La industria petrolera que opera en la Amazonía tiene detrás más de 20 mil millones de dólares de financiamiento que proviene de solo ocho bancos. Instituciones financieras que en sus discursos  aseguran mantener políticas de sostenibilidad, de cuidado del planeta y respeto a los derechos humanos, pero en los hechos subvencionan una actividad extractiva que tiene un historial de contaminación de ríos, como consecuencia de los derrames petroleros, y afectación a los territorios y a la vida de pueblos indígenas.

Esta contradicción fue lo que desató el estudio “El blanqueo ecológico en la Amazonía”, una investigación realizada por Stand.earth —organización sin fines de lucro dedicada a la defensa del medioambiente—, analizó las políticas de sostenibilidad y derechos humanos de seis de estos bancos —Citibank, JPMC, Itaú Unibanco, Banco Santander, Bank of America y HSBC—  y su responsabilidad al financiar una industria que transgrede los principios que las empresas financieras dicen respetar.

Los bancos que forman parte de este estudio han financiado empresas petroleras cuestionadas —entre ellas Geopark, Fronteras, Gran Tierra y Petroperú— que además arrastran historiales de derrames de petróleo, conflictos con las comunidades indígenas amazónicas. En varios casos estas empresas han abandonado sus operaciones en un país por cuestionamientos socioambientales, pero se han instalado en países vecinos.

Las petroleras mencionadas en el informe de Stand.earth figuran en los especiales Manchados por el petróleo y Las deudas del petróleo publicados por Mongabay Latam en los años 2022 y 2023. Estos reportajes dan cuenta de los daños que ha causado la industria de hidrocarburos en cuatro países —Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia— de la Amazonía.

Mongabay Latam conversó con Gisela Hurtado, coordinadora del Programa 80×2025 en la Amazonía, y Martyna Dominiak, coordinadora del Programa de Finanzas en la Amazonía, de Stand.earth, quienes hablaron sobre los resultados del estudio, pero también sobre la responsabilidad de las empresas petroleras, los daños que ocasionan en la Amazonía y la falta de remediación de los lugares afectados por el petróleo.

—En el informe “El blanqueo ecológico en la Amazonía”, Stand.earth analizó las políticas de los seis bancos que financian a las empresas petroleras y de gas que operan en la Amazonía, ¿cuáles fueron las conclusiones de este análisis?

—El informe es para nosotros una continuación de nuestra investigación sobre cómo los bancos financian la industria petrolera en la Amazonía y cuáles son los impactos de este financiamiento en las comunidades indígenas y en la naturaleza. En nuestro informe anterior, “Las ganancias del colapso”, se informa  cuáles son los principales bancos que financian petróleo y gas. En esta ocasión queríamos entender cómo es posible que estos bancos, que hablan mucho de sostenibilidad, de cuidar el clima, la biodiversidad y los derechos humanos, siguen financiando la actividad petrolera en el sitio más biodiverso del mundo.

Lo primero que vimos es que el 71 % del territorio de la Amazonía no está protegido por ninguna política de sostenibilidad de los bancos. Lo segundo que encontramos es que estas políticas tienen vacíos y en la mayoría de sus transacciones no necesitan aplicar estas políticas. Analizamos más de 500 transacciones entre estos bancos y las compañías petroleras que operan en la Amazonía y en la mayoría de ellas estas políticas no se aplican. Creemos que las políticas existen solo para mostrar que los bancos hacen algo, pero la realidad no lo hacen.

—¿Pueden mencionar casos específicos de estas empresas petroleras y su relación con el financiamiento de estos bancos?

—Uno de estos ejemplos es Petroperú, por toda la contaminación que ha causado el Oleoducto Nor Peruano (ONP). Es importante entender que los bancos tienen dos tipos de financiamiento, uno es a través de un proyecto específico y el otro es que financian a la empresa directamente. Es muy importante entender esta diferencia porque cuando se trata de un proyecto específico, se fijan solamente en los impactos que pueda tener ese proyecto, pero no toda la empresa. En cambio, cuando financian directamente a la empresa, sí hacen una debida diligencia sobre la empresa.

El financiamiento que llega a Petroperú de los bancos Citibank, HSBC, JPMorgan —los que más invierten en financiar la exploración y explotación de petróleo en la Amazonía— no es para el Oleoducto Nor Peruano, sino para la refinería de Talara, por tanto, cuando hicieron el estudio dijeron: bueno, Talara está en el norte de Perú, no es Amazonía y solamente vamos a ver el proyecto de Talara. No analizaron a Petroperú y los impactos que tiene en la selva, ni que es el administrador del Oleoducto Nor Peruano. Hubo un desconocimiento por parte de los bancos de los impactos que causa Petroperú. Es un ejemplo claro de los vacíos que tienen los bancos al momento de analizar sus inversiones.

— ¿Qué otros casos han analizado?

— Otro ejemplo es la compañía Eneva, una empresa brasileña que explota gas en la Amazonía. Esta empresa tiene dos proyectos, uno es el Complejo de Gas de Parnaiba y el otro es una central eléctrica de gas cerca de Azulao, que afecta comunidades indígenas, incluyendo pueblos indígenas en aislamiento. La fiscalía federal brasileña ha solicitado la suspensión del permiso de Eneva para realizar exploraciones de gas en el Campo de Azulao. Entre los bancos que financian Eneva está el Santander, que también financió Petroperú en la emisión de los bonos para la refinería de Talara. Santander es el cuarto mayor financiador de la industria petrolera en la  Amazonía y el mayor financiador de Eneva. Bancos como Itaú Unibanco, Citibank y Santander son los mayores financiadores de estos grandes proyectos que afectan comunidades indígenas. En el caso de Citibank, por ejemplo, ha sido el único financiador de PetroEcuador cuando esta empresa ingresó al Parque Nacional Yasuní.

—¿Los bancos no se responsabilizan por los daños que ocasionan las empresas petroleras?

—En las conversaciones que se han tenido con estos bancos, ellos dicen que desconocían los impactos que Talara podría tener en la Amazonía peruana.

Talara tiene una capacidad de 95 000 barriles diarios y la producción total de Perú es de 43 000 barriles diarios, por tanto, eso no alcanza para llenar solamente Talara cuando, además, existen otras refinerías como La Pampilla, por ejemplo, que también necesita petróleo. Se necesita producir más petróleo para alimentar Talara, ¿y de dónde sale este petróleo? Según los reportes que PeruPetro ha presentado a la Comisión de Hidrocarburos del Congreso, se tenía planeado que este petróleo provenga de la Amazonía peruana, especialmente del Lote 192, del Lote 8, del Lote 64 y de los lotes del norte que son el Lote 6, el Lote 10 y el Lote 1.

Cuando se tiene en cuenta que Talara, para poder recuperar todo el financiamiento que ha tenido de los bancos, necesita operar en la Amazonía, recién entras en esa lógica. Pero los bancos no tienen esa lógica. En abril de este año, Citibank sacó un reporte sobre cómo promueve los derechos de los pueblos indígenas y menciona que supuestamente respeta el derecho al consentimiento previo, libre e informado, pero cuando ves el Lote 64, encuentras que hay una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el lote se instaló sin consentimiento previo, libre e informado.

—Una investigación de Mongabay Latam encontró que existían más de 6 000 desechos de petróleo sin limpiar en cuatro países de Latinoamérica. ¿Por qué las empresas petroleras que operan en la Amazonía no se responsabilizan por estos daños?

—En Perú y en Colombia ha habido la política de abrir los brazos y de imponer pocas regulaciones hacia las empresas transnacionales. Un ejemplo es el Lote 192, que empieza a operar en los años setenta cuando Perú no había suscrito el convenio 169, entonces, ni siquiera se tenía que consultar a los pueblos indígenas. En Colombia también hay ejemplos de empresas como Geopark y Gran Tierra Energy que llegan a los territorios e iniciaron sus operaciones sin presencia del Estado para hacer cumplir las regulaciones cuando ya existían y luego, cuando empiezan a tener problemas se van a otro país. Por ejemplo, Geopark, estuvo desde el 2016 hasta el 2020 en el Lote 64, en Perú, hasta que los pueblos indígenas lograron expulsarla y se va a Colombia, a operar en la región del Putumayo. Hay una falta de regulación internacional sobre estas empresas transnacionales, y una lógica de los países de apertura porque estas empresas van a llevar desarrollo, cuando las empresas lo que han traído hasta ahora ha sido contaminación.

—¿Qué dicen los bancos al respecto?

—Los bancos dicen que es responsabilidad de los  países regular a estas empresas, pero si empezamos a entender cuál es la lógica que se tiene en estos países sobre esta apertura, entonces vamos a estar jugando al huevo y la gallina.

Se ha hablado con los bancos para que tengan cierta responsabilidad sobre a quién le están dando ese préstamo. Pero también es difícil que esos bancos transnacionales puedan tener una regulación sobre las empresas a las que están dando el dinero. Otra cosa es el poder que puedan tener muchas de estas empresas transnacionales. Un ejemplo es Pluspetrol, que le ganó el arbitraje a Perupetro. También está el caso de Frontera Energy que operó en el Lote 192 y luego se fue. Las empresas llegan, impactan, dejan sus pasivos ambientales y luego se van. Es muy difícil que puedan responder por esos pasivos ambientales.

Otro ejemplo es Gran Tierra Energy, que operó en el Putumayo, cerca de un humedal. El pueblo Inga logró ganar una sentencia a nivel nacional, pero Gran Tierra Energy se fue y ahora lo que están buscando es la remediación de los impactos. Por eso se pide que se pueda denunciar a estas empresas en los lugares de origen, donde tienen sus matrices, pero hasta ahora ha sido difícil. Cuando se intentó en Canadá, lo que dijo la Corte en ese momento fue que el problema no ocurrió en Canadá. Ese es el problema con estas empresas transnacionales que entran, operan en un lugar y luego se van. Es difícil buscar la responsabilidad de estas empresas por la falta de regulación en los países y la falta de regulación entre los mismos bancos para seguir inyectando dinero. La debida diligencia  que deberían hacer estos bancos es ver cuánto han impactado estas empresas en anteriores lugares.

—¿​​Y en ninguno de los países asumen su responsabilidad ni tienen sanciones?

—En el caso de PlusPetrol sí ha tenido sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Otro caso es el de la compañía Gunvor, basada en Suiza, que debería pagar una sanción de 93 millones de dólares a Ecuador por casos de corrupción. Cuando analizamos cómo estas compañías afectan la vida política y la vida social de nuestros países, creo que la historia de Gunvor es muy interesante porque se ve cómo este tipo de  inversiones soborna a los políticos corruptos. Pero es muy difícil para las comunidades exigir la remediación de estas empresas.

La organización Oxfam tiene un reporte sobre los impactos de Frontera Energy y están tratando de acudir a Canadá para buscar, de alguna manera, esa responsabilidad, pero es muy difícil una vez que la empresa sale de un país. Otro ejemplo es Chevron, hay una sentencia en Ecuador, pero salió del país y no paga. Lo que se busca es que en Estados Unidos  se pueda cumplir, pero es muy difícil que tribunales en Estados Unidos o en Canadá acepten estos casos porque les falta jurisdicción. Otra de las estrategias que se utiliza son las campañas de presión pública hacia las empresas, pero es muy complicado.

—¿Son frecuentes los casos de sobornos a los gobiernos?

—Pienso en Talara, que ha costado alrededor de 5.8 millones de dólares, pero una refinería parecida a Talara, que es La Esmeralda, en Ecuador, costó 2.7 millones de dólares. La Contraloría de Perú ha emitido un informe señalando que no puede analizar si hubo o no corrupción en Talara porque tiene que estar terminada al 100 % y ahora está al 99 y algo por ciento, pero nunca la termina, entonces, todavía no tenemos un documento oficial.

—¿Se ha propuesto algún acuerdo internacional para que regulen las actividades petroleras en varios países?

—Uno de los pedidos es que las empresas que, generalmente, están en el norte global puedan asumir la responsabilidad de sus subsidiarias que operan en el sur. Hay un tratado, por iniciativa de Ecuador, que se está negociando hace 10 años. Es el Tratado de Responsabilidad de Empresas Transnacionales en Naciones Unidas. Existe además un sistema de denuncias en la  OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y, si no me equivoco, hay solamente un caso en el mundo de un banco que tuvo que pagar a una comunidad afectada. Pero no es obligatorio para las compañías entrar en estos diálogos con comunidades afectadas o con las organizaciones, es un sistema débil y necesitamos más regulaciones a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Además, las empresas directa o indirectamente ponen en peligro a los pueblos y a los defensores ambientales y hay varios pueblos que no han querido sentarse a dialogar con estas empresas.

—¿Por qué no avanza la propuesta para una regulación internacional en las Naciones Unidas?

—Por falta de voluntad política, especialmente de los países del norte y son los países los que tienen que acoger la propuesta. Los países que están promoviendo esta propuesta han avanzado en grupos de trabajo y hay entre 15 a 20 estados que se han adherido a estos grupos de trabajo.

—¿Cómo se podría lograr que se concrete la remediación en los lugares impactados por el petróleo?

—Siento que de remediación se habla muy poco. Cuando Pluspetrol se fue de Perú no tenía ni siquiera un plan de abandono, por eso OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental)  le abre un proceso. En el Lote 192, las comunidades han mencionado que aceptarían la actividad petrolera, pero con la condición de que se ejecute la remediación. Un principio es que el contaminador paga, pero también por la historia que viene detrás, porque el Lote 192 empieza en los años setenta, hay muchas empresas que han dejado varios pasivos y se han ido sin ninguna remediación, porque argumentan que no provocaron esos impactos.

Imagen principal: Derrame de petróleo en la Amazonía peruana. Foto: Patrick Murayari Wesember. 

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Yvette Editor/a

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