- La Reserva Natural San Rafael, en la chiquitanía boliviana, y en el Parque Nacional Amboró, en la amazonía, sufren las consecuencias de las invasiones.
- Los ocupantes toman la tierra para sembrar, pero luego de sacarle provecho trafican con ella. Además, se han convertido en la puerta de entrada para los cultivos ilícitos en las áreas protegidas y por ende para la deforestación.
En los últimos dos años la plataforma satelital Global Forest Watch emitió 15 199 alertas de deforestación en la Reserva Municipal de San Rafael, en la Chiquitanía, y 256 025 en el Área Natural de Manejo Integrado Amboró, en la Amazonía boliviana. Al visitar ambos territorios se confirmó que estas áreas protegidas son invadidas de manera ilegal.
Las invasiones o avasallamientos existen desde hace más de 20 años en Bolivia, pero en los últimos años han tomado más fuerza, convirtiéndose en una de las principales amenazas para las áreas naturales protegidas. Las ocupaciones son responsables de la depredación del bosque y del daño de su suelo, por lo que se generan graves afectaciones ambientales..
Estas invasiones inician con visitas de personas que viajan en modernos vehículos desde los cuales se analiza cómo y por dónde ingresar. A los días, varias personas toman el terreno y construyen casas con materiales precarios. Trás ellas, viene la maquinaria pesada para quitar el bosque y luego se destina la tierra para cultivos.
“Lo que ahora llama la atención es que estos grupos son más violentos que antes. Ahora están armados, son peligrosos y eso preocupa a dueños y hasta a la misma policía. Antes era algo fácil de identificar y sacarlos, pero ahora lamentablemente se ven enfrentamientos para poder sacarlos”, dice Alejandro Almarez, ex viceministro de Tierras y docente de la Universidad Mayor de San Simón.
¿Cómo afectan estas invasiones a las áreas naturales protegidas? Te lo explicamos en tres claves:
¿Por qué se dan los avasallamientos?
Los principales motores de las invasiones o avasallamientos son la agricultura mecanizada y la expansión de la ganadería. Sin embargo, la minería legal e ilegal también está produciendo este fenómeno. Muchos ocupantes afirman que no tienen tierras y las necesitan para poder sembrar y producir alimentos, pero en la mayoría de los casos esto no es cierto. En realidad, su intención es poder traficar con ella.
En el momento en que toman posesión física de las tierras, intentan legalizarlas ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En ocasiones, tienen hasta firmas y sellos de entidades públicas y se presentan como militantes de partidos políticos que tienen vínculos con altos cargos del gobierno.
Otra de las razones de los avasallamientos son los cultivos ilícitos. Según el último reporte anual del Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 435 hectáreas de coca están sembradas en cinco áreas protegidas, entre ellas se encuentra Amboró. Esto preocupa a los habitantes del municipio de El Torno, un área del parque nacional Amboró, quienes en 2013 vieron cómo llegaron dos autobuses llenos de personas para invadir el territorio. En ese entonces, se organizaron para evitar el avasallamiento. Hoy su temor crece cuando la coca está de por medio, saben que la situación es más compleja, incluso los guardabosques reconocen la dificultad para afrontar el problema.
Territorios ocupados
Jorge Vargas Roca, alcalde del municipio de San Rafael de Velasco, asegura que un 3 % de la Reserva Municipal de San Rafael está invadida. También hay conocimiento de cuatro comunidades campesinas que reciben a ciudadanos del occidente del país. Estos llegan para cultivar granos como soya, maíz o sorgo y esperan que las tierras pierdan sus propiedades para intentar venderla.
Los avasalladores tampoco saben sostener las tierras ocupadas, por lo que en ocasiones dañan el bosque y lo abandonan. En San Rafael hay zonas que están totalmente arrasadas, pero en las que ya no se cultiva. Las ocupaciones están acabando con el área protegida.
En Amboró, la deforestación es una de las grandes preocupaciones. Desde febrero de 2019 a octubre de 2023 se pasó de 14 a 107 hectáreas deforestadas. Esto debido a los cultivos ilícitos de coca. De acuerdo con Gabriela Reyes, criminóloga boliviana y especialista en política de drogas, “los parques nacionales se han vuelto el eje donde los narcos prefieren producir la cocaína en Bolivia”. En ellos se han instalado laboratorios de cocaína debido a que son de difícil acceso para la fuerza pública y se pueden camuflar con mayor facilidad.
Las invasiones se están convirtiendo en una puerta de entrada para negocios ilegales que dañan los bosques. Al miedo de la comunidad por enfrentarse a cocaleros o narcos, se suma la falta de equipos y personal encargado para proteger un área como Amboró que tiene 636 000 hectáreas.
Leyes que no protegen
Bolivia tiene una ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras. En ella se sanciona con privación de libertad de tres a ocho años. Aunque al autor o autores se le puede acusar sin mayor trámite cuando son sorprendidos traficando tierras, hasta el momento la ley se ha aplicado en casos de propiedades privadas. En este sentido, las áreas protegidas siguen siendo vulnerables en el ámbito legal.
“La razón es el interés de los propietarios por proteger sus tierras, siempre y cuando puedan asumir toda la carga procesal, es decir, pagar los gastos de operación del Ministerio Público, la policía y demás funcionarios judiciales. En la mayoría de los casos, el proceso termina con el desalojo, sin llegar al ámbito penal”, asegura Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra.
Además, existen normas que según varios expertos incentivan los avasallamientos, una de ellas es la Ley del Medio Ambiente y la reglamentación de áreas protegidas que permite algunas actividades extractivas al interior de estos territorios. Si bien se deben realizar siguiendo la normativa ambiental, para Óscar Campini, investigador del Cedib, una organización civil que investiga temas sociales y ambientales de Bolivia, “actúan como un incentivo para explorar y explotar en las reservas naturales bolivianas”.
Según esta interpretación, con esas normas se abrieron las puertas de las áreas protegidas para que sean explotadas. Aunque Marlene Quintanilla, investigadora de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), afirma que es una mala interpretación de la legislación. Sin embargo, puede ser uno de los aspectos que está acelerando esta problemática en Bolivia.
Lea la historia completa aquí.
* Imagen principal: Los avasalladores construyen casas precarias para poder vivir mientras realizan el desmonte del terreno. Foto: Iván Paredes.
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