Los mencionados Lotes 126, 114 y también el Lote 163, en el distrito ucayalino de Campoverde, aparecen en la séptima actualización del inventario de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos que aprobó el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el pasado l 7 de diciembre de 2023. En este documento se detallan las 3264 zonas afectadas, y no remediadas, en todo el país tras el cese de operaciones de empresas gasíferas y petroleras.

Si bien en el Lote 114 que atraviesa los territorios nativos, las actividades petroleras se quedaron en la fase exploración y nunca se llegó a concretar la explotación del recurso, su nombre aparece en la lista porque se han encontrado pozos abandonados que no cumplen los estándares técnicos ambientales. Las familias shipibo conibo no sabían de ello. Marco Rojas presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparia (Feconadip) dice que su organización tampoco conocía que el Estado estaba volviendo a ofertar lotes en sus tierras.

Las familias se alimentan de pescado, yuca y plátanos. Son pocas las que crían gallinas. Para conseguir tomates, cebollas y verduras, deben viajar por río hasta la capital. Crédito: Hugo Alejos

Pozos petroleros abandonados

Lilder Inuma tiene 32 años y es presidente de Pueblo Nuevo del Caco. Era un niño cuando las empresas Pan Andean Resources ―filial de la desaparecida Pacific Rubiales― y Compañía Consultora de Petróleo llegaron a la comunidad para explorar la existencia de hidrocarburos en el denominado Lote 114. El acuerdo con Perupetro se firmó en 2006, pero dos años después ambas cedieron el 60% de su participación a la española Cepsa S.A. Para febrero de 2015, los tres contratistas decidieron resolver el convenio “por razones técnico-económicas” y no concluyeron la fase de exploración. Según los documentos que enviaron al Estado, los pozos fueron descartados porque no se encontraron cantidades suficientes de petróleo.

Los comuneros mayores recuerdan la incursión petrolera. Guillermo Linares, por ejemplo, cuenta que en aquellos años surgieron trabajos eventuales para los hombres de la comunidad y eso posibilitó la circulación de más dinero. Sin embargo, ya no podían pescar con normalidad. El constante tránsito de embarcaciones motorizadas ahuyentaba a los peces del río, y la velocidad a la que iban estas lanchas terminaba por volcar las pequeñas embarcaciones de madera que transportaban la pesca comunal.

La comunidad se reunió para recibir a un equipo de Mongabay Latam y expresó sus preocupaciones por el posible ingreso de empresas petroleras. Crédito: Hugo Alejos.

Uno a uno, los habitantes de Pueblo Nuevo del Caco, reunidos en su local principal, toman la palabra para contarle a Mongabay Latam su experiencia con la actividad petrolera, pero, sobre todo, manifiestan su temor a lo que podría ocurrir si se aprueban nuevos contratos de exploración. Algunos temen que lleguen foráneos con costumbres que vulneren las tradiciones de la comunidad o que los niños dejen los estudios para trabajar y ganar dinero con la petrolera. Pero la prioridad común, dicen, es cuidar los ríos, los bosques y su salud. Sin una posta médica activa ni agua salubre, no podrían soportar una actividad que los ponga en riesgo.

―Como todo negocio, hay pros y contras, pero necesitamos saber. Sin información nos encontramos débiles y no podemos ni negociar. El Estado tiene que decirnos lo que piensa hacer con la tierra. Los representantes de las empresas deben llegar aquí y coordinar con nosotros (…) Aquí antes estuvieron las petroleras, lo intentaron, pero no llegaron a sacar petróleo, sino quien sabe y estaríamos hablando de consecuencias para la salud ―dice Lilder Inuma.

El Lote 114 que Perupetro está ofertando en el extranjero tiene una extensión de 770 727 hectáreas y cruza 33 comunidades nativas entre las provincias de Coronel Portillo y Atalaya, en la región Ucayali; y la provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco. Y si bien las perforaciones para buscar hidrocarburos se focalizaron en Pueblo Nuevo del Caco, también alcanzaron a la comunidad vecina de Nuevo San Juan, ubicada a otras tres horas de distancia por río.

Esta comunidad shipibo es más pequeña y desorganizada. Las familias que viven aquí no cuentan con colegios, posta médica ni pozos de agua. Ellos beben y cocinan con el líquido que recogen directamente del río, sin purificar, porque el pozo que construyó el Gobierno Regional de Ucayali solo bombea agua amarilla y maloliente. Su población está compuesta por un mayor número de niños, adolescentes y migrantes, por lo que no guardan muchos recuerdos de las actividades de exploración que se realizaron aquí a mediados del 2000.

El tanque de agua que instaló el gobierno en Nuevo San Juan solo bombea agua amarilla y maloliente, por eso las familias consumen directamente del río. Crédito: Hugo Alejos

La Dirección Regional de Salud de Ucayali no cuenta con un diagnóstico o plan de intervención sanitaria en estas comunidades shipibo conibo. Patrich Pantoja Vargas, actual director regional, dijo que la mala calidad de agua entubada es uno de los principales problemas sanitarios en la región, por lo que en marzo su oficina inició el recojo de muestras de agua en los principales puntos de captación. Sin embargo, en la lista no se incluye a las comunidades nativas. Según dice, por falta de presupuesto.

“El Ministerio de Salud tampoco recibe el presupuesto suficiente para asignar personal permanente en comunidades nativas. En Ucayali tenemos 160 postas médicas y el 70% de estas solo tiene un técnico que atienda a la gente (…) Si va a llegar la actividad petrolera a la Quebrada del Caco [donde están las comunidades shipibo], se debe garantizar agua de calidad, trabajo y buena educación. Y que el apoyo sea medible por indicadores de salud en las personas, no por cantidad de construcciones”, añadió.

Pasivos ambientales de bajo riesgo

En 2016, luego que Pan Andean y Cepsa abandonaron las tierras indígenas el OEFA visitó Pueblo Nuevo del Caco y Nuevo San Juan como parte de las labores de identificación de pasivos ambientales. En los informes 108-2016-OEFA y 109-2016- OEFA, que revisamos tras pedidos de acceso a la información, se indica la existencia de dos pozos abandonados sin cumplir los parámetros de seguridad ambiental. Uno en cada comunidad.

De acuerdo con la normativa actual, a estas estructuras les falta un último tapón de cemento, desde los doscientos metros de profundidad hasta la superficie, y una varilla de acero de dos metros de alto que alerte de su ubicación y no se confunda en el bosque.

En los mencionados informes no se detectan daños al agua y a los bosques directamente causados por la actividad petrolera, pero sí “restos de residuos provenientes de la actividad de hidrocarburos”, como trozos de metal, bolsas y bloques de cemento. En el informe del OEFA ni en la lista del Ministerio de Energía y Minas se revela quiénes fueron las empresas responsables. En el primero de estos, la autoridad ambiental indica que los pozos fueron abandonados en 1976 y 1989, respectivamente. El expediente, además, incluye la carta que envió Cepsa para dejar constancia que durante su permanencia en el Lote 114 nunca identificaron afectaciones o pasivos ambientales evidentes.

En las rondas que realizan los comuneros de Pueblo Nuevo del Caco, como parte de sus labores de vigilancia, Lilder Inuma se encontró con uno de estos bloques de cemento. Una mole de unos 30 centímetros de diámetro, ubicada a varios kilómetros de las zonas pobladas. No presenta filtraciones ni manchas, nada que le hiciera sospechar que la estructura no estaba adecuadamente sellada. El OEFA clasifica estos pasivos como de bajo riesgo para la salud, seguridad y ambiente. Sin embargo, ello no significa que no deban ser remediados.

Manuel Glave, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), considera que la clasificación de riesgo bajo en los pasivos ambientales hace que su remediación se vuelva casi ficticia, pues no se le da prioridad. Él considera que, por el contrario, si el daño es menor, la solución debería ser casi inmediata para dar seguridad a las familias que viven en estos pueblos. “Pero si el Estado no puede remediar lo pequeño, mucho menos resolverá los grandes derrames y contaminación que vemos en zonas como Loreto. Es un pésimo indicador”, dijo.

“La ley obliga al Estado a remediar estos daños, pero no lo están asumiendo como una política pública. El que identifica estos impactos no es una ONG, es el propio Estado peruano, a través de la OEFA y el Minem. Se tiene un inventario de pasivos ambientales y ni siquiera se termina de sanear los que están categorizados como más graves. Luego nos sorprendemos cuando vemos a las comunidades indígenas protestando por sus tierras y sus ríos”, añadió Glave.

Los comuneros saben que las perforaciones, de unos 30 centímetros de diámetro, quedaron tapadas con concreto entre la espesura de la selva, pero desconocían que no estaban bien selladas. Crédito: Hugo Alejos

Por su parte, Aurelio Ochoa Alencastre, expresidente de Perupetro y especialista en temas energéticos, explica que la presencia de pasivos ambientales no impide que se promocionen lotes en el sector de hidrocarburos. Sin embargo, dijo que estos hechos demuestran una debilidad y descoordinación del Estado ante los impactos que deja esta industria extractiva, y refuerza la desconfianza de la población. En este sentido, dijo que tanto Perupetro como OEFA deberían monitorear juntos el estado de los lotes, en vez de descubrir los daños cuando la empresa ya abandonó el país.

“No se puede permitir que haya un abandono desordenado de las actividades petroleras, menos aún si están dejando pasivos y contaminación, pues, con toda razón, los pobladores de la zona se van oponer a que se inicien nuevos proyectos. Tiene que haber una política de remediación, con un presupuesto asignado para ello. El descuido ambiental daña a las comunidades indígenas y empeora la imagen del sector hidrocarburos”, aseguró.

Consultados al respecto, el OEFA respondió que su entidad cumplió con el rol de identificar los pasivos ambientales, como indica la Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, y le envió copia de los hallazgos al Minem. “Con relación a la priorización de estos casos, corresponde al Minem responder la pregunta, así como las acciones que realizó posteriormente a la recepción de los cuatro informes de pasivos ambientales identificados”, señaló.

Los voceros del Minem pidieron más tiempo para responder a nuestras preguntas, debido a cambios que se registraron en sus jefaturas; sin embargo, hasta el cierre de edición no respondieron. Desde hace 13 años, la Ley 29134 obliga a este Ministerio a identificar las compañías responsables de los pasivos y coordinar su remediación, caso contrario, asumir directamente su solución. En 2020 el Gobierno promulgó un nuevo reglamento de la ley para hacer aún más explícitas las funciones de cada sector, y determinó que la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Minem es la que debe conducir este proceso.

Perupetro tampoco respondió a nuestro pedido de entrevista. Sin embargo, en la publicación Oil & Gas Investment Guide 2023, de la auditora KPMG, la entonces presidenta de la empresa estatal, Isabel Tafur, admite que se está realizando “una intensa promoción de inversiones” en las 31 zonas con potencial de exploración y explotación de hidrocarburos, y asegura que están en diálogo con las comunidades indígenas que podrían verse afectadas.

Tafur, quien ocupó el cargo hasta marzo de 2024, lo explica así: “Estamos desarrollando un diálogo permanente con las comunidades de las áreas de influencia de las operaciones para el desarrollo sustentable de la industria. Se ha creado un fondo social para los nuevos contratos que sean firmados, para que la población pueda percibir directamente los beneficios que genera el sector hidrocarburífero”.

Perupetro le ha asegurado a los inversionistas que mantiene un diálogo permanente con las comunidades nativas. En Pueblo Nuevo y San Juan lo niegan. Crédito: Hugo Alejos.

Las familias shipibo conibo de Pueblo Nuevo del Caco desconocen este fondo social y no han recibido la visita de Perupetro. Ni siquiera saben que el Estado está ofertando el subsuelo de sus tierras, y mucho menos que las empresas que buscaron petróleo hace más de 15 años no sellaron adecuadamente los pozos que perforaron.

―Nosotros como indígenas somos guardianes de los bosques, pero la Constitución dice que no somos dueños de lo que está debajo de la tierra. El dueño es el Estado, ahí no tenemos derecho, pero nos debe informar. Hemos visto por las noticias lo que ha pasado con nuestros hermanos de Loreto, todo lo que les ha hecho el petróleo, incluso han muerto luchando y protestando por sus bosques y sus ríos. No queremos eso ―dice Jorge Muñoz, uno de los comuneros mayores de Pueblo Nuevo del Caco.

Jorge Muñoz, Lilder Inuma, Mercedes Magin y el resto de shipibo conibos de esta comunidad piden agua segura y atención médica real, pero ahora también exigen al Gobierno transparencia e información sobre lo que planean hacer bajo sus tierras.

Imagen destacada: Son más de 100 familias las que viven en esta comunidad nativa del distrito de Iparia, y a las que el Estado les falla diariamente. Crédito: Hugo Alejos.

Artículo publicado por Mayra
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