- La ganadería comercial está prohibida en tierras indígenas de Brasil, pero una investigación de un año realizada por Mongabay revela que grandes áreas de la Tierra Indígena Arariboia se utilizan para la cría de ganado en medio de un número récord de asesinatos de indígenas Guajajara de la región.
- Nuestra investigación encontró un claro aumento de los delitos ambientales en la región a mediados de 2023, cuando se construyó una pista de aterrizaje sin licencia casi simultáneamente a focos de deforestación ilegal en las orillas del río Buriticupu, esencial para el sustento del pueblo guajajara.
- Con cuatro indígenas guajajara asesinados y tres que sufrieron atentados contra sus vidas, 2023 marcó el año más mortífero para los pueblos indígenas de Arariboia en siete años, igualando el número de asesinatos en 2016, 2008 y 2007.
- Nuestra investigación revela un patrón de asesinatos de indígenas guajajara en medio de la expansión de la ganadería y la tala ilegal en Arariboia y sus alrededores: las áreas donde ocurrieron el mayor número de asesinatos coinciden con la mayoría de las actividades ilegales rastreadas y con las operaciones de la Policía Federal contra tala ilegal en la región. No hay pruebas de que los dueños de los negocios fueran responsables de los asesinatos.
Este artículo contó con el apoyo de la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer, de la que Karla Mendes es becaria.
TIERRA INDÍGENA ARARIBOIA, Brasil — Ganado ilegal está siendo criado en la Tierra Indígena Arariboia, en el Amazonas, en medio de un número récord de asesinatos de indígenas guajajara. La ley brasileña prohíbe la ganadería comercial en tierras indígenas, pero una investigación de un año realizada por Mongabay revela que grandes áreas de la Tierra Indígena Arariboia fueron utilizadas para la ganadería a gran escala.
Mongabay viajó a Arariboia en agosto de 2023, y fuimos testigos de la cría de ganado en el territorio indígena. Recopilamos coordenadas geográficas, analizamos imágenes satelitales y realizamos análisis espaciales para investigar zonas de pastoreo y fincas. También creamos una base de datos de arrendamientos de tierras, denuncias de ganadería ilegal, tala y caza ilegal, además del análisis de las bases de datos sobre los asesinatos de indígenas guajajara en la región.
Nuestra investigación rastreó varias docenas de sucesos ilegales o sospechosos y encontró un claro aumento de los delitos ambientales en la región a mediados de 2023, el año más mortífero para los indígenas de Arariboia desde 2016. Con cuatro guajajara asesinados y tres sobrevivientes de ataques a sus vidas, los crímenes del año pasado igualaron el número de asesinatos de 2007, 2008 y 2016, cuando también fueron asesinados cuatro indígenas Guajajara de Arariboia, la cifra más alta desde que se registró el primer asesinato en Arariboia en 1992. Este récord de asesinatos en Arariboia contradice los datos del país, que registró en 2023 el menor número de homicidios desde 2010, según datos del gobierno. Maranhão fue uno de los cinco estados que registraron un aumento en el número de asesinatos.
Las revelaciones de la investigación muestran un patrón de asesinatos contra los indígenas guajajara en medio de la expansión de la ganadería y la tala ilegal en Arariboia y sus alrededores. Las zonas que concentran el mayor número de asesinatos coinciden, en su mayoría, con la proximidad de las actividades rastreadas y con los operativos de la Policía Federal para combatir la tala ilegal y con los embargos del Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), la agencia federal a cargo de la defensa del medio ambiente de Brasil. No hay evidencia de que los dueños de los aserraderos y fincas estuvieran vinculados con los asesinatos.
Además de los crímenes dentro de Arariboia, nuestra investigación también rastreó ilegalidades y actividades sospechosas en áreas circundantes al territorio indígena. Aunque la ubicación de las granjas alrededor de Arariboia no es ilegal, encontramos deforestación que viola el Código Forestal dentro de estas áreas. En julio de 2023, se detectó deforestación ilegal en las riberas de las cabeceras del río Buriticupu, del que depende el pueblo guajajara para su subsistencia, a menos de un kilómetro de Arariboia. Un mes antes, se inició la construcción de una pista de aterrizaje sin licencia a unos 17 kilómetros de Arariboia y a 4 kilómetros de la vecina Tierra Indígena Governador.
En ambos casos, la deforestación ocurrió en áreas protegidas por la ley, delito previsto en la ley de delitos ambientales del país. La deforestación ilegal y la pista de aterrizaje están vinculadas a cuatro fincas que también se superponen, lo que es un indicio de conflictos por la propiedad de la tierra. Una de las fincas también invadió el territorio Governador.
Los granjeros que se declararon propietarios de tres fincas cercanas a Arariboia, identificados en esta investigación, fueron procesados por delitos ambientales, acaparamiento de tierras y lavado de dinero, acusaciones que ellos niegan.
La Secretaría de Medio Ambiente de Maranhão (SEMA) confirmó que no se encontró ningún proceso de licenciamiento para la pista de aterrizaje y dijo que la Secretaría de Agricultura Familiar analizará el Registro Ambiental Rural (CAR) — un documento auto declaratorio obligatorio para fines ambientales — de las cuatro haciendas que se superponen al área de la pista de aterrizaje “lo más rápido posible” y que el CAR de una de las fincas fue cancelado previamente.
Arariboia “tiene un gran problema porque sus contornos no están bien protegidos”, afirma Hilton Melo, fiscal federal especializado en cuestiones indígenas con sede en São Luís, la capital de Maranhão. “Estas tierras sufren mucho acoso, muchos ataques, tanto en el sur como en el sur-norte y en dirección este-oeste”, agregó.
Granjas superpuestas
La selva amazónica cubre aproximadamente un tercio de Maranhão. Segunda tierra indígena más grande del estado, Arariboia es una isla verde que se extiende en un mar de deforestación por más de 413 mil hectáreas, más de tres veces el tamaño de la ciudad de São Paulo.
La región suroeste de Arariboia, donde el equipo de Mongabay llegó el año pasado, está en el límite del Cerrado, una vasta sabana tropical que se extiende por varios estados del este del país y es una de las partes más amenazadas del territorio.
Demarcada por el gobierno federal en 1990, Arariboia está protegida por ley contra la entrada de invasores. Sin embargo, son comunes los informes de autoridades e indígenas guajajara sobre ganadería, tala y caza ilegales.
El análisis espacial de los datos de la agencia federal a cargo de la defensa del medio ambiente (IBAMA) revela que 15 haciendas fueron embargadas en las fronteras de Arariboia; algunas se encuentran a poca distancia de las tierras demarcadas para uso indígena. Un embargo es un instrumento utilizado por las agencias ambientales para detener actividades que dañan el medio ambiente o que violan las leyes y regulaciones ambientales. La mayoría de las fincas alrededor de Arariboia fueron embargadas debido a la deforestación ilegal en áreas protegidas y se les impidió realizar actividades agrícolas y ganaderas.
Del total de granjas embargadas, nueve se encuentran en las regiones de Amarante y Arame: cinco y cuatro, respectivamente. El IBAMA ha embargado seis de estas haciendas por deforestación ilegal en zonas protegidas, a dos de ellas se les impide criar ganado y otra no puede realizar ninguna actividad.
Varios granjeros vinculados a la deforestación ilegal en las afueras de Arariboia, identificados por Mongabay, han sido objeto de acciones judiciales o investigaciones por presuntos delitos medioambientales y de corrupción, delitos que todos ellos niegan. Estos procedimientos están en curso en los tribunales estatales o federales de Maranhão.
Según la base de datos del CAR y el análisis espacial, una de las fincas de la zona deforestada ilegalmente a orillas del río Buriticupu está a nombre del granjero Francisco Alves Ferreira, quien es objeto de una demanda por presunto acaparamiento de tierras, según los documentos de la acción en trámite en el Tribunal de Justicia de Maranhão, en Amarante, vistos por Mongabay. En su testimonio en el proceso, Ferreira negó las acusaciones. Una audiencia preliminar estaba programada para el 25 de junio. Ferreira no respondió a múltiples solicitudes de respuesta de Mongabay.
Otra finca vinculada a la deforestación ilegal tenía su CAR registrado por el granjero Antônio José Alves de Sousa. La finca invade la Tierra Indígena Governador, a sólo 4 km de Arariboia, según un análisis espacial de los polígonos de la finca en la base de datos de CAR, lo que también fue confirmado por la SEMA. Sousa alquila desde hace una década una propiedad a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) en Amarante. Sousa no respondió a múltiples solicitudes de respuesta de Mongabay.
El área deforestada también se superpone con una finca cuyo CAR está registrado por Adirceu Alves da Silva, cuya finca fue embargada anteriormente por deforestación ilegal por el IBAMA. Silva también está siendo procesado por la Fiscalía Federal de Maranhão por delitos ambientales. Silva no respondió a múltiples solicitudes de comentarios de Mongabay. En su testimonio, negó las acusaciones; el proceso está en marcha en el Tribunal Regional Federal de Imperatriz.
En un comunicado por correo electrónico a Mongabay, SEMA dijo que estaba consciente de la superposición de la granja de Sousa al territorio Governador. Según la SEMA, el estado del Registro Ambiental Rural (CAR) de la finca está “pendiente” desde 2021, luego de que los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura determinaron que los CARs que se superponen a tierras indígenas deben quedar pendientes.
La SEMA dijo que la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) analizará “próximamente” los CAR de las otras tres fincas donde nuestra investigación encontró deforestación ilegal en la cabecera del río Buriticupu. Según la SEMA, se realizó una búsqueda en su sistema de todas las fincas con más de 300 hectáreas que se superponen a tierras indígenas en Maranhão y que el estudio está siendo analizado por la secretaría “para el debido marco legal y la apertura de un proceso administrativo para la notificación de los propietarios y darle el derecho a la plena defensa”.
En la zona de la pista de aterrizaje sin licencia, se registró el CAR de tres fincas del empresario de transportes por carretera Fabricio Lima Gouveia, sobre quien pesa una acción penal de la Fiscalía del Estado de Maranhão por delitos contra la propiedad, malversación y blanqueo de dinero. Gouveia y su abogado no respondieron a las múltiples solicitudes de respuesta de Mongabay. En su testimonio, negó las acusaciones; el caso está en curso en el Tribunal de Justicia de Amarante.
Los guardianes
El líder indígena Paulo Paulino Guajajara, fue asesinado en una emboscada de madereros en 2019. Su padre, José María Paulino Guajajara, afirma que su madre y su cuñado también fueron asesinados por madereros años antes. José María dice que las invasiones en zonas situadas en los límites de Arariboia han ocurrido desde hace varios años. En respuesta, hace una década, los guajajara crearon una red para defender la región llamada Guardianes del Bosque: Paulo era uno de ellos.
Primero, dice José María, los forasteros invadieron la zona con plantaciones y luego vendieron la tierra a los ganaderos. La Constitución brasileña prohíbe la venta de tierras indígenas. Imágenes de satélite muestran que la zona donde vive José María fue deforestada en 2016 y, en algunas zonas cercanas, ocurrió antes.
El pueblo de José María está rodeado de grandes extensiones de pastos con muchas cabezas de ganado. Dos puertas bloquean el paso por la carretera de tierra que conduce al pueblo. Las imágenes de satélite muestran que se deforestaron 6,5 hectáreas junto al pueblo entre junio y julio de 2016. Enfrente, al otro lado de la carretera, el análisis apunta a una deforestación previa al 2016, durante la construcción de viviendas en el 2015. No hay imágenes de satélite disponibles anteriores al 2015.
“Ellos [los granjeros] no quieren que quitemos la paja, no quieren que nosotros los indios caminemos hacia el otro lado”, dice José María sobre la zona de pasto para ganado alrededor de su pueblo. Además de impedirle retirar la paja de la zona, material usado para cubrir las casas de los pueblos, él también se queja de que el ganado de la granja pasa por debajo de las vallas y destruye su huerto, esencial para el sustento de su familia.
La presencia de ganado ilegal dentro de Arariboia, dicen los Guardianes, también está impulsada por una estrategia de cooptación, mediante la cual granjeros no indígenas persuaden a los indígenas guajajara para que arriendan tierras para pastoreo. Según los guardianes, los hombres no indígenas que se casaron con mujeres guajajara también trajeron ganado al territorio, aumentando el acoso de algunos guajajara por las ganancias que pueden generar los negocios ilegales de tierras. La Constitución también prohíbe el arrendamiento de tierras indígenas.
“[Los granjeros] vienen aquí a la comunidad y a menudo le dicen al indio: ‘¿quieres alquilar un terreno para criar ganado? Es bueno para ti’. Pero en realidad, no lo es. Es sólo engañar, robar la conciencia de los guerreros de aquí”, dice el Guardabosque Laércio Guajajara, señalando unas estacas de madera nuevas, listas para ser utilizadas como cercas en el interior de Arariboia. “Aquí se puede ver que por donde caminamos, en esta tierra, a futuro todo será destruido por el ganado, igual que esta parte del Cerrado”.
Laércio dice que los ganaderos piensan “que son dueños del territorio” y creen que “tienen más derechos que los indios” porque tienen mejores condiciones financieras. “Pagan para devastar el territorio y sembrar pasto, para cercarlo ponen alambrea y como resultado nuestro territorio cada día se achica más: el avance de los pastos está fuera de control”.
Laércio señala el paisaje contrastante dentro y fuera de Arariboia. “En el lado de los blancos, casi no hay árboles. Aquí a nuestro lado, aunque se quemó un poco este verano, es muy diferente: sólo hay verde”.
Laguna jurídica en la ley
Los conflictos por la tierra en la región de Arariboia surgen de un vacío legal en la legislación que exige una zona de amortiguamiento de 10 km y requisitos más estrictos para la concesión de licencias ambientales para desarrollos que bordean unidades de conservación, pero no alrededor de territorios indígenas.
El Decreto N° 99.274/90 define zonas de amortiguamiento de áreas protegidas conocidas como unidades de conservación, que incluyen parques nacionales y estatales. Según el decreto, las actividades en zonas aledañas deben ser aprobadas por el Consejo Nacional Ambiental (Conama), pero esta restricción no se estableció para tierras indígenas.
Brasil es signatario de tratados internacionales que requieren consulta previa y consentimiento de las comunidades indígenas y pueblos tradicionales para proyectos que puedan afectarlos directamente. Luego de estas determinaciones, el gobierno federal generalmente establece zonas de amortiguamiento y estudios de impacto socioambiental como parte del proceso de concesión de licencias para grandes proyectos, como represas y plantas hidroeléctricas. Sin embargo, las actividades agrícolas y ganaderas pasan por un proceso de licenciamiento simplificado que es responsabilidad de los estados, que no requieren consulta previa ni zonas de amortiguamiento.
Debido a este vacío legal, la ubicación de granjas alrededor de Arariboia no es ilegal. No obstante, si hubiera existido una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros alrededor de Arariboia, se podrían haber evitado los crímenes ambientales en sus alrededores, dicen las autoridades. El análisis de imágenes satelitales muestra que alrededor de 30 mil hectáreas de vegetación nativa fueron deforestadas en un radio de 10 kilómetros de las fronteras de Arariboia entre 2008 y 2023, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Teniendo en cuenta todos los datos desde 1988, cuando el INPE inició el seguimiento de la deforestación, la pérdida de bosque en el entorno del territorio sumó 188.998 hectáreas.
En diciembre, Maranhão aprobó la Ley N° 12.169, apodada por sus críticos la “ley de acaparamiento de tierras”, que aumentó en 12,5 veces (de 200 hectáreas a 2.500 hectáreas) el tamaño de las tierras públicas ocupadas durante más de cinco años que pueden regularizarse.
Una demanda cuestiona la constitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte Federal. Si la ley no es revocada, la Fiscalía y los activistas ambientales temen un empeoramiento de los conflictos por la tierra y un aumento más intenso de la violencia en la región.
Es un “razonamiento erróneo pensar que la ganadería y la agroindustria no tienen ningún impacto en las tierras indígenas”, dice Ciclene Maria Silva de Brito, superintendente del IBAMA en Maranhão. “¿Cómo se quita esa vegetación que es parecida a la del lado [de la tierra indígena], se pone otra, hay agregan insumos y no va a impactar?”, dice Brito.
Récord de violencia
Entre 1991 y 2023, 81 indígenas guajajara fueron asesinados en Maranhão, más de dos tercios del total de asesinatos indígenas en todo el estado, según datos del Consejo Indígena Misionero y de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Ninguno de los autores de los crímenes fue juzgado.
Casi la mitad de estos asesinatos (38) se produjeron en Arariboia, según los datos. Seis Guardianes del Bosque fueron asesinados, según el pueblo guajajara. La mayoría de los asesinatos (26) ocurrieron en las afueras de las ciudades vecinas de Arame y Amarante.
A principios de enero de 2023 se produjeron dos intentos de asesinato de indígenas Guajajara de Arariboia, quienes recibieron disparos en la cabeza cerca de la ciudad de Arame. A finales de enero de 2023, también fueron asesinados en Arariboia un indígena guajajara y un empleado de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI). El 13 de junio de este año, un indígena guajajara murió después de ser atropellado cerca de Arame, dijeron los Guardianes a Mongabay.
Los Guardianes dicen que han enfrentado amenazas, incluidos disparos, en su lucha por defender Arariboia contra los invasores. La obligación constitucional de proteger las tierras indígenas recae en el gobierno federal, pero los Guardianes afirman que tuvieron que tomar en sus propias manos la defensa de Arariboia debido a la falta de una protección territorial efectiva por parte del gobierno federal.
La Constitución dice que los territorios indígenas están demarcados para posesión permanente y disfrute exclusivo de los pueblos indígenas, con el objetivo de garantizar la libre determinación, la autonomía y la protección de sus derechos, así como su participación activa en la gestión y preservación de estos territorios.
“Miren todo el ganado que hay allí”, dice el guardián del bosque Olímpio Iwyramu Guajajara, señalando el ganado a pocos metros de los límites de Arariboia. “Estas coordenadas [geográficas] las usaremos como trabajo de inteligencia de los Guardianes, para poder ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes, para ver si se puede resolver o multar, u ordenarle al [responsable] que reforeste ese bosque ribereño a orillas de la cabecera del río Buriticupu”, añadió.
Mongabay creó una base de datos con las coordenadas de nuestro trabajo de campo en Arariboia y las coordenadas registradas en fotografías y videos por Guardianes para documentar crímenes ambientales dentro y alrededor de tierras indígenas. El banco también cuenta con las coordenadas incluidas en las denuncias de los guardianes ante las autoridades solicitando las medidas necesarias y las coordenadas de los delitos ambientales encontrados en los procesos judiciales analizados para la investigación.
Además de realizar un análisis en profundidad de la base de datos construida, examinamos imágenes satelitales y realizamos estudios espaciales en áreas clave donde presenciamos o recibimos denuncias de delitos ambientales. Igualmente, analizamos las ubicaciones de los asesinatos del pueblo indígena Guajajara de Arariboia y cruzamos dicha información con nuestra base de datos y con informaciones de las operaciones de la Policía Federal para combatir la tala ilegal en la región, obtenida por Mongabay.
Nuestra investigación encontró un patrón entre los asesinatos y las denuncias de delitos ambientales en Arariboia y sus alrededores: la mayoría de las muertes ocurrieron en las cercanías de las ciudades de Amarante y Arame, lugares críticos para las operaciones de la Policía Federal, las áreas embargadas por el IBAMA, y el monitoreo de los Guardianes contra la tala y la ganadería ilegal en los alrededores de Arariboia. No hay evidencia que vincule la violencia con los empresarios de estas actividades.
Los granjeros
El estudio de imágenes satelitales de la pista de aterrizaje sin licencia muestra que la construcción comenzó en junio de 2023. La pista de aterrizaje se superpone con terrenos públicos del Sistema de Gestión Territorial (SIGEF) del gobierno federal, lo que podría ser un indicio de acaparamiento de tierras, según las autoridades. La pista de aterrizaje es una de las muchas construidas en el Amazonas en los últimos años que las ONG y los investigadores han vinculado con la minería de oro y la agroindustria.
El análisis espacial muestra que la pista de aterrizaje se superpone al CAR de cuatro fincas que también se traslapan parcialmente entre sí, incluidas sus áreas de preservación permanente y reservas legales, que son la parte de la vegetación nativa que los propietarios están obligados a dejar intacta, según lo determina el Código Forestal.
Como la mayoría de los estados, Maranhão no divulga información sobre las personas que se registraron en el CAR, alegando cuestiones de confidencialidad por tratarse de información personal. Pero los datos obtenidos por Mongabay a través de su red de fuentes de alto rango revelan quiénes son los granjeros detrás de los registros.
La mayor parte de la pista de aterrizaje se superpone a la Fazenda Mangueira, cuyo CAR fue registrado en 2015 por el comerciante Gilberto Holanda dos Santos, quien es objeto de un proceso judicial por supuestos pagos de tasas anuales no realizados al Consejo Regional de Representantes Comerciales del Estado de Maranhão (COREMA). Él también es presidente del Consejo de Ministros Evangélicos de la ciudad de Açailândia y postuló a concejal de esta ciudad por el partido Cidadania en 2020; Fazenda Mangueira no fue incluida en su declaración de bienes para la campaña. Según el Tribunal Superior Electoral, los bienes declarados por los candidatos deben incluir los bienes a su propio nombre, como casas, departamentos, fincas y vehículos. Santos no respondió a varios pedidos de respuesta de Mongabay ni presentó defensa en el proceso de cobro de deudas que sigue en el Tribunal Regional Federal de Imperatriz.
En 2023, Fabricio Lima Gouveia registró el CAR para otra finca Mangueira, que cubre casi exactamente la misma área que la finca de Santos. Empresario del sector del transporte de mercancías por carretera, Gouveia hizo una donación de 1 real al ex presidente Jair Bolsonaro para su campaña de reelección en 2022. En 2021, Gouveia también registró un CAR con dos fincas, Porto Seguro y Nova São Pedro, que se superpone la pista de aterrizaje al este y al oeste; el área central está ocupada por las haciendas Mangueira registradas por Santos y Gouveia.
En 2022, Gouveia registró otro CAR para Fazenda São Pedro y Fazenda Nova, que se superponen a Fazenda Porto Seguro y Nova São Pedro en el lado este, cubriendo aproximadamente la mitad del área de la pista de aterrizaje.
La SEMA informó que el CAR de Fazenda São Pedro y Fazenda Nova fue cancelado.
La acción de la Fiscalía del Estado de Maranhão contra Gouveia por delitos contra la propiedad, apropiación indebida y lavado de dinero tuvo su origen en una denuncia policial realizada en 2017 por una empresa que cría, mata y comercializa productos y subproductos bovinos al por mayor y al por menor. La empresa afirma que Gouveia era administrador de 22 fincas y que una auditoría encontró que había cometido un “fraude millonario” en la venta de ganado al intercambiar animales de 10 a 11 arrobas por 5 a 6 arrobas. En su testimonio ante la investigación policial, Gouveia negó las acusaciones y afirmó que el traslado de animales se realizó con autorización verbal de la empresa, agregando que sus ingresos provienen de la compra y venta de ganado y de su empresa de transporte. Cuando se le preguntó si alguna vez lo habían arrestado, dijo que ya había sido procesado penalmente en el estado de Tocantins, pero que nunca fue arrestado.
En 2017, los fiscales dijeron que Gouveia usó dinero obtenido de negocios fraudulentos de ganado para comprar vehículos y granjas, incluidas Fazenda São Pedro y Fazenda Nova, registradas bajo uno de sus tres CAR que se superponen a la pista de aterrizaje y que fue cancelado. “Está claro que esta práctica constituye un delito de lavado de dinero”, escribió el fiscal Eduardo André de Aguiar Lopes. Gouveia y el abogado que lo representa en el caso no respondieron a varias solicitudes de respuesta de Mongabay.
En un comunicado enviado por correo electrónico, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) afirmó que el CAR es un documento de autodeclaración y “constituye una herramienta de gestión ambiental, sin relación con la planificación territorial”, en referencia a la pregunta de Mongabay sobre las cuatro CARs en el área de la pista de aterrizaje que se superponen con terrenos públicos en el sistema SIGEF.
Las preguntas sobre la base de datos del CAR, añadió el INCRA, deben enviarse al administrador del sistema, el Servicio Forestal Brasileño. Sin embargo, los ganaderos suelen utilizar los registros CAR como instrumento para reclamar la propiedad de la tierra y también para obtener financiación bancaria para sus negocios, como ya se informó ampliamente en informes de la Fiscalía, activistas y la prensa.
“Es un verdadero caos”
Las cabeceras del río Buriticupu fueron excluidas del proceso de demarcación de Arariboia. El área, que pertenece al Estado, fue ocupada posteriormente por fincas que lindan con las tierras indígenas; la deforestación en las orillas del río se produjo a menos de un kilómetro de Arariboia. “Esto es acaparamiento de tierras en nuestro territorio”, afirma el guardián forestal Olímpio Iwyramu Guajajara.
El Código Forestal brasileño determina la preservación de una franja de tierra con vegetación nativa en las orillas de los ríos, donde la deforestación está prohibida, pero las orillas del Buriticupu, cerca de la frontera con Arariboia, fueron deforestadas detrás de una hilera de altos árboles frente a la finca.
Imágenes de drones y análisis de imágenes satelitales muestran que la deforestación de 19,4 hectáreas en la cabecera del Buriticupu ocurrió en julio de 2023, poco antes de nuestra visita en agosto: un área de 15,8 hectáreas fue deforestada a menos de un kilómetro del río. Las imágenes de satélite muestran algunas áreas deforestadas ya en 2015, y la deforestación se intensificó en octubre de 2021 y entre mayo y noviembre de 2022.
El análisis de Mongabay muestra que el área deforestada en julio de 2023 alcanzó reservas legales y áreas de preservación permanente, lo cual es ilegal según el Código Forestal y la ley de delitos ambientales. Un análisis espacial más detallado reveló que el área deforestada ilegalmente se superpone al CAR de cuatro fincas, un ejemplo de mala gestión del sistema territorial de Maranhão, según la Fiscalía.
Haroldo Paiva de Brito, fiscal estadual especializado en conflictos agrarios de Maranhão, afirma que el sistema de gestión de la tierra del estado es “extremadamente tumultuoso” y que existen “una serie de debilidades” en el control de la tierra. “El estado de Maranhão todavía no tiene idea de las tierras que posee”, dice el fiscal, quien también es director de la Fiscalía Estadual de São Luís.
Todas las tierras en Brasil eran de propiedad pública, explica el fiscal, pero con el paso de los años, desde la independencia, se aprobaron leyes que regularon la transferencia de tierras del dominio público al privado.
“Entonces, ¿qué pasa hoy? El Estado de Maranhão no sabe dónde están los terrenos baldíos, los que deben ser devueltos al Estado”, dice el fiscal. “Y todavía no sabe cómo sus tierras terminaron en manos de ciertos propietarios”.
“Es un verdadero caos”, añade.
Una de las fincas muy cercanas a los límites de Arariboia es la Fazenda Bezerra, cuyo CAR fue registrado por Francisco Alves Ferreira, conocido como Assis, quien fue detenido por posesión ilegal de armas en 2022, según la prensa local, y procesado por delitos contra bienes y expropiación posesoria (acaparamiento de tierras) ese mismo año. El caso, que sigue en el Tribunal de Justicia en Amarante, se basó en denuncias de un vecino que acusa a Ferreira de invadir su terreno y venderlo a terceros sin su autorización. En su declaración de junio de 2023, Ferreira negó las acusaciones, diciendo que desconoce al autor de la denuncia y que nunca ha trabajado con la venta o subdivisión de terrenos.
El granjero vecino también informó que Ferreira contrató a un agrimensor para georreferenciar el área y regularizar su propiedad ante el Instituto de Colonización y Tierras de Maranhão (ITERMA), alegando que el terreno estaba baldío. Cinco lotes habrían sido registrados a nombre de familiares de Ferreira, y el cuidador de la granja del vecino que vivía en la zona habría dicho que se sentía amenazado por sus acciones, acusa el vecino. En su testimonio, Ferreira dijo que conoce al agrimensor y que lo contrató para tomar medidas de sus fincas, pero ninguna linda con el terreno del denunciante. Dijo que posee tres granjas, incluida Fazenda do Bezerra, donde encontramos deforestación ilegal en las orillas del río Buriticupu, y ninguna de ellas tiene documentos de propiedad. Ferreira no respondió a múltiples solicitudes de respuesta de Mongabay.
Fazenda Bezerra se superpone casi por completo al CAR de Fazenda Boa Esperança, registrado por Arnom Nascimento Ferreira, hijo de Francisco. La propiedad no tiene “título de dominio” y “no puede ser vendida, donada ni enajenada”, según datos del SIGEF. Arnom no respondió a múltiples solicitudes de respuesta de Mongabay.
Los CAR de estas dos fincas también se superponen con otra Fazenda Bezerra, registrada por Adirceu Alves da Silva, que fue embargada por el IBAMA en 2018 por deforestación ilegal. Silva también está siendo procesado por la Fiscalía Federal de Maranhão por delitos contra el medio ambiente, el patrimonio genético y la flora. En su testimonio de diciembre de 2019, Silva dijo que no cometió ningún delito ambiental en su propiedad y que la deforestación en cuestión ocurrió antes de que comprara la finca unos cinco años antes. El granjero dijo que el IBAMA llegó a su finca y le pidió que bajara la altura de la presa, petición que él cumplió.
La acción penal se originó en 2018, tras una denuncia anónima realizada por una persona no indígena a nombre de líderes guajajara, sobre la devastación de un área de preservación permanente a orillas de la cabecera del río Buriticupu, cerca de Amarante. Tras varios retrasos en las medidas solicitadas por la Fiscalía Federal en Imperatriz desde 2018, en octubre de 2022 la Policía Federal realizó un reconocimiento aéreo que confirmó la destrucción de vegetación nativa en las riberas de las cabeceras del río en dos localidades.
En septiembre de 2023, el fiscal federal Thomaz Muylaert de Carvalho Britto acusó penalmente a Silva de dañar el área de preservación permanente “con voluntad libre y consciente” al construir una presa en la cabecera del río Buriticupu para su uso en un sistema de riego para plantaciones de maíz y sandía. El fiscal afirmó que la conducta del granjero “cumple perfectamente” con la Ley de Delitos Ambientales. “Queda acreditado que el imputado cometió una conducta delictiva mediante la destrucción de la cabecera del río, sin licencia o autorización de la autoridad competente”. Silva no respondió a múltiples solicitudes de respuesta de Mongabay. La causa penal se encuentra en curso en el Tribunal Regional Federal de Imperatriz.
La cuarta finca, Fazenda Campo Verde, cuyo CAR fue registrado por Antônio José Alves de Sousa, invade parte de la Tierra Indígena Governador. Sousa alquila una propiedad en Maranhão a la Funai desde 2014, sin necesidad de licitar; los montos recibidos en una década suman alrededor de 160 mil reales, según datos del Portal de Transparencia. El inmueble alberga la Coordinación Técnica Local (CTL) de la Funai en Amarante. Desde 2015, Sousa también ha alquilado un inmueble para el Tribunal Electoral Regional de Maranhão (TRE-MA) en Amarante.
En un comunicado enviado por correo electrónico, la Funai dijo que sigue todos los procedimientos de licitación de contratos de alquiler establecidos por el gobierno federal y “entre estos requisitos no existen exigencias de investigación relacionados con delitos ambientales, ni un certificado negativo con ese fin, lo que imposibilita buscar y/o descalificar a un proveedor cuando cumpla con todos los criterios de calificación”. La Funai, sin embargo, no mencionó ninguna acción luego de conocer las revelaciones de Mongabay de que la finca de Sousa invade el territorio Governador.
En un comunicado enviado por correo electrónico, TRE-MA afirmó que el contrato de alquiler con Sousa “es regular, sin asuntos pendientes formalizados a la fecha” y que ha sido prorrogado y se extiende hasta octubre de 2024.
Este video muestra la destrucción del río Buriticupu dentro del Territorio Indígena Arariboia. Los Guardianes de la Selva afirman que la destrucción de las cabeceras, situadas dentro de zonas utilizadas para la ganadería, ha provocado una reducción del nivel del agua y de las poblaciones de peces, así como la contaminación del río por productos químicos utilizados en los pastos. Crédito: Karla Mendes.
Impactos desde el exterior
El área deforestada a orillas de la cabecera del río Buriticupu, cerca de Amarante, se ubica en la zona de transición entre el Cerrado, la sabana con mayor biodiversidad del mundo, y la selva amazónica. Mientras que la tasa de deforestación en la Amazonía disminuyó un 62,2% el año pasado, la pérdida de vegetación en el Cerrado aumentó un 67,7% y Maranhão tuvo por primera vez la tasa de deforestación más alta, equivalente a 331 hectáreas perdidas.
Con 1,11 millones de hectáreas deforestadas, el Cerrado superó a la Amazonía en 2023 y se convirtió en el bioma más devastado del país, según datos recientes publicados por MapBiomas, una red de ONG, universidades y empresas tecnológicas de la que forma parte Google. Según los datos, la agricultura y la ganadería son los principales impulsores de la deforestación, con más del 97% de la vegetación nativa perdida en los últimos cinco años.
La agricultura en los alrededores de Arariboia también provoca la contaminación del agua, según los Guardianes.
La destrucción de la cabecera del río Buriticupu, ubicada en una zona hoy ocupada por ganado, provoca sedimentación y reducción del nivel del río, matando a los peces y contaminando el agua, dice Olímpio. “Allí no hay peces, los granjeros del otro lado lo han deforestado todo. Y el veneno que usan para matar los sacos de cultivos en los pastos, cuando llueve, todo va al río”.
Laércio afirma que los granjeros permiten que sus animales defequen en el río, de lo cual dependen indígenas como principal fuente de agua potable.
“Cuando nuestros familiares beben [esta agua] ellos se enferman, les provoca diarrea, fiebre y otros tipos de enfermedades”, afirma Laércio, pidiendo que tomen muestras de agua para sus análisis. “Porque hoy nadie sabe qué hay en el agua allí. Porque antes nadie estaba enfermo. Hoy no se puede beber”.
En un comunicado enviado por correo electrónico, el Ministerio de Salud informó que la unidad del Secretaría de Salud Indígena (SESAI) responsable de Arariboia realizó un análisis de la calidad del agua para verificar la contaminación microbiológica en varias localidades. Los resultados, dice el ministerio, indican que el 99,2% de las muestras recolectadas cumplieron con los estándares de potabilidad microbiológica (ausencia de Escherichia coli), demostrando que “no existe contaminación microbiológica del agua para consumo humano”.
El ministerio informó que, conforme lo establecido en las directrices de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano en los pueblos indígenas, se aconseja que los DSEIs tomen muestras mensuales de los parámetros básicos de turbidez, pH, color, coliformes totales y cloro residual libre. Hasta el momento, el ministerio informó que no ha recibido ninguna denuncia formal con respecto a la posible contaminación del agua debido al uso de fertilizantes y agroquímicos en la región de Amarante. “En caso de que haya denuncia o sospecha, el Ministerio del Medio Ambiente y el IBAMA pueden conducir el análisis específico de sustancias químicas inorgánicas que representen un riesgo a la salud, como los pesticidas”.
La ganadería en los bordes de Arariboia también provocó un aumento de la demanda de madera dentro del territorio para fabricar estacas para cercas. “Nadie está llevando la estaca allí para enviarla a otro estado: es para ser usada por los propios granjeros [de la región]. Ahora, es difícil hacer esa conexión: esta madera que fue traída aquí y esta estaca fue colocada en la finca de fulano de tal”, dice Brito.
Entre mayo y agosto de 2023 se deforestaron en Arariboia 40 hectáreas, más del doble que en el mismo período de 2022, con énfasis en los meses de julio y agosto, según el Instituto Socioambiental (ISA).
Conexión deforestación-ganadería
La ganadería ilegal en Arariboia es consecuencia de la tala ilegal y descontrolada en el territorio durante muchos años, dicen las autoridades y los Guardianes.
“La actividad maderera y la ganadería van de la mano”, dice Alexandre Soares, fiscal federal especializado en cuestiones ambientales en São Luís. “Primero viene la actividad maderera. Luego, la actividad ganadera se implementa en aquellas áreas que fueron deforestadas”.
Varios municipios alrededor de Arariboia tienen como principal medio económico la extracción de madera, lo que constituye “el mayor problema de la región”, afirma Sandro Jansen Castro, superintendente regional de la Policía Federal en Maranhão.
En 2023, la Policía Federal llevó a cabo siete operativos contra la tala ilegal en Arariboia y sus alrededores, junto con el IBAMA y la Funai. Durante las redadas, 15 personas fueron detenidas, 54 aserraderos fueron destruidos o suspendidos, 38 equipos utilizados para el procesamiento de la madera fueron destruidos o incautados y 2.374 metros cúbicos de madera aserrada fueron incautados. El valor de los bienes decomisados o bloqueados sumó alrededor de 2,6 millones de reales, según información obtenida por Mongabay.
Dos operativos que abarcaron las regiones de Amarante y Arame fueron responsables de la mayor parte de las cifras: el 75% del valor total de las mercancías incautadas o bloqueadas, el 81% de la madera incautada, siete detenciones y 42 aserraderos destruidos o suspendidos.
“Si tengo 20 empresas que no tienen licencia, trabajando con madera y en los alrededores tengo varias tierras indígenas, definitivamente [esta madera] está saliendo [de esta área]”, dice Brito, solicitando la acción del municipio en el combate a las ilegalidades “porque de lo contrario será una lucha muy desigual”.
Hasta la fecha no se han llevado a cabo operativos para combatir el ganado ilegal en Arariboia. “¿Cómo entra este ganado a la reserva? ¿Quién lo autoriza?”, pregunta Castro, añadiendo que el asunto requiere una investigación rigurosa.
Para el primer semestre de 2025 está previsto un operativo de retiro de ganado ilegal de Arariboia, afirma Marcos Kaingang, secretario nacional de derechos territoriales indígenas del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI). Antes de ello, afirma, es necesaria una evaluación completa de la zona objetivo, además de un estudio preciso del número de cabezas de ganado, que se calcula entre 500 y 1.000. “Y esta es una acción en la que vamos allí, sacaremos todo lo que haya que sacar”, dice Kaingang, “y dejaremos al personal de seguridad pública dentro de la tierra indígena”.
Este año no se realizaron operativos en Arariboia por falta de recursos, afirma el secretario. Dice que se están realizando negociaciones para conseguir recursos para operativos de contención en los próximos meses en las zonas más críticas “para que no haya más dispersión de ganado al interior del territorio y más deforestación”.
En una declaración enviada por correo electrónico, Funai dijo que en los últimos años ha habido una reducción en las tasas de tala rasa y deforestación en las áreas de regeneración de Arariboia, junto con una reducción en las tasas de incendios forestales. Sin embargo, se produjo un aumento “de los índices relacionados con la degeneración de la superficie”.
La Funai agregó que detectó “actividades ilícitas que aparecen recurrentemente”, destacando como uno de los mayores problemas la tala ilegal en el territorio, los aserraderos en las ciudades aledañas y la presencia de ganado y pastos en la zona, así como evidencias de prácticas de áreas de arrendamiento dentro del territorio.
Según la Funai, existe “dificultad para delimitar las actividades relacionadas con la práctica ilegal de arrendamiento para pastos y las relacionadas con la ganadería por parte de los propios indígenas [para subsistencia]”, y solicitó un estudio detallado de la situación.
Bajo presión
Las autoridades dicen que la ganadería ilegal y otros delitos ambientales dentro de Arariboia son impulsados por la presión de la ganadería, agroindustria, la tala y la urbanización en todo el territorio.
“Si ellos [los madereros y los invasores] logran entrar, harán un daño tan grande que tomará decenas de años para que ese ambiente se recupere”, dijo Brito. “Cuando entran, también cazan, a veces les prenden fuego para ahuyentar a los Awá. Entonces, es un daño al ecosistema y a la forma de vida de los indígenas también, que era el objetivo principal de mantenimiento de esa zona”.
Los Awá son cazadores-recolectores que viven en aislamiento voluntario en lo profundo de los bosques de Arariboia y son considerados el grupo indígena más amenazado del planeta, según la ONG Survival International.
A diferencia de los Awá, los Guajajara de Maranhão han estado en contacto con la sociedad externa desde 1615, su primer encuentro registrado con los colonizadores europeos. A lo largo de los siglos, han sido sometidos a proselitismo forzado por parte de misioneros, esclavitud, enfermedades infecciosas, persecuciones, conflictos y sequías extremas que han devastado la tierra.
Rama de la familia tupí-guaraní, se llamaban a sí mismos Tenetehara, pero en el proceso migratorio pasaron a llamarse Guajajara en Maranhão; los que fueron al vecino estado de Pará hoy se llaman Tembé. Este contacto con pueblos no indígenas a lo largo de los siglos estuvo marcado por varias masacres de los guajajara y la devastación de sus tierras. Hoy en día, hay alrededor de 10 mil indígenas en Arariboia donde viven los pueblos Guajajara y Awá.
La ganadería ilegal en Arariboia está en el punto de mira de las autoridades. El IBAMA y la Policía Federal, junto con el Ministerio de los Pueblos Indígenas y la Funai, vienen recopilando información sobre esta ilegalidad en los últimos años.
Pero se necesitan datos más sólidos, según Brito, del IBAMA. “Es algo más elaborado que la madera, porque vas a tener un animal vivo, [que] cuidar su salud y vas a tener que avisar a los dueños antes de realizar la acción”, dice Brito. “Entonces, es un poco más detallado. Pero también es bastante efectivo. Y el IBAMA, en términos nacionales, ya tiene buenos conocimientos en este trabajo para sacar el ganado de las tierras indígenas”.
La práctica de arrendar tierras para la ganadería comercial en territorios indígenas es “totalmente ilegal, está prohibida”, dice Melo, fiscal federal de São Luís especializado en cuestiones indígenas. “No podemos separar un arrendamiento realizado en tierras indígenas de la ilegalidad. Independientemente de la participación de los pueblos indígenas, la práctica debe ser derogada severamente, porque va en contra de la política ambiental de protección de estos territorios”.
Brito dice que el ganado se ha convertido en un “problema grave” que alimenta la división en las comunidades, ya que una minoría de los indígenas se ve tentada por el dinero que ofrecen los ganaderos para convertir sus tierras en pastos para ganado, lo que les da una puerta de entrada a una exploración más amplia del territorio.
Los organismos locales de concesión de licencias también deberían adoptar procedimientos más rigurosos, añade: “¿Cómo puedo licenciar un negocio, una actividad económica en el límite de las tierras indígenas y no escuchar a la Funai?”
Incluso si una actividad tiene licencia, eso no significa que sea legal, dice Brito; IBAMA está examinando las licencias para ver si cumplen con las regulaciones federales. “No es sólo la licencia, hay todo un criterio detrás para respaldar esa licencia, Lo que estamos observando es que algunas entidades que otorgan licencias no lo toman en consideración”.
“Este acoso a la región, esta presión que este entorno está provocando en las tierras indígenas debe ser mejor gestionado por las autoridades públicas”, afirma Melo, el fiscal especializado en cuestiones medioambientales. “No sólo por parte del gobierno federal, sino que también entendemos que el gobierno estatal tiene una gran responsabilidad”.
El territorio alrededor de Arariboia pertenece a Maranhão, pero en algunas zonas el estado ha delegado la responsabilidad de otorgar licencias a los municipios, explica Brito. Uno de los requisitos para la emisión de una licencia ambiental es el análisis del CAR. “Ni siquiera analizaron el registro y ya emitieron la licencia”, afirma. “Para cumplir con las normas ambientales, hay que cumplir con los requisitos, y sólo después se emite una licencia. Entonces, si no cumplo con esos requisitos, ¿esa licencia es válida?”
¿Solución a la vista?
¿Cómo poner fin a los delitos ganaderos y medioambientales en Arariboia? Las autoridades entrevistadas por Mongabay son unánimes: se necesita un plan de acción continuo dentro y alrededor del territorio indígena para garantizar que no sea consumido por la tala y la ganadería.
“No es algo simple y práctico, no basta ir allí y realizar una acción para sacar el ganado y combatir la deforestación y marcharse”, dice Kaingang, del MPI. Por eso las diversas operaciones realizadas anteriormente “nunca lograron eliminar el problema”, afirma.
“Así como la deforestación y los aserraderos están en los alrededores de la tierra indígena, los ganaderos también están allí”, afirma. “La puerta de entrada a otras ilegalidades es la deforestación. La ganadería es uno de esos elementos que se suman”.
Para poner fin a estos crímenes, Kaingang afirma que es necesario coordinar más las acciones con el estado de Maranhão para afrontar “todo este escenario caótico” del entorno de Arariboia que conduce a todas estas irregularidades. “Ese es nuestro mayor cuello de botella, porque combatir la ilegalidad en el interior de las tierras indígenas ya es un desafío, pero podemos hacerlo. Ahora, el entorno es mucho más complejo e involucra a otros organismos a nivel estatal y municipal”.
Melo, el fiscal centrado en cuestiones indígenas, propone nuevas políticas de zonificación para “responder a esta ocupación desordenada del entorno” y frenar las actividades ilegales y nocivas en torno a las tierras indígenas. Para él, también es estratégico involucrar a organismos gubernamentales que tienen experiencia en el transporte de ganado para disponer de lo que será incautado en Arariboia.
Melo también propone destinar el dinero recaudado con la venta de ganado ilegal a los pueblos indígenas. “Podemos retirar [el ganado] y darle una señal importante a este mercado ilegal de que el ganado que cruza los límites de las tierras indígenas generará una consecuencia económica severa para quien lo haga”.
La creciente exposición de Arariboia a crímenes y violencia ambientales está directamente relacionada con las políticas anti indígenas y anti ambientales del gobierno del ex presidente Jair Bolsonaro, que redujo el presupuesto y desmanteló organismos ambientales e indígenas, además de apoyar abiertamente la ocupación de territorios indígenas por la minería y la agroindustria. Fue “un guiño a la impunidad”, afirma Kaingang.
Esta falta de supervisión federal también desencadenó un aumento de la violencia en la región, ya que los indígenas tuvieron que defender el territorio por sí solos ante la ausencia del Estado y se convirtieron en objetivos, dice el secretario. Según Kaingang, hay planes en marcha para crear bases de seguridad dentro de Arariboia para proteger la zona y hacer cumplir la ley.
Los CARs que se superponen con tierras indígenas son otro legado del gobierno de Bolsonaro, dice Kaingang, que agrega que el MPI y la Funai han presionado para anular estos CAR, pero han enfrentado las batallas legales. “Estos CAR tienen que ser revocados y no deben ser validados. La Funai ya emitió una nota técnica al respecto. La mayoría de ellos están atrapados en el Poder Judicial”, afirma.
Para mediados de 2025, afirma Kaingaing, el objetivo es eliminar todo el ganado ilegal de Arariboia. “Necesitamos garantizar que el territorio sea total y exclusivamente aprovechado por los pueblos indígenas”, afirma. “Nuestro papel es el siguiente: frenar estas ilegalidades y no coludirnos, ya sean indígenas o no indígenas, utilizando irregularmente los bienes que están destinados a los pueblos indígenas”.
Acciones gubernamentales efectivas son esperadas hace mucho para proteger la Arariboia y la vida de los pueblos guajajara y awá, dice Laércio, sobreviviente y testigo del ataque que asesinó a su compañero guardián Paulo Guajajara. “Esperamos mucho a que las autoridades públicas hagan su parte”, afirma. “Nuestro pueblo debe existir para siempre. No puede extinguirse, como muchos otros”.
Imagen destacada: Composición del rostro pintado de una mujer guajajara con imágenes de dron de la zona deforestada frente a una explotación ganadera limítrofe con el Territorio Indígena Arariboia. Créditos: Imagen de Karla Mendes, la Asociación Indígena Ka’aiwar de Guardianes del Bosque del Territorio Indígena Arariboia y diseño de Andrés Alegría.
Fotografías para Mongabay: Ingrid Barros
Edición: Daniel Pye
Fact checking: Alex Shaw
Karla Mendes es reportera de investigación para Mongabay en Brasil y becaria de la Red de Investigaciones sobre la Selva Tropical del Centro Pulitzer. Es la primera brasileña y latinoamericana elegida para la junta directiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales (SEJ) de Estados Unidos; también fue nombrada Vicepresidenta de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Puede leer sus artículos publicados en Mongabay aquí.
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