- Una comitiva del Movimiento en Defensa del Valle Tucabaca comprobó que una colonia menonita construyó un puente en el río Tucacaba. Después de esa obra se ha evidenciado contaminación de las aguas y bajo caudal.
- Se comprobó que hay exploración minera dentro de la reserva y que comunidades fantasma buscan entrar al área protegida y traficar tierras.
- Esta reserva municipal fue creada hace 24 años por pedido de los pobladores del municipio de Roboré. Ante la ausencia del Estado, la misma comunidad ha asumido la defensa del territorio.
El valle de Tucabaca es el “pulmón verde” del departamento boliviano de Santa Cruz. Sin embargo, ese pulmón cada vez respira con más dificultades. La minería ilegal, los avasallamientos, los desmontes, las quemas ilegales y la incursión de la agroindustria por parte de algunas colonias menonitas están asfixiando lo más importante que tiene este paisaje: la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (APM/UCPN) Tucabaca.
Esta área protegida municipal es la primera creada en Bolivia bajo esa categoría hace ya 24 años y tiene una extensión de 262 305 hectáreas. Se encuentra en el municipio cruceño de Roboré, cerca de la frontera con Brasil, y es un refugio para el ecosistema del Bosque Seco Chiquitano, donde conviven comunidades indígenas que desde tiempos ancestrales protegen los humedales y ríos que calman la sed no solo de poblaciones locales, sino de todo el departamento de Santa Cruz y la zona sur del Pantanal boliviano.
Hoy toda esa riqueza natural está en peligro.
Trochas y un puente en medio de un área protegida
Eder Santibáñez, coordinador del Movimiento en Defensa del Valle Tucabaca, relata que el pasado 23 de junio emprendió —junto a una comitiva de 10 personas— una inspección al valle de Tucabaca y al área protegida, la cual arrojó resultados poco alentadores.
La primera parada de la inspección fue en la zona donde se ubica la colonia menonita El Roble. Allí, la comitiva se encontró con una escena que considera alarmante: cordones de desmontes compuestos por árboles talados y hojas secas que estaban listas para ser quemadas. Santibáñez dice que el fuego ya había consumido parte de ese material vegetal y había un largo campo de cenizas en el lugar.
“Estamos bastante preocupados. Aparecen nuevas amenazas, ya no solo al valle Tucabaca, sino también al área protegida UCPN Tucabaca, que es una zona muy sensible que debería estar resguardada. Nos llegaron imágenes hace un mes (junio de 2024) que muestran que los menonitas abrieron brechas (trochas) dentro del área protegida. Es un camino de 800 metros de largo con un ancho de ocho metros. Todo esto indica que los menonitas quieren sacar agua del río Tucabaca para sus cultivos dentro del área protegida”, le dice Santibáñez a Mongabay Latam.
Es precisamente en este río donde la comitiva se encontró con una infraestructura que los dejó perplejos: un puente de 18 metros de largo, construido con madera, metal y concreto. Santibáñez no encontró ningún letrero o placa que indicara que se trataba de una obra municipal, departamental o nacional y, según dice, el puente fue construido por los menonitas.
“Nos llamó la atención que esta obra no viene a ser ni del municipio ni de la Gobernación (de Santa Cruz). Esta estructura ya tiene un año y medio y fue elaborada por los menonitas. ¿Habrá una ficha ambiental? ¿Habrá un estudio de impacto ambiental para que puedan construir tremenda estructura dentro de un área protegida?”, cuestiona Julio Zeber, también miembro del Movimiento en Defensa del Valle Tucabaca.
La Gobernación de Santa Cruz, a raíz de la inspección realizada por los activistas, llegó a la zona y comprobó la existencia del puente. Los técnicos descartaron que sea una obra con aprobación de la Gobernación cruceña.
De esta obra se desconoce la existencia de una Licencia Ambiental y de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisitos obligatorios en Bolivia para construir una estructura de tal magnitud, como indica la Ley de Medio Ambiente.
Zeber describe que, además del puente, evidenciaron que el cauce del río Tucabaca tiene un caudal muy bajo. El activista cree que las colonias menonitas asentadas en esta zona están utilizando el agua para regar sus sembradíos de sorgo y soya con técnica mecanizada.
Este medio de comunicación intentó conseguir la versión de las colonias menonitas sobre estas denuncias, pero no fue posible obtener una respuesta.
La Gobernación de Santa Cruz comprobó que el puente está ubicado en la comunidad El Salvador del municipio de Roboré. La visita se dio en los primeros días de julio. Un equipo del Servicio Departamental de Calidad Ambiental (SDCAM), que depende de esa Gobernación, constató que la estructura ha provocado contaminación y disminución del cauce del río Tucabaca. Los pobladores de la zona les dijeron que esta obra fue construida por los menonitas.
“Hemos tomado todos los datos de campo y los analizaremos en gabinete, para posteriormente dar a conocer los resultados, tanto a la parte denunciante, como a todas las autoridades que tienen que hacerse cargo de la regulación y sanción de esta actividad”, explicó María René Barrancos, técnica del SDCAM.
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Minería y comunidades fantasma
El puente es sólo una de las amenazas que acechan al área protegida de Tucabaca. Ahora también hay mineros que quieren asentarse en la reserva para realizar explotación de minerales, principalmente oro.
En su visita del 23 de junio, la comitiva del Movimiento en Defensa del Valle Tucabaca comprobó huellas de exploración minera al interior del área protegida. “Se evidenció exploración minera a siete kilómetros de la comunidad de Aguas Calientes, dentro del área protegida (Tucabaca). desde 2023 ya teníamos varias denuncias de LA llegada de los mineros y ahora estamos esperando la respuesta de la Gobernación (de Santa Cruz)”, destaca Santibáñez.
El equipo de la Gobernación de Santa Cruz también anotó el caso de minería y dijo que ese reclamo será transmitido a la unidad que actúa en este tipo de denuncias.
Mauro Mendoza fue parte de la comitiva y es comunero de Santiago de Chiquitos, un municipio cercano al Valle Tucabaca, y asegura que no pudo contener el llanto cuando vio los desmontes que existen dentro del área protegida. “Hicimos la inspección y vimos la grave deforestación que se está cometiendo en la zona del valle, pero también dentro del área protegida. Ya estamos en junio y estamos viendo la grave crisis de agua que hay, y eso es porque hay deforestación por parte de menonos (menonitas) y propietarios de haciendas particulares”, denuncia Mendoza.
Barrancos, del SDCAM, relató que en el recorrido realizado por la entidad observaron desmontes de bosque primario con árboles de alto valor forestal comola ceiba y el roble en cinco predios. Al respecto, la funcionaria adelantó que se informará a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para que tome acciones al respecto.
Rubén Darío Arias Ortiz, miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), también se suma a la serie de reclamos que existen en la zona. El dirigente, que vive en el municipio de Roboré, denuncia que aproximadamente hace una década los avasallamientos se asentaron en el valle de Tucabaca y que ahora están avanzando al área protegida municipal.
“Estos señores (los avasalladores) vinieron, hicieron el manejo forestal y lo abandonaron. Alambraron la zona, han plantado un poste y han colocado rejas. Son personas que tienen recursos económicos. Este lugar se encuentra sobre la línea roja (zona de amortiguamiento) del área protegida. El miedo que tengo es que ingresen dentro de la zona prohibida para explotar la madera, aunque ya hay denuncias (de los comuneros) que dicen que los avasalladores están dentro del área protegida”, lamenta Arias.
El dirigente está preocupado y así se escucha su voz. En conversación con Mongabay Latam asegura que hay “comunidades fantasma” creadas en el valle Tucabaca y que ahora están asentadas en la zona de amortiguamiento del área protegida. Arias dice que son los interculturales —grupos de colonizadores que llegan del occidente al oriente de Bolivia— quienes se están asentando en la zona y apunta a dos comunidades que están por entrar a la reserva natural: Túpac Amaru y 26 de Julio.
Las comunidades fantasma son aquellas que, entre otras violaciones, ingresan a áreas protegidas o terrenos del Estado con el fin de cometer ilícitos, como la tala de árboles, desmontes ilegales o cultivar soya. Ellos dicen tener permiso del Estado, pero no es así.
La llegada de los avasalladores
Iván Quezada, asambleísta departamental de Santa Cruz, conoce el valle Tucabaca como la palma de su mano. También sabe que esta zona es un territorio que está siendo perforado. “Lo más grave es que dentro del área protegida hay autorizaciones de asentamientos (que da el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA) que suman 7000 hectáreas. No ingresaron todavía porque no hay caminos. Pero tienen la puerta abierta para que entren legalmente”, lamenta.
Antes de ser asambleísta departamental, Quezada era alcalde del municipio de Roboré y desde la Alcaldía combatió los asentamientos. Una de esas batallas la libró en octubre de 2018, cuando un grupo compuesto por 33 familias tumbaron 55 hectáreas de bosque, bajo el pretexto de que tenían aval del INRA y de la ABT para consolidar su comunidad, a la cual le pusieron el nombre de Túpac Amaru.
Quezada, junto a otras autoridades del Comité de Gestión de Roboré, logró impedir que esa comunidad entrara y que la deforestación siguiera aumentando. A pesar de esos esfuerzos, ahora dice que Túpac Amaru está por ingresar al área protegida.
El INRA negó que haya autorizado permisos de asentamiento tanto en el valle de Tucacaba como en la misma reserva municipal. Según Pablo Sauto, secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, en una inspección que realizó a la zona en enero de este año, los propios comuneros les dijeron que tenían autorización del INRA para asentarse en el área de amortiguamiento.
Sauto mostró cuatro certificados otorgados por el INRA a cuatro personas, de las cuales, tres son hermanos, y a quienes se les entregaron 8000 hectáreas. En total, según la Gobernación cruceña, el INRA habría entregado un total de 15000 hectáreas.
“Instamos a este funcionario público de la Gobernación, evitar desviar la atención sobre los conflictos internos que tienen en la Gobernación de Santa Cruz, como es el caso de la suplencia temporal del Gobernador y pretender nuevamente agendar mediáticamente y políticamente la temática de tierra”, señaló el INRA en un comunicado oficial.
Además de comunidades fantasmas, el asambleísta asegura que hay tráfico de tierras. Quezada dice que hay una comunidad que tiene el nombre de Tamarindos y que se adjudicó 17 000 hectáreas, pero no existe una sola persona viviendo ahí. En esa zona, Quezada dice haber encontrado un hombre desmontando parcelas íntegras y cavando pozos, que además le dijo que adquirió las parcelas de otros comunarios.
El asambleísta también cuestiona a otra comunidad fantasma que se llama Morales y que se apropió de 3000 hectáreas, 500 de las cuales están dentro del área protegida de Tucabaca. “No es posible que estos avasallamientos permanezcan. Mientras esas resoluciones del INRA estén vigentes, vamos a pelear. Tomaremos acciones, medidas legales desde la Asamblea Departamental (de Santa Cruz)”, dice.
Becker Barba Frías es guardaparque de Tucabaca y está preocupado porque las comunidades fantasma pueden ingresar en cualquier momento al área protegida y explotar ilegalmente madera. Y no sólo esto, otro tema que considera importante es la quema ilegal de predios cercanos, con el fin de cultivar granos, lo que ocasiona incendios forestales que alcanzan a la reserva natural.
El área protegida está asediada por las quemas desde el 19 de junio y hasta el 15 de julio ya se habían consumido 1400 hectáreas, arrasando flora y fauna del Bosque Chiquitano y varios atractivos turísticos, como las cascadas helechos y totaisales, y el arco de piedra. Así lo confirma Carlos Argota, responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR) del municipio de Roboré, quien además ratificó que los incendios se han concentrado dentro del área protegida Tucabaca.
Zoila Zevallos siempre fue la cara visible de las luchas por el Valle de Tucabaca. Durante muchos años estuvo a la cabeza del Comité de Defensa del área protegida, otra institución creada por los propios vecinos del municipio de Roboré, cuya tarea principal es la de defender los recursos naturales. Zevallos menciona que la reserva de Tucabaca fue creada por el pedido de los pobladores hace 24 años y ahora es defendida por ellos mismos, pues asegura que en el Estado no han encontrado más que silencio. Los propios comuneros dicen que lucharán para que los enemigos de la reserva “no cometan daños al pulmón verde de Santa Cruz”.
“Nos unimos con otras instituciones que buscan defender el Valle de Tucabaca, pero estamos peleando solos. No queremos que la minería acabe con nuestra área protegida, no queremos que los menonitas acaben con nuestra área protegida, no queremos que los avasalladores terminen con nuestra área protegida. Nosotros pedimos la creación de la reserva y nosotros la estamos defendiendo solos”, dice Zevallos.
*Imagen principal: Las cenizas de los árboles caídos están varios puntos del área protegida Tucabaca. Foto: Movimiento en Defensa del Valle Tucabaca.
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