En respuesta a las preguntas que le envió SUMAÚMA vía WhatsApp, Karen Falcão afirmó que el enfoque del reportaje era “invasivo” y partía de “posiciones tomadas de antemano”. Según la abogada, los indígenas de la Tierra Indígena Ipixuna tendrían que “decidir primero si quieren dar una entrevista y cómo quieren hacerlo”, de acuerdo con sus protocolos de consulta. Finalmente, notificó a SUMAÚMA que la entrevista solo podía hacerse en persona, en el territorio.

El proyecto en la Tierra Indígena Ipixuna es el único que registra ventas de créditos de carbono en la página de EcoRegistry: 17.605 de los más de 2,5 millones disponibles. El comprador fue GreenLand Investments S.A.S., un grupo colombiano de empresas agroindustriales con plantaciones de banana y aguacate. El precio de cada crédito generado por los proyectos REDD+ varía mucho en función del año en que dejó de producirse la correspondiente emisión de carbono. En el último trimestre de 2023, el precio medio fue de 3,76 dólares para el crédito de 2017 y de 13,71 dólares para el del año pasado.

En 2021 y 2022, las negociaciones para los proyectos de carbono en las dos tierras de los Parintintin —Ipixuna y Nove de Janeiro— fueron llevadas a cabo por la Organización del Pueblo Indígena Parintintin del Amazonas (Opipam). Raimundo Parintintin era entonces coordinador de Opipam, pero desde mayo de 2023 es coordinador regional de la Funai en la región del Río Madeira. Raimundo declaró a SUMAÚMA que sus contactos fueron con Agfor y que no sabía que el registro de los proyectos en la certificadora los hizo una empresa llamada Indigenous Carbon. En aquel momento, dijo Raimundo, Agfor contrató a algunos Parintintin para llevar a cabo los proyectos.

Raimundo confesó que firmó los contratos por la presión de otros indígenas. “No me sentía muy seguro en ese momento, porque no había habido construcción participativa, la consulta, [no sabía] cómo funcionaba [el proyecto] ni la repartición [del dinero]”, explicó. “Como venimos del movimiento [indígena], sabía que no era tan fácil, la gente viene y engaña a la población indígena diciéndole que va a ganar mucho dinero. La gente se acaba animando. Dijeron que habría la cuestión social, que iban a construir escuelas y casas antes de que el proyecto empezara a vender créditos de carbono. Pero las empresas trabajan para obtener beneficios. ¿Cómo pueden invertir en algo sin estar seguras de que funcionará? Nada de lo que se dijo entonces está ocurriendo”.

Según él, no hubo exactamente una consulta previa a la población, sino una reunión. En el gobierno actual, el Ministerio de los Pueblos Indígenas celebró un seminario sobre REDD+ en Brasilia y los funcionarios de la Funai recibieron la orientación de seguir de cerca las tratativas del carbono. En el momento de las negociaciones con Agfor, el coordinador de la Funai en la región del Río Madeira era un capitán del Ejército, Cláudio Rocha. Según Raimundo, los Parintintin tuvieron una reunión con él para informarle del proyecto, y representantes de la empresa también hablaron con Rocha. “Pero no hubo una participación efectiva y directa de la Funai”, afirmó. “Sus palabras [de la Funai] fueron: ‘Si es bueno para ustedes, sigan adelante, no queremos dificultarles la vida’”.

El actual coordinador de Opipam es Domingos Parintintin, que pidió que SUMAÚMA hablara con Joel Joveliano, secretario ejecutivo de la entidad. Joel, por su parte, nos remitió a la asesora de prensa, que pidió las preguntas por WhatsApp, pero no envió las respuestas.

El abogado Adriano Camargo Gomes, de la asesoría jurídica del Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas (CNS), ha estado lidiando con propuestas de proyectos de carbono en territorios comunitarios. Opina que, ante la posibilidad de que la actuación de la Funai cambie en función del gobierno de turno, lo más seguro es recomendar que entidades nacionales vinculadas a las comunidades, como el CNS y la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), acompañen las negociaciones.

“No podemos considerar que las comunidades son incapaces de expresar su voluntad, pero tenemos que reconocer que existe una asimetría de conocimientos jurídicos y técnicos en relación con las empresas, que disponen de muchos recursos”, argumenta Adriano Gomes. “Precisamente para evitar que esta relación sea desequilibrada, las comunidades necesitan contar con asesoramiento. Recurrir a la Apib o al CNS es un remedio de bajo costo para resolver este problema”.

SUMAÚMA le preguntó a la Funai si tenía conocimiento de los 18 proyectos de Indigenous Carbon, si había dado su conformidad y si consideraba que los contratos eran válidos. El organismo indigenista no respondió.

Las mujeres Mundurukú contra una asociación

La Tierra Indígena Mundurukú es la más poblada de todas las implicadas en los proyectos de carbono de Indigenous Carbon, con 9.282 personas, según el censo de 2022. Allí, la minería ilegal ha dividido a los caciques y las asociaciones. Wakoborũn, una asociación de mujeres del Alto Tapajós, lidera la oposición a la Asociación Indígena Pusuru, que negoció con las empresas de Michael Greene. Fue a raíz de una carta de Wakoborũn, en enero de 2022, que el Ministerio Público Federal en Santarém abrió una instrucción civil para investigar los proyectos REDD+ en la tierra indígena.

Tierra Mundurukú, donde el primer acuerdo de carbono también se realizó con Agfor, otra empresa de Michael Greene. Foto: Lalo de Almeida/Folhapress

Inicialmente, la instrucción no estaba relacionada con las empresas de las que Greene es socio o que representa. Las mujeres se quejaban de un proyecto de Carbonext en una hacienda cercana al territorio. Lo que llamó la atención de Wakoborũn fue que la hacienda pertenecía a una empresa de Leonel Babinski Marochi, que ya había sido acusado de robo de tierras públicas en los territorios comunitarios de Montanha y Mangabal (en este caso, la justicia anuló los títulos ilegales de propiedad). Sin embargo, en septiembre de 2022, Carbonext informó que el proyecto se había suspendido, precisamente por las dudas sobre la propiedad de las tierras en las que se iba a implantar.

La investigación se centró entonces en la llegada al territorio de otra empresa de carbono, que aún no se conocía. En una reunión con el Ministerio Público Federal en octubre de 2022, la coordinadora de Wakoborũn en aquel momento, Maria Leusa Mundurukú, dijo que se había enterado de que un grupo de indígenas estaba haciendo consultas sobre un acuerdo. Contó que ese grupo alegaba que cada familia recibiría un sueldo y ya no tendría que cultivar la tierra. “Los Indígenas están preocupados, saben que eso no es una consulta, sino que los perjudica, porque hace que se enfrenten unos con otros”, afirmó en la reunión. Los fiscales subrayaron que los Mundurukú tienen un protocolo de consulta que debe seguirse antes de firmar cualquier contrato.

Maria Elisa Mundurukú, que escribió una carta al Ministerio Público quejándose de la falta de consulta previa en el proyecto de carbono. Foto: Fernando Martinho/SUMAÚMA

Solo a finales de 2022 quedó claro que la asociación Pusuru había firmado un contrato con Agfor Empreendimentos. Fue entonces cuando la Funai, a instancias del Ministerio Público Federal, envió el acta de una asamblea que había organizado Pusuru en la que se había aprobado el acuerdo, el 12 de septiembre de 2022, así como una copia del contrato con la misma fecha. En aquella época, el coordinador regional de la Funai en el Tapajós era José Arthur Macedo Leal, que se había pronunciado a favor de la minería en tierras indígenas. Cuando se entregaron los documentos, en diciembre, cuatro de los cinco proyectos en territorio Mundurukú ya se estaban registrando en Cercarbono. Pero no a nombre de Agfor, sino de Indigenous Carbon. El quinto se registró poco después, en enero de 2023.

En esta investigación, el Ministerio Público Federal envió tres oficios a Michael Greene, en los que solicitaba información sobre las actividades que ya había llevado a cabo su empresa en la Tierra Indígena Mundurukú. Los oficios también pedían una copia del proyecto de carbono y un cronograma de su implementación. El último se envió en enero de 2024, pero Greene nunca respondió.

Uno de los tres oficios que el Ministerio Público Federal envió a Greene pidiéndole información sobre el proyecto en la Tierra Indígena Mundurukú. Nunca respondió.

Los cinco PPD (Documentos de Descripción del Proyecto) en tierras de los Mundurukú tienen una peculiaridad: todos dicen que hubo consentimiento “unánime” para cuatro de los proyectos, pero solo del 80 % para uno, y que en ese proyecto quedaron por fuera las aldeas y tierras de las personas que estaban en contra.

Ediene Kirixi, actual coordinadora de Wakoborũn, discrepa. Le contó a SUMAÚMA que no se siguió el protocolo de consulta de los Mundurukú, y que la asociación de mujeres y otras cinco asociaciones que estaban en contra del acuerdo fueron excluidas del proceso. “Un grupo de Mundurukú se involucró en este proyecto y se dejó engañar por la canasta básica de alimentos, por la promesa de que tendrían beneficios”, explicó. Ediene dice que muchos caciques preguntan por el dinero que la empresa les transfirió para implantar el proyecto: “Preguntan si es verdad que cobraron ese dinero y no tenemos una respuesta clara. Nosotros no lo hemos visto”.

A raíz de una solicitud de información del Ministerio Público Federal sobre las actividades realizadas con Agfor Empreendimentos en la Tierra Indígena Mundurukú, la asociación Pusuru presentó una “rendición de cuentas preliminar” de lo que habría recibido en 2023 por el proyecto de carbono, en la que constan “transferencias” que suman poco más de 238 000 reales (unos 47 600 dólares). Según la tabla presentada, la mayor parte del dinero se gastó en el alquiler de la sede de la asociación, que se encuentra en el municipio de Jacareacanga, en el pago de facturas de luz atrasadas, gasolina, el flete de lanchas y el mantenimiento de un autobús, además de pollo, arroz y otros alimentos, incluida la compra de dos bueyes para una “fiesta de graduación”. También se pagaron “dietas” a cuatro Mundurukú y los honorarios de un abogado.

El actual coordinador de la asociación Pusuru, João Kaba, fue elegido en marzo de 2024 en sustitución de Francinildo Cosme Kaba, que negoció el contrato. João, que es profesor de educación indígena, declaró a SUMAÚMA que aún no ha tenido tiempo de familiarizarse con las cuentas del carbono, pero que pretende mantener los proyectos a petición de los caciques. “El crédito de carbono protege la selva, para sustituir la minería ilegal. Los caciques dejaron de hacer esas actividades y nos pidieron que encontráramos un proyecto que no destruyera. Parece ser la única solución”, afirmó.

João Kaba señaló, sin embargo, que el dinero recibido hasta ahora es poco en comparación con el tamaño de la población de la tierra Mundurukú. “Parece que se llevaron a cabo las actividades sociales, que creo que era la entrega de canastas básicas. Como la asociación no tiene edificio, también tuvo que pagar alquiler”, detalló.

El importe que Pusuru registró en las cuentas presentadas al Ministerio Público Federal coincide con las cuentas que hace Waldelírio Manhuary, antiguo coordinador de los proyectos en la tierra Mundurukú. Conocido como Waldé, cuenta que no forma parte de esta asociación, pero que le pidieron que trabajara con los créditos de carbono porque tiene muchos contactos y buena oratoria. Vecino de Jacareacanga, Waldé está acusado de “receptación cualificada”: recibir, vender, transportar u ocultar el producto de un delito. La acusación está vinculada a una supuesta complicidad con la minería ilegal. Él afirma que aún no ha sido citado a declarar.

Waldelírio Manhuary trabajó en los proyectos hasta marzo de 2024, cuando, según explicó a SUMAÚMA, tuvo una discusión con Michael Greene y fue despedido. Solo entonces, dijo, buscó el registro de Indigenous Carbon y no pudo encontrarlo. Waldelírio dijo que la ruptura se produjo porque no estaba de acuerdo con el valor de los créditos de carbono estipulado para las “preventas” que los Mundurukú hacían a Greene, que compraba los créditos a nombre de Brazil Agfor y luego los revendía.

Según los dos contratos de preventa a los que SUMAÚMA tuvo acceso, en 2023 Greene habría comprado un total de 32.000 créditos por 1,5 dólares cada uno, lo que corresponde a 48 000 dólares, o aproximadamente los 238 000 reales que la asociación Pusuru registró en la rendición de cuentas. Cuando, ese mismo año, Greene presentó un tercer contrato con el mismo valor para los créditos, Waldelírio no lo aceptó, porque en las negociaciones de los proyectos el estadounidense les había prometido que cada crédito se vendería a 5 dólares. “Dijo que era difícil negociar la venta y que solo conseguía vender unos pocos créditos”, afirmó el excoordinador de los proyectos.

Waldelírio Manhuary explicó que, aunque ya no trabaja con proyectos de carbono, todavía se le acercan caciques descontentos con la marcha del negocio. “En las reuniones que hice en las aldeas [durante las negociaciones], dije que el proyecto iba a funcionar, que se iban a beneficiar. Pero los caciques que firmaron [el contrato] no han recibido ni un centavo. Así que quieren que se revoque el contrato, que se paralice, porque hay fricciones, problemas sociales, entre ellos”, relató.

De pie, con una camisa clara, Greene participa, en mayo de 2023, en una reunión con líderes indígenas en São Paulo para discutir los proyectos. Foto obtenida por SUMAÚMA.

Waldelírio también contó que todas las semanas solía hacer una reunión por videoconferencia en la que participaba Michael Greene, que vive en Estados Unidos, con la ayuda de una traductora. Solo se encontró personalmente con el estadounidense una vez, en una reunión celebrada en São Paulo en mayo de 2023, a la que fueron invitados varios Indígenas. Greene tiene una dirección en Guarulhos, São Paulo, pero a los agentes judiciales que fueron allí en enero de 2024 para citarlo a declarar en una de las acciones de Portel se les dijo que hacía un año que no había estado allí, que estaba fuera del país.

Varias personas que trabajaron para Greene han declarado que nunca lo conocieron en persona, que les daba las instrucciones por teléfono o videoconferencia, en la que a veces también participaba su esposa, la brasileña Evelise da Cruz Pires Greene.

Portel, donde todo empezó y aún no ha terminado

Greene, que está en el punto de mira de las acciones de la Defensoría por cuatro proyectos de carbono en Portel, libra una batalla paralela en los tribunales contra antiguos proveedores de servicios que contrató en Brasil.

En febrero pasado, el estadounidense presentó una demanda en Belém contra Útil Serviços em Vigilância e Segurança Privada Ltda., perteneciente a Diego Tavares Pereira, en la que pedía que rindiera cuentas del dinero que una de sus empresas, Brazil Agfor, afirma haberle transferido. Registrada en 2013 en Belém, Útil está clasificada como una “pequeña empresa”, con un capital social de 400 000 reales (unos 74 000 dólares). La demanda alega que, en dos años, Brazil Agfor transfirió más de 13,4 millones de reales a Útil, mientras que la empresa contabilizó 10,4 millones, lo que supone una diferencia de casi tres millones de reales (unos 556 000 dólares).

En el texto de la demanda, se describe a Brazil Agfor como un “agente de cambio” en la Amazonía y a Greene, como “un individuo con profundos lazos con Brasil”. En Portel, se ha hecho famoso por sus promesas de realizar obras sociales. Al web especializado en inteligencia de mercado Quantum Commodity Intelligence, que en 2022 describió a Indigenous Carbon como una “empresa misteriosa”, Michael Greene llegó a decir que estaba negociando con el “banco de desarrollo brasileño” un plan para acabar con la pobreza en la Amazonía. En un mensaje a la Cámara Municipal de Portel, el estadounidense afirmó que es el mayor desarrollador de proyectos REDD+ de América Latina y que su negocio representa el 50% del mercado de créditos de carbono de Brasil.

En contraste con estas declaraciones, la demanda contra Útil sugiere que los gastos relacionados con los proyectos de carbono de Greene en la Amazonía no los pagaban directamente sus empresas, aunque aparezca como socio o administrador en al menos 10 compañías registradas en Brasil, incluida Agfor Empreendimentos. El estadounidense transfería a Útil el dinero necesario para cubrir los costos de los proyectos de Portel y también los de las tierras indígenas.

Greene y Brazil Agfor afirman en la demanda que, en total, se gastaron casi 2,3 millones de reales (unos 460 000 dólares) en los proyectos de los territorios de los Cinta Larga; 518 000 reales (unos 104 000 dólares) en los proyectos de la tierra Baú de los Kayapó; y más de 499 000 reales (unos 99 800 dólares) en los proyectos de los territorios de los Parintintin y los Mundurukú. Hay una lista de 37 personas que presuntamente recibieron pagos para llevar a cabo los proyectos, la mayoría índígenas Mundurukú y Parintintin. En algunos recibos a los que ha tenido acceso SUMAÚMA, la empresa pagadora es Amigos dos Ribeirinhos Assessoria Ambiental, perteneciente a Greene, registrada en 2020 con un capital social de 140 000 reales (unos 26 000 dólares). Los importes mensuales oscilan entre un salario mínimo brasileño (262 dólares) y 4 000 reales (740 dólares).

Extracto de la demanda que interpuso Greene, en el que afirma que transfirió casi 2,3 millones de reales a los Cinta Larga a través de una empresa brasileña.

Diego Pereira declaró a SUMAÚMA que Útil aún no ha sido notificada de la demanda que ha interpuesto Greene. En diciembre de 2023, Útil les envió una carta a Greene y a Agfor dando por terminados sus servicios. La carta cita retrasos en el pago que el estadounidense debía hacerle por los servicios de seguridad que prestó y menciona la promesa incumplida de que Útil tendría puestos de vigilancia en las tierras indígenas, un trabajo que “aún no ha empezado”.

Pereira está acusado en una de las acciones de la Defensoría Pública, la que está relacionada con el proyecto Ribeirinho REDD+, el único de Portel que no fue certificado por Verra y, por tanto, nunca vendió créditos. Pereira se convirtió en el objeto de la acción por haber presidido la Asociación de Ribereños y Vecinos, uno de los proponentes del proyecto. Al contrario de lo que sugiere su nombre, la asociación no es comunitaria, sino una entidad de derecho privado, creada en 2018, con domicilio en São José dos Campos, en el estado de São Paulo.

En el escrito de contestación a la demanda, Pereira afirma que solo asumió la presidencia de la Asociación de Ribereños y Vecinos en octubre de 2022, a petición del estadounidense, después de que el proyecto se registrara en Verra. Antes de esa fecha, según los documentos presentados en la contestación, el propio Greene era el presidente de la entidad. Pereira también acusa al estadounidense de formar parte de una “orquesta de estafadores y cowboys” del carbono y afirma que le engañó. Dice que está a disposición de la justicia para “aclarar los hechos y atribuir responsabilidades”.

Michael Greene también ha demandado al constructor Miguel Rocha, propietario de Agape Serviço e Representação Ltda., en Belém, alegando incumplimiento de contrato. La empresa fue contratada para construir cinco escuelas, todas ellas, según Rocha, a 12 horas de Portel. El constructor afirmó que entregó una lista y otra construida al 85 %. Pero dijo que la complicada logística que implica el transporte de materiales a través de los ríos y los cambios que tuvo que hacer en los proyectos para cumplir las especificaciones legales lo llevaron a pedir una renegociación del pago acordado. Rocha alega que el estadounidense le debe más de 780 000 reales (unos 145 000 dólares), que ha tenido que desembolsar de su propio bolsillo.

Pero Michael Greene, aparentemente, todavía tiene algunos aliados en Portel. El pasado marzo, una asociación que dice representar a los vecinos de un asentamiento agroextractivista presentó una demanda contra Verra en la que piden una indemnización de 40 millones de reales (unos 8 millones de dólares) por haber suspendido el proyecto de carbono Rio Anapu-Pacajá REDD+, cuyo proponente es Brazil Agfor.

La asociación alega que la población del asentamiento se beneficiaba del negocio de la empresa del estadounidense por medio de la construcción de escuelas, centros de salud y pozos —no dicen si recibían directamente parte del valor de los créditos, como debería ocurrir en las tierras comunitarias—. La demanda se presentó en el Juzgado Agrario de Castanhal, el mismo en el que se presentaron las acciones de la Defensoría. Hay otras dos demandas similares, de otras dos asociaciones, que piden una indemnización del mismo valor.

Michael Greene no responde a las solicitudes de información

SUMAÚMA intentó ponerse en contacto con Michael Greene en junio de 2024, por teléfono, mensajes de WhatsApp y los correos electrónicos conocidos de él y de Brazil Agfor, y le envió preguntas sobre los proyectos de Indigenous Carbon, pero no recibió ninguna respuesta. También intentó contactar con el bufete Lopes Pimenta, del abogado Leonardo Lopes Pimenta, que firma la demanda de Greene contra Útil y los escritos de contestación a las demandas de la Defensoría Pública de Pará contra los proyectos de carbono de Portel. Sin embargo, al llamar al celular que aparece como número de contacto en la página web del bufete Lopes Pimenta salió una grabación que decía que el número estaba bloqueado. La dirección de correo electrónico indicada devolvió los mensajes.

En los proyectos de carbono con los indígenas hay un número de teléfono de contacto de São Paulo, pero nadie atiende ni contesta a los mensajes de WhatsApp. Otro número de teléfono facilitado es el de Diego Pereira, que ya no trabaja para Greene —Pereira dijo que desconocía que su contacto telefónico estuviera en los proyectos y que se había enterado por SUMAÚMA—. Las direcciones incluidas en los proyectos son las de las asociaciones indígenas, y la página web www.indigenouscarbon.com no existía en el momento de la publicación de este reportaje.

Greene y sus empresas presentaron escritos de contestación a tres de las cuatro acciones de la Defensoría, y SUMAÚMA tiene copia de dos, relativos al proyecto Pacajaí REDD+. En los documentos, afirman que no participan en la gestión del proyecto Pacajaí, que solo actúan como consultores en otro (Ribeirinho REDD+) y como gestores en un tercero (RMDLT). Solo en un proyecto, el Rio Anapu-Pacajá REDD+, el estadounidense y sus empresas son proponentes y gestores, según las contestaciones. Estos documentos también cuestionan la legitimidad de la Defensoría para actuar en asuntos relacionados con la propiedad de tierras y alegan que la institución no tiene el “mandato adecuado” para actuar en nombre de las poblaciones de los asentamientos a los que se superponen los proyectos de carbono.

Los escritos de contestación a las demandas también insisten en que, a pesar de este traslape, las propiedades utilizadas para los proyectos de carbono “son de naturaleza privada”. En el momento en que la Defensoría inició las acciones, se habían cancelado 45 de los 50 registros de inmuebles privados utilizados para inscribir los tres proyectos que Verra ya había certificado. Los cinco que quedaban no se solapaban con asentamientos estatales. Greene argumenta que recibió la titularidad de los registros como pago de una deuda. Las contestaciones también alegan que la justicia brasileña no tiene competencia para juzgar casos relacionados con el mercado de carbono, “que carece de regulación específica en el ordenamiento jurídico brasileño”.

La Justicia de Pará intentó citar a Greene y a sus empresas a declarar en una de las acciones de Portel, pero no los encontró y descubrió que los domicilios sociales no existen.

En octubre de 2023, en una respuesta escrita enviada al medio digital G1, que publicó reportajes sobre el caso de Portel, el estadounidense dijo que había recibido las propiedades “de buena fe” y que cooperaría para “ajustar todo lo que esté en desacuerdo con la legalidad y cumplir con todas y cada una de las decisiones judiciales”. Ahora, en su página de la red social Linkedin, acusa a “una funcionaria” de “falsificar” los cargos para “ayudar a sus amigos corruptos a robar los terrenos en los que” se ubican sus proyectos. Es una acusación sin pruebas contra la defensora pública que firmó las acciones, Andreia Macedo Barreto.

La Justicia de Pará ha intentado citar a Greene y a tres de sus empresas para que se pronuncien sobre la acción en la que no han presentado ningún escrito de contestación, pero no lo ha conseguido. Las citaciones enviadas al estadounidense y a tres de sus compañías fueron devueltas. Además de constatar que el estadounidense estaba ausente de su dirección en Guarulhos —que también figuraba como dirección de una de sus empresas, Agfor Empreendimentos—, los agentes judiciales también comprobaron que las otras dos empresas no operaban en los lugares indicados en el registro. En una dirección de Manaos de la empresa Brazil Agfor, con sede en Estados Unidos, se encontró una carnicería. En una dirección de Teófilo Otoni, en el estado de Minas Gerais, donde debería estar Brazil Property Group, había una residencia privada.

Ante esta situación, en junio de 2024, la defensora Andreia Macedo Barreto, autora de las acciones, solicitó a la Justicia brasileña que se citara a Greene por medio de una comisión rogatoria, es decir, una petición dirigida a la Justicia de otro país. En su petición, la defensora escribió que la falta de comprobación de las direcciones significa que estas empresas son “un simulacro de su operación en Brasil, sin duda parte de las ilegalidades y fraudes dirigidos a la apropiación ilícita de tierras y selvas públicas en la Amazonía”. En los escritos de contestación que ha presentado, Greene solo facilita ahora las direcciones en Estados Unidos de Brazil Agfor y Agfor Empreendimentos.

Mientras las investigaciones de Portel siguen su curso, los proyectos de Indigenous Carbon añaden más elementos de desconfianza a un mercado opaco en el que las expectativas de quienes más necesitan ser recompensados por el trabajo de conservación de la naturaleza se convierten a menudo en decepción.

Objetivos de los “cowboys” del carbono, las tierras indígenas sufren abusos por falta de leyes y por las asimetrías de poder. En la foto, un Kayapó en Mato Grosso. Foto: Carl de Souza/AFP

* Imagen destacada: Incendio en la Tierra Indígena Baú, del pueblo Kayapó, que niega haber firmado acuerdos com las empresas de Greene. Foto: Gustavo Basso/AFP

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Nota de editor: Este reportaje se modificó el 3 de julio de 2024 para precisar la información de un pie de foto, que daba a entender que había minería ilegal dentro de una aldea Mundurukú. La explotación minera no se encuentra en la aldea.

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*Traducción de Meritxell Almarza

Carbono Opaco

Esta investigación forma parte del proyecto Carbono Opaco, una alianza que investiga el funcionamiento del mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética.

 

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Artículo publicado por Thelma gomez
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