- Según información solicitada por Mongabay Latam, solo han concluido cinco de los 15 Procesos Administrativos Sancionatorios abiertos en contra de Repsol por el derrame de petróleo en el mar peruano ocurrido en enero de 2022.
- Las multas de Repsol suman más de 208 millones de soles equivalentes a unos 56 millones de dólares, pero hasta ahora la empresa solo ha pagado alrededor de 8 millones de dólares.
- Para dar seguimiento a cada uno de los procesos sancionatorios, Mongabay Latam construyó una visualización en la que también es posible ver el estado en el que se encuentran las demandas civiles y la denuncia penal.
“Por qué el Estado es tan lento”, pregunta casi irritado Germán Melchor, el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Serpentín de Pasamayo, un lugar que, debido a la difícil geografía, no fue limpiado tras el derrame de más de 11 mil barriles de petróleo en el mar peruano en enero de 2022. “No se realizó la limpieza porque dijeron que la naturaleza se iba a encargar de limpiar el mar, pero ahí continúa el petróleo, está debajo de las piedras”, asegura el pescador. Tras el desastre, cinco organismos fiscalizadores iniciaron 15 procesos administrativos para sancionar a Repsol, la empresa responsable del mayor derrame de petróleo que haya conocido el mar peruano.
De todos ellos, diez han sido apelados por la empresa y solo cinco han concluido. Además, otros cinco procesos se abrieron posteriormente, pero aún están en trámite para determinar si existe responsabilidad administrativa.
Traducido a dinero, las multas con las que ha sido sancionada Repsol en esos 15 procesos sancionatorios suman 41 787 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 208 474 836 soles, un poco más de 56 millones de dólares, considerando el valor de una UIT en 2023. De ese total, hasta el momento la empresa ha pagado solo el 15.5 % por lo que adeuda 175 999 250 soles, unos 47 millones 494 mil dólares.
Infracciones como contaminar la diversidad biológica en el mar peruano con sustancias tóxicas; causar la muerte de animales silvestre; no cumplir con acciones inmediatas para evitar y controlar una situación de alto riesgo; incumplir las medidas preventivas impuestas por las autoridades, entre otras, figuran en los expedientes que Mongabay Latam solicitó a las instituciones públicas mediante la Ley de transparencia.
“Han pasado dos años y los procedimientos administrativos aún no terminan. Esto evidencia el retraso en la determinación de la responsabilidad y la carencia que puede tener el Estado en la forma de efectivizar la justicia”, dice Wendy Ancieta, asesora legal en el Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
El problema, además, es que el retraso no solo se ha dado en la administración de justicia sino también en la remediación que aún no se pone en marcha.
“El caso de Repsol —cuya razón social es Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasaa)—ha evidenciado, aún más, muchas carencias que tiene el sistema de justicia en general en nuestro país”, sostiene Ancieta. “Desde un aspecto ambiental, es evidente que el Estado necesita una reforma o una mejora, y eso significa revisar la normativa para ver si realmente funciona, pero también evaluar las políticas públicas y cuánto se invierte en los temas ambientales en el país”.
Miles de pescadores se quedaron sin trabajo como consecuencia de la contaminación del mar por el petróleo, pero Repsol solo pagó compensaciones hasta el mes de junio de 2023. Muchos tuvieron que cambiar de oficio para lograr obtener ingresos. Los que se quedaron, continúan exigiendo una reparación. Los retrasos y falta de claridad del estado de los procesos sancionadores y demandas judiciales desalientan aún más a los pescadores que ven su futuro incierto.
Para esclarecer el panorama, Mongabay Latam solicitó por transparencia los expedientes abiertos por las cinco entidades fiscalizadoras: el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). Esta última, sin embargo, indicó que no era “posible remitir las copias de la documentación solicitada hasta que culmine el proceso sancionador”.
Tras analizar la información recopilada, los datos fueron sistematizados en un buscador para seguirle la pista a los procesos sancionatorios abiertos, así como a las demandas civiles y a la denuncia penal, y saber cuál es el estado en el que se encuentra cada caso.
Una multa por causar la muerte de animales
Los días que siguieron al derrame de petróleo en el mar, cientos de aves y mamíferos marinos empetrolados flotaban en el océano. Otros morían en los islotes e islas del mar peruano, mientras que algunos animales sobrevivientes llegaban hasta la orilla del mar donde eran rescatados, aunque no siempre lograban permanecer con vida.
El saldo de la tragedia para la fauna silvestre reportada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) fue de 1852 especímenes de animales marinos muertos y 198 que lograron sobrevivir, pero muy afectados por el petróleo. Esta cantidad corresponde solo a aquellos animales que fueron encontrados en el mar o en las playas. Expertos señalan que la cifra de animales impactados por el derrame supera largamente este número.
Según el expediente de Serfor, la infracción que cometió la empresa fue “actuar con crueldad y causar la muerte de 1852 especímenes de fauna silvestre”. Una segunda infracción de la empresa habría sido “actuar con crueldad respecto a 198 especímenes de fauna silvestre” que fueron rescatados con vida pero en mal estado de salud.
De las dos infracciones, Serfor solo logró sancionar a la empresa por la muerte de los animales. En este caso la multa alcanzó la suma de 6 886 099.44 soles (1 millón 870 mil dólares aproximadamente). Mediante un correo electrónico, Serfor indicó a Mongabay Latam que la empresa canceló la multa en abril del 2023.
En el caso de los animales que sobrevivieron pero sin posibilidades de retornar a la vida silvestre, no se logró aplicar la multa.
Según explica Luis Zari, especialista legal de la SPDA, no se pudo sancionar a Repsol porque “en el marco legal peruano no existe una definición sobre qué significa actuar con crueldad contra la fauna silvestre en libertad. Lo que se usó para intentar sancionar a Repsol por actos de crueldad se sustentaba en una definición que existe en la ley de protección y bienestar animal, pero que se aplica para animales en cautiverio”.
El especialista menciona que se trata de un vacío legal y, por tanto, queda pendiente esa sanción. “Bajo nuestro punto de vista, Repsol debería ser sancionada por actuar con crueldad contra 198 animales que no murieron, que están en un centro de rescate y que no podrán ser liberados, probablemente, nunca más en su vida. Estos animales han quedado afectados tanto internamente como de forma externa”, sostiene el abogado y precisa que “esa afectación ha implicado actos de crueldad debido a la negligencia por parte de la empresa, por no cumplir debidamente las medidas de respuesta rápida que debía implementar tras el derrame”.
Según la resolución de sanción de Serfor, los más de mil individuos por los que sí se procesó a Repsol, incluyen 28 especies marinas. Algunas de ellas son el guanay, el piquero peruano, la chuita, el zarcillo, la nutria marina, el lobo marino chusco, cuatro especies de gaviotas, el pelícano, el playerito, el pingüino de Humboldt, el piquero patas azules, entre otros.
Sin embargo, el abogado Henry Carhuatocto, del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS), asegura que “la multa no va para las víctimas ni para remediar el ecosistema, sino que ingresa a los recursos ordinarios de la entidad y eventualmente al MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] que lo distribuye como mejor cree conveniente”.
Carhuatocto comenta que para la remediación de los daños, los organismos estatales también imponen a las empresas que cumplan con medidas correctivas. Luis Zari, de la SPDA, precisó que “entre estas medidas impuestas a Repsol para el caso de fauna, Serfor ordenó a la empresa entregar equipos y herramientas necesarias para implementar el cuidado de ocho pingüinos que no murieron pero quedaron afectados, además de la elaboración de un plan de monitoreo sobre el estado de las especies marinas”.
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Daños en la áreas protegidas
La gran cantidad de petróleo vertido en el mar como consecuencia del derrame de Repsol se extendió varios kilómetros por el mar hacia el norte del Callao, lugar donde se inició el desastre. En su recorrido, el petróleo alcanzó dos áreas protegidas: la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada Ancón.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), responsable de la conservación de estos lugares, inició dos procesos sancionadores, uno para cada lugar. En ambos casos la infracción fue la contaminación de la diversidad biológica a través de la introducción de elementos físicos, biológicos y sustancias tóxicas y para cada uno se aplicó una sanción de 10 000 UIT equivalentes a 49 500 000 soles (13 352 555 dólares).
Consultados sobre estos casos, Sernanp informó que en el caso de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNIPG), el proceso concluyó y se impuso la multa, sin embargo, la empresa aún no la ha cancelado. En tanto, el procedimiento por la Zona Reservada Ancón, se encuentra bajo un recurso de apelación interpuesto por Relapasaa ante la segunda instancia del Sernanp.
La entidad señala que de concretarse el pago de la multa impuesta, “El 70% será asignada a las actividades de control y vigilancia del área natural protegida donde se cometió la infracción; y el 30% restante será destinado a otras actividades que determine el Sernap”.
Como parte de las sanciones, Sernanp dispuso que Repsol elabore e implemente planes de rehabilitación de los ecosistemas y especies afectadas por el derrame de petróleo en todas las áreas afectadas, incluidas el área continental e insular, fondos marinos, columna de agua y sedimentos.
Sin embargo, hasta ahora “no se han ejecutado porque los planes de rehabilitación todavía no se aprueban. Se atendió la emergencia, pero de la rehabilitación no se ha empezado nada”, dice Wendy Ancieta, de la SPDA.
Hasta que ocurrió el desastre, más de 500 personas de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa) se dedicaban a la pesca responsable. El derrame paralizó su actividad y destruyó el trabajo de varios años que llevaban realizando por iniciativa propia para lograr un manejo sostenible y la conservación de los recursos pesqueros. Entre las reglas que se habían autoimpuesto se cuenta el establecimiento de temporadas de veda, límites de extracción de recursos, rotación en las zonas de pesca y turnos de vigilancia.
La cantidad de pescadores afectados por el derrame, sin embargo, es mucho mayor. El Padrón Único de Afectados por el Derrame de Petróleo de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene en su lista un poco más de 10 mil personas, aunque los pescadores aseguran que hay muchos más.
“No hemos salido a trabajar todo este tiempo, la gente está endeudada. No hay mariscos, no hay pejesapos y esas especies estaban en las rocas”, comenta Germán Melchor, el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo.
En un comunicado publicado en diciembre de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que, de acuerdo a la evaluación que realizó OEFA en agosto de ese año, se evidenció la “superación de los estándares de calidad ambiental para agua, principalmente en el parámetro hidrocarburos totales de petróleo”. La misma situación se indica para ocho playas de los cinco distritos afectados, así como para las zonas rocosas. Además, de las 30 playas de baño y recreación impactadas por el derrame, 25 se encuentran aún en condición de afectadas de acuerdo con un reporte de noviembre de 2023 de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud.
Ante esta situación, los pescadores no pueden salir a cumplir sus faenas y en algunos casos tienen que buscar alternativas laborales para sobrevivir.
“Yo ya no me estoy dedicando a la pesca. Hago otros trabajos como turismo o monitoreo. De alguna manera tengo que generar ingresos”, dice Avelino Ramirez, dirigente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa). Ramirez también habla de la preocupación que tienen los pescadores sobre su estado de salud. “Hasta ahora no ha habido un programa de parte de Repsol o del gobierno para hacernos un despistaje a los que hemos trabajado recogiendo el hidrocarburo”, señala.
Una serie de procesos impugnados
Tras el derrame, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) reparó en que la empresa cometió una serie de infracciones. Por ejemplo, no tomó acciones inmediatas para evitar y controlar una situación de alto riesgo en el ambiente, no ejecutó muestreos de agua luego de ocurrido el derrame, envió información fuera del plazo establecido y no adoptó las acciones de primera respuesta establecidas en el plan de contingencia. Pero también advirtió que la empresa entregó información falsa sobre la cantidad de petróleo derramado, el área impactada y el periodo de la emergencia ambiental.
Por todas estas infracciones, el OEFA llevó adelante seis procesos administrativos sancionadores en contra de Repsol en los que determinó responsabilidad de la empresa e impuso multas que en conjunto suman 78 925 732 soles (más de 21 millones de dólares).
Otros cinco procesos sancionatorios fueron abiertos y están aún en trámite para determinar si existe o no responsabilidad administrativa por parte de Repsol.
Hasta ahora, la empresa ha cancelado tres de esas multas que en conjunto suman 25 589 487 soles (más de 6 millones 900 mil dólares) según informó OEFA a Mongabay Latam. Las otras tres multas impuestas a la empresa petrolera, por un total que supera los 53 millones de soles, han sido apeladas.
Jean Pierre Araujo, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), cuestiona la lentitud en el avance de los procesos sancionadores. “Se entiende la complejidad, pero estamos hablando de uno de los casos ambientales más grandes y más complejos de los últimos 10 años, por tanto, esperaríamos que siendo OEFA el organismo líder en fiscalización tenga la suficiente capacidad logística y recursos humanos para que los procedimientos sean lo más ajustados al tiempo establecido”, dice el abogado.
Por otra parte, Araujo agregó que “las multas son un disuasor para que no se repita la conducta que ocasionó el daño ambiental, pero no hay que perder de vista que es más importante que se adopten las medidas para iniciar los procesos de restauración, rehabilitación y recuperación de estas áreas”.
Se trata de un paso fundamental, explica el abogado, “porque esos planes de rehabilitación lo que buscan es asegurar que Repsol, durante el año que pasó después del derrame, haga un monitoreo para establecer una línea de base de cómo están los índices de contaminación y de afectación a todos los recursos naturales y plantee una estrategia de mediano y largo plazo para asegurar que esto se reconstituya lo más parecido a cómo era antes”. El problema es que los planes de rehabilitación presentados por Repsol aún están en etapa de evaluación por parte del Ministerio de Energía y Minas.
Así lo confirmó OEFA al indicar que hasta ahora Relapasaa ha enviado al Ministerio de Energía y Minas 18 planes de rehabilitación que se encuentran en evaluación para ser admitidos. El organismo estatal agregó, además, que la empresa petrolera no cumplió con la entrega de otros seis de estos planes de rehabilitación que corresponden a 38 formaciones costeras. Por este incumplimiento, Repsol también ha sido sancionado.
Araujo espera que para junio de 2024 se puedan concluir todos los casos impugnados en OEFA, aunque precisa que si la empresa no está de acuerdo con las resoluciones, puede llevar los procesos al poder judicial y en estos casos el tiempo puede extenderse hasta dos o tres años más. Esa es justamente, la situación de los procesos sancionadores abiertos por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
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Las demandas en el Poder Judicial
Osinergmin abrió cinco procesos administrativos contra Repsol y todos ellos han sido llevados ante el Poder Judicial por la empresa, según la información que envió la institución estatal a Mongabay Latam. Por lo mismo, no ha sido cancelada ninguna de las cinco multas impuestas por Osinergmin, que en total suman más de 23 millones 663 mil soles (unos 6 millones 396 mil dólares). “Repsol ha judicializado las multas impuestas por Osinergmin. En consecuencia, de acuerdo a la norma no es posible ejecutar en vía administrativa dichas sanciones hasta que se tome conocimiento del resultado final del Poder Judicial”, aclaró la institución.
En opinión de Henry Carhuatocto, del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible (IDLADS), “Osinergmin, Serfor, OEFA y Sernanp están haciendo su trabajo. Han cumplido su función de procesar a los infractores y han permitido el ingreso de terceros interesados”, dice el abogado. Sin embargo, reconoce que “la principal debilidad de este desastre ambiental es que el Estado no tenía una estrategia para poder remediar los daños”.
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) también inició un proceso administrativo contra Repsol por efectuar la descarga o vertimiento de hidrocarburos no autorizado. Mongabay Latam solicitó a Dicapi el expediente del proceso sancionador, pero la entidad respondió que el caso está pendiente de resolver por haber sido impugnado, por tanto, “no es posible remitir las copias de la documentación solicitada hasta la culminación del procedimiento sancionador”.
Mongabay Latam solicitó a Repsol su versión sobre todos los procesos administrativos que se han iniciado en contra de la empresa pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.
Para Carhuatocto,“se podría decir que lo sucedido con Repsol es la anatomía de un desastre ambiental. Hay que verlo no tanto por lo que debimos hacer, sino por lo que deberemos hacer en los próximos desastres ambientales; reconocer los errores para que no vuelvan a ocurrir. Lo que ha pasado desnuda la precariedad institucional que tenemos y de la que nadie habla”, dice.
Respecto de la denuncia penal, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, aseguró a Mongabay Latam que los actos de investigación preparatoria ya se están culminando y que llegarán a su fin el 26 de junio próximo. Luego, precisó, se dará paso a la etapa intermedia “de reflexión del fiscal sobre si acusa o archiva el caso”, y posteriormente a la etapa de juzgamiento. Según Guzmán, “es muy probable que para julio ya tengamos la acusación establecida” por el delito de contaminación.
Además, agregó que ya se presentó una reparación civil preliminar por el daño ambiental (daño ecológico puro) de 1720 millones de soles de acuerdo a una valoración económica del daño elaborada por el Ministerio Público. Ese monto, cabe precisar, podría aumentar o disminuir dependiendo de los hallazgos que termine de arrojar la investigación y será rectificado en la etapa intermedia, específicamente en la audiencia de requerimiento acusatorio.
En cuanto a la demanda civil por 4500 millones de dólares presentada en 2022 por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), esta aún se encuentra en trámite y no ha habido audiencias. “El caso está abandonado por Indecopi”, asegura Carhuatocto respecto de esta demanda que buscaba indemnizar por daños y perjuicios a más de 700 mil personas.
Imagen principal: Rescate de aves marinas empetroladas luego del derrame de Repsol. Foto: Sernanp.
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