- Un nuevo reporte con análisis de imágenes satelitales revela que las áreas con actividad minera en los límites de esta área protegida se incrementaron en 386 hectáreas en solo cinco años. Esto representa un crecimiento de más del 350 %.
- Las comunidades indígenas y las organizaciones sociales y ambientales que trabajan en el territorio no pueden denunciar abiertamente lo que ocurre en esta zona fronteriza con Colombia debido a la presencia de grupos armados y a los fuertes problemas de seguridad que se viven allí.
Durante décadas, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo fue una de las áreas protegidas mejor conservadas en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía norte de Ecuador. Esto comenzó a cambiar a partir de 2020. Ese año, la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch empezó a mostrar un acelerado aumento en la pérdida de bosque en esta región. En 2022, diversas organizaciones ambientales y comunidades indígenas encendieron las alarmas ante la rápida expansión de la minería ilegal de oro en los alrededores y zona de amortiguamiento de la reserva. Esa tendencia persiste durante lo que va del 2023.
A comienzos de mayo de 2023, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) —iniciativa de Amazon Conservation Association y Conservación Amazónica (ACCA) y la Fundación Ecociencia— publicaron un nuevo reporte sobre la actividad minera en los límites de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo. El análisis se enfocó en el margen externo suroriental del área, en donde se concentra el acelerado crecimiento de las actividades mineras.
“Hemos identificado 221 sitios con actividad minera para febrero 2023 en esta zona. Existen muchas áreas del catastro minero en las cuales se desarrolla la extracción de oro, pero que aún se encuentran en estado de trámite para ser aprobadas”, dice el reporte.
El problema no es nuevo. A finales del año pasado, Mongabay Latam identificó, utilizando la plataforma Global Forest Watch, que solo entre enero y la primera semana de octubre de 2022 se registraron 1531 alertas de deforestación en la frontera entre la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo y territorios indígenas A’i Cofán. Según ese monitoreo, la deforestación comenzó en febrero y se extendió hasta la primera semana de octubre.
Un área protegida rodeada de minería ilegal y concesiones en trámite
Información actualizada del proyecto MapBiomas Amazonía —que incluye datos anuales de cobertura y uso del suelo para el período de 1985 a 2021—, y utilizada por MAAP y Ecociencia, mostró que entre 2017 y 2021, las áreas con actividad minera en los límites de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo se incrementaron en 386 hectáreas, representando un crecimiento de más del 350 %.
Entre lo encontrado, a MAAP y a Ecociencia les preocupan cuatro zonas donde la actividad minera se ha expandido a mayor velocidad, no solo entre 2017 y 2021 sino hasta febrero de 2023. El total de superficie afectada por minería en los cuatro casos reportados y analizados es de 303 hectáreas, lo que equivale a 420 canchas de fútbol profesional.
El primer caso se encuentra a lo largo del río Bermejo, dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva. Allí, entre febrero de 2020 y febrero de 2023, se identificaron 151.6 hectáreas afectadas por actividad minera. En ese sitio, el 5 de febrero del 2020, la superficie dañada era de 22.88 hectáreas; para abril de 2021, aumentó 23.27 hectáreas; en enero de 2022, el incremento fue de 48.84 hectáreas y, finalmente, en febrero 2023 se registró un aumento de 56.56 hectáreas.
“El 64 % (97.17 hectáreas) de las áreas afectadas por minería, reportadas en este caso de estudio, se encuentran completamente fuera de zonas destinadas a la actividad minera. Por otra parte, el 36 % (54.38 hectáreas) restante de esta actividad está distribuida dentro de dos áreas destinadas a minería artesanal y siete concesiones mineras bajo el régimen de pequeña minería. La mayor parte de superficie afectada por actividad minera (75 %) se encuentra concentrada en las concesiones Bermejo 1, 2, 3, 4 y 11”, indica el reporte de MAAP y Ecociencia.
De acuerdo con los datos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), todas estas concesiones se encuentran en estado de trámite para ser aprobadas, pero aún no tienen permisos vigentes.
En este primer caso de análisis también se detectaron 11.19 kilómetros de vías construidas. “Que se construya una vía da paso a otras afectaciones antrópicas dentro de los ecosistemas. Tienes acceso a deforestar, a sacar la madera, a hacer minería. La vía es esta conexión que permite el paso para las maquinarias y para las personas”, asegura un vocero de Ecociencia que conoce la zona pero prefiere omitir su nombre ante los riesgos de seguridad en esta región de la Amazonía norte ecuatoriana.
El segundo y el tercer caso analizados están relacionados con áreas de conservación que forman parte del programa estatal Socio Bosque, que consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa.
En la segunda zona analizada, cercana a Cofán Bermejo, se detectaron 10.85 hectáreas de áreas afectadas por minería entre abril de 2021 y febrero de 2023. “Se identificó que 0.6 hectáreas de actividad minera se encuentran dentro de un área de conservación Socio Bosque. El aumento de la superficie afectada se dio entre enero y febrero de 2023… Adicionalmente, el 16 % (1.7 hectáreas) se encuentra completamente fuera de zonas destinadas para actividad minera”, se lee en el informe. El 84 % restante (9.2 hectáreas) se localiza dentro de la concesión minera La Plateada que, a pesar de estar en estado de trámite para ser aprobada, se encuentra en fase de exploración–explotación bajo el régimen de pequeña minería, según la información registrada en la ARCERNNR.
El tercer caso de estudio se localiza en el sector conocido como Ecuador Amazónico. En cinco meses monitoreados (septiembre 2022 – febrero 2023) se identificaron 1.5 hectáreas afectadas por minería. El 42 % (0.7 hectáreas) está dentro de un área de conservación Socio Bosque. “El impacto dentro del área de conservación se desarrolló en febrero de 2023. Además, el total reportado se encuentra fuera de zonas destinadas a la actividad minera”, dice el reporte de MAAP y Ecociencia.
El último caso analizado en el informe se ubica dentro de los territorios indígenas Comuna Kuri Yaku y Comuna Puma Kucha. En esa zona, desde agosto de 2017 y hasta febrero de 2023 se identificaron 139 hectáreas afectadas por actividad minera. Para el 5 de febrero de 2020, las áreas afectadas alcanzaban 70 hectáreas; en abril de 2021, aumentó 21.14 hectáreas; en enero de 2022, se incrementó 11.05 hectáreas y, solo entre febrero de 2022 y febrero de 2023, se registró una expansión de 36.44 hectáreas.
El reporte indica que del total de superficie afectada, el 47 % (65.17 hectáreas) se encuentra completamente fuera de zonas destinadas a actividad minera y que el 53 % restante (73.85 hectáreas) se localiza dentro de seis zonas para minería artesanal y tres concesiones mineras. La mayor parte se ubica en la concesión minera Santa Rosa, que se encuentra en fase de exploración-explotación bajo el régimen de pequeña minería, según datos de la ARCERNNR.
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Comunidades censuradas y afectadas por la minería ilegal
“Básicamente no ha pasado nada. La minería sigue avanzando y agarrando más fuerza”, dice un habitante indígena de la zona que prefiere no mencionar su nombre ni la nacionalidad a la que pertenece, pues asegura que esta zona, localizada en los límites con Colombia, está tomada por grupos armados ilegales.
Hace unos dos meses, señala, el Ejército llegó a una pequeña zona en donde se estaba haciendo minería ilegal y se dio un enfrentamiento. “Unos seis militares fueron retenidos y maltratados por los mineros. Los militares también retuvieron a tres personas. Luego llegaron a un acuerdo, cada parte devolvió a los retenidos y ahí murió el tema. No hicieron nada, dejaron que los mineros siguieran ahí. Entonces, la actividad sigue avanzando cada vez más de manera incontrolada”, asegura.
En su momento, el Ejército indicó que la Brigada de Selva 19 NAPO, a través de su Batallón de Selva 56 Tungurahua, realizó operaciones fluviales y ribereñas en el sector del río Bermejo e identificó una retroexcavadora minando en la orilla del río y que unas cinco personas se dieron a la fuga hacia la selva, abandonando la maquinaria prendida. “Una vez establecido el cerco de seguridad se pudo encontrar la siguiente maquinaria y equipo: una retroexcavadora SINOMACH operando, una clasificadora tipo Z, un motor de luz grande, 11 tanques de diesel, un campamento de minería ilegal a la otra orilla del río, un motor de draga y aproximadamente 100 libras de material aurífero en lonas. El personal militar procedió a recabar la respectiva evidencia y realizó la respectiva denuncia en Fiscalía para que las instituciones competentes tomen procedimiento”, indicó el Ejército.
Una fuente experta que trabaja con comunidades de la zona, y que pidió la reserva de su nombre, asegura que al día siguiente de este operativo, los mineros regresaron al sector porque no hay una vigilancia constante.
Al experto le preocupa que el río Bermejo está siendo contaminado con mercurio y, más recientemente, con cianuro. Dice que, además de que el cianuro es sumamente tóxico, necesita un tratamiento especial en piscinas aisladas, con procesos de filtración y retención de líquidos que, claramente, no se da en la minería ilegal. “El cianuro permite la metilación del mercurio [compuesto de mercurio orgánico más común en el ambiente] de manera mucho más rápida y más amplia. La metilación del mercurio es justo el proceso que le permite al mercurio entrar en los peces y en la cadena alimenticia. Entonces, cuando se mezclan mercurio y cianuro, es básicamente el peor escenario para el medio ambiente y para la salud de la gente. Además, el mercurio se queda en el ecosistema por más de 50 años”.
En una respuesta oficial enviada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la entidad aseguró que desde hace dos años ha sido difícil que los funcionarios de la dependencia ingresen a la Reserva Ecolófica Cofán Bermejo por el sector suroriental, “sin embargo el ingreso para los controles respectivos se realiza por otro lugar”.
El Ministerio reconoció conocer que “las actividades de minería ilegal se están realizando en el río Bermejo, en la zona de amortiguamiento de la reserva Cofán Bermejo, en la comunidad Etsa” y aseguró que se han atendido las denuncias de minería ilegal que se presentan.
El experto consultado y el habitante de una de las comunidades indígenas de la zona aseguran que el Estado también se ha visto afectado en sus funciones, debido a los problemas de seguridad que hay en la zona. Lo que ocurre en Cofán Bermejo, coinciden, es muy similar a los casos de minería ilegal que padece la provincia de Napo, con la diferencia de que esa región recibe mucha más presión social y atención mediática. “Para el tema de Bermejo es al contrario, todo es muy desconocido, está muy lejos de todos y parece que los mineros ilegales se aprovechan de este silencio para avanzar más rápido”, dice el experto.
“Nosotros estamos atados. No podemos denunciar abiertamente lo que ocurre en Sucumbíos, en la Reserva Cofán Bermejo, porque corremos el riesgo de que nos hagan algo o que hasta nos maten”, dice el indígena consultado para este reportaje.
*Imagen principal: Minería en zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cofán Bermejo. Se aprecian piscinas de desechos. Foto: Cortesía.
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