- Dieciocho proyectos fueron registrados a nombre de Indigenous Carbon, una nueva empresa vinculada al empresario estadounidense Michael Greene, ya acusado de robo de tierras públicas por la Defensoría de Pará.
El empresario estadounidense Michael Greene, acusado por la Defensoría Pública del estado brasileño de Pará de apropiación indebida de tierras públicas en sus negocios de carbono en la ciudad de Portel, está detrás de 18 proyectos de generación de créditos de carbono que ha registrado una empresa llamada Indigenous Carbon, junto con varias asociaciones de tierras Indígenas de gran parte de la Amazonía brasileña. Los proyectos involucran a los territorios de los pueblos Indígenas Parintintin, en el estado de Amazonas; de los Cinta Larga, en Rondonia y Mato Grosso; y de los Mundurukú y los Kayapó, en Pará. A excepción de las tierras de los Parintintin, los territorios donde están las iniciativas de Indigenous Carbon padecen la minería ilegal, lo que provoca tensiones y división en las comunidades.
Personas involucradas en las negociaciones de los proyectos, así como los autos de un proceso administrativo abierto en Rondonia y de una instrucción civil que se sigue en Pará, ambos por el Ministerio Público Federal, indican que en los territorios hay dudas sobre a dónde han ido a parar los fondos que Greene transfirió para implantar los proyectos. Ese dinero, entre otros problemas, incluye el pago de salarios a indígenas, lo que ha intensificado las disputas sobre su cuantía. También hay indicios de que la consulta a las poblaciones sobre la firma de los contratos no siguió los protocolos establecidos por los propios indígenas y de que las asociaciones no tuvieron acceso a un asesoramiento jurídico independiente, aunque eso no sea una obligación legal. Además, según un antiguo gestor de proyectos de la Tierra Indígena Mundurukú, hubo desacuerdos sobre el valor que Greene fijó para él mismo comprar y luego revender los créditos que genera uno de los proyectos en el territorio.
Los líderes de los pueblos originarios que defienden los contratos argumentan que conseguir fondos mediante la venta de créditos de carbono es la única forma de proteger los territorios de la deforestación y acabar con las actividades ilegales, como la minería y el contrabando de madera. Sin embargo, en un momento en que el mercado de carbono está bajo escrutinio, la participación de Greene aumenta las dudas sobre si los proyectos podrán vender créditos para generar los ingresos millonarios que esperan los indígenas.
Michael Greene se autodenomina “consultor ambiental” y comerciante de créditos de carbono. Casado con una brasileña, Evelise da Cruz Pires Greene, afirma llevar 14 años viviendo en Brasil. Greene aparece como socio de al menos 10 empresas en los estados de São Paulo, Minas Gerais y Pará, con actividades que van desde la conservación forestal a la compraventa de propiedades. La primera de ellas la abrió en 2008. En LinkedIn, dice que desde enero trabaja en Estados Unidos, donde espera utilizar los conocimientos acumulados como consultor de proyectos de carbono en “el todo vale de la Amazonía”.
Indigenous Carbon fue registrada en julio de 2022 en Delaware, Estados Unidos. El estado se considera un paraíso fiscal debido a su poca transparencia financiera: se puede, por ejemplo, abrir una empresa sin revelar sus propietarios. Entre finales de 2022 y comienzos de 2023, los proyectos creados con asociaciones indígenas se sometieron a certificación, un proceso que en teoría debería demostrar que los créditos son “íntegros”, es decir, que representan realmente una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.
Los cuatro proyectos en la ciudad de Portel que están bajo sospecha se sometieron a certificación en la organización estadounidense Verra, una de las mayores certificadoras. Pero los 18 de Indigenous Carbon se registraron en Cercarbono, una certificadora colombiana menos conocida que aún no cuenta con el sello del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM, por sus siglas en inglés), una organización que se define como independiente y pretende elevar los niveles de calidad en este mercado.
De los 18 proyectos, seis se certificaron entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, por lo que ya pueden vender créditos de carbono a empresas que deseen compensar sus emisiones. El nombre de Greene solo apareció como responsable de Indigenous Carbon cuando Cercarbono emitió los informes de certificación, donde se denomina al empresario “consultor de carbono”. La empresa aparece como “representante legal” de cuatro de los proyectos certificados y como “desarrolladora y proponente” de los otros dos.
Sin embargo, tras la certificación, los Documentos de Descripción del Proyecto (PDD, por sus siglas en inglés), que se presentan cuando las iniciativas se registran en la empresa certificadora, se modificaron en EcoRegistry, la plataforma web que utiliza Cercarbono para el registro. En la nueva versión de los PDD de los seis proyectos certificados, Indigenous Carbon ya no aparece como co-proponente, sino como proveedor de “apoyo técnico”. Los únicos proponentes que aparecen son las asociaciones indígenas.
A finales de mayo, se realizó un nuevo cambio: tres de los PDD en los que Indigenous Carbon no constaba como proponente se reemplazaron por una versión anterior, en la que la empresa aparece en esa función. SUMAÚMA dispone de copias de los PDD originales en los que aparecía la empresa y también de los seis PDD en los que ya no figuraba.
En la web de EcoRegistry, Indigenous Carbon ya no figura entre los proponentes de los seis proyectos. El motivo de estos cambios no está claro. Puede que se hayan hecho para evitar la exposición pública de Indigenous Carbon y minimizar su papel en los proyectos de carbono. En el caso que se lleva a cabo en la ciudad de Portel, Michael Greene argumenta que él solo es el proponente de uno de los proyectos demandados por la Defensoría.
Consultada por SUMAÚMA, la certificadora Cercarbono explicó que los titulares de los proyectos pueden hacer este tipo de cambios. Según la certificadora, los documentos que sustentan los cambios serán examinados cuando los proyectos se vuelvan a verificar, lo que ocurre cada tantos años para poder expedir nuevos créditos de carbono. Según las definiciones usadas por Cercarbono, el titular es el representante legal del proyecto.
Quien audita todos los proyectos de Indigenous Carbon es la empresa india 4K Earth Science Private Limited, una compañía privada que los proponentes contratan para validar sobre el terreno lo que está descrito en los PDD y atestiguar que pueden generar los créditos de carbono previstos. En los informes de verificación y validación de los seis proyectos certificados, en cuatro casos los clientes son Indigenous Carbon y las asociaciones Indígenas (João Bravo, Rio Maicimirim, Rio Jacareacanga y Juina) y en dos lo son solo las asociaciones indígenas (Rio Roosevelt e Ipixuna).
Tal como exige Cercarbono en el proceso de validación y certificación, 4K Earth Science presentó declaraciones de que no existe conflicto de intereses entre ella y su cliente en ocho proyectos registrados por Indigenous Carbon. En todas estas declaraciones, la empresa registrada en Estados Unidos figuraba inicialmente como “titular” de los proyectos. Posteriormente, las declaraciones fueron modificadas en dos de ellos: los indígenas pasaron a ser los únicos propietarios del proyecto Rio Maicimirim y entraron como co-titulares del proyecto Juina, junto con Indigenous Carbon.
Además de los seis proyectos certificados, cuatro de los 18 proyectos registrados en 2022 y 2023 se retiraron de Cercarbono y ocho siguen en fase de validación. Los cuatro que se retiraron fueron propuestos por Indigenous Carbon y la Asociación Indígena Mantinó, de la Tierra Indígena Baú, del pueblo Kayapó, en Pará. Mantinó fue creada en 2019 por un grupo que se separó de la asociación tradicional del territorio, el Instituto Kabu. La coordinadora de Mantinó, Elissandra Soares, declaró a SUMAÚMA que fue Agfor, otra empresa de Greene, quien entró en contacto con ellos, pero que no firmaron ningún contrato de carbono y que no se ha llevado a cabo ningún servicio en el territorio. Al preguntarle por los documentos presentados a la certificadora en los que consta el nombre de la asociación y sus dirigentes, Elissandra volvió a negar que Mantinó hubiera firmado contratos con Agfor o Indigenous Carbon y afirmó que “ninguna empresa ha sido autorizada a hablar en nombre” de la asociación.
De hecho, las negociaciones con las asociaciones de tierras indígenas se llevaron a cabo inicialmente en nombre de Agfor Empreendimentos, la filial brasileña de Brazil Agfor, una empresa registrada en Grand Rapids, en el estado de Michigan en Estados Unidos. Tanto Agfor Empreendimentos como Brazil Agfor, así como Greene, se encuentran entre los acusados de las acciones civiles públicas que presentó en julio del año pasado la Defensoría Pública de Pará contra los proyectos de carbono de Portel.
En el ordenamiento jurídico brasileño, la acción civil pública es un instrumento que tiene por objeto proteger los intereses colectivos y usado para demandar compensaciones de los acusados por daños al patrimonio público y social, el ambiente o el consumidor.
Según la acusación, en Portel se implantaron tres proyectos total o parcialmente en tierras pertenecientes a asentamientos agroextractivistas del estado —es decir, tierras públicas—, basándose en registros de propiedad inválidos. Un cuarto proyecto, que nunca llegó a certificarse, utilizó registros irregulares del Catastro Ambiental Rural, que posteriormente fueron cancelados. Debido a las acciones civiles públicas, la certificadora Verra suspendió la venta de créditos de carbono de los tres proyectos que ya había certificado, identificados con los números 2252, 981 y 977.
Las acciones están aún en la fase de instrucción, es decir, de examinar los argumentos y citar a los acusados; no ha habido decisión judicial. El estado de Pará y el Instituto de Tierras de Pará han entrado como coadyuvantes de la acusación. La Policía Federal ha abierto una investigación sobre el caso y se está llamando a declarar a los implicados. La instrucción está bajo secreto de sumario.
Al menos los indígenas Cinta Larga y Mundurukú llegaron a firmar contratos con Agfor Empreendimentos, según documentos a los que ha tenido acceso SUMAÚMA. En esos contratos, la empresa de Greene figuraba como desarrolladora de los proyectos. Después, el contrato de los Cinta Larga con Agfor fue sustituido por otros con Indigenous Carbon, ahora como “consultora” de las asociaciones indígenas. Hay indicios de que ese mismo cambio tuvo lugar con otras etnias. Ocurrió después de que el medio digital Intercept Brasil publicara en noviembre de 2022 un reportaje que denunciaba el traslape de proyectos de carbono con tierras públicas en Portel.
En los contratos de Indigenous Carbon a los que ha tenido acceso SUMAÚMA, Michael Greene se define como el “administrador” de la sociedad anónima. Los documentos estipulan que la empresa se quedará con el 30 % de los créditos que generen los proyectos, un volumen estándar en el llamado “mercado voluntario de carbono”, un mercado internacional que no está regulado por los gobiernos. A pesar de aparecer solo como “consultora”, los contratos establecen que Indigenous Carbon tendrá el “derecho exclusivo de ayudar a encontrar compradores internacionales y nacionales para los créditos de carbono”. Según los abogados que ha consultado SUMAÚMA, esto significa que podría ser considerada responsable si se cuestionan los créditos que vende.
Uno de los dos contratos de Indigenous Carbon con los Cinta Larga de la Tierra Indígena Roosevelt, en los estados de Rondonia y Mato Grosso, fue firmado el 29 de abril de 2023, más de cuatro meses después de que el proyecto se registrara en Cercarbono para obtener la certificación.
A diferencia de lo que ocurre en Portel, aparentemente en los proyectos de las asociaciones indígenas no existe apropiación indebida de tierras públicas, la presunta ilegalidad que sostiene las acciones de la Defensoría de Pará. A pesar de que sus territorios pertenecen al Estado brasileño, los pueblos originarios tienen el derecho exclusivo a hacer usufructo de ellos. No obstante, aunque los proyectos del mercado voluntario se rigen por contratos privados, deben cumplir la legislación brasileña, tanto en lo que se refiere a la propiedad de la tierra como a los derechos de las comunidades de los territorios donde se generan los créditos.
Mercado voluntario, derechos e inseguridad jurídica
En el mercado voluntario de carbono, las empresas compran “voluntariamente” créditos para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de reducir su huella ambiental, mejorar su imagen ante la opinión pública o incluso por presión de los accionistas. Es diferente a lo que ocurre en los “mercados regulados”, donde los gobiernos fijan un techo de emisiones para las empresas. De esta forma, las compañías que han emitido menos del límite máximo pueden vender créditos a las que lo han superado.
En Brasil —y principalmente en la Amazonía— los proyectos del mercado voluntario generan créditos a partir de lo que se denomina “deforestación evitada”, que en la práctica es la promesa de reducir las emisiones causadas por la deforestación. Estos proyectos se conocen como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal), un mecanismo creado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Inicialmente concebido para remunerar a los países que conserven sus bosques y selvas, el mecanismo se utiliza ahora en el mercado voluntario. Los proponentes tienen que demostrar que los proyectos contribuirán a reducir más la deforestación que en caso de que no existieran. Por este motivo, la mayoría de los proyectos se desarrollan en zonas de selva preservada que están sometidas a la presión de los deforestadores. Si se ejecutan bien, estos proyectos pueden aportar recursos financieros a las comunidades indígenas y tradicionales que cuidan ecosistemas estratégicos para mitigar la crisis climática.
Debido al acoso que las empresas que desarrollan proyectos de carbono realizan sobre las tierras indígenas y reservas extractivistas, donde la naturaleza suele estar mejor conservada, el gobierno de Lula y el Ministerio Público, tanto el federal como el de Pará, vienen sugiriendo normas para fortalecer la protección de los derechos de las poblaciones de estos territorios en los contratos del mercado voluntario.
Una resolución de 2018 de la Comisión Nacional para REDD+, vinculada al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, ya había establecido algunas normas en ese sentido. En 2023, el gobierno incluyó, en el proyecto de ley que crea un mercado de carbono regulado en Brasil, un artículo que detalla las salvaguardas sociales y ambientales para los proyectos del mercado voluntario en tierras indígenas y comunitarias. No obstante, el proyecto de ley tiene que votarse de nuevo en el Senado porque la Cámara de los Diputados introdujo algunas modificaciones: mantuvo las salvaguardas, pero también incluyó en la propuesta cláusulas controvertidas, que brindan a la agroindustria la posibilidad de vender en el mercado regulado créditos de carbono generados en proyectos REDD+ sin someterse a ningún techo de emisiones.
Las salvaguardas previstas en el proyecto de ley estipulan que las poblaciones deben aprobar los contratos mediante una consulta libre, previa e informada, como prevén el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la legislación brasileña. Esta consulta también debe, según el texto, seguir los términos del protocolo o plan de consulta de las comunidades, cuando existan. Además, tendrá que ser supervisada por el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) federal y la Cámara Temática sobre Poblaciones Indígenas y Comunidades Tradicionales del Ministerio Público Federal.
Las salvaguardas también establecen que el dinero obtenido con la venta de créditos de carbono debe depositarse en “cuentas específicas” —es decir, exclusivas para este fin— y que los contratos deben garantizar la distribución “justa y equitativa” y la “gestión participativa” de estos fondos. Además, los contratos deben incluir una cláusula que prevea la indemnización de las poblaciones “por los daños colectivos, materiales e inmateriales” que puedan derivarse de los proyectos de carbono.
Algunas de estas salvaguardas también se recomiendan en una nota técnica publicada en julio de 2023 por el Ministerio Público del estado de Pará y el Ministerio Público Federal para orientar a sus fiscales en los casos de proyectos de carbono en tierras indígenas y comunitarias. La nota técnica sugiere que la consulta libre, previa e informada no solo debe ser supervisada, sino también llevada a cabo por el poder público.
El documento también establece que los contratos de carbono deben ser públicos y notariales —lo cual no se explicita en el proyecto de ley— y recomienda que incluyan una “cláusula de flexibilización” que permita revisar las condiciones iniciales a petición de las comunidades.
En los contratos de Indigenous Carbon consta que las asociaciones indígenas deben pagar una multa del 20 % sobre el 30 % de los créditos que pertenecen a la empresa si incumplen el acuerdo “injustificadamente” una vez certificados los proyectos. Los contratos no dejan claro qué puede considerarse “injustificado”, pero especifican que no vender créditos o venderlos por menos de lo esperado no es una justificación válida, ya que el mercado del carbono es difícil y volátil.
Aunque se basa en la legislación vigente en Brasil, la nota técnica no tiene efecto de ley.
La “conformidad” de la Funai y las versiones contradictorias
Para complicar las cosas, los proyectos de Indigenous Carbon fueron negociados entre 2021 y 2022, durante el gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro. En aquella época, la Funai fue desmantelada, parte de sus coordinaciones regionales pasaron a manos de los militares y se estimuló la minería ilegal en tierras indígenas.
Todos los Documentos de Descripción de Proyectos registrados en Cercarbono mencionan a la Funai como “parte interesada” y algunos afirman que el organismo indigenista federal participó en reuniones y eventos relacionados con los proyectos. Tres contratos de Indigenous Carbon con los Cinta Larga, que se presentaron al Ministerio Público Federal en el proceso administrativo abierto en Rondonia, dicen que la Funai dio su “conformidad” al proceso de consulta que aprobó su firma. Pero hay indicios de que el organismo no ha hecho un seguimiento riguroso.
El proceso administrativo se abrió en febrero de 2023 para monitorear las negociaciones de los proyectos de carbono, después de que, en una reunión en la ciudad de Cacoal, los líderes indígenas Cinta Larga informaron al Ministerio Público que habían firmado un contrato con Agfor el año anterior. Los dirigentes declararon que estaban sufriendo amenazas por parte de mineros y madereros “por la posibilidad de vender créditos de carbono”. También dijeron que los Cinta Larga del Parque Indígena Aripuanã estaban negociando con otra desarrolladora de proyectos de carbono, Carbonext. Pero en ese momento Indigenous Carbon ya había registrado en Cercarbono cinco proyectos en el Parque Aripuanã.
En la siguiente reunión, en agosto de 2023, los Cinta Larga presentaron los contratos con Indigenous Carbon, firmados digitalmente por Michael Greene. También dijeron que no tenían ningún protocolo de consulta previa y que no estuvo presente ningún abogado que los representara cuando negociaban con la empresa, pero que el entonces coordinador regional de la Funai en Cacoal, Sidcley Sotele, participaba en las reuniones. El Ministerio Público aconsejó entonces a los indígenas que contrataran a un abogado para analizar los contratos.
Sidcley Sotele fue destituido de la coordinación regional de la Funai en enero de 2023, al inicio del gobierno de Lula. El también exsecretario de Agricultura de Cacoal declaró a SUMAÚMA que, aunque fue nombrado durante el gobierno de Bolsonaro, fue propuesto para el cargo por los Paiter Suruí, otro pueblo Indígena de Rondonia. Sotele afirmó que acudió a dos reuniones de negociación del proyecto de carbono a petición de los Cinta Larga, pero que solo observó. “Los acompañé de esa forma, sin poder hablar, no me pidieron orientación, solo querían que estuviera ahí”, alegó. También relató que no pudo garantizar que hubiera una consulta previa, aparte de las reuniones entre los líderes Cinta Larga y los representantes de Agfor, porque dejó la Funai “y ellos continuaron las conversaciones”. Y señaló que desconocía los contratos con Indigenous Carbon.
El excoordinador de la Funai no cree que los proyectos de carbono en las tierras de los Cinta Larga puedan seguir adelante, ya que la minería ilegal continúa, “aunque encubierta”. “Si el Ministerio Público u otro organismo no interviene para exigir explicaciones [sobre los proyectos] y cómo se están llevando a cabo, no saldrán adelante”, dice.
SUMAÚMA intentó hablar con dos líderes Cinta Larga que firmaron contratos con Indigenous Carbon, Raimundo Cinta Larga y Gilmar Cinta Larga. Raimundo dijo que tendría que hablar con su comunidad antes de conceder una entrevista. Gilmar quiso saber el “objetivo del reportaje” y si era “negativo”. En un segundo contacto, SUMAÚMA les envió preguntas por WhatsApp, pero no obtuvo respuesta. Thalia Assiry Cinta Larga, presidenta de la Cooperativa de Producción y Desarrollo del Pueblo Indígena Cinta Larga (Cooperbravo), que aparece como proponente de algunos de los proyectos junto con Indigenous Carbon, explicó vía WhatsApp que primero tenía que hablar con la abogada de la entidad, pero no dijo quién era.
En diciembre de 2023, cuatro meses después de la reunión de agosto, los Cinta Larga tuvieron otro encuentro con el Ministerio Público Federal, en el que se comprometieron a implementar un “proyecto de monitoreo territorial” para acabar con las actividades ilegales en sus territorios. Fue entonces cuando presentaron a una abogada de Cooperbravo, Karen Roberta Miranda de Sousa Falcão.
La letrada presentó un dictamen en el que afirmaba que el contrato firmado con Indigenous Carbon es “justo y compatible con la normativa brasileña y extranjera sobre el mercado de carbono”. El documento también afirma que “la decisión final” sobre la firma del contrato “se tomó mediante una reunión presidida y coordinada por los indígenas, observando sus propias tradiciones, tal y como determinan las normas que salvaguardan los derechos de los pueblos Indígenas”.
Karen Falcão también representa a la Asociación del Pueblo Parintintin de la Tierra Indígena Ipixuna (APPTI), creada en enero de 2024. Tras la certificación del proyecto de carbono en la Tierra Indígena Ipixuna, en el estado de Amazonas, en diciembre de 2023, la APPTI apareció en EcoRegistry como proponente del negocio, junto a la Organización del Pueblo Indígena Parintintin de Amazonas (Opipam). Thiago Castelano, de la etnia Parintintin y coordinador de la APPTI, dijo que no podía dar una entrevista sin consultar a la población de la Tierra Indígena y le pidió a SUMAÚMA que hablara con la abogada. Castelano aparece como contacto de Indigenous Carbon en los informes de certificación de cuatro proyectos: los dos con los Parintintin, uno con los Cinta Larga y uno con los Mundurukú.
