- Cuadrillas de mineros ilegales operan con maquinaria pesada muy cerca de la reserva, en la comunidad nativa Nuevo Unidos Tahuantinsuyo y otras que conforman la zona de amortiguamiento del área protegida, en la región Huánuco, selva central del Perú.
- El jefe de la reserva comunal señala que no hay minería ilegal en el área natural desde 2018. Además, información oficial da cuenta de que El Sira concentra 70 hectáreas de coca y su zona de amortiguamiento, 1223.
- Mongabay Latam llegó a Nuevo Unidos Tahuantinsuyo —donde constató el avance de la minería hacia la reserva— y a Nueva Austria del Sira, comunidad oprimida por la invasión de tierras, el narcotráfico y las amenazas contra sus pobladores y los encargados de proteger el área natural.
La estructura más fuerte en el centro de Nuevo Unidos Tahuantinsuyo no es la escuela de educación inicial o la de primaria, ni la posta médica o alguna de las 46 casas hechas de madera y calaminas en esta comunidad nativa de la provincia de Puerto Inca, región Huánuco, en la Amazonía peruana. El armazón de mayor solidez y tamaño (unos siete metros de alto por tres de ancho) corresponde a una excavadora averiada y, por ello, detenida a un lado de la carretera que traza el pueblo, como una representación perenne de la amenaza predominante aquí: la minería ilegal.
Con la misma potencia que supone aquella enorme maquinaria dañada, otras en perfecto estado operan sin tregua sobre los ríos Yuyapichis y Negro, cuyas aguas discurren por Nuevo Unidos Tahuantinsuyo, y sus anexos, hasta la Reserva Comunal El Sira, área natural protegida de alta biodiversidad.
Los focos de minería ilegal están desperdigados en casi 80 hectáreas de la comunidad. A diario, según lo constató Mongabay Latam, al menos 18 excavadoras escarban suelo cada vez más cercano a la reserva, en lo que parece ser una incontenible búsqueda de oro que pronto penetrará el área natural.
“Ellos se creen dominantes porque tienen poder económico y muchas veces las comunidades están abandonadas por el Estado. Crean problemas internos, las comunidades se dividen y la destrucción avanza a la reserva”, narra el presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Puerto Inca, Fernando Carpio.
Las reservas comunales constituyen una categoría dentro del sistema de áreas naturales protegidas del Perú, que administra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). En ellas está permitido el aprovechamiento de ciertos recursos naturales de forma sostenible por parte de las poblaciones locales, prioritariamente, y bajo un estricto plan de manejo; pero no se admite la actividad minera dentro ni en las zonas de amortiguamiento en que el Sernanp haya emitido opinión desfavorable.
Las 616 413 hectáreas de la Reserva Comunal El Sira abarcan parte de las regiones Huánuco, Pasco y Ucayali, y albergan unas 200 especies dentro de su composición vegetal. En su extenso bosque primario existen categorías en riesgo como los árboles de caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), palo rosa (Aniba rosaeodora) e ishpingo (Amburana cearensi). El área protegida, además, es hábitat de cientos de mamíferos, como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y el maquisapa (Ateles belzebuth), y de aves representativas como el paujil (Pauxi koepckeae) y el picaflor del Sira (Phaethornis koepckeae). Las cuencas de los ríos Ucayali, Pichis y Pachitea también conforman parte de su geografía. En todo ello reside la importancia de la conservación de la reserva y, en consecuencia, de las comunidades asháninkas, yáneshas y shipibo conibo que viven en sus contornos.
Toda esta biodiversidad corre grave peligro con la permanente arremetida de las maquinarias de excavación minera en la zona de amortiguamiento del área natural. Una crisis manifiesta en bosque arrasado, desastre y contaminación, tomando en cuenta que entre el 2001 y el 2022 se han perdido 7062 hectáreas dentro de El Sira y 73 529 hectáreas en la zona de amortiguamiento, según información de la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente peruano. Esto equivale a más de 780 y 8100 veces, respectivamente, el actual tamaño del aeropuerto Jorge Chávez.
El acecho minero a la reserva
Sentado en un extremo del local comunal de Nuevo Unidos Tahuantinsuyo, Jairo Alcedo, quien fue jefe del pueblo hasta el 30 de octubre de 2023, dice que las cuadrillas de ilegales arremetieron a mediados de 2022, y focalizaron la extracción de oro en dos grandes ámbitos: Pampas Verdes, un anexo bordeado por el río Yuyapichis, y en la franja conformada por los sectores de Pueblo Libre y Bella Vasconia, que baña el río Negro. Esta última se encuentra en la colindancia de la comunidad nativa con la Reserva Comunal El Sira.
En Tahuantinsuyo, nombre con el que comúnmente es llamado este pueblo de la etnia asháninka, la presión de la actividad ilegal sobre el área natural protegida avanza sin control. Las operaciones se realizan a menos de 300 metros de la reserva y van en aumento.
“Esta parte de la zona de amortiguamiento de la reserva ya está afectada. Ahora el peligro crece a diario para el área protegida”, apunta Jairo Alcedo con visible desesperanza. En el Perú, las actividades realizadas dentro de las zonas de amortiguamiento no deben poner en riesgo los fines de conservación del área natural, pero esto en Tahuantinsuyo es una utopía.
Nadie en la comunidad de Alcedo sabe cuánto de contaminación por mercurio tienen los ríos Yuyapichis y Negro a causa de la minería ilegal. Tampoco, que el proceso para seleccionar las partículas de oro, levantadas entre arena y sedimentos de los cauces, se realiza con aquel metal pesado. Los casos por desnutrición, anemia y parásitos son los de mayor incidencia en la posta médica de Tahuantinsuyo, donde un técnico en enfermería atiende apenas entre las ocho de la mañana y la una de la tarde. Los comuneros creen que la minería ilegal todavía no les ha causado enfermedades, pero el fuerte incremento de la actividad ha empezado a preocuparlos por su salud tanto como por la afectación de su ámbito de vida.
“Tenemos que pedir un diagnóstico del agua porque el mercurio acaba la vida”, comenta un grupo de comuneros rumbo a Pueblo Libre y Bella Vasconia, sectores de Tahuantinsuyo en donde 14 excavadoras revuelven por turnos unas 50 hectáreas del río Negro.
Además de aquellas 14, Mongabay Latam confirmó que había cuatro excavadoras moviéndose en un margen de 30 hectáreas del anexo Pampas Verdes. Aquí, la incesante actividad extractiva ha corroído las riberas del Yuyapichis, desde una distancia aproximada de cuatro kilómetros en línea recta hacia el área protegida.
“Mire todo lo que ha crecido la destrucción. Si esto sigue así, en poco tiempo va a llegar a la reserva”, alertan los pobladores asháninkas. La presencia de los ilegales no solo se concentra en Pueblo Libre, Bella Vasconia o Pampas Verdes. Por la carretera que cruza el centro de Tahuantinsuyo, camionetas con mineros y bidones llenos de combustible transitan a toda hora. De hecho, los vehículos donde se movilizan los ilegales, y unas pocas motos furgonetas, se han convertido en la única opción para salir desde Tahuantinsuyo a la ciudad de Yuyapichis. Un recorrido que hasta inicios de 2023 los comuneros hacían a pie por más de cuatro horas.
Tahuantinsuyo es una de las 69 comunidades nativas ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, esto es, dentro del espacio adyacente al perímetro del área natural. Para llegar al centro de la comunidad hay que viajar primero al distrito de Yuyapichis, de donde parten los vehículos cargados con insumos y herramientas para la minería. Sin embargo, nadie que no sea identificado como operario de las zonas de excavación o habitante de los anexos del pueblo puede abordar las camionetas. Los transportistas y mineros que allí se desplazan reconocen a cualquier extraño y no le permiten el acceso.
El equipo periodístico de Mongabay Latam consiguió ingresar a Tahuantinsuyo en la moto furgoneta de un comunero opositor a las extracciones de oro. Fueron dos horas de un camino terroso y abrupto que, de acuerdo con el conductor, quedó habilitado el año pasado por los mineros que todos los días entran y salen de los sitios de excavación.
El exjefe Alcedo lo corrobora sin resquemores: “Desde hace 30 años hemos tocado las puertas de distintas instituciones del Estado y nunca tuvimos resultados. Entonces, por necesidad y por obligación buscamos aliados para hacer realidad esta trocha carrozable, sino seguiríamos incomunicados”. Jairo Alcedo estaba próximo a terminar su periodo como jefe de Tahuantinsuyo en el momento que declaró durante la cobertura de Mongabay Latam. Su comunidad ha seguido siendo vulnerada por la minería y actualmente todo el contexto, incluso, ha empeorado. Fernando Carpio, de Feconapia, alerta que las excavaciones ya comprenden un ámbito mayor a las 80 hectáreas y que el número de maquinarias se estira gradualmente.
Amenaza palpitante
Efraín se seca el rostro con el reverso de la mano derecha y, como acto reflejo, su índice apunta al fondo del barranco que cae al río Yuyapichis. Perfila un espacio en el aire y así, a la distancia, trata de dimensionar el área del río donde la minería ilegal operó sin pausa por tres meses: de junio a agosto de 2023. El trecho que intenta describir en este costado de la comunidad nativa Nueva Austria del Sira abarca varias pilas de piedras y cauce removido en el Yuyapichis, y se prolonga hasta unos extensos maizales que han crecido en torno a las construcciones de madera instaladas por los ilegales. En cálculos de Efraín, un exdirigente de la comunidad asháninka que por seguridad prefiere identificarse solo así, el enclave minero cubría casi 82 hectáreas de la comunidad nativa. Las casas de las 12 familias asháninkas que viven en Nueva Austria están a solo 200 metros del lugar que retumbaba por las excavadoras. Más cerca todavía, pero del otro lado del barranco, surgen los bosques de la Reserva Comunal El Sira.
De ahí que la minería ilegal ha sido y aún configura una grave amenaza para el área natural protegida también desde este pedazo de la Amazonía peruana. Efraín recuerda que su pueblo vivía aturdido con el estruendo de las rocas del río que las máquinas remolcaban hasta de madrugada. Frente al débil caudal, detiene la mirada y arruga su semblante: “Esas aguas eran nuestra fuente de vida, ahora el pescado es malo y dañino”.
En la que era la zona de extracción, el Yuyapichis todavía concentra una coloración marrón brillosa. Los comuneros lo atribuyen a las altas dosis de mercurio que fueron vertidas en el río. La orilla que ladea la pendiente donde se alza la reserva ha quedado carcomida y deforestada por las excavadoras. El mismo panorama de selva mutilada y contaminación, detalla el exdirigente, presentaban las parcelas donde ahora han crecido los maizales.
Las constantes alertas de los comuneros propiciaron que la fiscalía y la Marina de Guerra lleguen dos veces a Nueva Austria, pero en ninguna hallaron a los mineros ni sus maquinarias. Por eso, Germán López, vicepresidente de Ecosira, organización indígena que administra la Reserva Comunal El Sira, está convencido de que el retiro de los ilegales es solo temporal, pues saben bien cómo escabullirse de las autoridades. “Ellos salieron porque no tuvieron la producción que esperaban. Si hubieran encontrado más oro, seguirían”, afirma. Pero nada, asegura López, será un impedimento para que vuelvan a ingresar y asentarse en otro punto de la comunidad que atraviese el río Yuyapichis. Esa es la principal preocupación para las familias indígenas de Nueva Austria. Efraín compone un gesto de angustia y explica: “Su campamento lo dejaron intacto, nosotros no queremos derribarlo por temor a las represalias. Además, tienen el acceso abierto por la carretera que construyeron”.
Sector del río Yuyapichis, en Nueva Austria del Sira, hasta donde operó la minería. El bosque de enfrente ya es parte de la reserva comunal. Video: Enrique Vera.
Nueva Austria del Sira queda al norte de Tahuantinsuyo, aunque ir del centro de una comunidad al de la otra puede demandar hasta un día de recorrido a pie. Sin embargo, la mayor distancia entre Tahuantinsuyo y Nueva Austria no es esa, sino una que está cifrada en años: la primera está titulada desde 1994 y la otra lleva una lucha de más de dos décadas (fue creada en 1998) por obtener su seguridad jurídica. Tal condición ha permitido que las invasiones en Nueva Austria den paso al establecimiento de diversas economías ilegales. La raíz, consideran sus habitantes, está en Paujil, un centro poblado que fue fundado por personas no indígenas en la frontera con Tahuantinsuyo. Germán López señala que el único objetivo de quienes se asentaron allí fue el aprovechamiento de los árboles maderables, perjuicio que extendieron a distintos sectores de Nueva Austria, donde también ocuparon parcelas y abrieron chacras. Pese a que era un territorio indígena en vías de titulación, los invasores obtuvieron constancias de posesión e incluso títulos de propiedad otorgados irregularmente por la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco.
En un mapa que despliega sobre la mesa del local comunal de Nueva Austria, Efraín indica que el terreno de 82 hectáreas en que los mineros ilegales permanecieron hasta agosto pasado había sido invadido por un antiguo habitante de Paujil, que luego lo vendió a otros dos foráneos. Ellos, a su vez, precisa el exdirigente asháninka, negociaron la enorme parcela con los mineros. Fue entonces que los ilegales implementaron una vía de cinco kilómetros en una zona donde, hasta junio de 2023, los comuneros de Nueva Austria debían caminar por cinco o seis horas para llegar a la comunidad. A través de la carretera habilitada, tal como ocurre en Tahuantinsuyo, los mineros introdujeron las excavadoras e insumos para el procesamiento del oro. Por allí ahora es posible también ingresar hasta el centro de Nueva Austria, luego de un trayecto de dos horas en moto furgoneta desde el distrito de Puerto Inca.
“La larga espera por la titulación de Nueva Austria del Sira ha creado un gran riesgo. Sigue la posibilidad de que los invasores o mineros ilegales puedan entrar a la comunidad, que está bien pegada a la reserva. La presión a los comuneros asháninkas y el área protegida es latente”, dice a Mongabay Latam uno de los 22 guardaparques a cargo del control de la conservación en la Reserva Comunal El Sira, que pidió la protección de su nombre.
La presión del narcotráfico
Así como fue invadida el área de Nueva Austria del Sira, que en 2023 albergó las operaciones mineras, más de un centenar de parcelas, dentro del territorio que Nueva Austria tiene en pedido de titulación, ya habían sido usurpadas y deforestadas para entonces. Hasta el 2017, la Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yáneshas (UNAY) verificó que la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco había entregado indebidamente 104 títulos para esos terrenos. En su extensa jurisprudencia sobre la propiedad de los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los estados deben abstenerse de conceder derechos a terceros en territorios reclamados por comunidades nativas.
Germán López sostiene que a la fecha ya son 129 títulos individuales otorgados, muchos de los cuales fueron vendidos a nuevos ocupantes, quienes han ido talando los árboles a fin de comercializar la madera o para expandir sembríos de hoja de coca. Es decir, el tráfico de tierras continúa sin control y los delitos en que deriva arremeten cada vez más en las proximidades de la Reserva Comunal El Sira. La violencia cerca del área natural llegó a su nivel más perverso con el asesinato del líder asháninka Mario López, en Pasco. Fue en junio de 2022, cuando López libraba una ardua lucha por proteger su territorio del narcotráfico y el desbosque.
Con un registro de la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente en sus manos, el exdirigente Efraín relata que en 2020 Nueva Austria presentaba una deforestación de 1864 hectáreas. Ahora calcula que, cuanto menos, la depredación de los bosques alcanza las 2000 hectáreas.
Lo concreto es que la población asháninka aquí está diezmada y replegada. Los comuneros habitan en un espacio no mayor de 10 hectáreas, donde además está el local comunal y el colegio del pueblo, cuando su territorio tiene una extensión de 13 184 hectáreas. Un profesor imparte clases a apenas cinco niños de diferentes edades y grados de estudio. Son los únicos escolares que han quedado en toda la comunidad. Antes eran 35 familias, pero el hostigamiento de los invasores obligó a que la mayoría pobladores huya con sus hijos.
“Nos dicen que Nueva Austria no existe, que nos vayamos porque van a seguir tumbando nuestra selva para hacer chacras. Ellos andan con armas, por eso muchos vecinos se han ido”, acusan dos campesinos que hasta ahora han resistido los embates.
Uno de ellos refiere que las advertencias de devastación se han cumplido en diferentes tramos de un camino que penetra en el bosque comunal y culmina sobre una loma con matas de coca recubiertas por otros arbustos. Se trata de un extremo de Nueva Austria bastante alejado del centro del pueblo, pero próximo a los límites del área natural, y que el agricultor conoce bien. Él inicia la marcha por una cuesta que flanquean árboles de shiringa y, a ratos, una empalizada de vegetación disímil. La ruta traspasa zonas de bosque plano y chacras de frutales que los comuneros han podido conservar. Luego se pierde entre el follaje espeso que el agricultor despeja trazando semicírculos con un machete. Es el mediodía y la temperatura debe raspar los 34 grados; sin embargo, hay momentos de llovizna y truenos que ahogan el canto de las aves y las resonancias del río Yuyapichis.
El techo de ramas que provee el bosque se interrumpe bruscamente cuando el sendero llega a una enorme explanada de troncos cercenados y aún humeantes. Es la primera parcela invadida y depredada que depara el rumbo. La práctica de la roza y quema evidencia que el terreno será utilizado para extender algún cultivo. El resto del trayecto traerá escenarios similares: áreas deforestadas en llanuras y elevaciones con breves intervalos de selva en pie. Hay terrenos devastados con sembríos de coca nacientes, y otros donde toda la madera parece haber sido extraída pues solo acogen unos cuantos trozos de árboles alrededor de casitas rústicas. “Estas son las invasiones, aquí se entregaron títulos individuales, después cada parcela fue traficada”, denuncia la voz ronca del agricultor. Sabe que estamos cruzando territorios peligrosos, pero lo tranquiliza que el recorrido continúa sin sobresaltos.
“Las autoridades no quieren venir, nadie ha llegado, ni siquiera porque al frente nomás está la reserva comunal”, añade mientras observa las cumbres verdosas del área natural, situadas en el borde opuesto del Yuyapichis.
De repente, el campesino se detiene en seco contra dos troncos colocados, uno al lado del otro, en la entrada a un nuevo sector de vegetación arrasada. A manera de letreros de advertencia y restricción ante cualquier actividad de control, cada uno lleva inscripciones puntuales y directas. “Muerte a los soplones”, dice en el más grande. En el otro: “Sernanp, RCES, Ministerio del Ambiente”, es decir, los nombres cortos y siglas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Reserva Comunal El Sira, además de la cartera del Estado peruano de la cual dependen ambas oficinas que trabajan en la conservación de la reserva.
La amenaza manifiesta funciona también como un siniestro anuncio de lo que resta, o sea, selva muerta, ya sin ningún resquicio de bosque, y al final, en una colina que contornea el río, matorrales diseminados entre las plantaciones de coca de las que hablan con tensión los comuneros de Nueva Austria. Una retahíla de botellas de químicos vacías conduce a lo que parece haber sido una poza de maceración, el lugar en que las hojas de coca son convertidas en droga. No hay más de 300 metros entre los cultivos ilegales esparcidos en la arista del pueblo adonde hemos llegado, casi al caer la tarde, y la Reserva Comunal El Sira.
La compleja situación de Nueva Austria y la de Nuevo Unidos Tahuantinsuyo se replica en otros pueblos indígenas, y sus anexos, también ubicados en la franja adyacente al área protegida. El Sernanp y Ecosira informaron a Mongabay Latam que, por ejemplo, las poblaciones indígenas de Tres Hermanos del Sira, Alto Río Negro, Paucarcito, Tsamiri y Golondrina registran diversos focos de operaciones mineras ilegales, así como áreas de sembríos ilícitos en expansión.
De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo estatal que conduce la lucha contra las drogas, de las 92 784 hectáreas de hoja de coca que hay en el Perú, 70 están en el interior de la Reserva Comunal El Sira y 1223 en su zona de amortiguamiento. En el análisis geoespacial realizado por Mongabay Latam, encontramos que a un kilómetro a la redonda de El Sira hay 30 hectáreas de cultivos ilícitos de coca, 141 hectáreas a 5 kilómetros y 347 a 10 kilómetros alrededor del área protegida.
¿Cómo han corroído las economías ilegales al área natural protegida?
Engranaje de delitos
El jefe de la Reserva Comunal El Sira asegura a Mongabay Latam que el área natural a su cargo presenta un 93.43% de conservación. El porcentaje restante de superficie, precisa, alberga centros poblados con derechos preexistentes a la fecha de creación de la reserva (junio de 2001), terrenos destinados a la agricultura y ganadería, e incluso una carretera que atraviesa toda el área protegida.
En las cinco oportunidades que sobrevoló la reserva, en 2023, el funcionario corroboró la existencia de cocales en torno a algunos predios preexistentes, así como en otras parcelas que, sospecha, han sido arrendadas a narcotraficantes. “Vimos que habían talado bosque primario para sembrar, y que también lo hacían en las purmas (terrenos de cultivo abandonados)”, anota. Si bien no observó pozas para la elaboración de droga ni pistas de aterrizaje clandestino dentro del área protegida, en la zona de amortiguamiento, correspondiente al distrito de Yuyapichis, pudo identificar extensiones de cultivos ilícitos y campos de aterrizaje. Este año, dos sobrevuelos, en febrero y mayo, le han permitido saber que no hay nuevos puntos de narcotráfico con respecto a lo hallado en 2023, pero sí un fuerte incremento de los focos de minería ilegal en el costado de la zona de amortiguamiento que pertenece a Yuyapichis. Y, particularmente, en sectores como Tahuantinsuyo.
“La presión al área es permanente. Constantemente aparecen nuevos focos, sobre todo, en la zona de amortiguamiento (…) En el sobrevuelo de febrero vimos que (la minería) ya estaba bien cerca del área, a menos de un kilómetro, e incluso en la misma línea”, relata el jefe de la reserva.
Para el funcionario, el problema creciente de la minería ilegal y el narcotráfico requiere de un mayor control en la zona de amortiguamiento, a fin de proteger el cinturón del área natural, un esfuerzo que también involucra al Ministerio Público, la Policía Nacional y los gobiernos locales.
Con esa finalidad, su oficina junto con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali y la Marina de Guerra ejecutaron cuatro intervenciones en 2023. Dos en Nueva Austria del Sira y las otras, en los sectores convulsos de Tahuantinsuyo, como Pampas Verdes, muy cerca del Área de Conservación Privada Panguana, que abarca 800 hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. Seis maquinarias para la minería fueron destruidas el año pasado. El saldo, aunque pobre, dejó para las autoridades una modalidad en evidencia: “Ellos (mineros ilegales) recibían el dato de que estábamos en camino a realizar una interdicción; cuando llegábamos, ya habían escondido todo”.
Dumas Campos, titular del segundo despacho de la FEMA Ucayali, explica que hay una cadena de información que posibilita a los mineros ocultar la maquinaria o inmovilizarla a fin de que no sean hallados en flagrancia. Entonces, enfatiza el fiscal, no se puede proceder con la interdicción.
Otro obstáculo que las autoridades hallaron en los focos de excavación durante los operativos emprendidos en 2023 fueron las inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que los mineros presentaban, o sea, de sus procesos a fin de tener licencias para operar, aunque con claras irregularidades. “Tenían Reinfo para un área pero los encontrábamos en otra, y era porque les habían aprobado su traslado. Eso no debía ocurrir pues así han ido avanzando”, explica el fiscal. También sucedía, remarca Campos, que la fiscalía contaba con una lista de inscripciones suspendidas pero, en el trabajo de verificación en el lugar, su personal se daba con la sorpresa de que ya habían sido reactivadas. Además existía una escandalosa cadena de alquileres de inscripciones vigentes, lo cual permitía que muchos ilegales operaran y propiciaba la proliferación de los focos de excavaciones.
Si bien la oficina del Sernanp a cargo de la Reserva Comunal El Sira debe emitir una opinión para el desarrollo de actividades mineras en la zona de amortiguamiento, la autorización final recae en la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco. El jefe del área natural indica que, en este caso, cada una de las solicitudes de opinión que han llegado a su despacho fueron respondidas con un “no compatible” por el perjuicio ambiental que implican.
En lo que va de 2024, la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali ha efectuado tres operativos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. El de mayor alcance, a mediados de abril, comprendió las comunidades de Tahuantinsuyo, Paucarcito y Tsamiri, y concluyó con la destrucción de 14 excavadoras y 20 campamentos instalados por las cuadrillas de mineros ilegales. A diferencia de las intervenciones del año anterior, el fiscal Dumas Campos sostiene que en las últimas inspecciones ya no ha identificado problemas en relación con el Reinfo: mineros que contaran con estas licencias emitidas irregularmente, que las tuvieran vencidas o que las hubieran obtenido vía alquiler. Campos lo asocia con la fuerte gestión de control iniciada por la ingeniera Vilma Vilcas, desde febrero, en la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Huánuco. Lo lamentable, resalta, es que apenas dos días después del último operativo nuevas maquinarias aparecieron en los enclaves mineros allanados.
En una entrevista con Mongabay Latam, realizada a fines del año pasado, el exdirector de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Huánuco José Mendoza aseveró que los mineros ilegales acantonados en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira pertenecen a mafias que van rotando por distintas zonas de la región amazónica. “Hay algunos que tienen Reinfo y es porque fueron inscritos bajo la mesa”, dijo. La mayoría de puntos de explotación minera para los que fueron emitidas las licencias en Puerto Inca, estimó Mendoza, están dentro de la zona de amortiguamiento del área protegida. “Eso ha sido responsabilidad de anteriores directores”, afirmó.
Cuando Mendoza declaró para este reportaje, detalló que había al menos 15 concesiones mineras administradas por empresas chinas en Puerto Inca, provincia donde están las comunidades de Tahuantinsuyo y Nueva Austria del Sira. Y que, además de la incesante extracción aurífera, las concesionarias negociaban y permitían que mineros ilegales ingresen con maquinarias en los territorios a su cargo. Puerto Inca registra a la fecha 93 inscripciones en el Reinfo vigentes y 151 no vigentes o suspendidos. Es decir, hay 244 mineros que iniciaron sus trámites de formalización pero hasta ahora ninguno ha cumplido con las exigencias de este proceso. Mongabay Latam pidió una entrevista con la actual directora de la DREM Huánuco, pero ella optó por no acceder a la entrevista (*).
“Los mineros que tienen inscripciones en el Reinfo suspendidas y están operando, evidentemente, son ilegales. Hay mucho mal uso de los Reinfos y eso se ha convertido en un mecanismo de impunidad, porque basta que un minero esté inscrito para que la policía o fiscalía no lo pueda interdictar. Sé de muchos casos en Puerto Inca donde mineros operan con Reinfos que tienen ubicación de otras zonas del país”, dice el abogado en materia ambiental César Ipenza. El especialista añade que el complicado acceso a los ámbitos convulsos por la minería, en Puerto Inca, para las labores de fiscalización, y la complicidad de los propietarios de los territorios han generado allí el crecimiento voraz de la actividad ilegal.
En el Perú, hay más de 80 000 mineros con inscripciones en el Registro Informal de Formalización Minera, pero casi el 70% las tienen suspendidas.
Mientras tanto, el Congreso de la República tiene en espera de discusión cuatro proyectos de ley que, de aprobarse, favorecerían a la minería ilegal a través de la ampliación de inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera, fijada hasta diciembre, y vía la derogación de las políticas establecidas por el gobierno para frenar este flagelo medioambiental. El daño a las áreas protegidas como la Reserva Comunal El Sira, pues, no solo está siendo gatillado desde los núcleos de explotación minera.
(*) Mongabay Latam solicitó una entrevista con la Policía de Medio Ambiente de Huánuco, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.
*Imagen destacada: Amenaza manifiesta dentro del bosque deforestado de Nueva Austria, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. Foto: Hugo Alejos.
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