- Con diez años de retraso, la provincia de Chaco promulgó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y desató una fuerte polémica.
- El nuevo mapa, apoyado por el sector productivo, rebaja la categoría de conservación del área más rica en quebracho colorado, un árbol emblemático de la región.
- Las organizaciones ambientalistas prometen demandas judiciales y movilizaciones callejeras para enfrentar una medida que se enmarca dentro de la política general del gobierno argentino, que promueve la explotación de recursos naturales.
“Nosotros necesitamos tener zonas para producir. En las áreas verdes del anterior ordenamiento de bosques nativos, donde era posible deforestar, el clima no acompaña y los regímenes de lluvia son malos, mientras que las zonas que realmente les convienen a la provincia estaban protegidas. El nuevo ordenamiento nos permitirá planificar hasta dónde se puede expandir la producción agrícola”. Atlanto Honcheruk es diputado en la Legislatura de la provincia de Chaco, uno de los cuatro distritos que integran la región chaqueña en Argentina, y explica con precisión uno de los motivos que aceleraron la aprobación de una ley que ha levantado una gigantesca ola de polémica.
A las 2:40 de la madrugada del 30 de abril, el parlamento provincial dio el visto bueno a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que la Ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (o simplemente Ley de Bosques) obliga a realizar cada cinco años a todas las provincias, y que en Chaco estaba en deuda desde 2014.
El proceso de aprobación de la Ley de Bosques, que tendrá que avalar la actual Subsecretaría (ex Ministerio) de Ambiente de la Nación, llevó varios años de discusiones, en medio de las cuales la Justicia local dictó una medida cautelar que prohibía la deforestación en toda la provincia, aunque nunca se cumplió. Este es el principal argumento de los defensores de la actualización del OTBN del Chaco. “Era necesario tener un orden, encauzar las cosas. La medida cautelar logró lo contrario: desde que se puso en práctica se batieron todos los récords de desmonte ilegal, una práctica que no realizamos los productores forestales. Nosotros cuidamos el recurso”, sostiene Antonio Gil, gerente de relaciones institucionales de Unitán, una de las dos empresas que en Chaco se especializan en el uso del tanino extraído del quebracho colorado (Schinopsis balansae), la especie forestal más codiciada del bosque chaqueño. “Este OTBN va a permitir ser más duros con las multas, los castigos y la ley”, asegura Honcheruk.
Sin embargo, múltiples voces se alzaron contra el nuevo mapa planteado en el OTBN. Una semana después de su aprobación, el 7 de mayo, 28 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Leandro Zdero, gobernador de Chaco, solicitando el veto del nuevo ordenamiento debido a irregularidades de contenido y procedimiento, hasta el punto de mencionar su inconstitucionalidad, “por colisionar de lleno contra los mandatos de una norma de mayor jerarquía (la Ley de Bosques en este caso)”. Distintas entidades, como la Federación Argentina de Ingeniería Forestal, el Consejo Profesional de Ciencias Forestales o la seccional chaqueña de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestaron sus críticas. Pese a ello, el mismo día 7 se conoció la promulgación del OTBN sin atender a los reclamos.
Las alarmantes cifras de deforestación en la provincia en las últimas décadas resumen la trascendencia futura del nuevo ordenamiento. De acuerdo con los números oficiales del Monitoreo de los Bosques Nativos, entre 1998 y 2022 se perdieron 859 503 hectáreas de masa forestal en Chaco, a la que habría que agregar las más de 57 000 que la organización Greenpeace ha calculado para 2023, y que Antonio Gil califica como “no muy alejadas de la realidad”. Respecto a lo corrido de este año, el monitoreo satelital que realiza la propia Greenpeace ha detectado otras 19 776 hectáreas deforestadas, una superficie equivalente a la ciudad de Buenos Aires. Un estudio de la Fundación Vida Silvestre Argentina indica que la pérdida de bosques en Chaco representa el 14,21 % de la deforestación nacional y equivale a 58 canchas de fútbol por día.
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300 000 hectáreas pasaron de amarillo a verde
El principal punto de discusión se centra en un sector de alrededor de 300 000 hectáreas que en el OTBN de 2009 aparecían como zona amarilla y ahora pasaron a verde. El nivel de conservación de los bosques está indicado con colores semejantes a los de un semáforo. En rojo aparecen los sitios donde se prohíbe toda actividad productiva; en amarillo, aquellos en los que pueden realizarse algunas actividades, siempre que conserven una amplia capa de masa boscosa y, en verde, los territorios que deben cumplir ciertas condiciones para ser deforestados: estudio de impacto ambiental, análisis de posibles perjuicios a comunidades locales y audiencias públicas.
“Hablamos de la zona más rica en quebracho colorado que queda en la provincia del Chaco”, subraya Matías Mastrángelo, doctor en Biología e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). “El área rodea y forma parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, y es un corredor biológico que conecta dicho parque con las áreas protegidas Loro Hablador y Fuerte Esperanza, hasta alcanzar, en el norte, al Parque Nacional El Impenetrable, en el límite entre las provincias de Chaco y Formosa. Se trata de una franja altamente frágil desde el punto de vista ambiental porque recibe pocas lluvias”, explica Mastrángelo.
El corredor resulta clave para la supervivencia de especies tan emblemáticas como el yaguareté (Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris) y el pecarí quimilero (Catagonus wagneri), todas ellas amenazadas de extinción en la región chaqueña.
La Ley de Bosques prohíbe de manera taxativa las rebajas en la categorización de las áreas dentro de los sucesivos OTBN, y la resolución 236/2012 del Consejo Federal del Medio Ambiente determina, de manera expresa, las puntuales condiciones que deberían darse para que ello fuese posible. “Un cambio regresivo de categoría debería justificarse muy bien, quizás plantear algún error en el primer ordenamiento, porque es muy difícil que una nueva información o un mayor detalle modifique la evaluación de los criterios de conservación. En este caso me consta que no es así. Lo conozco de primera mano y no hay argumentación posible. Es una decisión política tomada más allá de cualquier otra ponderación”, afirma Martín Mónaco, ingeniero forestal que desde 2020 hasta enero de 2024 fue director Nacional de Bosques, un área del ahora desaparecido Ministerio de Ambiente.
Quienes defienden el nuevo ordenamiento sostienen, en cambio, que nada escapa a la legalidad. “La ley habla de mantener los balances y en este caso se mantuvieron con una visión ambientalista: ha disminuido la cantidad de zonas verdes y han aumentado las rojas. Hay que hablar con conocimiento”, sostiene Gil.
Los datos fríos le dan la razón: mientras los sectores pintados de amarillo se mantienen estables en torno al 63 %, los rojos crecen desde el 6 % al 9,48 % y los verdes descienden del 31 % al 26,89 %, o lo que es lo mismo, pasan de 1,5 millones de hectáreas a 1,2 millones.
Mónaco aclara que “la evaluación de la regresividad o progresividad de ninguna manera se realiza sobre el mapa completo sino sobre cada unidad de superficie que cambia de categoría”, y analiza cómo se llegó a los actuales porcentajes: “Se pasó de verde a amarillo toda la zona sur, que está fragmentada y tiene poco o ningún interés de desmonte [deforestación]; y de amarillo a verde, las zonas donde se centra toda la presión agropecuaria”, dice. Esta afirmación coincide con una declaración del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco: “El ordenamiento territorial es necesario para aprovechar racionalmente las zonas habilitadas y habilitar zonas con potencial productivo”.
El estudio del nuevo mapa deja asimismo algunos cabos sueltos, como predios que en su día fueron recategorizados por la provincia y ya están deforestados pero que hoy aparecen como áreas verdes, o parques nacionales cuyo gobierno no lo ejerce la provincia de Chaco sino el gobierno nacional pero se suman como superficie roja.
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Las comunidades indígenas con poca participación
La carta que pedía el veto del nuevo OTBN denunciaba también la “falta de participación genuina de las comunidades indígenas y campesinas afectadas” durante la etapa previa a la aprobación. Las audiencias públicas, paso que la Ley de Bosques estima indispensable para validar el proceso, fueron sólo tres. Se realizaron en septiembre de 2023, fueron convocadas por las anteriores autoridades provinciales y, como aclara el colectivo ambiental Somos Monte en un comunicado, tuvieron lugar “en localidades ubicadas en la zona del domo productivo agroganadero…que es el interesado en avanzar con la frontera extractiva”. El mapa surgido de aquella etapa fue la base del que finalmente se promulgó, aunque sufrió modificaciones que no habrían sido debatidas. La comisión formada para discutirlo apenas se reunió una vez, horas antes de la sesión que aprobó la ley.
Pero si desde las organizaciones civiles se entiende que este cúmulo de irregularidades incumplen leyes provinciales, nacionales y convenios internacionales suscritos por el país, como el Acuerdo de Escazú, desde la acera de enfrente se tiene otra mirada. “Este OTBN se estuvo trabajando durante más de tres años, con gente preparada en la mesa técnica, se hicieron las audiencias en las que participaron todos los que quisieron participar y fue votado por legisladores de todo el arco político de la provincia”, señala convencido Antonio Gil.
Para muchos de los que estudian a fondo la problemática de los bosques chaqueños existe un origen que explicaría el conflicto. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, lo sitúa en una “concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus intereses”, y que califica como una “mafia del desmonte”. Viale denuncia el funcionamiento de una “puerta giratoria” por la que circulan personas que alternan sus tareas empresariales relacionadas a la producción forestal o agropecuaria con su integración en los gobiernos locales. “Estamos preparando una denuncia penal contra ellos”, informa.
Una puerta giratoria entre empresarios y el Estado
Los ejemplos de intercambio de funcionarios entre el sector privado y el Estado parecen abundantes. “Fui productor forestal, pero dejé la actividad hace más de un año, lo cual invalida el presunto conflicto de intereses en mi acompañamiento de la nueva ley”, afirma el diputado Honcheruk para eludir las críticas.
En la carta enviada al gobernador Zdero se denuncia que Hernán Halavacs, actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco e hijo de un ex funcionario de la Dirección de Bosques, “ha sido desde 2014 el responsable técnico de entre el 30 y el 50 % de los permisos de desmonte aprobados y se transformó en ministro con el apoyo del ex director de Bosques, Miguel López”. También se refiere a su asesor, el abogado Luciano Olivares: “Fue subsecretario de Desarrollo Forestal de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich, y es hijo de Roberto Olivares, ex funcionario de la Dirección de Suelos”.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con el ministro Halavacs, pero hasta la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.
La polémica se inserta en un momento particular de Argentina. “Esto que ocurre ahora en el Chaco es una muestra de lo que pasa en otras provincias y tiene que ver también con la falta de voluntad política y de financiamiento de la Ley de Bosques”, opina Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. “Los discursos del gobierno respecto al medioambiente, el hecho de darle todo el poder a las grandes corporaciones económicas, reducir los controles del Estado o la posible eliminación de la Administración de Parques Nacionales no son buenos mensajes hacia las provincias a la hora de aplicar las leyes de presupuestos mínimos, como es la de Bosques”, dice a su vez Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques y Cambio Climático de Greenpeace.
El pacto con los gobernadores de provincias que pretende firmar el presidente Milei establece en su punto 6 “un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que se discute en estos días en el Parlamento Nacional ofrece una “garantía de no afectación por normativas más gravosas” a quienes inviertan más de 200 millones de dólares en el país. “Esto anularía cualquier disposición previa que limite los beneficios, lo que vulneraría la autonomía de provincias y municipios”, aclara Viale. En otras palabras, las actividades de cualquier proyecto que se pusiera en marcha bajo el paraguas del RIGI quedarían amparadas ante futuras demandas, y no sólo desde el punto de vista ambiental.
Así las cosas, el OTBN del Chaco seguirá discutiéndose. Greenpeace ya anunció que lo incorporará a la causa judicial abierta en nombre del yaguareté que pide el fin de la deforestación y se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia. Otras demandas apuntarán a la inconstitucionalidad de la ley chaqueña.
También se esperan protestas en las calles. “Habrá movilizaciones”, anuncia Leo Dusoleil Ferreyra, arquitecto y activista de Somos Monte: “Hay un cierto despertar de la gente. Hermanos de pueblos originarios wichi y qom ya nos escribieron porque quieren sumarse. La noche de la sesión legislativa hicimos una vigilia de ocho horas bajo la lluvia y hubo una cantidad asombrosa de personas que se quedaron hasta el final”, relata.
En Chaco, a la lucha en torno a los bosques del segundo pulmón verde más grande del continente le quedan varios capítulos por escribir.
*Imagen principal: Un camión transporta troncos por un camino interior del bosque chaqueño. La provincia de Chaco registra más del 14 % de la deforestación total de la Argentina en el transcurso de este siglo. Foto: Qi Argentina.
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