- Latinoamérica sigue siendo la región más letal para los defensores ambientales. Sólo Colombia registró el 40 % de los asesinatos del 2023, según el último informe de la organización Global Witness.
- En entrevista con Mongabay Latam, Javier Gárate, asesor político para Estados Unidos de la campaña sobre personas defensoras de la tierra y el medioambiente, comenta que los grupos armados que están en diálogos de paz con el gobierno colombiano han escalado la violencia en los territorios como una forma de demostrar su poder en las negociaciones.
- La impunidad y la falta de información sobre la situación de los defensores en Latinoamérica llevan a que muchas políticas de atención de los gobiernos no respondan a las realidades en los territorios y a que no puedan implementarse eficazmente.
De los 196 asesinatos cometidos en 2023 contra quienes defienden la tierra, los bosques, el agua y la vida, 166 ocurrieron en América Latina, es decir, el 85 % de los ataques se dieron en esta región. Así lo reveló a inicios de septiembre de este año el informe anual de la organización Global Witness.
Colombia nuevamente se ubicó como el país más letal para los defensores ambientales. Registró 79 asesinatos y esto representa un récord que ningún país quisiera ostentar: es la cifra más alta registrada por una nación desde el 2012, año en el que Global Witness empezó a publicar su reporte. En la lista le siguen Brasil con 25 crímenes,México y Honduras con 18 cada uno.
Durante el quinto foro internacional “Biodiversidad, crimen ambiental y paz con la naturaleza: Nuevas tendencias para el control de los delitos ambientales”, realizado en septiembre en Villavicencio, Colombia, Mongabay Latam conversó con Javier Gárate, asesor político para Estados Unidos de la campaña sobre personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.
“La intención de los criminales es crear miedo y zozobra. El objetivo es silenciar a las personas, desarticular las comunidades e incluso dividirlas”, dice Gárate, quien se especializa en la promoción de políticas para el reconocimiento y protección de personas defensoras, con un enfoque especial en América Latina. En esta entrevista habla de por qué Latinoamérica siempre aparece como la región más letal para los defensores, sobre el agravamiento de la situación en países como Colombia, la influencia de la inestabilidad política en los crímenes y la especial atención que se le debe dar a las comunidades que viven en territorios ricos en minerales para la transición energética.
—¿Qué factores influyen en que América Latina siempre sea la región más letal para los defensores ambientales?
—Lo primero que hay que decir es que en la región hay comunidades muy organizadas que están exigiendo sus derechos y eso lleva a que también haya acciones para silenciarlos e inhibir sus reclamos. Cuando tienes una sociedad organizada y movilizada, hay mucha más represión. Al mismo tiempo, sabemos que en otras regiones del mundo la situación no es mejor, lo que pasa es que en África y en Asia tenemos una dificultad para poder registrar todos los casos. Global WItness tiene una metodología y unos criterios muy estrictos para que un caso pueda ser ingresado en el informe, por ejemplo, se debe contar con un nombre, una biografía de la persona, información pública sobre los hechos con una conexión directa o real con temas ambientales o de tierras, entre otros criterios. A veces cuesta mucho conseguir esa información en otras regiones, porque no tienen la capacidad para hacer ese tipo de documentación. Ahora estamos en un proceso de formación y generación de capacidades en esas regiones.
—Este año Colombia registró el número de asesinatos más alto para un país (79) desde el 2012, año en que Global Witness empezó a publicar sus informes anuales. Además, todos los años aparece en los primeros lugares. ¿Cuál es su percepción sobre lo que ocurre en el país?
—Es muy preocupante. Desde que empezamos a hacer este informe en el 2012, Colombia siempre ha estado en el primer, segundo o tercer lugar de países donde hay más asesinatos de personas defensoras. Pero en 2023 la situación se agravó: 79 casos de 196 es una cifra bastante alta y eso tiene que ver con diversos factores.
Históricamente las personas defensoras del ambiente han sido amenazadas y atacadas en Colombia, pero en el contexto actual que vive el país, de estar en un diálogo con diversos grupos ilegales, estos actores armados están aumentando sus acciones para mostrar la fuerza y el control social que tienen en diferentes territorios. Esto pone en situación de vulnerabilidad a ciertas comunidades, por ejemplo en el departamento del Cauca. Casi siempre registramos las cifras más altas en los mismos departamentos: Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, regiones donde los actores armados están muy presentes. El gobierno intenta crear acciones y políticas para la protección de los defensores, las cuales son muy bienvenidas, pero todas esas acciones todavía no se ven reflejadas en el territorio.
—Países en Centroamérica tienen cifras más bajas de asesinatos, pero cuando se compara con el total de su población, la situación en realidad es muy grave. ¿Qué tendencias observa Global Witness en naciones como Honduras, Nicaragua y Guatemala?
—Cuando empezamos a conceptualizar el informe queríamos traer atención a regiones que tienen menos visibilización. Sabemos que cuando publicamos el informe la atención recae principalmente en países como Colombia, Brasil, México o Filipinas, pero a lo largo de los años hemos visto que si se analiza la cifra per cápita, Honduras siempre ocupa el primer lugar. Cuando se analiza cuál es el país más peligroso para las personas defensoras puedes tener respuestas diferentes dependiendo de cómo analices las cifras y las situaciones. Puedes decir Colombia por la magnitud de los casos, puedes decir Honduras cuando analizas los asesinatos per cápita, o pueden estar otros países si te fijas en el tipo de población que está en riesgo.
En Centroamérica es muy preocupante lo que pasa en Honduras, pero también hay casos en Guatemala y Nicaragua, donde influye mucho la situación que se vive con el gobierno actual. Este año también registramos cinco casos en Panamá, una situación bastante nueva para nosotros y que estuvo ligada a una movilización contra una empresa minera. La situación en Centroamérica es compleja porque hay empresas que se están tratando de posicionar allí, pero también está muy presente el tema del crimen organizado y muchas veces ambos trabajan de la mano, poniendo en riesgo directamente a población indígena y campesina que está en estos territorios. Por eso quisimos poner la luz sobre esta región que tiene una biodiversidad tremenda, pero que al mismo tiempo vive una situación crítica y de gran riesgo para quienes buscan defenderla.
—¿Qué tanto influye la crisis y la inestabilidad política de muchos países de la región en la situación de vulnerabilidad de los defensores ambientales?
—Esto no se puede ver como una fotografía de lo que sucede hoy sino que esto es un histórico de lo que vive la región, especialmente Centroamérica, por todas las guerras que han sufrido y por la inestabilidad política en términos de democracias a veces no muy consolidadas y fuertes. Eso implica muchas veces no tener las políticas públicas y los mecanismos adecuados para proteger a las comunidades. Por ejemplo, en Honduras tienen un mecanismo de protección para personas defensoras, pero es muy deficiente, no llega a las organizaciones y a las personas que tienen que llegar; y eso contribuye al riesgo y a la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores ambientales.
—Comunidades étnicas, como los indígenas y los afrodescendientes, suelen ser algunos de los más afectados por la violencia. ¿Qué pasa con ellos, por qué siempre aparecen entre los más vulnerables y los más asesinados?
—Si juntamos a los indígenas y a los afro, ellos representaron el 49 % de los casos de líderes asesinados durante 2023 en el mundo y eso está completamente relacionado con los lugares donde ellos viven y con los intereses que hay en los territorios en los cuales están ubicados. Son lugares de muchísima riqueza de biodiversidad, sabemos que los territorios donde viven las comunidades indígenas son lugares donde hay menores niveles de deforestación, debido al cuidado que ellos hacen, pero también es ahí donde se encuentran muchos de los minerales, del petróleo y de los recursos más apetecidos. Hay una correlación directa entre la riqueza que ellos tienen en sus territorios y el interés que algunos tienen por acceder a esos recursos.
Vemos que hay un patrón de amenaza, extorsión y estigmatización contra estos pueblos. Se dice que están en contra del desarrollo, que no quieren el progreso de los países. Esa estigmatización también contribuye a que se vulneren sus derechos y se generen ataques. Ahora estamos muy preocupados porque hay una fuerte campaña para la transición energética, algo que es necesario, pero resulta que muchos de los minerales (entre un 60 y un 80 %) necesarios para esta transición están ubicados en territorios de comunidades indígenas.
Por ejemplo, muchas comunidades fueron desplazadas para acceder al petróleo que había debajo de sus tierras y ahora están ubicadas en lugares estratégicos para establecer energía eólica o solar, o donde hay minerales como el coltán o el litio. Poblaciones que fueron desplazadas por la industria de los combustibles fósiles, ahora están siendo amenazadas y desplazadas para poder acceder a estos minerales de transición. Es por eso que desde Global Witness estamos en una campaña sobre la necesidad de la transición energética, pero que esto no puede seguir los mismos patrones que hemos visto con la industria anterior. Tiene que ser con respeto a los derechos humanos y al ambiente.
—Ahora que menciona los minerales, precisamente la minería fue destacada en el reporte de 2023 como la industria más asociada con los asesinatos de los defensores ambientales…
—Quiero empezar diciendo que es muy difícil para nosotros hacer la relación directa entre una industria y un caso de violencia, debido a la falta de investigación que hay en los países, porque nunca son oportunas y muchas veces se quedan en quién cometió el crimen, es decir, en quién apretó el gatillo. Muy pocas investigaciones judiciales apuntan a quién está detrás del hecho violento. Son muy pocas las excepciones donde hemos visto sentencias o condenas contra quiénes ordenaron y financiaron el crimen. El caso de Berta Cáceres en Honduras es emblemático y excepcional porque hay sentencias y condenas para las personas que estaban detrás de la represa que se quería construir. Desafortunadamente este es un caso completamente aislado.
De los 196 casos que reportamos para 2023, pudimos conectar 25 con la industria minera, que lleva ya varios años siendo de las industrias más relacionadas con ataques a personas defensoras. Esto se debe a que muchos de los minerales están en territorios de comunidades y, para operar, la minería necesita acceder a todo el territorio y controlarlo.
En este informe tenemos un capítulo sobre los casos de desaparición forzada que se dieron en México, donde los líderes Antonio Díaz y Ricardo Lagunes se oponían a una mina de hierro en Michoacán. Los crímenes han sido cometidos por el crimen organizado y por organizaciones relacionadas con el narcotráfico, con una falta de reacción muy grave por parte del Estado. También sabemos del caso de Higinio Trinidad de la Cruz, un mexicano que fue llamado a una reunión en la oficina del alcalde de su municipalidad, luego fue sacado por la parte de atrás del edificio y esa fue la última vez que se le vio con vida. Estuvo un par de días desaparecido y después lo encontraron muerto. También se oponía a la minería.
Los defensores ambientales están muy solos. ¿Con quién pueden contar para su protección y defensa? Es una situación muy compleja.
—Muchos de los países que han ratificado el Acuerdo de Escazú, que tiene entre sus objetivos la protección de los defensores, aparecen entre los más letales en el informe de Global Witness. ¿Cuáles son los retos para que se cumpla con el Acuerdo?
—El acuerdo de Escazú es muy importante y fundamental. Hay que entender que lleva pocos años, hubo una pandemia en el medio y recién en abril de este año se realizó la tercera COP en Santiago de Chile, donde finalmente se acordó un plan de acción regional para el tema de defensores, para empezar a implementar acciones más concretas. Está recién diseñado y es difícil ver resultados inmediatos.
Con el plan de acción se fijaron temas importantes como generar la información de quiénes son los defensores y qué roles están jugando en la sociedad; que desde los Estados se implementen acciones para reconocer la labor de las personas defensoras, y fortalecer las capacidades estatales para crear política pública, planes de protección y un proceso de evaluación. Ojalá que una vez que los países empiecen a elaborar y a implementar sus planes de acción se empiecen a ver resultados.
Lo importante del Acuerdo es que también incluye una activa participación de la sociedad civil y eso también es fundamental, porque muchas veces se elaboran políticas y planes a espaldas de ellos, de sus comunidades y organizaciones. Nosotros estamos trabajando con organizaciones en África y en Asia que están analizando Escazú y están viendo cómo ellos lo pueden replicar, teniendo en cuenta sus contextos y sus marcos legales.
—¿Qué se puede hacer para que esos planes de acción efectivamente se implementen y no queden sólo en papel?
—El proceso de monitoreo constante es clave para ver cómo va la implementación. También son muy importantes los recursos para hacerlo. El Acuerdo de Escazú incluye un fondo voluntario para apoyar dicha implementación. Como Global Witness estamos tratando de hacer incidencia con gobiernos y grandes fundaciones para que haya una financiación real, porque sin recursos no se puede avanzar.
—¿Qué pueden hacer los gobiernos latinoamericanos para velar por la protección de los defensores ambientales?
—Cuando empezamos en el 2012 con el informe de defensores ambientales, casi nadie hablaba de la categoría de defensor ambiental, era una categoría inexistente. Nosotros empezamos a hacer el informe porque se asesinó a un colega nuestro en Tailandia que trabajaba el tema de la protección ambiental. Nos dijimos: “si asesinaron a un colega, ¿a cuantos más no estarán asesinando en el mundo?”. Entonces, empezamos a hacer este informe para tratar de tener un panorama y una imagen global de la situación. El primer paso fue el reconocimiento de este problema y ahora tenemos un relator especial para personas defensoras del ambiente dentro de Naciones Unidas, tenemos el Acuerdo de Escazú y tenemos muchas cosas que han ido avanzando en reconocer que hay que tomar acciones diferenciadas para abordar las problemáticas que rodean a las personas defensoras del ambiente.
Tengo entendido que en Colombia se trabaja en una política pública sobre personas defensoras y sería muy importante que se incluya una caracterización específica sobre defensores ambientales, con planes y medidas específicas. Y no sólo esto, en el tema de defensores también es importante entrar a diferenciar cuáles son las medidas que se tienen que tomar para comunidades indígenas, para pueblos afro, para poblaciones campesinas y para otro tipo de comunidades.
Para nosotros en Global Witness es muy importante el reconocimiento y la participación de las personas defensoras y la sociedad civil en todos los procesos que tienen que ver con la elaboración de políticas. Después de eso se necesitan medidas de protección que sean reales y un tema clave para nosotros siempre ha sido el avance en la justicia.
—¿Y cómo ve, precisamente, el avance en la justicia para los casos de asesinato y demás violencias en contra de defensores ambientales en Latinoamérica?
—En México, y creo que es similar en Colombia, la impunidad en los casos de asesinato está por encima del 90 %. Si no hay justicia, si no hay investigación y si no hay condiciones de no repetición, se seguirá pensando que se pueden cometer crímenes contra los defensores ambientales sin obtener consecuencias.
Nuestro trabajo tiene mucho que ver con la documentación y el monitoreo. Tener los datos de quiénes están siendo asesinados y quiénes están siendo atacados es esencial para tener la imagen completa y así elaborar las políticas públicas. Con nuestro informe y nuestra base de datos hacemos ese trabajo pero también es una responsabilidad del Estado documentar y reportar cuáles son los asesinatos y demás delitos para que eso influya en las políticas y las acciones que se tomen.
—¿Qué consecuencias les trae a las comunidades ver a sus líderes asesinados?
—Es tremendo. Primero hay un impacto en las familias de los líderes, es una herida que queda para siempre. Luego, la intención de los criminales es crear miedo y zozobra. Muchas de las organizaciones con líderes asesinados nos dicen que ya no quieren seguir participando de reuniones. El objetivo es silenciar a las personas, desarticular las comunidades y, en algunos casos, incluso dividirlas. Pero, al mismo tiempo sabemos que las organizaciones y los pueblos son muy resilientes, tienen una fuerza muy grande. Nos impresiona que a pesar de tantos ataques y tanta violencia siguen muy firmes en sus luchas y reivindicaciones.
*Imagen principal: Julia Francisco Martínez, viuda del activista indígena y defensor de los derechos humanos Francisco Martínez Márquez, miembro de MILPAH, quien fue asesinado en enero de 2015 después de meses de amenazas de muerte. Foto: Giles Clarke.
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