- Habitantes del noroccidente de Quito aseguran que las concesiones mineras continúan operando. Muchas de ellas, incluso antes de la consulta popular del 20 de agosto de 2023, funcionaban sin haber realizado la consulta ambiental que ordena la ley. Otras fueron otorgadas de forma exprés días antes de la consulta popular.
- Mineros ilegales han entrado a concesiones que están abandonadas y los habitantes de varias parroquias rurales de Quito temen por un incremento de la violencia.
- El municipio aún no emite las ordenanzas donde se indica que la minería en cualquier escala está prohibida en el noroccidente de la capital, zona que hace parte de la reserva de biosfera del Chocó Andino.
El 20 de agosto de 2023, Ecuador no sólo eligió a Daniel Noboa como el presidente que terminaría el mandato de Guillermo Lasso, sino que realizó dos consultas populares en las que los electores le dijeron no a los proyectos extractivos: la primera le ordenó al Ejecutivo detener toda exploración y explotación petrolera en el bloque ITT dentro del Parque Nacional Yasuní y la segunda prohibió la minería artesanal así como de pequeña, mediana y gran escala en el Chocó Andino de Quito.
Sin embargo, ha pasado más de un año y las comunidades y organizaciones que promovieron dichas consultas se quejan por los incumplimientos del gobierno ecuatoriano.
En el caso del Chocó Andino, el colectivo Quito Sin Minería —que agrupa organizaciones y personas que se oponen a la actividad minera en zona rural del noroccidente de la capital ecuatoriana— asegura que, actualmente, más de 11 000 hectáreas están concesionadas en las parroquias de Pacto, Nanegal y Gualea y que entre estas concesiones están aquellas que han venido operando de forma irregular, ya que no cuentan con la consulta ambiental que exige la Constitución e incumplen los resultados de la consulta popular.
A finales de agosto de este año, el colectivo envió una carta a la Corte Constitucional para que active su mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la Consulta Popular donde cerca del 70 % de los quiteños le dijeron no a la minería.
“Hasta ahora, ni el gobierno central ni los gobiernos locales han cumplido con la revisión de estas concesiones […] A pesar del resultado, y debido a una falta de voluntad política, la amenaza continúa principalmente en la parroquia de Pacto, donde empresas mineras y personas extrañas a las comunidades siguen extrayendo material [principalmente oro]”, aseguran en la carta, donde también destacan que el Chocó Andino fue declarado por la UNESCO como la séptima reserva de biosfera en el Ecuador en el 2018, por lo que esta se convierte en una razón más para proteger la zona.
Lee más | La familia que revivió la esperanza a un pedazo de selva en el Guaviare en Colombia
Los ilegales llegaron al Chocó Andino
“Hemos ganado la consulta y la Corte Constitucional ha dictado sentencia. Es hora de que las autoridades actúen. El Municipio de Quito debe declarar al Chocó Andino como un territorio libre de minería metálica y proceder con la revisión de todas las concesiones mineras en la zona. Además, exigimos al Ministerio de Energía y Minas que actualice y publique la información sobre el estado de las concesiones mineras de inmediato”, afirma Ivonne Ramos, integrante de la organización Acción Ecológica que ha acompañado todo el proceso en contra de la minería en Quito.
Según los últimos datos del catastro minero de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), existen 27 concesiones dentro del territorio del Chocó Andino que quedó restringido por la Consulta Popular, porque la consulta no es retroactiva, es decir, las concesiones otorgadas anteriormente pueden operar hasta que venzan sus plazos de operación, siempre y cuando hayan cumplido con los permisos ambientales que son requisito para iniciar actividades.
De hecho, tres de ellas (3332 hectáreas) enfrentan procesos legales o penales por incumplimientos en los requisitos ambientales.
Habitantes de las parroquias rurales de Quito aseguran que muchas de las empresas que tienen concesiones mineras iniciaron actividades de exploración, pero luego las dejaron abandonadas y de esa manera propiciaron la llegada de la minería ilegal.
“En territorio vemos que la minería ilegal está tomándose los espacios que son responsabilidad de las empresas que tienen las concesiones mineras. Están entrando las mafias ligadas a los carteles de la droga a explotar de noche”, dice Inty Arcos, biólogo y coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino —una plataforma de la sociedad civil de coordinación, diálogo y gobierno participativo, conformada por seis parroquias rurales del noroccidente de Quito: Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto—.
Arcos asegura que la cercanía a la zona urbana de Quito les ha permitido contar con presencia de la Policía cada vez que presencian actividades ilegales, pero que comunidades que viven mucho más alejadas del casco urbano de la capital no tienen la misma suerte. Además, afirma que no se han tomado medidas de fondo para que todas las actividades mineras se retiren del territorio. “Sabemos que si la minería entra, también entran todos estos procesos de violencia que están ligados al narcotráfico”.
La Contraloría General del Estado ha emitido informes en los que revela irregularidades en varias concesiones, las cuales vienen desde antes de realizada la consulta popular. Por ejemplo, en un informe de 2021, la autoridad fiscal hizo una auditoría a la Empresa Nacional Minera (Enami S.A.) en la que asegura que los directivos de la compañía “no tomaron medidas de seguridad para resguardar el área de las concesiones, lo que permitió la incursión de actividades mineras no autorizadas, incidiendo en el cumplimiento del objetivo del proyecto”.
Trámites exprés y falta de consulta ambiental
Otra de las quejas de las comunidades es que el Estado tampoco ha regulado la operación de aquellas concesiones mineras otorgadas en el Chocó Andino, antes de la consulta popular, que no contaban con consulta ambiental. Lo que corresponde, denuncian los colectivos y comunidades, es declararlas ilegales.
María Eulalia Silva, directora de Cámara de Minería del Ecuador, le dijo al medio Plan V que “las concesiones que están ahí [en el Chocó Andino] pueden seguir trabajando”. Sin embargo, reconoció que hay concesiones que no obtuvieron la licencia para explotación antes de la consulta popular, por lo que en la práctica no podrán extraer material metálico de la zona.
En ese sentido, Ivonne Ramos recuerda que, en febrero de este año, una empresa minera que tenía una concesión antigua, pero no contaba con los permisos para extraer minerales, intentó hacer una consulta ambiental en la parroquia de Pacto. Sin embargo, menciona que después del referendum no es legal tratar de obtener permisos. Ramos añade que la Corte también fue clara al indicar “que las empresas que ya tenían concesiones antes de la consulta popular no podrán renovar contratos ni permisos, por lo que paulatinamente esas concesiones llegarán a un final”.
Las preocupaciones del colectivo Quito Sin Minería no paran allí. Sus integrantes aseguran que varias concesiones se otorgaron de manera exprés pocos días antes de realizarse la consulta popular de agosto de 2023 y que hasta ahora no han podido acceder a los documentos donde se detallan las aprobaciones. Javier Huamán, coordinador del colectivo Quito Sin Minería, menciona que una de esas concesiones pidió el cambio de gran minería a pequeña minería, porque eso facilitaba muchos de los trámites que tenía que hacer. “Sólo nos han dicho que las concesiones se alcanzaron a otorgar porque los procesos venían de tiempo atrás”, agrega.
Lee más | ‘Voces silenciadas’: 166 defensores ambientales fueron asesinados en Latinoamérica en 2023
Comunidades insisten en el cumplimiento de la consulta popular
Para el colectivo Quito Sin Minería, ha habido algunos logros después de la consulta popular del año pasado. Una de ellas es que dos grandes concesiones mineras se borraron del mapa minero de Ecuador y, precisamente, estas se superponían con parte del Corredor Ecológico del Oso Andino que creó la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito en el 2013.
“De manera automática el día que ganamos la consulta, 10 000 hectáreas quedaron libres de la amenaza minera en la parroquia de Nanegalito, porque las concesiones aún
estaban en fase de trámite y no pudieron ser otorgadas en concesión. Para 2027, más de 3900 hectáreas deben salir del catastro minero porque caducan sus contratos”, agrega Ivonne Ramos. Poco a poco el Chocó Andino del noroccidente de Quito deberá quedar sin concesiones mineras porque ya no se permiten renovaciones de contratos, licencias y permisos para la extracción de minerales.
Quito Sin Minería exige que no solo se abandonen las operaciones vigentes, sino que las minas cierren y realicen una remediación ambiental integral.
Fred Larreátegui, abogado especializado en derecho ambiental, asegura que a pesar de esos logros, es necesario que se cumpla con el mandato de la consulta popular y con el dictamen asociado de la Corte Constitucional, donde se pide incluir en las ordenanzas del municipio de Quito la prohibición de realizar exploración y explotación minera.
Para Larreátegui, es importante dejar claro otro asunto. Se refiere al hecho de que haber otorgado concesiones antes de la consulta popular por sí mismo no es un argumento para explotar minerales, si es que todos los requisitos y permisos necesarios para hacerlo no se cumplieron y obtuvieron antes de dicha consulta.
“Le pedimos a la Corte Constitucional que empiece con el control constitucional del cumplimiento de la consulta popular. La Corte tiene la facultad de llamar a los involucrados y hacer una especie de rendición de cuentas. Seguiremos insistiendo y luchando. Sabíamos que no iba a haber una aceptación de buenas a primeras por parte de las mineras”, afirma Javier Huamán.
*Imagen principal: Plantón en las calles de Quito. Foto: Acción Ecológica.
Créditos
