- La compañía Oleoflores cuenta con, al menos, 11 000 de las 12 000 hectáreas de palma sembradas en el municipio de María la Baja, en el norte de Colombia.
- La familia Murgas, dueña de la empresa palmicultora, ha tenido la presidencia y la representación legal de la asociación de usuarios que maneja el distrito de riego de la región.
- La palma consumió el 55 % del agua del distrito de riego en 2019 y no hay datos más actuales. Mientras tanto, la comunidad padece la falta de agua potable y las enfermedades asociadas a esa carencia.
La palma es la principal acaparadora del agua en el municipio colombiano de María la Baja. Y la poca a la que tienen acceso los habitantes, está contaminada.
“Antes la comunidad se abastecía de corrientes y de arroyos que fluían. Pero con la llegada del cultivo de palma, estos afluentes naturales desaparecieron”, indica un líder social que habla de La Suprema, uno de los pequeños poblados de María la Baja y que forma parte de la Mesa Permanente por el Derecho al Agua Potable, organización que reúne a comunidades de la región. Él prefiere no revelar su nombre por temor a su seguridad; no ha recibido amenazas directamente, pero varios de sus colegas, sí. Además, desde 2021, las denuncias que hacen para reclamar el derecho al agua han coincidido con la aparición de grupos armados ilegales en las zonas donde viven.
La Suprema refleja una paradoja. El poblado no tiene agua suficiente pese a estar a las orillas de Pondaje del Viento, la más pequeña de las tres represas que nutren el distrito de agua de María la Baja. Estos sistemas de captación son los encargados de distribuir el agua a los usuarios dedicados a las actividades agropecuarias.
En el pasado, el manejo de esa infraestructura hídrica estaba en manos del Estado colombiano, pero desde el 2004 el distrito de riego fue concesionado a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala de María La Baja (Usomaríalabaja), la cual está dominada por los palmeros, concretamente por la empresa Oleoflores que pertenece a la familia Murgas.
Oleoflores es la única compañía de palma presente en el municipio de María la Baja y que compra todas las cosechas. Además, es la dueña de la única planta procesadora de aceite de palma que hay en el norte del departamento de Bolívar.
Por lo menos hasta 2021, Carlos José Murgas Dávila, vicepresidente de Oleoflores, era también el presidente de la junta directiva de Usomaríalabaja, de acuerdo con documentos públicos disponibles. Habitantes de la zona aseguran que los Murgas y los palmeros son los que toman las decisiones de qué industrias agrícolas pueden obtener el agua y de cuándo abrir o no las compuertas que regulan el agua que llega de las represas hacia los predios.
“Aquí, la palma es el monocultivo predominante. Le lleva años luz al arroz. De hecho, fincas y parcelas que eran arroceras, ahora las tienen sembradas en palma de aceite”, dice el líder social que pidió el anonimato.
Además de tomar las decisiones sobre cuándo abrir o cerrar las compuertas, los palmicultores son de lejos los que más agua consumen del distrito de riego. La industria palmicultora obtuvo el 55 % del recurso líquido que produjo el distrito de riego en 2019. En comparación, el arroz usó el 38 %, un 5 % fue para pastos y un 2 % para frutales, de acuerdo con el Informe de Gestión de Usomaríalabaja del 2019, el último año de su publicación.
Las antropólogas Catalina Quiroga Manrique y Diana Vallejo Bernal han realizado investigaciones sobre el manejo del agua en María la Baja. Ellas han documentado cómo el agua está concentrada para el monocultivo de la palma. “El acaparamiento del agua por parte de la palma hace que se pierda el sentido de que sí haya un manejo comunitario de la misma”, resalta Vallejo.
El poder de los palmeros es tal que la principal fuente de agua que tiene la comunidad para beber, para cocinar y para todas las tareas del hogar viene precisamente de las presas del distrito de riego. Los habitantes denuncian que son aguas contaminadas por arrastrar los residuos de los agroquímicos que requieren las plantaciones de palma para crecer y para combatir plagas. Muchos han presentado enfermedades en la piel o gastrointestinales.
Mientras los pobladores buscan alternativas para encontrar agua, los cultivos de palma se expanden, incluso sobre las orillas de las represas, sin respetar el límite de los 30 metros que, de acuerdo con la legislación colombiana, deberían respetar. Ninguna autoridad ambiental ha impedido que esto suceda.
El exministro y palmicultor que llevó la palma
Si hoy la palma es el cultivo predominante en el municipio de María la Baja es por las políticas que impulsó Carlos Murgas Guerrero cuando fue ministro de Agricultura de Colombia (1998-1999). En esa época ya era uno de los palmicultores más fuertes del país.
Para 1997, ni en María la Baja ni en el departamento de Bolívar había una sola planta de palma, según el Censo Nacional de Palma de aceite de ese año realizado por la Fedepalma.
La realidad agrícola del municipio y del país comenzó a cambiar con una decisión política. En su doble condición de empresario y ministro, Murgas Guerrero promovió el Modelo Alianzas Estratégicas Productivas. Este consiste en que campesinos y empresas palmicultoras forjaran una unión, en la que la industria dotaba de semillas, fertilizantes y herbicidas a los agricultores y les ayudaba con los créditos; a cambio de que sus cosechas se las vendieran a los conglomerados para producir aceite de palma, como explican las antropólogas Diana Vallejo y Catalina Quiroga en una investigación publicada en 2019.
Fedepalma sostiene que esa política contribuyó a pasar de 400 palmicultores en Colombia antes de dichas alianzas, a más de 7 200 en el año 2023, de los cuales 5000 trabajan con los modelos impulsados por Murgas. La compañía palmicultora del entonces ministro fue la principal beneficiada. De acuerdo con datos de Fedepalma, 3 200 familias dedicadas a la palma en 2023 estaban vinculadas directamente con Oleoflores, la empresa fundada por la familia Murgas.
El crecimiento nacional de la industria se refleja en los números. En 1997, el país produjo 440 796 toneladas de aceite de palma. En 2023, fue de poco más 1,8 millones de toneladas. Es decir, que la producción de aceite crudo de palma en Colombia se cuadruplicó desde la creación de las alianzas productivas. Estas cifras han posicionado históricamente al país como el mayor productor de aceite de palma en América y, en 2023, como el cuarto mayor productor del mundo, de acuerdo con el Servicio de Agricultura Extranjera del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. No en vano, la misma Fedepalma se refiere a Murgas Guerrero como “el mecenas de la palma” en Colombia.
Con la entrada en vigor de las alianzas productivas creadas por Murgas, la compañía Oleoflores llegó en el año 2000 al municipio de María la Baja al unirse con 126 campesinos locales.
Las alianzas convirtieron a Oleoflores en una de las palmicultoras más fuertes del país. También transformaron radicalmente la vocación agrícola del municipio de María la Baja. La siembra del arroz que, desde los años setenta era la predominante, comenzó a ser relegada ante la apertura a las importaciones del grano procedente del Sudeste Asiático.
Los campesinos se volcaron a las alianzas productivas de Murgas para sembrar palma y vendérsela a Oleoflores. La compañía se fortaleció aún más en 2007, cuando se inauguró en el municipio la primera y única planta que hasta hoy funciona en el norte del departamento de Bolívar para extraer aceite del fruto de la palma.
«Oleoflores es la única que compra el fruto de la palma en este momento. Surte a los palmicultores para manejo de plagas, de abonos, lo que necesiten para el cultivo como semilla o asistencia técnica. Y le compran la fruta. Tienen monopolio de la producción de palma», explica el líder social.
María la Baja pasó de no tener ninguna planta de palma en 1997, a tener entre 50 y 100 hectáreas a principios de los 2000, de acuerdo con la investigación que realizó el periodista José Estupiñán. Para 2012, eran 9 000 las hectáreas sembradas y, en 2023, superaban las 12 000, según cifras publicadas por Fedepalma.
Las cifras también muestran que María la Baja está lejos de ser el municipio de Colombia con más palma. De hecho, sus 12 000 hectáreas solo representan un 2 % del total de las 596 217 hectáreas que había sembradas en palma para 2023, según Fedepalma.
Hace más de seis años, en una extensa entrevista otorgada al medio colombiano Rutas del Conflicto, el hijo de Carlos Murgas Guerrero afirmó que Oleoflores tenía 11 000 hectáreas de palma sembradas en María la Baja; de las cuales, 6 500 dependían del distrito de riego y otras 4 500 estaban fuera de este.
Un distrito de riego manejado por los palmicultores
La expansión de la palma en María la Baja también transformó el uso del agua y del distrito de riego.
La historia del distrito de riego se remonta a la década de los sesenta, cuando el gobierno de turno de Colombia, encabezado por el presidente Carlos Lleras Restrepo, impulsó una Reforma Agraria. En teoría, buscaba darle más tierras a los campesinos para que las cultivaran. Así, en María la Baja se construyó el distrito de riego entre 1967 y 1972, principalmente para fomentar los cultivos de arroz donde antes predominaba la caña de azúcar.
El objetivo era utilizar 25 000 hectáreas de tierra de los municipios de Arjona, Mahates y María la Baja para recolectar agua y destinarlas a los cultivos agrícolas. Así, construyeron tres embalses: Arroyo Grande, con un área inundada de 1200 hectáreas que almacenan 125 000 millones de mililitros cúbicos; Matuya, de 950 hectáreas y una capacidad de 105 000 millones de mililitros cúbicos, y Pondaje del Viento, hoy llamado La Piscina, con 400 hectáreas y que es abastecida por Arroyo Grande, de acuerdo con los datos del informe de gestión de Usomaríalabaja y el proyecto de canales y drenajes de María la Baja, del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en 1968. Este último documento fue recopilado por una investigación conjunta que hicieron en 2016 la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y organizaciones sociales de la subregión como la Corporación Desarrollo Solidario (CDS) y las Organizaciones de Población Desplazada, Étnicas y Campesinas de Montes de María (OPDS).
Desde su creación y durante 37 años, el distrito de riego de María la Baja fue administrado por cuatro entidades del Estado colombiano. Esto cambió en 2004, cuando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) firmó un convenio con un grupo de privados para cederle la administración del distrito.
Ese grupo se llamó Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Adecuación de Tierras de María La Baja USOMARÍA. Dos años después, el colectivo se transformó en la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala de María La Baja (Usomaríalabaja); con una vigencia proyectada de dos décadas. Desde la creación de esta última entidad, el exministro y dueño de Oleoflores, Carlos Murgas Guerrero, fue nombrado como presidente de la junta directiva de Usomaríalabaja, como lo evidencian los documentos oficiales de la asociación.
Usomaríalabaja no tiene registros públicos que permitan evidenciar quiénes han sido sus presidentes en los últimos años. El único dato público data de 2021 y muestra que para ese año, al frente de la junta directiva estaba Carlos José Murgas Dávila, el hijo del exministro.
Desde 1993, en Colombia existe la Ley 41 que permite que se creen asociaciones de usuarios para manejar los distritos que regulan el agua. Incluso, de los 780 distritos que hay en Colombia, solo 93 son manejados por el Estado y el resto están concesionados a organismos privados, según la información pública del Gobierno. Para el caso de María la Baja, el convenio entre el Estado y Usomaríalabaja es regulado desde 2015 por la entidad pública Agencia de Desarrollo Rural.
El hecho de que los privados tomen las decisiones sobre cómo se usa el agua en un territorio tiene implicaciones sociales, como le explica a Mongabay Latam Catalina Quiroga, antropóloga que ha realizado múltiples investigaciones sobre el acaparamiento del agua en María la Baja.
La primera de ellas es que son los que deciden cuándo abrir y cerrar las compuertas que controlan los flujos de agua. Quiroga, en una de sus investigaciones conjuntas con Diana Vallejo, señaló que la comunidad tiene que pedirle permiso a Usomaríalabaja para que permitan la circulación de agua en tiempos de sequía y cierren los accesos durante las crecientes para evitar inundaciones. Ese manejo de las compuertas por parte de los privados ocasionó que el acceso al agua dejara de ser libre para los habitantes de María la Baja.
“Para que un campesino o una familia pueda acceder al agua que va por los canales, tiene que sacar un permiso especial de Usomaríalabaja si quiere regar sus cultivos y tiene que pagar cuota para poder usar el distrito de riego… Ese distrito no está al servicio de las familias campesinas, sino mayoritariamente para la palma de aceite y un poquito para las parcelas de arroz que todavía quedan”, dijo el miembro de la Mesa Permanente por el Derecho al Agua Potable que prefiere no revelar su nombre.
Los mismos estatutos de Usomaríalabaja explican que las decisiones las toman los usuarios del distrito de riego, un grupo donde los palmeros son mayoría. El informe de gestión de Usomaríalabaja de 2019 evidencia que mientras la palma tiene 6 208 hectáreas dentro del distrito de riego, los arroceros tenían menos de 2 500 hectáreas y otras 885 hectáreas eran para pastos.
“Se supone que [el distrito de riego] es una organización en la que debe haber representación de los sectores productivos”, explica Auris Estella Moreno, directora de la Corporación Desarrollo Solidario (CDS), organización no gubernamental que reúne a líderes sociales de Montes de María, la subregión donde está el municipio de María la Baja. Moreno señala que en el caso de la Usomaríalabaja “hasta hace unos cuatro años que conocí más de cómo estaba organizada, en ese momento básicamente eran empresarios de la palma, algunos cultivadores de arroz y pare de contar. De campesinos, de producción pequeña agrícola, no había representación en la junta directiva. Los palmicultores son los que ejercían los roles de mayor rango en el distrito de riego y es mucho el poder que tienen representado allí”.
El hecho de que los palmicultores sean mayoría en Usomaríalabaja ha generado choques con el manejo del agua. “Las tres represas funcionan por gravedad y hay una infraestructura muy simple de puertas metálicas de 10 a 15 metros, que se abren y se cierran. Aunque Usomaríalabaja es la que define la distribución del agua con el manejo de esas compuertas, la gente también se las ha tomado, incluso los arroceros porque se sienten excluidos”, señaló Quiroga.
En 2019, las comunidades campesinas cerraron las compuertas del embalse de Arroyo Grande, pues denunciaron que los palmicultores consumían gran parte del agua, a pesar de estar en sequía y de que la presa había alcanzado niveles históricamente bajos.
“Si bien el distrito de riego surgió como una alternativa para dinamizar la producción agrícola de la región, hoy frente al nuevo contexto, el cambio climático y la urgencia de garantizar el derecho al agua, las comunidades campesinas hacen un llamado para que el criterio fundamental para regular el recurso hídrico que lo surte, sea garantizar el consumo humano (…) Es por ello que insistirán hasta el cansancio en la necesidad de tomar las medidas necesarias para protegerla y garantizar el agua para la vida”, señalaron en su momento la Mesa Permanente por el Derecho al Agua y la Corporación Desarrollo Solidario.
Los palmicultores también son los que más contribuyeron económicamente al distrito de riego. En 2019 aportaron 563 millones de pesos, de los 1.152 millones totales. Eso en precios de 2019 que, si se convierten a precio de 2024, serían casi 145 000 dólares de poco menos de 300 000 dólares.
Pero ni ese dinero ha garantizado que la infraestructura funcione como debería. Por el contrario, la asociación advertía en el Informe de Gestión del 2019 que necesitaban “reparaciones de carácter urgente” y que los daños eran tales que los embalses de El Playón, que lleva agua no potable a la comunidad La Suprema; y de Matuya perdían el 30 % del agua por fugas.
El Informe de Gestión de Usomaríalabaja evidencia que, para 2019, casi el 55 % del dinero que tenía la asociación se destinó a pagos administrativos como salarios o las dotaciones de las oficinas. Mientras que menos del 32 % fue para mantenimientos y conservación de las infraestructuras.
La paradoja es que mientras que los palmicultores consumen más de la mitad del agua del distrito de riego y otro porcentaje se pierde por las filtraciones a causa de la falta de mantenimiento en las infraestructuras, las comunidades que viven alrededor de los tres embalses que surten el distrito sufren por falta de agua.
Mongabay Latam solicitó entrevistas con Carlos José Murgas Guerrero y Usomaríalabaja. Hasta la publicación de este artículo, no hubo respuesta.
El agua contaminada que llega de las represas
“Nos toca jarrear agua al hombro, en bicicleta, en moto, en animales. Vamos a pueblos aledaños que sí tienen pozos subterráneos. Porque si uno toma agua de la que hay en la comunidad de La Suprema (que hace parte del municipio de María la Baja), automáticamente unos minutos después lo manda al baño con diarrea”, dice el líder social de María la Baja y miembro de la Mesa Permanente por el Derecho al Agua Potable, que pidió la reserva de su nombre.
El hombre recuerda que cuando era niño iba con su mamá a sacar agua del arroyo cercano a su casa. Ahora, tiene que recorrer al menos dos kilómetros para ir hasta la cabecera urbana más cercana para intentar sacar agua de los pozos subterráneos que hay en casas de amigos y conocidos. “El ejercicio de sacarla es el que más se demora. Y toca hacer fila”, agrega.
Durante décadas, los habitantes de La Suprema no tuvieron una tubería que les llevara agua a sus casas. Ante esta situación, la comunidad impulsó una acción legal y, en 2014, el Tribunal Administrativo de Cartagena falló a su favor y le ordenó a las autoridades una serie de medidas para proteger la salud de los pobladores de La Suprema y de María la Baja en general. Una de las órdenes era garantizar agua potable para esa comunidad en un tiempo máximo de dos años.
En la misma sentencia de 2014, el Tribunal comprobó que el agua que consumían en ese momento estaba tan contaminada que “pone en riesgo la salud pública de los habitantes”, porque puede producir enfermedades como “la diarrea sanguinolenta, fallas renales, anemia hemolítica, entre otras”.
El plazo del Tribunal se venció y La Suprema siguió sin acueducto. Esa fue una de las múltiples causas que provocó que en 2018 y 2021, campesinos de Montes de María (incluidos de La Suprema) realizaran una Caminata Pacífica. Marcharon durante dos días desde las partes de alta montaña hasta el municipio de Turbaco para llegar a la Gobernación del departamento de Bolívar y exigirle a las autoridades que garantizaran los derechos de los habitantes, incluido el del acceso al agua potable.
La corporación CDS participó en ese proceso de marchas. Y Auris Estella Moreno sostiene que fue gracias a esas manifestaciones que finalmente se construyó una infraestructura hídrica en La Suprema, aunque aún es muy básica. Consiste en un tanque elevado donde se almacena el agua que se toma del embalse de Pondaje del Viento. Este, luego, distribuye el agua a través de pequeñas tuberías a algunas de las casas de La Suprema.
Esa agua no es constante ni es potable. El líder social que pidió guardar su anonimato explica que el tanque se bombea cada dos o tres días. Y Moreno explica que Aguas de Bolívar, la empresa pública del departamento que regula el manejo del acueducto, es la que decide cada cuánto nutrir ese tanque dependiendo de un cronograma que tiene por zonas para toda María la Baja. “En ese lapso, la comunidad se queda sin agua”, sostiene el líder social.
Cuando el agua sí llega a las casas, los habitantes tienen que hervirla o agregarle cloro para terminarla de potabilizar. Por eso, en La Suprema y en María la Baja todos hacen la diferencia entre agua cruda y potable: la primera no ha pasado por ningún proceso químico, mientras que la segunda es la única apta para consumo humano. La que cae del tanque de La Suprema es cruda.
Duván Caro, periodista y líder comunitario de María la Baja, explica que en algunos poblados como La Suprema “el color del agua es como si saliera por el grifo una avalancha de río porque el agua es turbia”. Mientras que en otros lugares vecinos, que también se surten de agua del distrito de riego, como Palo Altico, dicen que el agua sale verde y con olor a metal y a gas propano.
“No tenemos más fuentes de agua, como pozos, quebradas”, indica el líder social, quien asegura que cuando llegó la palma a la región la situación empeoró. Auris Estella Moreno agrega que, con la llegada de la industria de la palma a principios de los 2000, muchas fuentes hídricas quedaron encerradas en predios que se privatizaron y se cercaron para el cultivo de la palma.
Caro pone como ejemplo lo que pasó con el ojo de agua conocido como “Leticia”, ubicado a unos 10 kilómetros de La Suprema. Él afirma que la comunidad y especialmente las mujeres iban a ese acuífero para abastecerse, pero esto cambió cuando Oleoflores compró el lote a mediados de los 2000 y lo cercó. Caro explica que desde 2008, “Leticia” comenzó a secarse, aunque en tiempos de lluvia vuelve a tener agua. En enero de 2024, esa fuente de agua se secó por completo.
Así, la mayoría de los habitantes dependen casi en su totalidad de las aguas de los embalses del distrito de riego. Aunque no hay ningún informe que pruebe que la palma y sus químicos son los que contaminan dichas aguas, los habitantes de la zona y las investigadores que entrevistó Mongabay Latam coinciden en decir que los agrotóxicos que usa esa industria terminan en los afluentes.
Adicional a esto, los habitantes recuerdan que en 2010 hubo una mortandad de peces en las represas de María la Baja. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Javeriana y las asociaciones locales se calcula que los peces muertos alcanzaron un peso de 11 toneladas. El líder social afirma que un panorama similar se repitió en 2016 en la represa de Matuya (un evento que lo registró la prensa local) y entre 2020 y 2021 en la represa de El Playón.
Aunado a este panorama, la Corporación Desarrollo Solidario ha presentado quejas sobre la plantación de palma en las zonas de amortiguamiento, que son los primeros de 30 a 60 metros de las orillas de los embalses que en teoría se deberían dejar libres de cultivos para preservar la biodiversidad. Sin embargo, Auris Moreno explica que esas quejas quedaron archivadas.
Moreno señala que las comunidades trabajaban muy de la mano con la Defensoría del Pueblo cuando Irina Junieles era la defensora regional, entre 2014 y 2016: “Ella canalizó toda la documentación de las quejas y la puso a disposición de Cardique”. Esta última es la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, responsable de vigilar y regular los impactos ambientales en la zona.
En la página web de la Corporación no existe ningún registro sobre decisiones para evitar que se siembre palma en las zonas de amortiguamiento, ni tampoco pronunciamientos sobre las regulaciones de esta agroindustria. Moreno agrega que las quejas que interpuso la entonces defensora se quedaron estancadas en Cardique y que la comunidad fue perdiendo más confianza en las instituciones estatales con la salida de Junieles de la Defensoría y el repunte del conflicto armado en la zona.
Mongabay Latam también solicitó entrevistas a Cardique y a la Defensoría del Pueblo, pero hasta la publicación de este texto, no se tuvo respuesta.
“No hemos hecho más acciones de incidencia de largo alcance desde 2021 porque ha habido riesgos y amenazas contra las personas que reivindican el derecho al agua. Porque toca los intereses de personas muy poderosas que están dinamizando este tipo de producción, de empresas. Las comunidades han sido amenazadas y eso también va replegando la acción”, señala Moreno.
A pesar del miedo, los líderes sociales defienden el derecho que tienen comunidades como La Suprema a acceder al agua de María la Baja. El miembro de la Mesa Permanente insiste: “Necesitamos el agua no para producción agroindustrial sino para las comunidades que estamos alrededor de estos cuerpos de agua”.
*Imagen principal: En 2018, poblaciones de tres municipios del departamento de Bolívar, incluyendo María la Baja, hicieron la Caminata Pacífica de Montes de María. Una de las exigencias era agua potable. Foto: Cortesía de la Corporación Desarrollo Solidario.
* *Este reportaje se realizó como parte de una alianza entre Mongabay Latam y France 24.
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