los demás presentan otro tipo de faltas incluido un caso donde se presentó un certificado de desembarque adulterado en el cual se alteraron las cantidades capturadas por especie.

A Lamarqocha y Angaff Perú se suman otras siete empresas y personas naturales con permisos observados por Oceana: Exportaciones JME EIRL —que también tuvo como proveedor a Ajansa Perú SAC y Poly Dicks Pinto Gonzales—, Guiden Nolberto Paladines Palacios, Import Export KH Stella SAC, Inversiones Perú Flippers, Marea Blue EIRL, Miguel Ángel Hidalgo Orosco y Southern Corporation SAC.

Aunque la responsabilidad de las irregularidades recae en las empresas exportadoras y los funcionarios implicados, no se debe perder de vista a los importadores.

La revisión de los expedientes reveló que los cargamentos enviados a China —con los permisos irregulares identificados por Oceana— se realizaron a través de 11 empresas importadoras. Dos de las más importantes son Man Fung Sea Products Trading Co (35 permisos observados) y Heep Tung Hong Limited (25 permisos observados), ambas de Hong Kong.

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El caso de JME EIRL

Aunque Lamarqocha y Angaff Perú son las empresas con más permisos observados, uno de los casos más preocupante involucra a Exportaciones JME EIRL.

El 7 de febrero del 2020, el ministerio de la producción le extendió un permiso a la empresa para exportar seis toneladas de aletas secas de tiburón zorro pelágico. La documentación, sin embargo, sustentaba un volumen mucho menor de aletas. El expediente, que consta de 300 páginas, contiene varios Certificados de Desembarque pero solo siete corresponden a zorro pelágico y en total suman 763 kilos de aletas húmedas, que equivalen en realidad a 380 kilos considerando que pierden peso al secarlas. Es decir, los documentos solo sustentan el origen legal del 6 % del cargamento total.

La exportación se hizo a Hong Kong a través de la empresa Heep Tung Hong, una de las dos importadoras con más permisos observados. Precisamente el nombre de esta empresa figura en una sanción impuesta por el Ministerio de la Producción, en febrero del año pasado, a una exportadora peruana que pretendía venderle a Heep Tung Hong 11 kilos de aletas sin contar con los documentos que acreditaban su origen legal.

Mongabay Latam intentó comunicarse con JME EIRL, Lamarqocha y Angaff Perú  a través de los números de teléfono disponibles que figuran en sus expedientes del Ministerio de la Producción, pero en el caso de Exportaciones JME EIRL no obtuvimos respuesta.

Una representante de Lamarqocha, que no quiso identificarse, atendió la llamada e informó que todo lo relacionado a los permisos CITES de exportación debe ser consultado a Produce. “Nosotros no vemos lo que tiene que ver con el permiso porque no somos autoridad”, indicó.

Por su parte, Angaff Perú, a través de su representante legal Jorge Castillo Martínez, afirmó que es “imposible” que la autoridad le haya entregado permisos CITES sin contar con el DENP respectivo de la especie, con certificados de desembarque usados en otras solicitudes de permisos o con volúmenes  menores a los solicitados. “Cuando sale el dictamen de extracción no perjudicial recién presentamos las solicitudes de permiso. En el caso de los certificados de desembarque, todos están numerados e ingresados en una base de datos y si se repitieran, automáticamente salta”, aseguró.

Pese a que niega las acusaciones, el representante de Angaff Perú sí admitió que tiene un proceso de investigación en curso, por presunto tráfico de aletas, en el norte peruano. “En el 2018 inmovilizaron 11 contenedores, dos de ellos míos. La SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) nos hizo una fiscalización al milímetro y después de dos meses nos dijeron que podíamos exportar sin ningún problema porque todo estaba en regla. Por ese caso se abrió un proceso que luego fue archivado. En el caso del norte, se nos acusa de haber vendido aletas en el 2017, cuando no se exigía certificados de desembarque, pero creo que no tienen sustento y también se irá al archivo”, precisó.

En el caso de las otras empresas y personas naturales cuyos permisos también fueron observados por Ocena, logramos recoger la versión de Miguel Angel Hidalgo Orosco, exportador e importador de aletas de tiburón que registra un permiso observado por tener CDT ruleteado, quien respondió que desconoce la irregularidad detectada e indicó que no cuenta con investigaciones por este u otro caso. Durante dos semanas buscamos por teléfono y correo electrónico la versión de las demás empresas y personas, pero hasta la publicación de este reportaje ninguna respondió.

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¿Quiénes firmaron los permisos?

Si bien llevan la firma de la autoridad CITES, cada uno de ellos pasa por la revisión de al menos dos funcionarios de Produce que los autorizan y firman.

“En primer lugar está el que elabora el informe técnico o legal, en segundo el funcionario que visa o valida el informe y que se supone revisa que todo esté en regla. Finalmente, el director o directora de la Dirección general de pesca para consumo humano directo e indirecto, notifica a la empresa solicitante que se le emitió el permiso porque cumplió con todos los requisitos”, explica Kuroiwa de Oceana.

De los funcionarios que firmaron estos permisos CITES de exportación entre abril del 2017 y octubre del 2021, ocho pertenecían en ese momento a la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto.

Para saber si la entidad tenía conocimientos de estas irregularidades en la entrega de permisos CITES y la participación de sus funcionarios, Mongabay Latam solicitó una entrevista con un representante del Ministerio de Producción, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. No obstante, a través de un pedido de acceso a la información, Produce respondió que no se inició ningún procedimiento administrativo sancionador a sus funcionarios en el periodo 2017 – 2021 por irregularidades en la entrega de permisos CITES de exportación.

La fiscal Ina Suarez, por su parte, aseguró no tener información sobre las observaciones hechas por Oceana, pero agregó que “en el distrito fiscal de Tumbes hemos abierto investigaciones por presunto tráfico de tiburones a funcionarios de la Dirección Regional de Producción de Tumbes y a un funcionario de Sanipes. Son dos casos que están en etapa de acusación”, indicó.

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¿Cambió en algo la situación?

Mongabay Latam solicitó los permisos de exportación CITES entregados entre noviembre del 2021 y diciembre del 2022, período de tiempo posterior al analizado por Oceana. Lo que encontramos es que las empresas Angaff Perú, Exportaciones JME EIRL y Lamarqocha Inversiones continuaron exportando, pese a las observaciones que se les encontró en los permisos obtenidos hasta octubre del 2021 y que Oceana informó a Produce a fines del 2019.

Llama la atención que en estos últimos permisos, excepto Lamarqocha, el resto de las exportadoras no mencionan a sus proveedores ni a las embarcaciones a las que se les compró el producto, lo que hace imposible la trazabilidad de las aletas. Además, varios expedientes presentan certificados de desembarque y actas de fiscalización realizadas a mano que son ilegibles.

“El Perú tiene varios retos, más allá de cualquier cosa creo que no es posible que sigamos teniendo autorizaciones hechas a mano. Todos estos mecanismos toca ponerlos de manera transparente en línea para permitir el acceso y cruce de información. Eso demanda la capacidad y el interés de la autoridad de resolverlo y creo que no lo hay”, afirma el abogado Ipenza.

El especialista señala que otro paso necesario es identificar y sancionar a los funcionarios implicados para evitar que las irregularidades sigan ocurriendo y se siga extendiendo una situación que aparenta impunidad. A ello añade la fiscal ambiental de Tumbes la necesidad de establecer acuerdos más fuertes que permitan el apoyo en las investigaciones, tanto a nivel internacional como nacional.

“Con Ecuador queremos información de las empresas o los investigados que viven allá y están involucrados en delitos de tráfico de especies protegidas. A pesar de que tenemos la asistencia judicial internacional, no funciona. No nos remiten información ni de cómo está constituida la empresa, ni la ficha registral, información tributaria de la empresa. Eso retrasa las investigaciones o no nos permite tener todas las evidencias que necesitamos”, explica Suárez.

Los especialistas coinciden en que el riesgo más grande para el Perú, además de la grave afectación a los tiburones y su hábitat, es que el Convenio CITES sancione al país por entregar permisos que no cumplen con las condiciones. En caso de que eso suceda, se le podría prohibir a Perú exportar cualquier especie CITES, tal como ocurrió recientemente con México. “Está involucrada la fibra de vicuña, todas las maderas como caoba y cedro, el paiche, taricayas, todas las orquídeas, todos los cactus, entre otros. Entonces no solamente es que no vamos a poder exportar aletas de tiburón es que no vamos a poder exportar ninguna de esas especies. La sanción es muy grave”, advierte Alicia Kuroiwa de Oceana.

 

*Edición: Michelle Carrere.

*Imagen principal: Incautaciones de aletas de tiburón. Foto: Oceana.

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