- Este 31 de agosto se vence el año que la Corte Constitucional le dio al gobierno ecuatoriano como plazo para que retire todas las actividades de exploración y explotación petrolera en el bloque ITT, en el parque Yasuní.
- El gobierno argumenta que no puede perder los ingresos que genera el bloque petrolero
- Más de 20 economistas presentaron un documento con diversas alternativas para contrarrestar los ingresos que se perderían
- Los economistas esperan que la Corte Constitucional les permita presentar sus propuestas en una de las audiencias que se realizará para dar seguimiento al cumplimiento de la consulta popular.
El 20 de agosto de 2024 se cumplió un año desde que el 59 % de los electores ecuatorianos votaron a favor de dejar en el subsuelo el crudo del bloque ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní. La Corte Constitucional dio un plazo de un año para el retiro completo de la exploración y explotación petrolera, pero, a pocos días de que se acabe el tiempo (31 de agosto), esto no ha ocurrido. Es más, según cifras oficiales de Petroecuador, en julio de 2024 se extrajeron 45 933 barriles diarios del ITT, lo que corresponde a una reducción de tan sólo 6,1 % con respecto a julio de 2023, un mes antes de realizarse la consulta popular.
El gobierno ecuatoriano confirmó públicamente que no cumplirá con la fecha. El pasado 19 de agosto, el Ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, aseguró en una entrevista televisiva que el cierre del bloque petrolero ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) será paulatino y podría demorar hasta cinco años. “Con base a las recomendaciones de técnicos y mitigando los riesgos ambientales, se buscaría un proceso de cierre que podría tomar entre tres y cinco años, según lo que he visto en estudios preliminares”, dijo.
Uno de los argumentos más utilizados por el gobierno, para justificar la demora en el cierre, es que dejar de explotar inmediatamente el ITT representaría una pérdida significativa de ingresos económicos en un momento de crisis en Ecuador. En enero de este año, el presidente Daniel Noboa ya había planteado la posibilidad de una moratoria de, por lo menos, un año a la consulta popular del Yasuní, porque el país le declaró “la guerra” al narcotráfico y a la delincuencia, y necesitaba financiación para cumplir ese objetivo.
En agosto de 2023, el entonces ministro de Energía, Fernando Santos, aseguró que no habría suficiente dinero para las importaciones de combustibles ni de otros bienes por el cierre del ITT y que el país estaría dejando de percibir cerca de 1200 millones de dólares anuales.
Todo esto motivó a más de 20 economistas ecuatorianos a elaborar un documento con propuestas para dejar de explotar el Yasuní, el cual entregaron oficialmente a la Corte Constitucional el pasado 20 de agosto. Allí aseguran, con base en cifras oficiales, que los ingresos petroleros correspondientes al ITT no representan ni siquiera el 1 % del presupuesto del Gobierno Central.
“El problema económico de Ecuador tiene muy poco que ver con el Yasuní. El problema es estructural y no es nuevo. Ecuador es una economía pequeña y abierta, lo que la hace altamente vulnerable a los choques externos”, explica Mateo Villalba, exgerente del Banco Central de Ecuador.
El documento destaca seis alternativas de carácter fiscal que se pueden aplicar para contrarrestar los ingresos que se perderían al dejar el petróleo del bloque ITT bajo tierra: reducir la brecha tributaria, disminuir el gasto tributario, proponer un impuesto al patrimonio permanente para sociedades y algunas personas naturales, incrementar la tasa de impuesto a la renta para grandes grupos económicos, focalizar el subsidio al gas de uso doméstico e implementar una nueva versión del impuesto ambiental a la contaminación vehicular.
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Seis opciones económicas
Carlos Larrea, profesor e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar y doctor en Economía Política, asegura que el argumento de que el país necesita los recursos de la explotación petrolera del bloque ITT no es sólido porque, en general, las reservas probadas del país vienen en descenso. En otras palabras, pronto Ecuador no podrá depender económicamente del petróleo.
Larrea asegura que existen informes internacionales que mencionan que al país le quedan menos de ocho años como productor si se mantienen las cifras actuales de explotación de crudo, las cuales rondan los 480 000 barriles diarios. “En unos tres o cuatro años Ecuador se convertirá en un importador neto de petróleo, como le pasó a Bolivia”.
Mateo Villalba llama la atención sobre una declaración pública del exministro Santos en 2023 en la que aseguró que Ecuador dejaría de percibir 1200 millones de dólares anuales si se deja de explotar el bloque ITT. Según dice el economista, esta cifra se posicionó mediáticamente pero está muy alejada de la realidad. “La cifra viene de un cálculo bien burdo en el que se multiplica la producción de barriles anuales por el precio del petróleo de esa época. Ese es el ingreso bruto, pero para explotar el campo petrolero se incurre en costos de inversión, costos de operación y deducciones legales, lo que queda después de eso es el ingreso neto”.
Villalba, Larrea y los demás académicos mencionan en su informe que hace unos meses el Banco Central de Ecuador presentó el Estudio de los impactos macroeconómicos de mantener el bloque 43-ITT indefinidamente en el subsuelo donde plantea un escenario optimista (con una producción de petróleo a niveles máximos y un alto precio), en el que los ingresos netos por el ITT serían de 510 millones de dólares, “una cifra que no es ni la mitad de la cifra de 1200 millones de dólares que se posicionó mediáticamente y que hoy siguen repitiendo”, dice Villalba
Bajo un escenario pesimista, los economistas mencionan un ingreso neto de 275 millones de dólares por año y, en un escenario intermedio, la cifra sería de 393 millones. Pensando en este último escenario plantearon seis alternativas fiscales que se pueden aplicar en el corto y mediano plazo.
La primera de ellas es reducir la brecha tributaria, la cual tiene entre sus principales causas a la informalidad de la economía y del mercado laboral, la cultura tributaria, el incumplimiento de pago por parte de contribuyentes y la evasión.
El documento menciona que la brecha para el impuesto a la renta para personas naturales y el IVA es de 3793 millones de dólares. “Reducir esa brecha tributaria apenas en un 10 % podría generar 379.3 millones de dólares, una cifra cercana a la totalidad de lo que dejamos de percibir como ingresos petroleros por no extraer petróleo en el Yasuní”, comenta Villalba y agrega que “reducir la brecha tributaria debe ser una de las metas que se proponga cualquier gobierno, sin importar la ideología política”.
La segunda alternativa es reducir el gasto tributario del gobierno y esto se consigue al eliminar ciertas exoneraciones, rebajas y devoluciones que se le da a algunos sectores económicos en campos como el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la renta y el IVA. Esto, según se indica en el documento, puede representar recursos por más de 641 millones de dólares al año.
La siguiente alternativa fiscal es aplicar un impuesto permanente para personas naturales y empresas con grandes patrimonios. En el caso de grandes empresas aplicaría para patrimonios netos iguales o mayores a 5 millones de dólares con una tarifa de 0.5 %, lo que generaría ingresos fiscales por 231,6 millones de dólares cada año. “Para el caso de personas naturales se podría establecer un impuesto a patrimonios iguales o mayores a 1 millón de dólares con una tarifa de 0.4% que brindaría alrededor de 90 millones de dólares anuales para las arcas fiscales”, se lee en el documento.
Una cuarta alternativa es subir el impuesto a la renta de un 25 % a un 28 % para los grandes grupos económicos en el país, quienes actualmente pagan la misma tasa que el resto de empresas en Ecuador. “De esta manera, si la tasa impositiva aumenta a 28 %, la recaudación se incrementa en más de 210 millones de dólares anuales”, aseguran los economistas en su documento.
Los autores de la propuesta también sugieren una focalización del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico. En este rubro se pueden combinar una conversión hacia las cocinas de inducción y la cocción con energía eléctrica, mientras se implementa una focalización mediante la reducción del subsidio para los mayores consumidores, sin afectar a hogares que mantengan un uso más moderado. “Con base en las cifras de consumo y de hogares, se evidencia que para 2023 cada hogar utiliza un promedio 16 tanques de gas anuales o 1.33 por mes. Si se mantiene el subsidio únicamente para el consumo de un tanque de gas por mes por hogar, esto le podría ahorrar al Estado alrededor de 100 millones de dólares anuales”, indica el documento.
Mateo Villalba asegura que el tema del gas es polémico entre los políticos, debido a los réditos electorales que genera mantener el subsidio, sin embargo, comenta que es un combustible “súper pernicioso para el consumo en Ecuador”, porque el subsidio genera un costo fiscal, Ecuador no produce suficiente gas licuado de petróleo y debe importarlo, lo que también genera un costo externo, y porque al quemarlo genera contaminación a través de gases de efecto invernadero.
La última alternativa planteada por los economistas es la reconfiguración de un tributo basado en el antiguo Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular y que permita gravar a los vehículos con mayor cilindraje y que sean más nuevos y costosos. En 2019, último año de vigencia de este impuesto, se recaudaron 122 millones de dólares, lo cual puede ser una referencia del potencial recaudatorio del nuevo impuesto.
Si las autoridades nacionales consideran estas alternativas se pueden alcanzar recursos adicionales para la caja fiscal por más de 1700 millones de dólares anuales. Esto superaría los ingresos de la producción del bloque ITT para el presupuesto estatal, inclusive bajo el escenario más optimista (510 millones en promedio)”, se afirma en el documento entregado a la Corte Constitucional.
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Una alternativa a largo plazo
El documento también destaca una alternativa a largo plazo que consiste en estructurar e implementar una estrategia de protección de la biodiversidad y promoción de la transición hacia una economía sustentada en turismo y servicios ambientales basados en la naturaleza. Esto se plantea porque las exportaciones de petróleo, medidas en barriles diarios, han caído ya en un 22.6 % desde 2014, y el rápido crecimiento de las importaciones de derivados amenaza con superar los ingresos por exportación de crudo.
“El problema de fondo es que el ITT no es rentable. ¿Cuál es el futuro del Ecuador cuando en unos cuantos años deje de ser un país petrolero? Ciertamente no está en la minería porque las exportaciones de minería apenas han reemplazado aproximadamente un 15 % de las exportaciones de petróleo, las perspectivas de crecimiento que tiene son muy limitadas y las utilidades que deja para el Estado representan al menos la quinta parte de lo que estamos recibiendo con el petróleo”, comenta Carlos Larrea.
Larrea también menciona que “realmente la única opción que vemos en el futuro para reemplazar el petróleo es la vinculada con la naturaleza, ya que Ecuador es uno de los cinco países más biodiversos del mundo y tiene una enorme riqueza cultural e histórica”.
Los economistas esperan que la Corte Constitucional les permita presentar su documento en una de las audiencias que el organismo judicial realice para dar seguimiento al cumplimiento de la consulta popular del Yasuní.
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Aún sin fecha para cierre del bloque ITT
Diversos colectivos que apoyaron y promovieron la consulta para determinar el futuro del bloque ITT, como es el caso de Yasunidos, esperan que la Corte no tarde en pronunciarse. Pedro Bermeo, vocero de esta organización, asegura que el Estado, hasta el momento, no ha hecho nada para cumplir con la voluntad popular.
“Para explotar un bloque petrolero tiene que existir un plan de cierre, esa es una de las condiciones para obtener la licencia. Sin embargo, el gobierno ni siquiera ha presentado la actualización del plan de cierre para el ITT. La Corte Constitucional, en un debate en mayo del 2023, pidió información sobre cuánto tiempo demoraría el cierre, cuánto costaría y cómo se haría, pero ninguna entidad del Estado le respondió. Es por eso que la misma Corte reprendió al gobierno en la sentencia que dio paso a la consulta popular”, dice Bermeo.
El vocero de Yasunidos también recuerda que hace menos de cuatro meses el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 257 que creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular del Yasuní ITT (CEVP Yasuní-ITT), pero este es el momento en que ese documento sigue siendo “letra muerta”, pues no se ha informado de plazos y presupuesto para lograr el retiro de la industria petrolera del parque nacional. Lo cierto es que la extracción petrolera en el bloque petrolero se mantiene en niveles prácticamente iguales a los que tenía antes de que se conocieran los resultados de la consulta popular.
*Imagen principal: Líderes indígenas y jóvenes activistas enviaron un mensaje a la sociedad ecuatoriana antes de la consulta popular sobre el destino del Parque Nacional Yasuní. Foto: Martin Kingman / Amazon Frontlines.
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