- Las empresas mineras y generadoras de energía invierten en la Amazonía porque es rentable. Pero el desarrollo de las mismas es costoso, por lo que antes de instalarse las cías evalúan no solo la riqueza del yacimiento mineral sino volumen de la formación geológica. De esta anera estiman el retorno de tal inversión antes de desembolsar el capital financiero.
- A la par, deben evaluar los riesgos sociales y ambientales, ambos items poco felices para los inversionistas habituales en la Panamazonía, que no suelen "leer" bien el ánimus de las zonas de exploración.
- Killeen explica los dos tipos de inversión a propósito del tipo de terreno donde explorar: greenfield para tierras vírgenes y brownfield para sitios ya impactados por la industria. A ello se suman los riesgos opertivos y de mercado, más difíciles de estimar al proyectarse sobre las tendencias en la demanda de materias primas.
Las empresas mineras y generadoras de energía invierten en la Amazonía porque es rentable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las oportunidades son grandes debido a la geología, pero el desarrollo de las mismas es costoso debido al aislamiento de la región y la falta de infraestructura. Así, la decisión de iniciar un proyecto de explotación minera depende de varios factores, pero son dos los criterios técnicos más importantes: (a) la riqueza del yacimiento mineral, que determina el costo de extracción; y (b) el volumen de la formación geológica, que determina la vida productiva de una mina o yacimiento de petróleo y gas. En conjunto, estos dos factores permiten a los inversores estimar el retorno de la inversión y decidir si utilizan o no capital financiero. La escala es esencial para garantizar que el costo de producción sea inferior a los ingresos, y, en consecuencia, sólo se desarrollan los yacimientos más grandes y ricos.
Cualquier oportunidad de inversión es equilibrada por el riesgo, que incluye el riesgo de mercado impulsado por la macroeconomía y la geopolítica, así como el riesgo social y medioambiental propio de cada proyecto y país. Las corporaciones suelen ser hábiles en la gestión de lo primero, pero a menudo gestionan mal lo segundo. Los conflictos sociales por lo general pueden retrasar un proyecto y causar estragos en los modelos financieros diseñados para llevar adelante las inversiones, mientras que una revisión medioambiental fallida puede provocar rechazo de las agencias reguladoras.
Inversiones greenfield versus brownfield
Una inversión que se lleva adelante en una formación geológica que no ha sido explotada previamente se conoce como desarrollo greenfield. No obstante, el término verde no tiene nada que ver con los principios de inversión ESG, puesto que se utiliza para describir un nuevo proyecto en el que el desarrollador tendrá que alterar una zona virgen (verde). Por el contrario, la inversión brownfield describe nuevos proyectos en zonas con un historial previo de producción mineras o petroleras, donde se usa el término marrón porque han sido impactados previamente por el desarrollo industrial.
Las inversiones nuevas son sustancialmente riesgosas, incluso cuando la formación mineral o el yacimiento petrolífero se encuentren cartografiado con precisión para generar estimaciones de reservas. Además, suelen ser más caras porque los promotores deben construir una planta de procesamiento y desarrollar la infraestructura ferroviaria o ductos necesarios para trasladar el mineral a la terminal de exportación más cercana. Muchas cosas pueden salir mal, y numerosos proyectos se han retrasado o cancelado por complicaciones imprevistas relacionadas con la lejanía del área de construcción o una gestión inadecuada de los pasivos medioambientales y sociales.
A pesar de las grandes sumas de capital necesarias para montar una mina, el riesgo asociado a esa inversión es ajustado por el proceso de descubrimiento y la tecnología accesible para la minería industrial. El riesgo geológico es prácticamente inexistente puesto que una mina se empieza a operar sólo después de años (sino décadas) de perforación exploratoria, lo que garantiza que el contenido mineral y el volumen del yacimiento estén completamente documentados. El riesgo operativo se elimina mediante modelos de negocios que incorporan estimaciones precisas de los costos de molienda, transporte y flujos de ingresos basados en estimaciones conservadoras de los precios futuros de las materias primas. El riesgo de mercado es más difícil de estimar, incluso con modelos complejos que proyectan tendencias globales en el crecimiento económico y la demanda de materias primas, y en este caso, las grandes empresas confían en su capacidad para acceder a los mercados de capitales, lo que les permite tolerar los ciclos del mercado.
De esta manera, una mina industrial tiene la garantía de generar dinero, a menos que haya un incidente medioambiental o social que paralice sus actividades, genere un atolladero legal o estalle en un escándalo político. La gestión de los desechos mineros es especialmente problemática porque las deficiencias en las instalaciones de almacenamiento de relaves persistirán durante décadas y, potencialmente, empeorarán con el tiempo. Por consiguiente, las inversiones en revisión medioambiental y social no son un adorno de escaparate sino herramientas esenciales para mitigar la mayor fuente de riesgo para las industrias extractivas. Las empresas que subestiman el riesgo de los pasivos sociales y medioambientales suelen ser malas inversiones.
Grandes extensiones de la Amazonía todavía se consideran espacios naturales inexplorados y cualquier tipo de desarrollo provocará una fuerte oposición por parte de organizaciones locales, nacionales e internacionales, sobre todo si el yacimiento mineral está ubicado dentro o adyacente a un área protegida. Y cuando el caso se trata de una reserva indígena, el potencial de demora se ve agravado por la obligación de consultar a las comunidades indígenas, muchas de las cuales se oponen vehementemente al sector extractivo.
La oposición tiende a ser mucho menos intensa en el caso de las iniciativas en zonas con historial previo (brownfield) que hayan sido abandonadas. El desarrollo anterior habría degradado los ecosistemas naturales o alterado el panorama social; por lo tanto, tiende a disminuir el grado de oposición de parte de los defensores medioambientales y sociales. Por ejemplo, en el caso de la conversión de pasturas para ganado a cultivos, éstos no provocan la misma reacción de los activistas ambientales y sociales que los bosques vírgenes, mientras que los propietarios de tierras se encuentran mucho más dispuestos, si no deseosos, de vender o conceder acceso a sus propiedades. Hay excepciones, particularmente cuando eventos catastróficos, como derrames de crudo, han provocado graves impactos que han alienado a la población local.
Factores económicos también favorecen el desarrollo en zonas con historial previo (brownfield) que hayan sido abandonadas. El pago de regalías a los gobiernos locales crea una dependencia a las rentas mineras para mantener los servicios sociales básicos. Por tanto, los políticos locales y regionales están ansiosos por mantener el flujo de ingresos en el futuro y, dado que los yacimientos minerales son finitos, la vida útil de las instalaciones sólo puede extenderse mediante el descubrimiento y desarrollo de nuevos yacimientos minerales. Los propietarios de minas y operadores de campos petrolíferos buscan extraer más valor de los activos de infraestructura creados con la inversión inicial en nuevas instalaciones. Todos estos factores son obvios para los bancos y fondos de inversión que buscan minimizar el riesgo y maximizar las ganancias ampliando sus carteras de inversión. En definitiva, las inversiones brownfield cumplen con todos estos criterios.
Existen numerosos ejemplos del cambio de desarrollo greenfield hacia inversiones brownfield. La mina de hierro de Carajás, en Pará, fue un clásico desarrollo greenfield que tardó más de 20 años para consolidarse, desde el descubrimiento del yacimiento en 1962 hasta el inicio de las actividades mineras después de la construcción del ferrocarril de Carajás en 1985. Las ampliaciones posteriores, de una a ocho minas a cielo abierto, fueron todas inversiones brownfield, ejecutadas con un mínimo de revisión medioambiental. En el caso de un grupo de minas cercanas de Salobo, Onça Puma, Sossego y S11D, se llevaron a cabo evaluaciones más extensas para su desarrollo, siendo aprobadas a pesar de la oposición de los defensores medioambientales y sociales. En este sentido, el riesgo se redujo debido a inversiones previas en estudios y exploración geológica, mientras que la rentabilidad se vio reforzada por las ampliaciones del ferrocarril de Carajás, las instalaciones portuarias asociadas y la capacidad administrativa de las oficinas corporativas regionales.
Las inversiones en la producción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana durante la década del 70 también fueron greenfield, dando lugar a más de 50 años de exploración adicional en bloques adyacentes para garantizar que la producción y los ingresos sigan siendo elevados. Una inversión brownfield clave fue la construcción de un oleoducto especializado a principios de la década del 2000, necesario para transportar petróleo crudo pesado descubierto en la década del 90. Irónicamente, la actual expansión de las perforaciones exploratorias y de producción en el Parque Nacional Yasuní puede considerarse una inversión brownfield diseñada para prolongar la vida útil de la infraestructura existente de la industria ecuatoriana de hidrocarburos y, de esta manera, extraer más valor de ella.
En el caso peruano, las inversiones originales en los primeros tres gasoductos de Camisea (TCP-Gas, TGP-Líquidos y Perú-GNL) fueron parte de un conjunto de inversiones en fase inicial que conllevaban un riesgo político significativo en una época en la que los gobiernos populistas de toda la región cuestionaban los beneficios de la inversión extranjera directa. La Royal Dutch Shell inició el proyecto en 1981, cuando comenzó sus actividades de exploración, pero abandonó en 1998 debido a desacuerdos contractuales con el gobierno peruano. Posteriormente, otras empresas completaron el proyecto según los términos definidos por el gobierno peruano, ya que gozaba de menor riesgo de producción puesto que las reservas se encontraban bien documentadas.
Imagen destacada: Chigüiro en bosque de moriche de Casanare, Colombia. Crédito: Dora Montero.
“Una tormenta perfecta en la Amazonía” es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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