- En la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, un espacio que opera como un cinturón de protección para contener los impactos sobre el área protegida, un controvertido hotel abrió sus puertas al público en 2023.
- Se trata del Hotel Boutique Atenas —propiedad de un expolicía con un historial de conflictos por la propiedad de terrenos— que no solo no cuenta con los permisos obligatorios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, sino que se construyó sobre un predio que actualmente es disputado en un juicio por usurpación agravada y desde donde maricultores aseguran haber sido desplazados a mano armada.
Al apagarse el sol en la bahía de Paracas, en el Hotel Boutique Atenas se encendieron las luces techno. Visto desde lejos, era un punto fluorescente parpadeando en la oscuridad de la península. La fiesta inició a las dos de la tarde y para la noche de ese 7 de abril de 2023 el disturbio se hizo vecino de la Reserva Nacional de Paracas (RNP), una de las más emblemáticas áreas marinas protegidas de Perú, donde habitan 1543 especies, algunas en peligro de extinción.
El Hotel Boutique Atenas, la sede del festival electrónico We Out There – 2023, fue noticia al siguiente día. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) no había autorizado esa fiesta. Por los impactos que el ruido y las luces generan en la fauna, ésta nunca debió llevarse a cabo, pero este incidente es apenas un detalle en la controvertida historia que esconde la construcción de este hotel.
El hotel boutique Atenas está ubicado en uno de los 11 sublotes de El Refugio, un terreno de unas 11 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la reserva, a tres metros de ella, frente a la playa Atenas. Hoy, los dueños de ese terreno, enfrentan una disputa contra la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) que los acusa de usurpación agravada, un delito que se comete cuando se invaden predios en circunstancias ventajosas.
Mongabay Latam revisó los documentos registrales de este predio, analizó expedientes judiciales y los oficios que tanto el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y la Municipalidad de Paracas han emitido. El equipo periodístico también visitó la zona y entrevistó a habitantes, funcionarios públicos, abogados y científicos.
Los resultados de esta investigación dan cuenta de una serie de vicios en los traspasos de la propiedad, de obras ejecutadas sin autorizaciones, que podrían generar impactos negativos sobre la reserva y la fauna que este importante sitio resguarda, así como denuncias por desplazamientos violentos que afecta a un grupo de maricultores dedicados al cultivo de conchas de abanico.
Lee más | La violencia replegó al Estado peruano y presiona la Reserva Nacional Tambopata en Perú
“Llegaron con excavadoras y cerraron todo”
Para llegar al Hotel Boutique Atenas se debe atravesar el sector Cequión-Atenas, un área de la Reserva Nacional de Paracas (RNP) que es zona de protección estricta por el “alto valor de su diversidad y abundancia de aves residentes y migratorias”, según señala el Plan Maestro de la reserva. Conduciendo por la carretera Punta Pejerrey, al pasar la urbanización Santo Domingo, una garita de control de ingreso a la RNP solicita una cuota de entrada de 11 soles —poco menos de 3 dólares—, para el mantenimiento del área.
Hasta ahora, el Hotel Boutique Atenas es uno de los pocos espacios turísticos construidos en la zona de amortiguamiento de la reserva, un espacio también denominado “zona colchón”, que rodea el área protegida para reducir los impactos negativos sobre ella, actuando como un cinturón de protección. El hospedaje se presenta bajo el concepto de “lujo” —hospedarse en él cuesta 150 dólares más impuestos—, de “contacto con la naturaleza” y de “disfrute del mar”. Pero los cimientos de esta construcción no son tan pacíficos como su imagen induce.
A unos metros de distancia del Hotel Boutique Atenas hay vestigios que delatan un desalojo que ocurrió tres años atrás, una noche de enero de 2021.
“Llegaron como 300 trabajadores de seguridad con excavadoras y cerraron todo, destruyeron el campamento, no dejaron entrar a nadie, ni a fiscales, ni a autoridades, fue muy violento. Ahí pusieron los letreros de propiedad privada y nos quitaron”, dice uno de los testigos del evento.
El campamento era de una veintena de maricultores que se habían instalado allí, con casetas de madera, desde 1995, cuando la Empresa Nacional de Puertos, según las partidas registrales, era dueña de esos terrenos. Esas casetas, que los maricultores usaban para vigilar su producción de concha de abanico (Argopecten purpuratus) en los lotes marinos que el Ministerio de la Producción (Produce) les había concesionado, fueron destruidas.
Ya antes, en septiembre de 2015, los actuales propietarios de El Refugio habían intentado sacar del territorio a esta población, construyendo un cerco de palos.
“Llegó un grupo de entre cinco a ocho personas armadas, amenazando, traían a 40 obreros para levantar la palizada en donde nosotros estábamos trabajando”, se relata en una de las denuncias ante la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Comisaría de Paracas a la que tuvo acceso este medio.
Esta primera denuncia de los maricultores —que en parte pedía el acceso libre a la playa, como se supone es derecho de todos los peruanos— fue archivada a los nueve meses por la Fiscalía Provincial Penal de Pisco, pues valoró que “los propietarios solo estaban ejerciendo derechos sobre su territorio”.
Cuando el muro dejó de ser de palos y se volvió de concreto, algo que comenzó en diciembre de 2016, los maricultores acudieron de nuevo a denunciar el impedimento de paso hacia sus concesiones marinas. Esta denuncia llegó al despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco.
“Se dedicaron a construir un muro de concreto que no nos permite acceder a nuestros lotes ubicados en el mar, dado que han bloqueado la servidumbre de paso (…) no pudimos impedir nada porque fueron con un gran número de trabajadores y también con personas armadas”, mencionó ante la Fiscalía uno de los maricultores en su declaración. Según describe el maricultor en el escrito, cuando fue con sus compañeros a denunciar lo que sucedía en El Refugio y solicitó la constatación policial, “a regañadientes” el comisario de Paracas envió a un policía. “Al llegar, una camioneta nos cerró el paso, increpando incluso la presencia del policía (…) con el correr de los días sucedió la captura de una mafia de tráfico de terrenos en Chilca. Entre los capturados estaba el comisario de Paracas y otro sujeto que, al verlo en las noticias, pude identificarlo como la persona que nos impidió el paso con la camioneta el día que la policía nos acompañó a la inspección”.
Esta denuncia también fue archivada.
Aunque en 2021 aconteció el último desalojo, los maricultores no lo denunciaron formalmente, pero las huellas que este dejó sirvieron a la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) para presentar una denuncia en contra de dos de los actuales dueños de El Refugio por usurpación agravada. La causa judicial, que aún se encuentra en la Corte Superior de Justicia, no sirvió, sin embargo, como desincentivo de la construcción del Hotel Boutique Atenas que abrió sus puertas al público en 2023.
Lee más | Reserva Comunal El Sira: minería ilegal y narcotráfico presionan área natural de la selva peruana
El Hotel boutique Atenas
El Hotel Boutique Atenas opera bajo el nombre comercial de SUNSET & SEA E.I.R.L., una empresa que, según los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), pertenece a Sandro Espinoza Flores.
Excapitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Espinoza Flores, de acuerdo con su perfil público en linkedin es gerente general de las empresas de seguridad privada: Police Security, que inició empleando a policías estatales activos y que hoy, asegura, solo contrata exempleados, y Armada Security SAC.
El expolicía —activo en medios de comunicación por su cercanía al exoperador montesinista, Óscar López Meneses— ya ha sido sentenciado por usurpación en Lambayeque por apropiarse de un predio con engaño, según consta en las sentencias del Tribunal Constitucional. Ese engaño lo ejecutó mediante una de sus empresas inmobiliarias, Sweet Land SAC, compañía que fue vinculada en 2017 a otros procesos en Chiclayo por fraude y estafa.
La empresa “Police Security”, según consta en distintas actas policiales y oficios de otras autoridades, ha estado encargada de la vigilancia del terreno. Los guardias del hotel además han asegurado que es Sandro Espinoza Flores quien da las órdenes de impedir el paso de las personas por ese predio. Sin embargo, aunque el exagente de la policía es dueño del Hotel Boutique Atenas, no figura en los registros públicos de propiedad de ninguno de los 11 sublotes de El Refugio.
Los eventos que marcan la cronología en el traspaso de esta propiedad y sus dueños son importantes en esta historia, pero antes de profundizar en ese asunto, hay algo más que preocupa a las autoridades ambientales.
Un hotel sin permisos
Si bien en las zonas de amortiguamiento está permitido el desarrollo de actividades productivas, éstas solo pueden llevarse a cabo siempre y cuando no pongan en riesgo a la reserva. Según las normas, la zona de amortiguamiento tiene un ‘tratamiento especial’ con el fin de garantizar la protección y, para asegurarse del cumplimiento de esta condición, los proyectos y construcciones que se realizan dentro de esta zona ‘buffer’ o ‘colchón’, deben contar con la opinión técnica del Sernanp. Así lo establece un Decreto Supremo del Ministerio del Ambiente.
Esta opinión técnica es un mecanismo que se estableció en la Ley de Áreas Naturales Protegidas como una especie de ‘voto de censura’ para los proyectos y es un trámite administrativo que no lo solicitan los ciudadanos, sino las autoridades.
De acuerdo con Silvana Baldovino Beas, experta en territorios y áreas naturales protegidas y directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Sernanp tendría que identificar si la actividad o construcción que se pretende hacer “vulnera de alguna forma o afecta al objeto de conservación del área protegida y sustentar por qué no debería hacerse un proyecto en ese espacio”.
Tras revisar la documentación sobre la construcción del Hotel Boutique Atenas, este equipo periodístico confirmó que su edificación no contó con la autorización del Sernap, puesto que no se solicitó la emisión de compatibilidad ni su informe técnico sobre la construcción.
Según Fernando Quiroz, jefe de la Reserva Nacional de Paracas, cuando hay construcciones que no cuentan con el visto bueno del Sernanp, la entidad informa a la policía especializada en medio ambiente para que haga una constatación y luego remite informes al Ministerio Público. Además, solicita a la alcaldía, municipalidad o gobierno regional información sobre las licencias otorgadas. Pero el Sernanp no siempre recibe respuesta y así pasó en este caso.
En marzo de 2023, el Sernanp envió un informe sobre la construcción de este hotel a la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ica, pero hasta el momento el Sernanp no tiene conocimiento de cómo ha avanzado el caso. Mongabay Latam preguntó a esta institución si es que tenía ya un proceso penal abierto, sin embargo, el fiscal Carlos Ochoa Flores se negó a brindar información.
Las diligencias del Sernanp para dar cuenta de infraestructuras que se estaban levantando sin su autorización ya habían comenzado un año antes.
Del lado de la península, la franja de playa de la bahía Paracas es estrecha, resguardada por acantilados. Para hacer de este lugar una zona turística con acceso al mar, es necesario conectar la parte de arriba del acantilado con la playa mediante, por ejemplo, una escalera. El Hotel Boutique Atenas, así decidió hacerlo.
Esa fue la construcción de material noble que el Sernanp advirtió el 7 de enero de 2022.
“Al acercarse el personal guardaparque a la zona, encontró a tres personas quienes, en ese momento, se hallaban construyendo la escalera y que al notar la presencia del personal guardaparque dejaron de realizar la construcción”, se lee en un informe del Sernanp sobre la obra.
Al siguiente mes, en febrero de 2022, el Sernanp envió un oficio al despacho de la alcaldesa Rosario Isabel Ramírez Gamboa pidiendo información sobre las licencias de construcción. Al no recibir respuesta, el servicio insistió el 13 de abril y de nuevo el 22 de junio.
En 2023, el 6 de marzo, ya con el cambio de administración, el Sernanp le envió un oficio al actual alcalde Omar Bohórquez Huertas, con carácter de urgente, para que la alcaldía remitiera la existencia de títulos habilitantes y permisos de ejecución de obras de infraestructuras. Pero tampoco obtuvo respuesta.
Tras cinco oficios sin responder enviados a la Municipalidad de Paracas, y sin la autorización del Sernanp, en 2023 el Hotel Boutique Atenas anunció que abría sus puertas a todo huésped a través de la plataforma de hospedajes Booking.
“La norma está clara, pero el reto es cómo convencemos también al actor político. Ese es el reto, más allá de la norma: cómo generamos espacios y conciencia para que el actor regional también vea a las áreas naturales protegidas como una oportunidad. Que el actor distrital, también proteja al natural y lo vea como una oportunidad”, dice Fernando Quiroz, el jefe de la RNP.
Este equipo periodístico también consultó a la Municipalidad de Paracas por los oficios enviados por el Sernanp, pero no obtuvo respuesta.
Que la construcción del hotel no cuente con la opinión técnica del Sernanp implica que no se ha evaluado su impacto ambiental en la zona y que no se sabe, por ejemplo, cómo este trata sus aguas. Esto preocupa a los maricultores, pues la concha de abanico, el recurso que cultivan en ese lugar, se exporta en un 99 %. Su negocio, sin embargo, depende de que puedan cumplir con los requisitos del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).
“En el procedimiento de fiscalización se revisa todo con mucho detalle. Casi la mayoría de lo que cosechamos es para exportación y debemos cumplir con los estándares de sanidad que nos indican”, explican los maricultores entrevistados por este equipo periodístico y que prefieren mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias. “Si se desarrollan todos los proyectos de El Refugio tendrían que estar también en permanente fiscalización, con planes de impacto ambiental y contaminación, para que podamos seguir trabajando”, comentan.
En total, en la península de la bahía de Paracas, donde está El Refugio y el hotel boutique Atenas, hay 34 concesiones para la producción de este molusco, pero varios de los maricultores se han ido, cansados de pelear su derecho a permanecer en la zona.
De hecho, en el mar justo frente al hotel, las universidades públicas San Luis Gonzaga, de Ica, y la Universidad Agraria la Molina, de Lima, tienen concesiones hasta el 2025. Su titular anterior, un maricultor que se enfrentó durante años a los propietarios de El Refugio, decidió transferirlas para fines científicos.
“Me sorprende la inacción, la parsimonia, la falta de iniciativa de protección del medio ambiente”, opina Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del área de litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL). En esta inacción el abogado observa responsabilidad penal para los funcionarios, omisión y hasta otorgamiento de servicios indebidos.
De acuerdo con Ruiz Molleda, al Estado le corresponde tomar acción en distintos frentes: por un lado, el Sernanp, a través de su Procuraduría, podría interponer un amparo. Según el abogado, el Tribunal Constitucional ya ha dejado antes en claro que, por sobre la titularidad de predios otorgada con anterioridad a la creación de una área natural protegida, está la certeza de que los proyectos que se quieran edificar no atenten en contra de los principios de creación de un área protegida. Además, dice, debe exigirse un estudio de impacto ambiental y promover una investigación penal.
El sosfisticado proceso de propiedad de El Refugio
El terreno de El Refugio pertenecía a la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).
En esa zona, en la punta de la península de Paracas, se construyó, en 1969, el Puerto General San Martín. Al decretarse la creación de la Reserva Nacional de Paracas, en 1975, el espacio alrededor del puerto se dejó libre de la condición de área protegida, pero se catalogó como zona de amortiguamiento.
Oficialmente, en 1969, el Estado registró este predio como suyo y, en 1985, lo transfirió a la Enapu.
Pero en 1994, con una resolución de la Dirección de Agroindustria de la Región Libertadores Wari, ese predio, El Refugio, se adjudicó al Ministerio de Agricultura, generando duplicidad de partidas registrales lo que quiere decir que quedó inscrito tanto a nombre del ministerio como de la Enapu.
Al año siguiente, en marzo de 1995, Luis Atilio Humberto Francisco Corbetto Rossi, empresario dedicado a la producción de pisco y vino, consiguió la posesión de El Refugio, que le permitía hacer uso del predio sin ser su dueño. La posesión, no obstante, fue entregada por el Ministerio de Agricultura bajo la condición de que, por dos años, el terreno fuera destinado a fines agrícolas.
Al cumplirse un año, sin embargo, en marzo de 1996, Corbetto Rossi solicitó el cambio de uso de suelo, de terreno agrícola a urbano, y su petición fue consentida por la Municipalidad Provincial de Pisco.
Más tarde, en sociedad conyugal, el empresario y María Laura Peschiera Fernández, agente inmobiliaria, acudieron al juzgado civil para obtener la propiedad del terreno. Lo hicieron mediante un juicio que tenía como objetivo acreditar la posesión de un inmueble ante un juez. En noviembre de 2000, la juez suplente del Juzgado Especializado en lo Civil de Pisco, Lily Yarmas de Luna Victoria, declaró a Luis Atilio Humberto Francisco Corbetto Rossi y su esposa propietarios de El Refugio.
La decisión de la juez cambió las cartas del juego para el matrimonio, pues, al ser propietarios, ya no tenían que cumplir las condiciones del Ministerio de Agricultura que ordenaba que el terreno fuera destinado a fines agrícolas.
Dos meses después de esa sentencia, la Enapu solicitó ante el juzgado civil la declaración de su nulidad por no haber sido notificada, pero antes de que esto fuera resuelto, en junio de 2001, Corbetto Rossi vendió El Refugio, por 30 000 soles (menos de 8 000 dólares), a Julio César Girao Olaechea, de profesión abogado.
El juicio de la Enapu contra Corbetto Rossi duró siete años y concluyó dándole la razón al empresario.
La Enapu apeló esa sentencia, la perdió, y el número de propietarios de El Refugio fue incrementando poco a poco.
Sobre cómo se dio el traspaso de tierras, “una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea correcto”, opina la abogada Baldovino Beas.
“Es muy común, en el tema de tierras, que se utilicen todos los mecanismos que da la ley para quedarse con las propiedades. Acá han utilizado el conocimiento legal para hacerse del predio. Conocimiento incluso desde la debilidad de la Enapu. Generalmente hay gente que sabe dónde están estos predios y que te dicen ‘este predio está libre’, o ‘este predio lo puedes prescribir’”, explica la experta.
La propietarios
En septiembre de 2012, Julio César Girao Olaechea, el nuevo dueño del predio, solicitó a la Municipalidad de Paracas la división de El Refugio en 11 sublotes, nombrándolos en orden alfabético desde la A hasta la K.
“La subdivisión hace que las propiedades se vendan a mejor precio, da la posibilidad de vender un proyecto de vivienda o comercial con algún concepto de exclusividad. Generalmente se hacen esas divisiones para decir ‘en este proyecto vas a tener de vecino a tal y se va a generar esta oferta exclusiva”, dice Baldovino Bea.
En los años que siguieron, el historial de compra y venta de estos terrenos involucró a un club náutico y a empresarios inmobiliarios, algunos de ellos con antecedentes penales como la usurpación de otros predios e incluso haber participado en procesos vinculados a corrupción. Pero en 2017, los terrenos que aún no habían sido vendidos regresaron a manos de Corbetto Rossi y Peschiera Fernández luego de que Julio César Girao Olaechea les donara el 60 % de su propiedad. Estos fueron 7 lotes y entre ellos se encuentra el sublote J, en donde se edificó el Hotel Boutique Atenas. Según los registros, dicho lote es propiedad en un 40 % de Girao Olaechea y en 60 % de Corbetto y Peschiera.
¿Por qué al final regresó gran parte de El Refugio, a título gratuito, a Corbetto Rossi y Peschiera Fernández? Consultado al respecto, Girao Olaechea respondió a este medio que el motivo fue netamente personal y privado.
Los movimientos inmobiliarios fueron poco visibles en El Refugio hasta 2016. Con excepción del cerco de palos instalado para evitar el ingreso de los maricultores, el lugar seguía siendo un tranquilo pedazo de tierra costero, pegado a la reserva de Paracas. Pero las cosas cambiaron a partir de 2017, cuando el cerco se transformó en uno de concreto.
Por trabajos con maquinaria y destrucción de riscos en El Refugio hay, al menos, cuatro procesos penales abiertos por el delito de alteración del paisaje. Según confirmó este medio, Girao Olaechea es investigado en uno de ellos. También hay dos en contra de representantes de la empresa Rústica, una cadena de restaurantes y bares que anunció la apertura de uno de sus hoteles en esta zona.
Invasión de linderos
En las 11 partidas registrales de El Refugio, los propietarios han intentado ampliar sus sublotes mediante “ratificaciones de área” por entre 500 a 6000 metros cuadrados adicionales, a lo que la Enapu, dueña de los terrenos colindantes, se ha opuesto.
Si bien El Refugio no ha logrado ser expandido legalmente, en la práctica, según la Enapu, sí lo ha hecho. Así lo sostiene en el juicio de usurpación que inició tras el desalojo de los maricultores en 2021, en el que denunció la invasión de su propiedad, señalando a Corbetto Rossi y Girao Olaechea —los dueños de la mayor parte del predio— como los responsables.
“Los imputados Julio César Girao Olaechea y Luis Atilio Humberto Francisco Corbetto Rossi, conjuntamente, con un grupo numeroso de sujetos desconocidos, irrumpieron violentamente con maquinaria pesada tipo retroexcavadora en el terreno denominado Área Remanente Nº 03, destruyendo todos sus linderos y construcciones que se encontraban en el lugar, para luego colocar bloques de concreto en forma de pared”, se detalla en la descripción de la carpeta de investigación por la invasión del territorio de la Enapu.
Los letreros de propiedad privada que fueron colocados en el lugar en donde estaban asentados los maricultores, así como las huellas de la retroexcavadora y los postes destruidos de señalización de linderos de la Enapu sirvieron de prueba para demostrarlo.
Según Girao Olaechea, la Enapu “siempre ha querido apropiarse” de su terreno y, dado que “por la vía civil no ha podido lograr su objetivo, ahora está recurriendo a la vía penal”. Además, señaló a Mongabay Latam, que la Empresa Nacional de Puertos ha pretendido también el cierre administrativo de su partida electrónica, es decir, de su título de propiedad, “después de que por sentencia, el Poder Judicial declaró válidas mis inscripciones”.
Sobre las denuncias de desalojo con personas armadas, Girao Olaechea aseguró no tener conocimiento, aunque comentó que “en la zona constantemente se dan enfrentamientos entre Maricultores”. Según Olaechea, “muchos de ellos, ilegales o valiéndose de las concesiones legalmente otorgadas, hacen uso indebido de los predios costeros, destruyendo el risco para ganar terreno y convertirlos en playa y poder construir campamentos ilegales”. Además, agregó que “es sabido que en la zona operan mafias conformadas por seudos extractores o pescadores, cuya única finalidad es apropiarse de los predios, dichas situaciones se han puesto a conocimiento de la DICAPI, ella Sernanp y la PNP. Pero estas entidades nunca han hecho nada al respecto”.
El Juicio de la Enapu en contra de Corbetto Rossi y Girao Olaechea por el delito de usurpación agravada – alteración o destrucción de linderos, aún no concluye y está en revisión en la Corte Superior de Justicia.
La acusación fiscal, ya presentada dentro del proceso, ha solicitado cinco años de pena privativa de libertad contra Corbetto Rossi y Girao Olaechea, así como el pago por reparación civil de 5000 soles (poco más de 1300 dólares) y la restitución de 22 mil 462 metros cuadrados de territorio usurpados.
Lee más | Dura amonestación de la Corte Constitucional a empresas de carbono y al Gobierno colombiano
Desarrollos “ecoamigables”
En el sector de Cequión-Atenas, la zona de la reserva que necesariamente se debe atravesar para llegar a El Refugio y al hotel boutique Atenas, hay —de acuerdo con los registros del Sernanp— piqueros (Sula nebouxii), camineras peruanas (Geositta peruviana), cormoranes guanay (Phalacrocorax bougainvilli), flamencos chilenos (Phoenicopterus chilensis), pelícanos peruanos (Pelecanus thagus), golondrinas de la tempestad (Oceanodroma hornbyi), zarcillos (Larosterna inca) y gaviotines peruanos (Sternula lorata). Todas esas aves están en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
“Los gaviotines peruanos son unas aves muy pequeñas, casi del tamaño de una golondrina, que anidan en esa zona, al oeste de la península, en las colinas”, detalla Carlos Zavalaga Reyes, biólogo marino, investigador de la Universidad Científica del Sur, especializado en aves.
El gaviotín peruano es, de acuerdo con el investigador, una de las especies marinas más raras que hay en el Perú. Junto con el Smithsonian Conservation Biology Institute, Zavalaga investigó el efecto del tránsito de vehículos en esta especie y, entre sus hallazgos, descubrió que esta ave tiene en Paracas su mayor colonia, pero es tan vulnerable que solo halló cerca de 40 nidos. Un detalle sobre su localización es que esta colonia está completamente atravesada por la carretera que va al Puerto de San Martín, la que se dirige al Hotel Boutique Atenas.
“Esta zona ya tiene un tránsito industrial debido al Puerto San Martín, ahora incrementarlo un poco más debido a las actividades hoteleras sí podría impactar a las aves. Será necesario evaluarlo, pero que los vehículos van a atravesar la colonia, sí lo van a hacer”, comenta.
En el libro rojo de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) se añadió la anotación, citando una investigación de Zavalaga Reyes, de que las actividades recreativas, los autos de los pescadores y turistas que ingresan a zonas fuera de trochas, el uso de aguas de humedales para la irrigación y la conversión de desiertos en tierras agrícolas son las principales amenazas de estas aves.
“El hombre lleva disturbios a los lugares inhabitados, con él llegan también perros, gatos y roedores, por más que se hable de ‘construcciones rústicas’. Yo ahí veo kayaks, canoas, sombrillas. La zona de amortiguamiento ya no es ‘amortiguamiento’, porque su función es la de proteger la reserva ante la presencia humana, pero hay actividad humana directa de alto impacto”, dice el científico.
Además del Hotel Boutique Atenas, dos establecimientos más fueron construidos atravesando la reserva. Uno de ellos es un conocido restaurante y hospedaje, y el otro es una vivienda localizada en Punta Ripio.
De acuerdo con José Carlos Silva Macher, especialista en economía ecológica, “todos estos complejos inmobiliarios y hoteleros tienen que asumir compromisos frente a las comunidades sociales y ecosistémicas que afectan, y no pensar que es una tarea para funcionarios de bajo rango que quizá no vigilan tanto”.
Tanto Zavalaga Reyes como Silva Macher coinciden en que un proyecto, para ser ‘ecoamigable’, debe considerar no solo los paneles de luz solar o la separación de tachos por colores, sino sincerar cómo impacta en el funcionamiento de un ecosistema.
La presión sonora en los ambientes genera estrés fisiológico en las especies, entre otras consecuencias, como su reducción en número, aseguran los expertos.
Además, “las golondrinas de la tempestad son muy susceptibles a la luz. Cuando hay mucha luz en los alrededores de sus colonias son atraídas a ella y se desorientan, y caen como si fueran insectos. Pueden venir muchas golondrinas desorientadas a estas zonas hoteleras que justamente en épocas o en días en que hay estas fiestas grandes, con luces potentes y alto volumen de sonido, pueden verse perjudicadas; y hay otros impactos directos en las aves que descansan en la zona costera”, explica Zavalaga.
Nada de eso consideró el Hotel Boutique Atenas cuando se construyó, ni cuando habilitó su muelle para el disfrute de sus huéspedes y mucho menos cuando celebró su festival electrónico. En la misma situación se encuentran las otras dos construcciones instaladas en la Península de Paracas. Todas, al ser informales, ni siquiera son fiscalizadas.
Mongabay Latam buscó recoger los testimonios de Luis Atilio Humberto Francisco Corbetto Rossi, María Laura Peschiera Fernández y Sandro Espinoza Flores, pero hasta la publicación de este reportaje ninguno respondió.
*Equipo periodístico: Karen de la Torre, Michelle Carrere, Alexa Vélez, Vanessa Romo
*Imagen Principal: Hotel Boutique Atenas. Foto: Gerardo Marín.