La segunda empresa de mayor valor en Brasil es también la quinta corporación minera mundial.  En 2022, el marco ESG de Refinitiv la clasificó como la mejor en su clase de “mineras diversificadas” (1 de 615).  Esta puntuación es importante teniendo en cuenta que Vale se encuentra demandada por la SEC por engañar deliberadamente a los inversores sobre sus riesgos relacionados con ESG antes de los desastres del estanque de relaves en Brumadinho en 2019.  Irónicamente, esta alta clasificación obtenida es una consecuencia directa de ese desastre, que provocó a una caída del 50% en el precio de sus acciones y el despido de su director general.  Posteriormente, la compañía invirtió en múltiples iniciativas ESG de alto perfil, en particular un monitoreo mejorado de las instalaciones de almacenamiento de relaves, la compensación acelerada de pasivos medioambientales y la creación de programas de compensación para las comunidades afectadas por sus operaciones.

Vale explota la segunda mayor mina de hierro del mundo ubicada en el distrito de Carajás, en el centro-sur de Pará.  Incluso antes del caso Brumadinho, las preocupaciones ESG motivaron a la empresa desarrollar un sistema de gestión de relaves secos en la mina de hierro S11D, ubicada en el complejo Carajás Serra Sur.  Otras características relacionadas con la sostenibilidad incluyen un diseño espacial que situó el 97% de sus instalaciones industriales en pastizales previamente deforestados ubicados fuera de la reserva forestal donde se encuentran las concesiones mineras.  Las innovaciones industriales incluyen un sistema de transporte del mineral que elimina el uso de camiones diésel, lo que reduce las emisiones de carbono en aproximadamente un 50%, dando como resultado que, según los informes corporativos, la mina S11D es un modelo de cómo Vale llegará a cumplir su compromiso de ser neta en carbono para 2050.

Como parte de su estrategia ESG más amplia, Vale está implementando mecanismos de conservación del agua e invirtiendo en energías renovables en todas sus operaciones.  Esto incluye la compra de electricidad de las controvertidas represas hidroeléctricas de Belo Monte en el Río Xingu, y la de Estreito. en el río Tocantins.  No hay planes para abandonar los sistemas de gestión de relaves dependientes del agua ni los sistemas de transporte de mineral por camiones en los yacimientos de hierro en Carajás Serra Norte ni en las minas de cobre en Salobo y Sossego.  La empresa inspeccionó todos sus diques de relaves y reportó fallas de ingeniería en un solo sitio ubicado en el distrito minero de Carajás, siendo una mina de oro abandonada conocida como Igarapé Bahía que posteriormente fue desmantelada y desclasificada en 2021.  Otras medidas medioambientales adoptadas por la empresa incluyen la conservación de un millón de hectáreas de bosque nativo, que gestiona en coordinación con el servicio de parques nacionales de Brasil (ICMBio), y el compromiso de ayudar a los propietarios locales a reforestar 100.000 hectáreas de pastos degradados para 2030.

Polémicas sociales acompañaron la reciente ampliación por valor de 1.500 millones de dólares de la línea férrea de 1.000 kilómetros de la compañía, que corre junto a las comunidades indígenas Awá, Guajajara y Ka’apor, en Maranhão.  La acusación de contaminación del agua en la mina de níquel Onça Puma dio lugar a acciones legales por parte de la etnia Kayapo. La empresa Vale ha respondido a estas y otras denuncias con una estrategia jurídica que niega responsabilidad, mientras negocia acuerdos de indemnización con las partes agraviadas.

Vale tiene el derecho de explorar en busca de minerales en cientos de concesiones adquiridas mediante subastas públicas a lo largo de varias décadas.  En muchos casos, sus derechos mineros en el subsuelo se superponen con los derechos de territorios indígenas formalmente constituidos.  Esta contradicción se convirtió en un grave problema de relaciones públicas cuando el gobierno de Bolsonaro intentó debilitar la protección legal de las tierras indígenas. Sin embargo, en 2021 Vale renunció formalmente a sus derechos sobre cualquier concesión que se superpusiera con tierras indígenas y reafirmó su compromiso con el concepto de CLPI.

Una iniciativa de sostenibilidad previa a la inversión ESG es la restauración del hábitat de la selva tropical en la mina de bauxita Trombetas, en Oriximiná (Pará), que es explotada por MRN, una sociedad formada entre Vale y otras cuatro empresas: South32, Rio Tinto, Companhia Brasileira de Alumínio y Norsk Hidro (5%).  El consorcio ha evitado gran parte de la polémica en torno a la mina Carajás al comprometerse con un ambicioso proyecto de restauración forestal.  Durante las últimas cuatro décadas, MRN ha restaurado aproximadamente 7.000 hectáreas recuperadas de una enorme mina a cielo abierto que llegó a consumir 15.000 hectáreas de hábitat natural de selva tropical. Está previsto que la mina cese sus operaciones en 2025 y, presumiblemente, con el tiempo restaurará alrededor del 75% de la superficie total afectada.

Otras reivindicaciones de sostenibilidad incluyen un molino industrial que recicla el 80% del agua que utiliza además de sus protocolos de gestión de relaves a través de una serie concatenada de estanques que cubren aproximadamente 1.300 hectáreas.  En este caso, se han diseñado estanques individuales para ser deshidratados y desmantelados a medida que la mina envejece, sin embargo, es poco probable que alguno de los estanques sea en un futuro apto para la siembra de árboles, y mucho menos para la restauración de un hábitat natural.  Tras la tragedia de Brumadinho, la empresa revisó sus presas de contención e informó que todas estaban estructuralmente en buen estado y que fueron diseñadas para resistir una lluvia de 10.000 años.  En el caso de que fallen, afectarán el hábitat del bosque natural adyacente, pero no supondrían una amenaza para las comunidades cercanas.

La mina Pitinga, propiedad de Mineração Taboca SA, y ubicada en el estado de Amazonas, explota el yacimiento de estaño más rico del mundo.  Operó como filial del Grupo Paranapanema entre los años 1979 y 2009, cuando fue adquirida por Minsur SA, una empresa mediana que opera varias minas polimetálicas en los Andes peruanos. Minsur se adhiere a los estándares internacionales de sostenibilidad y proporciona una descripción relativamente detallada de sus prácticas en sus informes anuales. La compañía es lo suficientemente grande como para merecer la atención de las agencias de calificación ESG con puntajes que reflejan sus esfuerzos para informar y monitorear los impactos ambientales y sociales de sus operaciones peruanas (157 de 615).  Sin embargo, es posible que estos puntajes no reflejen con precisión los importantes pasivos medioambientales y sociales de la mina.

La mina fue explotada durante las primeras tres décadas utilizando tecnologías de minería de placer o aluvial que destruyeron miles de hectáreas de bosque ribereño en tierras que alguna vez pertenecieron a la nación indígena Waimiri-Atroari.  Este emblemático pueblo indígena sobrevivió a un ataque genocida por parte del ejército en la década del 60, sólo para ser desposeído de un tercio de su territorio debido a las concesiones mineras otorgadas a Mineração Taboca. Tras su compra, Minsur abandonó la minería aluvial y trasladó la producción a una mina de roca dura a cielo abierto.  En lugar de remediar los relaves heredados y aislar los relaves producidos en la mina de cielo abierto, los nuevos propietarios convirtieron las minas de placer abandonadas en una instalación ad hoc de tratamiento de agua. Las minas aluviales y los estanques de relaves abandonados se encuentran en las cabeceras de la cuenca del río Alaluá, que desemboca hacia el oeste en tierras indígenas.

Los Waimiri–Atroari han interpuesto denuncias ante las autoridades medioambientales cuestionando la eficacia de la gestión de relaves proporcionando pruebas objetivas de fugas de sustancias nocivas.  La empresa ha respondido dando fe de la integridad estructural de quince presas que son los componentes principales de su sistema de gestión de residuos, que canaliza el agua a través de una serie concatenada de estanques con niveles decrecientes de sedimentos suspendidos.  Las imágenes satelitales muestran que hay al menos 60 estanques interconectados que cubren más de 2.000 hectáreas, todos ellos ubicados en llanuras aluviales que anteriormente fueron destruidas por minas aluviales.  Presumiblemente, cuando se cierre la mina de Pitinga, dentro de 25 años, todos estos estanques serán deshidratados, desmantelados y descaracterizados.

Potássio do Brasil Ltd.

Esta empresa presume de sus credenciales ESG al afirmar que sus operaciones futuras desplazarán las importaciones de fertilizantes con alto contenido de carbono procedentes de Rusia, Bielorrusia y Canadá.  La empresa, constituida en Brasil, es una creación de Forbes y Manhattan, un banco de inversión canadiense que proporciona capital de riesgo a empresas mineras nuevas.  Si tienen éxito, los promotores abrirán una mina de potasa a escala industrial en Autazes, cerca de la confluencia de los ríos Madeira y Amazonas.

Los beneficios medioambientales de la mina de potasa se basan en gran medida en las estimaciones de reducción de emisiones GEI logradas al reemplazar las importaciones de fertilizantes procedentes de sistemas de producción basados en combustibles fósiles por fertilizantes fabricados utilizando la abundante energía hidroeléctrica de la amazonia.   Estas reducciones GEI, que son significativas, se verían aumentadas por las reducciones derivadas de la disminución de las emisiones del transporte y el desplazamiento de los generadores a diésel utilizados por las comunidades locales debido a la expansión de la red eléctrica regional.

Los opositores se resisten por motivos medioambientales y sociales, argumentando que el sitio de la mina se encuentra en una zona ecológicamente frágil (llanura aluvial amazónica) y afectaría a las aldeas indígenas y ribereñas cercanas.  La compañía afirma que la huella espacial se minimizará porque los residuos se devolverán a pozos subterráneos y el agua se reciclará para reducir el impacto en los hábitats de la llanura aluvial.

Un importante punto de discordia son los acuerdos con las comunidades locales, donde la empresa sostiene que ha cumplido con las regulaciones brasileñas al obtener el consentimiento de comunidades individuales, pero las organizaciones indígenas sostienen que el consentimiento no se obtuvo mediante un proceso abierto e informado. Aparentemente, la compañía no ha elegido participar en ninguna de las iniciativas de evaluación ESG, a pesar de sus ostentosas afirmaciones de incorporar los principios ESG en el núcleo de su estrategia de desarrollo propuesta.

El primer productor mundial de “acero verde” es la empresa familiar Aço Verde do Brasil, que utiliza biomasa como fuente de energía térmica y carbón vegetal como agente reductor en el proceso de fabricación del acero.  La acería está ubicada en Açailândia (Maranhão) y obtiene su carbón vegetal de biomasa de 15.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos ubicadas en los municipios circundantes. La empresa recibió el premio ESG Breakthrough Award (Categoría Global Metals) en la conferencia S&P Global Platts en 2021 en reconocimiento a su producción de acero con casi cero emisiones de GEI.  Aço Verde, que se traduce como “acero verde”, comercializa una variedad de acero con una huella de GEI de 0,02 toneladas de CO2 por tonelada de acero, en comparación con una planta convencional que funciona a carbón con 1,85 toneladas de CO2 por tonelada de acero.

Si bien se considera un logro pionero, el uso de carbón vegetal de biomasa en la industria metalúrgica brasileña ha sido habitual durante décadas, particularmente en las fábricas de arrabio que concentran el mineral de hierro bruto en lingotes de hierro fundido.  En la segunda mitad del siglo XX, la conversión de “madera residual” en carbón vegetal para las empresas siderúrgicas constituía una importante fuente de ingresos para los terratenientes que talaban bosques naturales para crear explotaciones ganaderas.  Este mercado cuasi legal terminó en 2005, cuando las políticas gubernamentales provocaron una drástica reducción de la deforestación y obligaron a las empresas cambiar las materias primas energéticas por una mezcla de carbón y biomasa cultivada.

La empresa antecesora de Aço Verde (Gusa Nordeste) era una gran consumidora de carbón vegetal procedente de la deforestación, pero la empresa matriz (Grupo Ferroeste) presintiendo el fin de la deforestación no controlada comenzó a plantar eucaliptos ya en 1993. La acería y sus plantaciones asociadas están ubicadas en un municipio muy deforestado donde se conserva menos del 30% del bosque natural original.  No obstante, la empresa afirma que toda la materia prima para el carbón vegetal se origina en propiedades con un 40% de bosques naturales, y que todos los proveedores cumplen con el Código Florestal además de la asignación requerida del Área Permanente de Preservação (APP).  La compañía también cuenta con una impresionante cartera de programas de desarrollo comunitario en deportes, salud y educación, incluida la creación de una escuela técnica en artes industriales.

La empresa minera de oro más grande del mundo, Newmont Corporation, opera dos minas a escala industrial en la amazonia: Yanacocha en Cajamarca (Perú), y Merian en el distrito de Sipilwini (Surinam). La empresa, domiciliada en Estados Unidos, tiene una clasificación ESG de cinco (de 615) en la clase de mineras diversificadas, y de siete (de 120) en la clase de mineras de metales preciosos.  Ha aprovechado su exaltado estatus ESG para la emisión de un bono “verde” de 1.000 millones de dólares que pagará un tipo de interés superior si la compañía no sigue una senda explícita de reducción GEI de aproximadamente 30% para 2030.

La mina Yanacocha es un extenso complejo de varios pozos que abarca más de 5.000 hectáreas en el altiplano semiárido de los Andes centrales.  Se inauguró en 1993 y suspendió sus operaciones en 2022.  La mina se destaca por la ausencia de estanques de relaves a consecuencia de la tecnología de lixiviación en pilas utilizada para extraer oro. La mina Merian se inauguró en 2016 y cubre solo unas 500 hectáreas, sin embargo, está rodeada de estanques de captación que cubren 1.000 hectáreas adicionales, lo que refleja la tecnología de lixiviación en tanques utilizada en los molinos industriales de alta precipitación.  A pesar de las diferencias tecnológicas, ambas minas cumplen con los estándares internacionales en materia de manejo de cianuro, donde la empresa informa que recicla aproximadamente el 77% del agua utilizada en sus plantas de procesamiento.

Ambas minas son esencialmente máquinas de hacer dinero, y proporcionan considerables beneficios económicos a sus países anfitriones.  Como empresa minera de oro de alto perfil, Newmont es particularmente consciente del riesgo relativo a su reputación asociada a los conflictos sociales y por lo tanto, de acuerdo con sus compromisos ESG, destina importantes recursos al desarrollo comunitario. Sin embargo, en ocasiones es necesario recordarle los límites de su poder.

En 2016, la empresa abandonó más de una década de planificación para ampliar la vida útil del complejo Yanacocha.  Conocido como Proyecto Conga, la empresa tenía planes de excavar una serie de minas a cielo abierto en una montaña adyacente. Estos planes fueron desbaratados gracias a las acciones de una campesina dedicada a la agricultura de subsistencia, Máxima Acuña de Chaupe, que se negó a entregar su pequeña granja familiar al gigante minero y a su poderoso socio peruano (Compañía de Minas Buenaventura).

La empresa filial de Newmont desalojó por la fuerza a su familia y la denunció ante los tribunales por ocupar ilegalmente su propia tierra.  Según el proceso judicial, la señora Acuña fue declarada culpable, se le impuso una sentencia de prisión «suspendida» y una multa de 2.000 dólares.  Al finalizar el proceso, la Corte Suprema del Perú anuló su sentencia y le restituyó sus derechos de propiedad. Esta lección de humildad le costó a la empresa al menos 1.000 millones de dólares e interrumpió una inversión valorada en 12 mil millones de dólares. También demostró el motivo por el que un proceso de consulta debidamente ejecutado (CLPI) redunda en beneficio de una empresa minera, ya que la protegerá de la incompetencia y transgresiones de sus propios empleados o, en este caso, de sus socios comerciales.

Es la empresa de energía diversificada de más rápido crecimiento en Brasil, busca acceder a los mercados financieros ESG ofreciendo soluciones para apoyar la transición energética.  Tiene una cartera creciente de proyectos de energía solar, pero la mayoría de sus ingresos vienen del carbón, el gas y la energía hidroeléctrica.  En la amazonia, genera ingresos a través de una cadena de suministro llamada “del yacimiento al cable”, que convierte el gas natural de sus propios pozos en energía generada en sus propias centrales generadoras, y comercializando la electricidad directamente a consumidores minoristas e industriales a través de la red eléctrica pública.  Esta estrategia es complementada con la tecnología de Gas Natural Licuado (GNL) para conectar yacimientos aislados de gas con mercados urbanos e industriales que aún no están integrados en las redes de gasoductos.

En los últimos cinco años, Eneva ha adquirido seis activos energéticos en la Amazonia brasileña, entre ellos el complejo energético Paranaíba en Maranhão (Santo Antônio dos Lopes), el campo de gas Azulão en el este de Amazonas (Silves) y las concesiones de desarrollo de Juruá en la cuenca de Solimões, en el centro de Amazonas (Tefé).  En febrero de 2022 inauguró la central Jaguatirica-II, en Roraima (Boa Vista), que se abastece con GNL del yacimiento de gas Azulão.

La inversión de Eneva en sistemas de transporte de GNL es una primicia para el Brasil, que importa GNL para satisfacer la demanda energética cuando los recursos hidroeléctricos del país se ven afectados durante sequías periódicas.  Visto desde esta perspectiva, los activos de gas natural de la amazonía central son cada vez más valiosos, lo que explica la adquisición de la concesión Juruá en 2020.  Dicha concesión tiene aproximadamente 700 mil millones de pies cúbicos (bcf) de gas natural descubiertos por Petrobras en los años 1990.