Mientras tanto, en el camino, los costos de la remediación evidenciaron, por lo menos, un error de cálculo de parte del Minem. Si en el 2023 se calculó que para el sitio impactado ubicado en José Olaya se gastaría poco más de 5 millones 960 mil soles (1 millón 382.78 dólares aproximadamente), meses después, en marzo del 2024, el monto de la remediación de este primer lugar casi se duplicó hasta bordear los 10 millones de soles (2 millones 685 dólares aproximadamente).

El proceso para rehabilitar el suelo, el agua y las condiciones ambientales para plantas y animales en José Olaya implica no solo eliminar el riesgo a la salud, sino que se pueda volver a producir alimentos y que los animales puedan consumir las plantas que crecen en la zona sin peligro alguno, comenta Gonzalo Marzá, asesor de la Gerencia de Pueblos indígenas del Gobierno Regional de Loreto. Afirma que la remediación no solo tiene una implicancia ambiental, sino social pues se deben generar fuentes alternativas de ingresos económicos para la población y no solo servicios derivados de la actividad petrolera.

El Plan de Rehabilitación de José Olaya establece que para el proceso de remediación del suelo se utilizará la tecnología de estabilización/solidificación. Esta consiste en extraer y trasladar el material contaminado del suelo a un área acondicionada para que se solidifique o estabilice adicionando algunos químicos. Dependiendo de las características del entorno, se podría aplicar en el mismo lugar.

Según el plan, esta tecnología se ha aplicado en muchas experiencias, pero se desconoce que se haya realizado en “ambientes selváticos”. Se ejecuta con el uso de retroexcavadoras, volquetes, geomembranas, entre otros; y tardaría en aplicarse menos de medio año.

“Antes veíamos que, por ejemplo, que Pluspetrol iba y recogía el crudo cuando se caía, los hermanos creíamos que esa era la remediación. Pero lamentablemente eso no era remediación, lo que hacían era poner tierra encima y abajo quedaba el crudo, por eso, cuando llovía, cuando se caminaba por ahí, salía la contaminación. Pero ahora sí vamos a estar pendientes, sí tiene que ser una verdadera remediación de parte del Estado, sino fuera así, los vamos a demandar”, asegura Federico Diaz Sandi, presidente de Feconacor.

El interminable camino para la remediación

Han pasado nueve años desde que se comprobó, como venían denunciando los dirigentes indígenas de las comunidades cercanas al Lote 192 y al Lote 8, que el suelo, el agua del río y los animales de la zona estaban contaminados. Esta situación de riesgo para la salud de los pobladores fue confirmada por los Planes de Rehabilitación o estudios sobre la afectación petrolera, realizados por la empresa Consorcio Ecodes Ingeniería – Varichem de Colombia en el año 2019.

A la fecha, el número de sitios impactados por hidrocarburos en las cuatro cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón ha crecido a 188. De ellos, 32 (7 en el río Pastaza, 13 en el Corrientes y 12 en el Tigre) han sido priorizados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para ser remediados.

Pozo encontrado en Shiviyaku donde aflora petróleo y está en abandono. Foto: Patrick Wesember.

El Minem señaló, en un informe presentado al Congreso en noviembre del 2023, que desde el inicio de la actividad petrolera en el Perú, pasaron 130 años para que se construyera una legislación ambiental, y que “el Perú no cuenta con experiencias exitosas en remediación ambiental de hidrocarburos”.

Federico Díaz Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor), le dijo a Mongabay Latam que las comunidades que tienen más sitios impactados son Jerusalén, Antioquía y José Olaya. “Estas son por las que hemos estado reclamando hace muchos años, pero, en sí, no hay comunidad indígena que no sufra a causa de los daños por el petróleo”, aseguró.

 

 

En el 2015, el Estado peruano creó el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental que nació con 50 millones de soles (alrededor de 13 millones 548 mil dólares), que serían destinados para la elaboración de los planes de rehabilitación de los 32 sitios impactados por petróleo priorizados por el Minem. Sin embargo, al 2022 ya se han realizado tres transferencias de dinero y el fondo bordea ahora los S/. 380 millones (casi 102 millones 966 mil dólares), es decir, cuatro veces más que lo pactado al inicio. Hasta el momento, este monto no se ha ejecutado en su totalidad.

¿Quién decide cómo se debe gastar el dinero? En el 2015, se creó la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, la cual es liderada por el Minem y el Minam, y en la que también participan los ministerios de Cultura; Energía y Minas; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Salud y Agricultura y Riego, además de representantes de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. El Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe) es el encargado de la administración de los recursos para limpiar los sitios impactados por petróleo, denominación que se le dio a los puntos contaminados por hidrocarburos en la Amazonía de Perú.

La entidad que se encarga de identificar el sitio es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), luego se realizan los Planes de Remediación de estos, los cuales son estudios donde se analiza la situación del suelo, agua, vegetación y distancia de la zona contaminada con respecto a la población. La consultora Consorcio Ecodes Ingeniería- Varichem elaboró 32 planes de Rehabilitación para el Gobierno, un proceso que le tomó alrededor de 14 meses, según los documentos revisados por Mongabay Latam.

Después de tener los planes, inicia el proceso de la ingeniería de detalle, que consiste en una evaluación más exhaustiva del sitio, pero también en buscar opciones de tecnología comprobada que pueda subsanar los daños. Finalmente, se puede ejecutar la tan ansiada remediación, pero es la Junta de Administración la que elige a la empresa que se encargará de esta tarea bajo la supervisión del Minem.

Mientras los procesos burocráticos avanzan, las comunidades siguen exigiendo por la salud y el agua potable. Crédito: Patrick Murayari

En su presentación ante el Congreso, el entonces director General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Minem, Lázaro Walther Fajardo, anunció que, solo en el caso de los 13 sitios priorizados para la remediación en la cuenca del Río Corrientes, el gasto sería de 473 618 492 soles (alrededor de 127 millones 166 mil dólares). Los montos parecen altos, sin embargo, no son suficientes para cubrir la enorme tarea de la remediación de sitios contaminados por petróleo en Loreto, considerando que la lista de sitios impactados en la Amazonía suma 193.

El caso del Lote 8 es dramático porque, según el apu Juan Montero, presidente de FECONACO, son pocos los sitios identificados y priorizados. “Hasta el momento solo se ha dicho que el Estado no tiene fondos para avanzar en la remediación de nuestros territorios”.

A simple vista no se nota, pero los achuar siguen denunciando que sus fuentes de agua tienen restos de hidrocarburos. Crédito: Patrick Murayari

Las trabas para el proceso de remediación

Mongabay Latam revisó las actas de cada reunión realizada por la Junta de Administración desde el 2020 hasta febrero de 2024, y detectó un constante cambio de autoridades en las entidades que lideran el proceso de remediación de los sitios impactados en las cuatro cuencas hidrográficas de Loreto.

En las 24 reuniones que se realizaron, tanto de manera presencial como virtual en Lima y Loreto, el Minem —que lidera la junta y el proceso de remediación—, por ejemplo, cambió de representantes hasta en diez ocasiones. De igual manera, el Minam tuvo hasta 10 voceros distintos, entre ellos ministros y viceministros que, en la mayoría de ocasiones, solo asistieron a dar el discurso inicial.

Este cambio constante de autoridades causó la molestia de las federaciones indígenas que en dos reuniones celebradas en el 2022 manifestaron su preocupación ante “la falta de seriedad” de los representantes del Minem y del Minam. Ellos dejaron saber que esos cambios retrasaban el proceso de remediación.

Otro de los puntos detectados en las actas fueron las constantes y numerosas observaciones realizadas a los Planes de Rehabilitación de los sitios impactados. En el 2020, por ejemplo, como se registra en el Acta 31 de la Junta de Administración realizada en el 2021, se informó que el Minem había presentado más de 4000 observaciones a estos planes. Ello obligó incluso a que los contratistas, a cargo de 19 Planes de Rehabilitación (8 de la Cuenca Corrientes, 5 de la Cuenca Tigre y 6 de la Cuenca Pastaza), vuelvan a campo para subsanar las observaciones planteadas.

Solicitamos las precisiones sobre esta situación al Minem, pero hasta la fecha no obtuvimos respuesta.

Derrames petroleros sin responsables

“El Lote 192 sigue siendo el lugar con mayor contaminación por derrame de crudo. No estamos hablando de cualquier lote, sino del que fue el de mayor producción petrolera del país, pero es invisible porque está en la Amazonía”, advierte el sociólogo y especialista de OXFAM, Miguel Lévano.

Las estadísticas respaldan lo que menciona el experto. Solo hasta el primer trimestre del 2021, en el Lote 192 (antes 1AB) se registraron 233 derrames de petróleo, según OEFA. Le sigue el Lote 8 con 189 derrames en el mismo periodo de tiempo. Ambos sitios cuentan, además, con el mayor número de barriles de petróleo derramados en la zona: cerca de 10 mil (Lote 192) y más de 48 mil barriles (Lote 8) derramados .

¿Quiénes son los responsables de esta contaminación? En el papel, son las empresas que han extraído el petróleo del subsuelo las que deben asumir la remediación de los daños, pero, en la práctica, aún nadie asume esa tarea.

La primera empresa que ganó la licitación para explotar el Lote 192 fue Occidental Petroleum Company (Oxy), la cual inició sus operaciones en el entonces lote 1AB en 1971. Esta se retiró más tarde, en el 2001, cuando la concesión pasó a la empresa argentina Pluspetrol Norte que culminó su administración en agosto del 2015. Luego llegó Frontera Energy (antes Pacific Stratus Energy) , que se retiró en el 2022. Y, en el caso del Lote 8, este fue operado también por Pluspetrol Norte desde 1996 hasta el 2023.

Ninguna de estas empresas ha querido asumir sus responsabilidades ni remediar los daños. En el 2015, Oxy presentó un Plan de Abandono del Lote 192, sin embargo, fue cuestionado porque no reconocía todos los pasivos y sitios impactados que se habían identificado en la zona.

El caso de Pluspetrol Norte ha sido el más crítico porque al asumir la administración del lote tenía que hacerse cargo de los pasivos dejados por su antecesor, sin embargo, esta medida no se cumplió. En abril de 2022, en el especial periodístico Manchados por el petróleo, Mongabay Latam reveló que, desde el 2011 hasta el 2021, el OEFA impuso 73 procesos sancionadores que derivaron en 72 multas por 47 millones de dólares a Pluspetrol Norte. Además, un informe de OXFAM precisó que esta empresa petrolera ocasionó la mayoría de derrames ocurridos en el sector hidrocarburos.

Pluspetrol Norte anunció en diciembre de 2020 que iniciaba su proceso de liquidación. Esta situación ocasionó que la Defensoría del Pueblo exigiera al Estado peruano que se interponga “con urgencia” las medidas necesarias para evitar esta decisión.

El OEFA demandó a la empresa ante el Poder Judicial por las deudas acumuladas por la petrolera. Además, ha señalado que la Procuraduría Pública de OEFA tiene registrados 40 procesos para el Lote 8 y otros 20 para el Lote 192 por el presunto delito de contaminación ambiental, los cuales han sido derivados a la Procuraduría Pública Especializada del Ministerio del Ambiente.

Desde el 2015 y hasta febrero de este año, el OEFA realizó 362 acciones de supervisión y fiscalización al Lote 192, la mayoría ​​por emergencias ambientales relacionadas con la empresa Frontera Energy. Como resultado de ellas, la entidad impuso 53 multas sanción (48 de ellas a Frontera Energy) -las cuales se encuentran firmes— por un monto total de 4292 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, poco más de 22 millones de soles (5 millones 915 mil dólares aproximadamente)  y 3 multas coercitivas por un monto total de 150 UIT, que equivalen a 772 500 soles (206 mil dólares aproximadamente). En total, la deuda es de 6 millones 121 mil dólares.

Vale precisar que las multas sanción son las que se establecen tras los procesos administrativos sancionadores, mientras que las multas coercitivas son las que se dictan ante el incumplimiento de una medida administrativa previa.

En el caso del Lote 8, entre el 2011 y enero del 2024, OEFA ejecutó ​​399 acciones de supervisión y fiscalización por las emergencias ambientales ocasionadas durante la administración de Pluspetrol Norte S.A. Del 2012 al 2023, OEFA impuso 95 multas sanción por un monto total de 20818.341 UIT, es decir, 107 millones 214 450 soles ( 28 millones 686 mil dólares), y 354 multas coercitivas por un monto total de 46130 UIT, lo que significa, 237 569 000 soles (63 millones 563 mil dólares). Es decir, el monto total impuesto a Pluspetrol Norte supera los 92 millones de dólares.

Pluspetrol es una de las empresas con más multas acumuladas y ha dejado tuberías en el Lote 192 y Lote 8. Crédito: Patrick Murayari

“Pluspetrol salió del Lote 192 en el 2015, y de ahí a la fecha no tiene Plan de Abandono aprobado. Se van a cumplir 10 años y no ha empezado la remediación tras su salida. Lo presentaron más de una vez, pero el Minem lo ha rechazado porque no incluye las zonas que se han identificado como abandonadas. Ellos dicen que son poco más de 40, pero las comunidades reconocen como 1000 zonas impactadas”, comenta Miguel Lévano.

Con Frontera Energy se ha seguido el mismo camino. Pese a que se retiró en el 2021 del Lote 192, para febrero del 2024 el Minem recién estaba evaluando la subsanación de las observaciones que había presentado a su Plan de Abandono del lote. En un comunicado, la empresa negó que “los eventos ocurridos durante los cinco años y medio de operación” no hayan sido remediados, tal como denunciaron las diferentes federaciones indígenas de la zona. “Los procesos de limpieza se encuentran adelantados en un 90%”, indicaron en marzo del 2021.

Tras la salida de Frontera Energy, Perupetro mediante negociación directa con Petroperú pasó a asumir la operación del Lote 192. Mientras que los Planes de Abandono de las empresas petroleras que han pasado por el Lote 192 no hayan sido presentados o aprobados, los pasivos ambientales heredados los tendrá que asumir el Estado.

“En tiempos donde se habla de transición energética, no hay claridad sobre quién va a asumir los costos de las afectaciones por la actividad petrolera. ¿Es el Estado el que va a asumir los costos o tenemos que asegurar que las empresas responsables remedien lo afectado? Hay que mirar si es que vamos a seguir promoviendo más actividad petrolera, a pesar de las afectaciones que generan y los altos costos de remediación que implican”, sentenció Lévano.

Les preguntamos a las empresas petroleras que administraron el Lote 192 sobre las responsabilidades que tendrían que asumir de los pasivos y sitios impactados, sin embargo, solo Petroperú respondió asegurando que en el Lote 192, “no tiene ninguna responsabilidad en la remediación de sitios contaminados originados o relacionados con actividades operativas o hechos resultado de acciones u omisiones, previas a su administración, esto es, febrero 2023”.

Asimismo, indicaron que en relación a las actividades de apoyo al desarrollo local de las comunidades nativas ubicadas en el Lote 192, Petroperú trabaja en forma conjunta con las empresas comunales en las zonas de las operaciones. Además, aseguraron que la empresa provee de electricidad a las comunidades cercanas al campamento Andoas, en tanto el Minem concluya con la ejecución de las obras de electrificación rural comprometidas para el área.

En tiempos en los que el río baja y no se puede navegar hasta las ciudades, los pobladores indígenas sacrifican su salud y van de cacería. No hay otra opción. “Nosotros tenemos que traer comida a la mesa, sino de dónde. Hay épocas en que el río baja y es difícil navegar y traer productos, nos queda el monte y la caza, aunque estén con metales o contaminados, qué podemos hacer”, dice el apu de la comunidad de Peruanito, Giovanni Sandi.

Imagen destacada: José Olaya es una comunidad con hasta cuatro sitios contaminados de gran peligrosidad. Crédito: Patrick Murayari

 

Artículo publicado por Mayra
, , , , , , ,

, ,


Print button
PRINT