El mercado de carbono en Ecuador nació montado sobre grandes grietas legales y políticas: esquiva un mandato constitucional que prohíbe la venta de servicios ambientales y el ministro que diseñó el esquema que regula el sector consta como fundador, representante legal y accionista de una empresa que asesora en esta materia a empresas nacionales e internacionales. Además, aunque ya existe una norma, la Asamblea discute una nueva ley para los mercados de carbono.

La norma que hoy regula el mercado de carbono en Ecuador cumplió su primer aniversario. El Esquema de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), expedido el 16 de junio de 2023 por el Ministerio del Ambiente, sentó las bases para que empresas nacionales e internacionales compensen su huella ambiental. Es decir, para que reduzcan sus emisiones de carbono o compensen estos gases responsables del cambio climático a través de iniciativas de mitigación como el desarrollo de sistemas agroforestales, la generación de energía limpia, la restauración de ecosistemas o la conservación.

El documento sortea las restricciones constitucionales únicas que tiene Ecuador desde el 2008, cuando reconoció en su Constitución los derechos de la naturaleza y, como parte de eso, prohibió la venta de servicios ambientales. En consecuencia, en la norma no se habla de un “mercado de bonos de carbono”, como sucede en otros países.

“Estamos promoviendo un enfoque retributivo para que sea armónico con la Constitución. No nos enfocamos en la venta de carbono, estamos regulando las compensaciones de carbono como un mecanismo de uso y aprovechamiento de los servicios ambientales relacionados al carbono”, le dijo a esta alianza periodística Karina Barrera, una de las personas que lideró la creación de esta política pública al interior del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), mientras fue subsecretaria de Cambio Climático durante el gobierno de Guillermo Lasso.

Además, hay cuestionamientos sobre el rol que jugó Gustavo Manrique, un conocido empresario quien fue Ministro de Ambiente cuando se inició la construcción de la normativa y luego pasó a ser canciller cuando se aprobó. Fue uno de los pocos funcionarios de alto nivel que se mantuvo durante todo el gobierno del expresidente Guillermo Lasso.

Por si fuera poco, el instrumento comienza a implementarse en medio de una carrera para regular este mercado entre el ejecutivo y el legislativo, que podría provocar su derogación.

El Esquema pasó desapercibido en medio de la crisis política del año pasado, cuando el gobierno de Lasso invocó la norma de “la muerte cruzada”, por la cual se disolvió la Asamblea Nacional y se convocaron nuevas elecciones presidenciales que ganó Daniel Noboa.

Estos son algunos de los hallazgos de La Barra Espaciadora en el marco de la alianza periodística Carbono Opaco, liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que reúne a 14 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina. (Espere mañana un segundo reportaje sobre las preocupaciones sobre la falta de participación de pueblos indígenas en la norma.)

El exministro empresario y la norma que regula sus negocios

El 24 de mayo de 2021, el banquero Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador. Días antes, Gustavo Manrique, un reconocido empresario que ofrece servicios ambientales desde el año 2000, entre esos la gestión de huella de carbono, fue anunciado como Ministro de Ambiente. El 5 de junio de ese mismo año, Lasso y Manrique comunicaron el cambio de nombre de la institución: dejaría de ser Ministerio de Ambiente y Agua para convertirse en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

El cambio se hizo a través del decreto ejecutivo 59, en donde se ordenó el “desarrollo de incentivos que tengan como objetivo la protección de la naturaleza y ecosistemas, reducción de impactos ambientales tales como gases de efecto invernadero”, entre otros. De esta manera, se impulsó el Programa Ecuador Carbono Cero (PECC), lanzado a finales del gobierno de Lenín Moreno, pero que entró en vigencia en octubre de 2021, cuando Lasso y Manrique ya estaban en el poder.

El PECC permite que empresas nacionales obtengan certificados por cuantificación, reducción y neutralización de su huella de carbono organizacional. En ese entonces, para que las compañías compensen las emisiones que no pudieron reducir en proyectos ecuatorianos y así alcanzar los certificados de neutralidad, hacía falta normar el mercado de carbono en Ecuador.

El siguiente paso sería crear el Esquema de Compensación, instrumento que se diseñó mientras Manrique ocupaba el mayor cargo de la autoridad ambiental nacional. El empresario dejó el puesto en abril de 2023 para convertirse en Canciller, poco después, en junio de 2023, el MAATE expidió la norma técnica que establece el Esquema de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Ese Esquema de Compensación emitido en junio de 2023 podría favorecer a las empresas dedicadas al tema de bonos de carbono, según varios expertos ambientales consultados por La Barra Espaciadora. “Han proliferado consultoras que miden huella de carbono, asesoran en cómo reducir y cómo compensar”, dice Melissa Moreano, académica de la Universidad Andina Simón Bolívar y experta en bonos de carbono y mecanismos de conservación de bosques. No descarta que haya empresas con intereses reales en mitigar el cambio climático con acciones efectivas, “hay mucho de ‘greenwashing’; el mayor motor para este sector es que los mercados de carbono producen dinero”.

Entre esas empresas que podrían beneficiarse con la normativa está la Consultora Ambiental Ecosambito, constituida en el año 2002 por Manrique y José Javier Guarderas. De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, Ecosambito consta como uno de los accionistas de Sambiholding; Manrique es el representante legal de Sambiholding, y Ecosambito y Sambiholding son accionistas de Soluciones Totales Sambito. Manrique fue representante legal de Ecosambito en varias ocasiones, el penúltimo de estos periodos entre agosto de 2020 y julio de 2022. Fue nombrado representante legal de la empresa nuevamente en marzo de 2024.

Sambito ofrece servicios de gestión de la huella de carbono a empresas que operan en Ecuador y, de manera ocasional, a empresas establecidas fuera del país.

El ser representante legal de la empresa del sector ambiental no impidió que Manrique fuera titular del MAATE ni que participara en el diseño de la norma para diseñar el Esquema de Compensación, pese a que la Constitución de Ecuador, en su artículo 232, dice que “no podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan”.

Contactado por La Barra Espaciadora, Manrique pidió hacer cualquier pregunta a Guarderas, el gerente general de Sambito, quien explicó a esta alianza periodística cómo funcionan los servicios en gestión de huella de carbono que ofrecen. Empiezan con el inventario de emisión de gases de efecto invernadero de la empresa que se convierte en su cliente. Una vez que Sambito determina el impacto en toneladas de CO2 equivalentes al año, se pasa a la planeación de cómo reducir las emisiones, ya sea con la adquisición de tecnología, mayor eficiencia energética o cambios de comportamiento en el uso de recursos.

Por último, también se contempla la compensación de emisiones mediante bonos de carbono como los que permite el mercado voluntario. Cada bono representa la remoción de una tonelada de dióxido de carbono de la atmósfera terrestre. “Hay que compensar el saldo comprando bonos de carbono o apadrinando un área de bosque que pueda captar las toneladas necesarias”, dice Guarderas. Así se alcanza, explica, la carbono neutralidad de la empresa, que consiste en que no tenga emisiones netas de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono o metano.

El apadrinamiento consiste, según explicó Guarderas, en financiar, total o parcialmente y por un tiempo determinado, la gestión de un bosque a cambio de que la empresa que busca la neutralidad se apropie del carbono almacenado por el ecosistema. “Lo lógico es que se compense en proyectos de Ecuador, ahora hay trabas”, dijo Guarderas. “Cuando se podía compensar en Ecuador, trabajamos con el Municipio de Limón Indanza, luego de que hubo el bloqueo constitucional [se refiere a la Constitución del 2008], el 100% de nuestros clientes lo hacen comprando bonos de carbono en las Naciones Unidas”, añadió.

¿Conflictos de interés?

Manrique representó a Ecuador en varios espacios internacionales de negociación en temas climáticos, incluyendo las cumbres de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) realizadas en Escocia y Egipto. “Creo que hay muchas más oportunidades alrededor de ingresos en bonos de carbono, en pago por evitar deforestación, en conservación de biodiversidad, en protecciones de cuencas hídricas y demás”, dijo Manrique a La Barra Espaciadora en octubre de 2021, un mes antes de la COP26.

Después de su paso por el gobierno de Lasso, tanto en la cartera de ambiente como en la cancillería, Manrique mantuvo su perfil como especialista en el tema de bonos de carbono. En febrero de 2024 participó, junto a quien le sucedió en el MAATE, José Antonio Dávalos, y su entonces subsecretaria Karina Barrera, en el conversatorio Integración a los Mercados de Carbono, organizado por Premios Sacha, una iniciativa que busca identificar y promover programas y proyectos de acción climática en Ecuador.

¿En el diseño del Esquema de Compensación hubo posibles conflicto de intereses? “Sin duda que sí, no es el caso únicamente de Manrique, han existido una serie de casos. A pesar de la disposición constitucional, no existe una ley que regule de forma efectiva los conflictos de interés en el país”, dice Marcelo Espinel, abogado y subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, organismo que en 2021 presentó el proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflictos de Interés (LOPCI), que fue archivada por la Asamblea Nacional.

“Quienes regulan el mercado de carbono tienen que estar libres de conflictos de intereses”, dice Daniel Ortega Pacheco, quien fue ministro de Ambiente entre 2015 y 2016 y hoy forma parte del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM) que busca elevar los estándares de calidad en ese sector.

Varias normativas internacionales sobre el mercado de carbono —añadió— piden justamente evitar ese tipo de puertas giratorias. Por ejemplo, el artículo 2.7.3 del Sistema de Compensación y Reducción de Emisiones de Carbono en la Aviación Internacional (Corsia, por sus siglas en inglés) señala que los programas de compensación “deben contar con políticas que impidan que el personal del programa, los miembros de la junta directiva y la gerencia tengan conflictos de intereses financieros, comerciales o fiduciarios en el gobierno o la prestación de servicios del programa”.

Otros expertos ambientales creen que no hay un conflicto de interés. “Me parece que la norma está construida bajo una estructura que se ha montado en el país y que va más allá del ministro Manrique”, dice Max Lascano, economista experto en mitigación y adaptación al cambio climático y gerente del Programa Socio Bosque entre 2008 y 2016. Se refiere a varias acciones que ha realizado Ecuador, como la implementación de Redd+, que arrancó con la fase de preparación en 2012. Este programa del Fondo Verde del Clima, de pago por disminución de la deforestación, parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

“Dejamos de trabajar con empresas de alto impacto, como minería o petróleo, así sean empresas privadas, durante 30 meses”, dice Guarderas y se refiere al tiempo en el que Manrique estuvo en el gobierno, entre mayo de 2021 y noviembre de 2023. “Una vez que salió de la administración decidimos no tener ningún tipo de negocio o transacción con ninguna entidad pública”, agregó. Siguen en todo caso ofreciendo servicios ambientales relacionados a la compensación de gases de efecto invernadero.

Compensaciones antes de que existiera el Esquema

El posible conflicto de intereses no es el único problema en potencia. Antes de que existiera el Esquema de Compensación, Sambito habría estado ayudando a sus clientes a compensar su huella ambiental a través de la captura de carbono de bosques en Ecuador, pero bajo un sistema de “apadrinamiento”, el cual hasta ese momento no estaba regulado en el país.

En al menos dos casos, la compensación gestionada por Sambito se logró a través del “apadrinamiento” de bosques en Ecuador. En 2019, el Ministerio de Ambiente publicó en sus redes sociales una felicitación al puerto Contecon Guayaquil por la obtención de la Certificación de Verificación de Neutralidad de Carbono, desde el ingreso a la terminal portuaria hasta el embarque de las mercancías. Esto lo habría logrado “por la remoción de 32 762 toneladas de CO2, según el informe de captura de carbono anual en Tinajillas – Río Gualaceño y el área de manglar Cerrito de los Morreños, presentado por Sambito Ecuador”, según señala el Ministerio. El certificado de verificación de neutralidad de carbono, que el Ministerio publicó en sus redes, señala que el informe de captura de carbono fue preparado por Sambito.

La empresa de colchones Chaide es otro cliente de Sambito, promocionándose en su sitio web como “la primera empresa de descanso del país en recibir el certificado Carbono Neutro por parte de la firma Soluciones Ambientales Totales (Sambito)”. A su vez, el sitio web de la empresa de servicios ambientales la incluye en su sección de Clientes. En 2020, Chaide conformó una alianza público privada con el Municipio de Limón Indanza para el apadrinamiento durante tres años de 1082 hectáreas de la misma Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas Río Gualaceño, en la provincia de Morona Santiago, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, con el objetivo de neutralizar su huella de carbono, de acuerdo el diario El Universo. En estos bosques tropicales, húmedos y nubosos habitan especies emblemáticas para la conservación, como el tapir de montaña y el oso de anteojos.

El problema es que entre 2019 y 2020 todavía no existía una normativa, después vendría el Esquema, que establece que cualquier iniciativa de mitigación debe mostrar adicionalidad. En este caso, las iniciativas relacionadas a los bosques no deben solo asegurar la conservación para ser candidatas al intercambio en el mercado de carbono, sino proponer acciones como la restauración con especies nativas o la creación de bosques comestibles.

“El 100% de nuestros clientes compensan comprando bonos de carbono en las Naciones Unidas (desde la Constitución del 2008)”, asegura Guarderas, refiriéndose a la plataforma de United Nations Carbon Offset Platform que lista 72 proyectos avalados por la Convención Marco de Cambio Climático. “Antes de tener normativa ecuatoriana, ya se podía compensar afuera”, señaló José Antonio Dávalos, último ministro de Ambiente de Lasso. Dávalos hace referencia a que las empresas ecuatorianas sí podían acceder a proyectos de compensación ofrecidos en otros países.

Esta alianza periodística preguntó al MAATE sobre cómo Sambito podía gestionar para sus clientes programas de compensación antes de que existiera la normativa. “Existen varios tipos de mercados de carbono a nivel mundial (…) Existen también distintos registros donde se puede acceder a dichas unidades de mitigación verificadas”, respondió el Ministerio el 26 de octubre de 2023, a través de su Dirección de Comunicación.

Retribución por venta, aunque hay transacción

El Esquema de Compensación aprobado por el gobierno nacional a mediados del año pasado creó un marco legal para el mercado voluntario de carbono en Ecuador, permitiendo que empresas nacionales, a través del Programa Ecuador Carbono Cero (establecido en 2021) y empresas internacionales compensen sus emisiones en el país. Antes tuvo que sortear el artículo 74 de la Constitución de la República, el cual establece que “los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. Se refiere a servicios ambientales como el suministro del agua limpia, la descomposición de desechos y, también, la captura de carbono.