- Expertos y organizaciones ambientales alertan por la cosecha de un cultivo de palma ilegal sembrado en el borde del resguardo indígena.
- El Estado desconoce quién es el dueño de este cultivo que se ubica en baldíos protegidos ambientalmente por la Ley Segunda de 1959.
- La presencia de grupos ilegales ha crecido en los últimos años y evita que funcionarios del Estado, encargados del control ambiental, lleguen a la zona e impongan sanciones.
Las sabanas de la Fuga, un corredor que se extiende en la selva amazónica del norte del departamento de Guaviare, a lo largo del río del mismo nombre, era un camino frecuente para comunidades nukak que se movían libremente desde hace siglos como parte de su forma de vida nómada. Todos estos terrenos ahora están cercados, como marca de una intensa colonización, y se convirtieron en barreras para el tránsito ancestral de este pueblo indígena.
En medio de la sabana, en la vereda Caño Negro del municipio de San José del Guaviare, muy cerca del sector de Charras y del borde norte del Resguardo Nukak, en una zona protegida por sus condiciones ambientales, se levantan cerca de 90 hectáreas de palma aceitera que rompen el paisaje desde hace al menos ocho años. Todo esto en una zona en la que ha aumentado la presencia de grupos ilegales que surgieron después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La existencia del cultivo fue señalada por varios medios de comunicación en el 2020 y, aunque no ha crecido desde entonces, persiste. Según organizaciones ambientales y personas que han visitado la zona, está en plena cosecha. Fuentes consultadas para esta investigación alertan sobre la posibilidad de que el fruto de estas palmas sea procesado en plantas de extracción cercanas, a pesar de que el cultivo se encuentra en una zona protegida ambientalmente por la Ley Segunda de 1959, por lo que la agricultura está prohibida.
Mongabay Latam había reportado en octubre de 2020 la existencia de este cultivo que, además, está muy cerca de una plantación de eucalipto. De acuerdo con una organización que monitorea ambientalmente la zona, pero prefiere mantenerse en el anonimato, las denuncias públicas que se hicieron en ese momento lograron detener la expansión de cultivos que amenazaban con entrar al resguardo Nukak. “Todo lo que se publicó hace unos años, creo que ayudó a frenar el crecimiento del área sembrada. Lo que sí sabemos es que la palma ya está madura y están sacando la pepa para la producción de aceite”, explica un vocero de la organización.
¿Dónde se procesa el fruto de la palma?
Según un investigador que ha seguido el avance de la palma a través de una organización que monitorea la zona, y que se reserva su nombre por cuestiones de seguridad, los cultivos comenzaron entre 2016 y 2018, pero por las características del suelo, que no es apto para esta producción agrícola, solo hasta ahora, casi ocho años después, se obtiene la cosecha. “Cuando se retira el fruto de la planta, sólo se tienen 24 horas para procesarlo porque se oxida muy rápido, por lo que creemos que deben llevarla a una de las plantas extractoras que hay en la región, para sacarle provecho”, dice.
El investigador señala que a pesar de las directrices desde la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) para que no se procese fruto producido en zonas de protección ambiental del Guaviare, es posible que el producto de la cosecha termine en las plantas a través de terceros. “Puede pasar que el dueño de estos cultivos lleve la pepa y la venda, o use a otros productores para conseguir que se procese la cosecha en las plantas de procesamiento”, señala.
En la actualidad no existen extractoras de aceite de palma en el departamento del Guaviare, pero sí al otro lado del río Guaviare, en el departamento del Meta. Según registros de Fedepalma, cerca existen dos plantas de procesamiento. La primera pertenece a la empresa Poligrow y se ubica en el municipio de Mapiripán, justo al otro lado del río. La segunda es propiedad de Cimarrones SAS y se encuentra en el casco urbano del municipio de Puerto Rico, en la carretera que conecta a San José del Guaviare con Villavicencio.
Rutas del Conflicto y Mongabay Latam contactaron a Poligrow para consultarle si en su planta de extracción procesan frutos de otras empresas o personas, y qué protocolos tienen para evitar que lleguen cosechas de sitios prohibidos. Carlo Vigna Tagliante, director general de la compañía, señaló que Poligrow tiene varias certificaciones internacionales, entre ellas la principal a nivel mundial —la que entrega la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés)— que garantizan que todos sus procesos son sostenibles y que se conoce la trazabilidad del 100 % de la palma que es procesada en su planta de Mapiripán.
Vigna Tagliante dijo que constantemente realizan monitoreos satelitales para revisar que en el entorno de su planta de extracción no haya deforestación relacionada con cultivos de palma. Agregó que Poligrow solo tiene cuatro proveedores y que la mayor parte del fruto que procesa proviene de los predios que tiene la misma compañía en Mapiripán.
Cuando se le preguntó por las medidas aplicadas para garantizar que la cosecha de la palma sembrada en el Guaviare no termine en su planta extractora a través de sus proveedores, Vigna señaló que el 95 % de los vehículos que llevan los frutos son de Poligrow y el 5 % restante de una empresa de transporte. También indicó que, en todos los casos, la empresa tiene un estricto control sobre este transporte, en el cual se registra el lote y el sector de origen. “Tenemos conocimiento de esta palma que desde hace algunos años se sembró allí, en el Guaviare, en un área que no es apta para siembra, porque es Ley Segunda de reserva forestal”, dijo el director general de Poligrow y añadió que, por política interna, lo que se produzca allí no puede ser parte de lo que ofrecen los proveedores de la empresa.
Esta alianza periodística buscó a los directivos de la procesadora de palma propiedad de la empresa Cimarrones SAS, ubicada en Puerto Rico, a dos horas de San José de Guaviare, pero no obtuvo respuesta. Se envió un correo electrónico a la dirección de contacto que aparece en su página web y en su registro de Cámara de Comercio, también se llamó insistentemente al teléfono que aparece en varias bases de datos comerciales en Internet. Esta planta extractora pertenece a la empresa Agropecuaria Santamaría y aparece en un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de Holanda y la organización Aid Environment, publicado en 2023, en el que se muestra que en el entorno cercano a la compañía, “entre 2011 y 2021 se identificaron 1466 hectáreas de deforestación y en el último año hubo 247 hectáreas de tierra quemadas muy cerca de la producción de aceite de palma”.
Un poco más al norte, por la carretera que conduce a Villavicencio y a menos de cuatro horas de San José del Guaviare se encuentra una tercera extractora. Esta pertenece a la Agropecuaria Rivera Gaitán, en Fuente de Oro, Meta, cuyo dueño es Reinel Gaitán Tangarife, conocido como ‘el Gurre’, un empresario palmero y político del partido Centro Democrático que fue capturado en 2022. Fue acusado de cohecho por, presuntamente, intentar sobornar a policías que intervenían en una explotación minera que sacaba materiales para la construcción de una carretera.
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El gremio critica la palma ilegal, pero el cultivo sigue en Guaviare
En los últimos años Fedepalma ha expresado públicamente, en diferentes documentos, su rechazo a los cultivos en zonas protegidas ambientalmente.
Por ejemplo, en 2018, cuando comenzaron las denuncias de terrenos sembrados con palma en Guaviare, publicaron un comunicado de prensa reseñado por varios medios en el que señalaban que habían denunciado esta situación ante las autoridades. “Deforestar o cultivar palma en zonas no permitidas va en contravía de las políticas y los objetivos de la palmicultura colombiana enfocada al desarrollo sostenible”, dijo Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma.
En el 2021, la federación de palmeros hizo público en varios eventos su programa de palma sostenible, en el que insiste en la protección ambiental, el respeto por comunidades que viven en las zonas de protección y los derechos humanos, así como garantías laborales para trabajadores y “esquemas de suministros responsables” que garanticen la trazabilidad de las materias primas.
Todos estos protocolos que muestra Fedepalma están enmarcados en la responsabilidad de las empresas, que deben garantizar que en su cadena de producción no se afecte ambientalmente el entorno ni las comunidades de la zona.
Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se contactaron con la oficina de comunicaciones de Fedepalma, pero no obtuvieron respuesta a la solicitud de una entrevista con un vocero de la organización.
Y es que en el pasado reciente del conflicto social y ambiental del país, se han presentado varios casos en los que empresas palmeras se han visto relacionadas con casos de acumulación de tierra que fue despojada a víctimas del conflicto y daños a los ecosistemas. Un ejemplo de estos hechos es el de varios empresarios que terminaron condenados por aliarse con paramilitares para despojar a una comunidad en Curvaradó, en el Chocó, a finales de los noventa, para montar un proyecto palmero en sus tierras.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en su informe Sufrir la guerra y rehacer la vida, señala varios casos en los que empresarios palmeros se vieron envueltos en violaciones de derechos humanos. Mongabay Latam recogió esta información en un artículo publicado en 2022 que da cuenta de los impactos ambientales señalados por la Comisión.
Fabián León, director para Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) —una organización internacional que hace seguimiento de la política y el desempeño en materia de derechos humanos de más de 10 000 empresas en más de 180 países—, señala que han documentado varios casos en los que las empresas han estado relacionadas con casos de violaciones de derechos humanos, abusos laborales y daño ambiental, como el mencionado anteriormente en Curvaradó.
León señala que, particularmente en los cultivos de palma cercanos a comunidades étnicas, hay un impacto social y laboral que afecta sus entornos culturales y económicos, que incluso ha estimulado en algunos casos la explotación sexual de niños indígenas. “En el caso de la Amazonía, la palma, la ganadería y la coca están asociadas a la deforestación. Se aprovechan de la poca regulación y control estatal en la zona y tienen un impacto fuerte en los ecosistemas. Los cultivos de palma no son bosques, tienen un alto consumo de agua y emplean agroquímicos”, explica León.
¿Quién es el dueño de la palma que bordea el resguardo Nukak?
Rutas del Conflicto y Mongabay Latam consultaron a una fuente de la Superintendencia de Notariado y Registro por la titularidad de las cerca de 100 hectáreas sembradas de palma, muy cerca del borde norte del resguardo Nukak en el Guaviare. Con un mapa construido en 2022 por una organización ambiental que realizó un monitoreo en la zona, se identificaron las coordenadas de 13 sectores para verificar si existen matrículas de propiedad de esos predios. La fuente de Supernotariado señaló que no hay ningún tipo de catastro ni de registro de propiedad en la zona y que estos son terrenos baldíos de la nación.
Esta alianza periodística consultó a la oficina jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que confirmó los datos de la Superintendencia y agregó que, para abril de 2024, no existe ningún tipo de proceso de recuperación de baldíos en estos predios.
Según los investigadores consultados y el representante del resguardo Nukak, Joaquín Nijbe, la ocupación de estos predios tiene cerca de 25 años y el cultivo de la palma cerca de ocho años. Las fuentes señalan a políticos del departamento y a sus familiares como posibles dueños de la palma y la ocupación de los terrenos.
Esta alianza periodística consultó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), la entidad encargada del control ambiental en la región, acerca de los procesos sancionatorios por el cultivo de palma en esta zona de protección ambiental. La directora de la entidad, Luisa Fernanda Raba, señaló que la CDA ha publicado documentos en los que señala las irregularidades, pero, al no tener la certeza de quiénes son los dueños de los predios, no se han concretado sanciones contra alguna persona en particular.
Varios de los investigadores entrevistados expresaron que es inaudito que después de 25 años de ocupación de los predios, y casi una década de los cultivos, el Estado siga sin saber quiénes son los propietarios de este sembrío ilegal de palma.
Lo que sí es de público conocimiento es el interés de varios políticos del departamento para que se permita la siembra de palma de aceite en zonas de San José del Guaviare, como el sector de Charras. El exgobernador Nebio Echeverry, que tuvo su periodo de mandato entre 2016 y 2019, expresó públicamente en varias ocasiones sus propuestas para incentivar el cultivo de palma en el Guaviare. Por ejemplo, en un reportaje de los periodistas Daniel Pacheco y Angélica Latorre, publicado en 2019, se recogen varias frases públicas lanzadas por el entonces gobernador, señalando que “los campesinos del Guaviare se han antojado de la palma” y minimizando el impacto del área sembrada en el norte del Resguardo Nukak: “Eso nunca se deforestó ni se hizo desalojo ni despojo de tierras a nadie, creo yo. Yo conozco los sembríos, que son unas cincuenta, sesenta hectáreas. Eso tampoco es mucha”.
Otro líder político de la zona asociado con el apoyo a la idea del cultivo de palma en la zona de Charras es Jorge Gaitán González, conocido como ‘Coco’, el hijo del político y empresario palmero Reinel Gaitán, alias ‘el Gurre’ y mencionado anteriormente. ‘Coco’ era cercano al exgobernador Echeverry e incluso aspiró a la gobernación en 2019, según una investigación del portal Insight Crime publicada en el 2020. Como se explicó anteriormente, la familia Gaitán tiene extensos cultivos de palma en el departamento de Meta y una planta extractora en el municipio de Fuente de Oro.
En teoría, el terreno donde se encuentra el cultivo es baldío de la nación y cuenta con protección ambiental, pero el Estado no ha hecho nada por eliminar la palma del lugar. A pesar de los intentos, Rutas del Conflicto y Mongabay Latam no pudieron verificar quién o quiénes son los dueños de las cerca de 90 hectáreas que hoy se encuentran en cosecha en el Guaviare.
El cultivo no se expande, pero el daño social y ambiental sí
Joaquín Nijbe, líder del pueblo nukak, cuenta que en el lugar en el que se encuentra la palma, sus ancestros solían transitar frecuentemente y recolectaban miel. Pero ya no pueden hacerlo. “Estuve el año pasado (2023) y ese cultivo está en buen estado. Muy cerca de la palma hay un sembrado de eucalipto más grande, que ya se metió al resguardo. Todo es grave, porque por ese lado también hay ganaderos y cultivos de uso ilícito, todo en una tierra que es nuestra”, cuenta el líder.
Y es que, aunque la palma no se haya extendido, el impacto socioambiental de la ganadería, sumado a los cultivos de palma, eucalipto y coca, han generado unas interacciones que prácticamente han expulsado a las comunidades indígenas de la zona. Dos de las principales comunidades nukak sobreviven fuera del resguardo, una en el asentamiento de Aguabonita, cerca del casco urbano de San José del Guaviare, y otra en la zona conocida como la ‘trocha ganadera’, cerca a Charras. Se abstienen de regresar a varios lugares de su territorio.
Un investigador independiente que conoce la zona, y que prefiere no publicar su nombre por cuestiones de seguridad, le contó a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que transitó a finales de 2023 por la carretera entre Charras y el poblado de Guanapalo, en las cercanías del cultivo de palma, en donde grabó un video que da cuenta de la situación. “El cultivo de palma está en buen estado y junto está un bosque enorme de eucalipto que se mete dentro del resguardo. La carretera está terrible porque para sacar esa madera meten camiones muy grandes”, cuenta.
La organización ambiental que monitorea la zona y que prefiere mantenerse anónima, le dijo a esta alianza periodística que, según su monitoreo, existen cerca de 300 hectáreas de eucalipto en este sector del borde norte del resguardo Nukak, muy cerca a la palma. Rutas del Conflicto publicó una investigación en octubre de 2022 en la que muestra cómo históricamente se han construido carreteras en esa zona y cómo, durante la pandemia, se ampliaron para seguir adentrándose en el resguardo.
El investigador independiente señala que todo el corredor de La Fuga, entre el río Guaviare y el norte del resguardo indígena, pasó de ser una sabana con vegetación de transición entre la Orinoquía y la Amazonía, a ser un enorme potrero con pastos para la ganadería y con cultivos de palma y eucalipto. “Había muchos árboles conocidos como chaparros (Hieronyma alchorneoides) que eran importantes para varios pueblos indígenas y de eso casi no queda nada”, señala.
La situación de orden público también ha empeorado en los últimos años por la fuerte presencia de grupos armados de las llamadas disidencias de las antiguas FARC que, debido al bajo precio de la base de coca, han decidido incrementar sus extorsiones. Incluso, a principios de abril de 2024, se presentó un ataque con explosivos que dejó dos soldados heridos del Batallón de Infantería de Selva N.° 19 General José Joaquín París Ricaurte del Ejército. “Tenemos mucho temor. Con la presencia de esos grupos, nosotros no podemos ni arrimarnos por allá”, dijo Joaquín Nijbe.
La presencia de los ilegales es tan fuerte que la directora de la CDA, Luisa Fernanda Raba, le dijo a esta alianza periodística que, aunque tiene el deber de intervenir en el cultivo y en la cosecha de la palma, no iba a arriesgar la vida de sus funcionarios, porque no había garantías para que entraran a la zona.
Por ahora, como lo expresaron las fuentes consultadas, el Estado sigue sin tener una presencia integral en el territorio para que, de una vez por todas, haga el cierre de estos cultivos y garantice la protección de esta zona de reserva, tan importante a nivel ambiental como para el pueblo nukak. Así mismo, el Estado tampoco ha mostrado capacidad para evitar que el producto de la cosecha se convierta en aceite de palma, un insumo comercializable y que sigue siendo altamente demandado a nivel mundial.
Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
*Este reportaje es resultado de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto de Colombia.
**Imagen principal: Fotografía aérea del cultivo de palma en el borde norte del resguardo Nukak. Foto: Cortesía.
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