- La norma que fue expedida en 2023 y que regula el mercado de carbono en Paraguay fue impulsada por un senador hoy oficialista quien, durante el trámite legislativo, reconoció haber recibido asesoría de su cuñado abogado en el proyecto de ley.
- El cuñado, a su vez, ha sido un activo promotor de ese mercado incipiente y el bufete jurídico donde trabaja cuenta entre sus clientes a por lo menos dos empresas que buscan entrar en el negocio. ¿Podría haber un conflicto de interés?
Cuando el 20 de septiembre de 2023 el Senado votó un proyecto de ley para reglamentar el mercado voluntario de carbono en Paraguay, abriendo las puertas para que empresas nacionales e internacionales compensen su huella ambiental en el país invirtiendo en proyectos de conservación de bosques, todo parecía indicar que sería una sesión exprés sin demasiado debate. Lo que ocurrió fue todo lo contrario.
El proyecto, impulsado por el senador Patrick Kemper y el ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto, buscaba legislar sobre la propiedad del carbono que almacenan bosques o el que reducen proyectos de energía renovable, facilitar que empresas o países puedan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático a través de iniciativas de mitigación en Paraguay, como el desarrollo de sistemas agroforestales, la restauración de ecosistemas degradados o la conservación de otros. También buscaba permitir al Estado vender los resultados ambientales de sus parques nacionales en mercados internacionales.
No era un tema que llamara la atención de la opinión pública —se encontraba limitado a los círculos más especializados de la política climática del país. Y la versión del proyecto de ley a votar ese día había sido socializada apenas dos semanas antes.
Bajo la promesa de “millones de dólares para el país”, el senador Kemper inició una breve defensa del proyecto de ley. Con el apoyo explícito del gobierno de Santiago Peña, cuyo Partido Colorado cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso, los votos estaban asegurados.
Lo que parecía un mero trámite, sin embargo, se convirtió en una de las sesiones más polémicas del nuevo periodo parlamentario iniciado en julio de 2023. La senadora opositora Celeste Amarilla señaló públicamente que detrás de la propuesta de ley había, en sus palabras, “intereses no mayoritarios”. Y citó repetidamente un apellido: Vouga.
Varios de sus colegas sumaron nuevas preguntas. “Me gustaría saber si es cierto lo que nos dijeron a todos, que este proyecto fue elaborado por un estudio jurídico privado”, declaró el senador Rafael Filizzola en la sesión. Esperanza Martínez señaló que habría “un asesoramiento de empresas privadas”. Yolanda Paredes dijo que “este proyecto lo presentó un estudio jurídico que trabaja con bancos y corporaciones internacionales”.
Sus planteamientos sobre posibles intereses privados en el proyecto, así como la mención por parte algunos congresistas de un reportaje de esta alianza periodística sobre la ausencia en el proyecto de ley que regularía el mercado de carbono en Paraguay de salvaguardas ambientales y de adicionalidad (el requisito de que cualquier iniciativa en dicho mercado no hubiese existido sino fuese por ese mercado) llevaron al senador Kemper a la cólera.
Mientras senadores del oficialismo volvían a la sesión y el director jurídico del Ministerio del Ambiente miraba desde el pasillo, el senador Kemper respondió a sus colegas. La hoja en su mano se agitaba cada vez más: “Me parece una gran injusticia que se toma con mucha ligereza. Voy a citar algunos organismos que participaron en el trabajo de esta ley», dijo el senador, nombrando acto seguido a ocho entidades del gobierno, una agencia de Naciones Unidas, dos universidades, seis gremios empresariales, tres empresas con interés en vender créditos de carbono y ninguna organización indígena.
“¿Por qué decía una gran injusticia?”, prosiguió Kemper. “Consultores y estudios jurídicos Vouga Abogados, Guanes, Heisecke y Piera, Livieres Guggiari, Estudio Jurídico Ferrere, Estudio Jurídico Gross Brown”.
“Mi error. Y me disculpo públicamente con mi hermano Rodolfo Vouga por pedirle que me asesore por algo que yo no entendía y que no sigo siendo experto, por supuesto”, dijo el senador que proponía la ley, cada vez más enojado. “Y haberle traído acá [al Congreso] para recorrer muchas oficinas y decirle a muchos colegas a quienes les encontré, decirles ‘qué duda tenés, él te va a explicar, que conoce del tema’. “Es un abogado de trayectoria intachable, un padre ejemplar y un esposo devoto”, continuó Kemper, añadiendo que se “satanizaba” a los estudios jurídicos. “Me disculpo con este profesional [Vouga] por haberle expuesto. Soy yo el culpable por haberle pedido muchas cosas”, dijo.
Lo que no dijo Kemper en su fogosa defensa del proyecto, que terminó siendo aprobado por el Congreso y hecho ley por el presidente Peña, es que Rodolfo Vouga es su cuñado.
Tampoco explicó que su cuñado fue director suplente de la empresa sueco-paraguaya Paracel, una de las más interesadas en vender créditos de carbono en el mercado voluntario a través de sus plantaciones de eucalipto, y que es socio del estudio jurídico que -según expone su propia página web- asesoró a Paracel, así como a otra empresa de Países Bajos que busca invertir en propiedades y plantaciones para generar créditos de carbono en Paraguay.
La ausencia de transparencia del senador Kemper y del gobierno paraguayo sobre el rol de Vouga y de su estudio jurídico en la elaboración de la norma que regulará el mercado de carbono en Paraguay pone a la luz un posible conflicto de interés.
Por un lado, porque a una persona con interés económico en este negocio incipiente le fue permitido participar en la definición de las reglas de juego que probablemente regirán a varios de sus clientes. Y, por el otro, porque quien lideró la elaboración y el trámite del proyecto de ley, con respaldo del gobierno de Peña, nunca hizo explícitos de manera clara los alcances de ese vínculo familiar o de esa asesoría.
Estos son algunos de los hallazgos de la alianza periodística Carbono Opaco, que lidera el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que reúne a 14 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina. (Lea aquí el primer reportaje sobre las preocupaciones que dejó la falta de salvaguardas socio ambientales y de adicionalidad en la regulación paraguaya).
Vouga Abogados y los mercados de carbono
Rodolfo Guillermo Vouga Zuccolillo es socio de Vouga Abogados, un estudio jurídico considerado como “uno de los más importantes, grandes y experimentados de Paraguay” por la publicación legal Chambers & Partners, que describe su trabajo en temas ambientales, energéticos y de recursos naturales como “realmente insuperable en el país”. Otra publicación especializada, Legal500, subraya su conocimiento de temas bancarios y financieros, de competencia, fusiones y adquisiciones, resolución de disputas, ambiente y laborales. De Vouga Zuccollillo, abogado graduado en derecho en la Universidad Nacional de Asunción y con una maestría en la de Columbia, en Estados Unidos, Legal500 dice que “lidera varios temas clave y es elogiado por los clientes”. Es, además, esposo de Stephanie Kemper, hermana del senador Patrick Kemper.
La firma donde trabaja tiene una fuerte impronta familiar. La cabeza visible y socio senior es su padre Rodolfo Vouga Müller. Entre los socios figuran su hermano Carlos Vouga Zuccolillo y su tío Siegfried Vouga.
Entre los clientes de la firma figuran, según su página web, bancos como Sudameris, empresas de combustibles como Paraguay Energy y empresas del agronegocio como ADM.
Además se encuentran al menos dos empresas que han expresado interés en entrar en el prometedor mercado de carbono a través de proyectos forestales.
Una de ellas es, según la página web del bufete, “una empresa de los Países Bajos, líder en el desarrollo e implementación de proyectos de carbono y biodiversidad”, cuyo nombre no es revelado. En la página web se informa que Vouga Abogados asesoró “en el proceso de due diligence para la potencial adquisición de más de 50.000 hectáreas en el Chaco paraguayo, con el objetivo de emitir créditos de carbono para conservación en los mercados internacionales y la implementación de un proyecto bajo los estándares REDD+”.
Otra es la empresa sueco-paraguaya Paracel, que impulsa desde 2022 un proyecto de créditos de carbono con plantaciones de eucaliptos que –como contó una investigación de esta alianza periodística– se ha topado con problemas para ser aprobado por preocupaciones sobre su posible “falta de adicionalidad” –es decir, que el proyecto hubiera existido sin el dinero de los créditos de carbono– y porque la compañía proporcionó datos desactualizados.
Paracel es una empresa de capital sueco-paraguayo que, entre otras inversiones, cuenta con 185.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos en el norte de Paraguay. Esas plantaciones tienen como destino la producción de celulosa, en una fábrica propia todavía pendiente de construcción.
No es el único vínculo de Rodolfo Vouga Zuccolillo con Paracel. De acuerdo con el propio informe de sostenibilidad de la empresa, en 2022 aparece como director suplente de la empresa de celulosa y eucaliptos. A su vez, aparece como parte del directorio de Plub, una startup de repartos a domicilio cuyo CEO es Agustín Alonso Zapag, quien aparece como representante de Paracel ante Verra en la gestión del proyecto de créditos de carbono.
Paracel pretende monetizar esos mismos cultivos de eucalipto en los mercados voluntarios de carbono, de acuerdo con el proyecto llamado Paracel ARR Carbon Forestry Project que la compañía presentó a la certificadora estadounidense Verra, una de las más grandes del mundo. Paracel tuvo gran interés en la ley de créditos de carbono, promoviendo conversatorios y participando de las reuniones donde se debatió el desarrollo de la ley. La empresa incluye la venta de créditos de carbono como uno de sus tres productos principales en su último informe de sustentabilidad publicado en 2022.
Como contó esta alianza periodística, la certificadora Verra denegó el registro del proyecto en septiembre de 2023, explicando en su carta de negativa –disponible en la plataforma pública de la certificadora– que “el pedido de aprobación en el registro fue denegado” por “problemas señalados”.
Por “problemas señalados”, Verra se refería a que el proyecto de Paracel argumentó que necesitaba el dinero de los mercados de carbono para sus plantaciones forestales, pero había recibido –según dice la carta pública- “un préstamo de USD 200.000.000 por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la implementación de la fábrica de celulosa y las plantaciones de eucalipto”, ambas incluidas en el proyecto de créditos de carbono.
Para Verra, el préstamo del BID a Paracel sugiere que, aun sin el dinero de los mercados de carbono, las plantaciones existirían. Ese hecho, según expresaron en su carta, “tiene implicaciones significativas para la adicionalidad del proyecto”. Es decir, la captura de emisiones de Paracel no era un esfuerzo de mitigación al cambio climático adicional al que hubiera existido de todos modos, un requisito esencial para venderlo como créditos de carbono.
Esta alianza periodística contactó a Paracel y Verra para saber el estado actual del proyecto de créditos de carbono.
Vía correo, la directora de comunicación de Paracel Latifi Chelala respondió el 11 de septiembre de 2024 que la empresa había pedido a Verra “una prórroga en el plazo que nos habían otorgado para volver a solicitar el registro” del proyecto de créditos de carbono. “Esta solicitud fue respondida de manera positiva por parte de esta organización (Verra)” afirmó Cherala, añadiendo que, “desde Paracel nos encontramos ultimando detalles del nuevo documento del proyecto (…) para iniciar un nuevo proceso de validación/verificación en septiembre-octubre de este año”. “Paracel producirá 35.000.000 de créditos de carbono procedentes de plantaciones forestales con fines comerciales y de áreas de restauración de ecosistemas nativos con fines de conservar”, afirmó la representante.
Del lado de la certificación, Verra dijo a esta alianza periodística en diciembre de 2023 que “no es un rechazo final, sino que los proyectos tienen la oportunidad de resolver los problemas señalados”. Consultada de nuevo en septiembre de 2024, la organización estadounidense no respondió, pero cinco días después del envío de nuestra consulta, actualizó en su página web el proyecto de Paracel. Desde ese momento figura una carta dirigida el 9 de septiembre de 2024 a Per Olofsson y Agustín Alonso Zapag de Paracel, en la que Verra confirma una extensión del plazo hasta el 20 de septiembre de 2025 para que la empresa sueco-paraguaya intente registrar de vuelta el proyecto de créditos de carbono en dicho mercado voluntario. Entre tanto, el estatus del proyecto es “en pausa”(‘on hold’ en inglés).
Entre los requerimientos de Verra se incluye que el nuevo proceso de registro Paracel “debe evaluar y reportar sobre las no conformidades del anterior proceso de validación/registro”, refiriéndose a los cuestionamientos sobre la adicionalidad del proyecto relevadas en 2023.
En la página web del buffet de abogados, Vouga Abogados resalta su larga relación laboral con Paracel, a quien dice haber apoyado “en todos los aspectos legales relacionados al project finance e implementación del proyecto” de la planta de pulpa de celulosa, que describe como “la inversión privada más grande en la historia de Paraguay”. Entre los servicios que dice haberle prestado están los de “negociación de los contratos con los principales inversores”, “contratos con el general contractor, responsable de la ingeniería, compras y construcción de la fábrica”, “tramitación y obtención de permisos y licencias de diversa índole”, “asistencia a los financistas con el due diligence [y] levantamiento de capital”.
Esta alianza periodística buscó tanto al senador Patrick Kemper como al abogado Rodolfo Vouga Zuccolillo. Ambos accedieron a recibir por escrito nuestro cuestionario, que les fue enviado el 23 de agosto y que, incluía preguntas sobre el tipo de participación del último en la redacción, revisión o socialización del proyecto de ley y si el bufete legal que integra, Vouga Abogados, participó de alguna manera. Al senador Kemper también le preguntamos por el potencial que le ve a Paraguay en el mercado de carbono y las razones que le llevaron a impulsar dicha regulación. El 3 de septiembre les reiteramos la importancia de conocer su versión. A la fecha de publicación de este reportaje, ninguno había respondido. (Ver cuestionario completo acá).
También preguntamos a Vouga Zuccolillo si podía contar más detalles sobre el proyecto de la empresa holandesa, y si la asesoría de Vouga Abogados con Paracel abordó la posibilidad de un proyecto en el mercado de carbono, pero a la fecha de publicación no había respondido.
Un mercado con potencial de hasta 20 mil millones de dólares
Tanto Paracel como Rodolfo Vouga Zuccolillo han aparecido en eventos públicos hablando justamente sobre las perspectivas del incipiente mercado de carbono.
El 22 de junio de 2023, tres meses antes de la votación de la ley impulsada por su cuñado Patrick Kemper, Rodolfo Vouga Zuccolillo fue panelista de un conversatorio sobre carbono, junto con el entonces CEO de Paracel, Per Olofsson. La charla se llamó Mercados de carbono: perspectivas y proyectos en Paraguay y se hizo en la sede de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, de la cual su padre y socio senior del bufete familiar, Rodolfo Vouga Müller, es socio fundador.
“Ya hay proyectos en el país que están vendiendo bastante bien en el mercado internacional”, dijo Olofsson. En su visión, “hay un potencial en el país de (certificar) en los próximos 10 años fácilmente 200 millones de toneladas” de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas o capturadas.
“Realmente es algo brutal. Si multiplicamos por cuatro dólares, son 800 millones (de dólares), que no está mal. Pero que no es lo mismo que multiplicarlo por 100 (dólares), que son 20 mil millones de dólares”, señaló el CEO de Paracel, al ser consultado por un miembro del público sobre la variación en el mercado internacional que pueden tener los precios por un crédito de carbono, que suele equivaler a una tonelada de dióxido de carbono que ya no sube a la atmósfera.
“Esto es uno de los motivos importantes de tener una legislación clara. Que deje las reglas de juego claras”, dijo Olofsson.
“Estar bien asesorado por expertos en esto es muy importante porque ayuda a entender cómo maximizar el potencial y a cuánto se podría vender”, dijo a su vez Rodolfo Vouga Zuccolillo, antes de enumerar todos los sectores que podrían beneficiarse. En sus palabras, “está el sector de agricultura, forestal y ganadería, ya hay un proyecto sobre biodiesel en transporte, el sector energía es uno que tiene tremendo potencial en Paraguay, como industrias que dejen de usar carbón y pasen a usar (energía) hidroeléctrica, emite créditos por esa diferencia”.
En ese conversatorio también hablaron del concepto de adicionalidad, aquel por el que Verra expresó preocupaciones en el proyecto de Paracel. Olofsson argumentó que, aún si una reserva natural o privada existe por obligación legal, se podría obtener créditos de carbono argumentando “el riesgo de deforestación del país, los incendios o los cultivos ilícitos”. A su vez, Vouga Zuccolillo defendió que “si uno demuestra que hay desmonte ilegal, una reserva [obligada por ley] también se podría certificar” en el mercado de carbono.
El proyecto de ley de Kemper
Hasta ahora no es claro el nivel de involucramiento que tuvieron en el proyecto de ley del senador Patrick Kemper su cuñado abogado Rodolfo Vouga Zuccolillo o el bufete legal donde es socio.
Aunque en el Congreso, el senador reconoció que “mi error fue pedirle a mi hermano Rodolfo Vouga que me asesore”, el alcance de esa asesoría no está claro todavía.
Consultado por esta alianza periodística sobre el involucramiento de Vouga Abogados en el proyecto de ley de carbono, el coordinador de comunicación de Paracel, Marcelo Rojas, respondió en noviembre de 2023 vía correo electrónico que “este estudio (Vouga) no ha tenido, hasta la fecha, un rol activo en el desarrollo del proyecto de créditos de carbono de Paraguay”.
Sin embargo, el empleado de la empresa sueco-paraguaya reconoció que “hemos consultado y dialogado con el mismo (refiriéndose al estudio jurídico Vouga) sobre los mercados internacionales de carbono, el contexto legal y otros temas que necesitaban mayor claridad y comprensión de manera interna. Es una firma con experiencia en el sector de carbono y entendemos que trabaja con otras empresas en este sector”.
Su cuñado Vouga no es la única conexión de Kemper con Paracel. De acuerdo con su declaración jurada de bienes, el senador es accionista del Banco Visión, parte del conjunto de entidades financieras que -con el apoyo del Estado paraguayo a través de su Agencia Financiera de Desarrollo- prestó a Paracel 100 millones de dólares para sus plantaciones forestales de eucalipto. (Otro de los bancos prestamistas fue Sudameris que, de acuerdo a un informe interno de 2022, es a su vez accionista de Paracel).
Los asesores legales de Paracel para el préstamo apoyado por el Estado paraguayo fueron Vouga Abogados, según la web del estudio jurídico.
Ante la consulta de si Paracel estaba al tanto de la relación familiar entre el senador Patrick Kemper y el abogado Rodolfo Vouga Zuccolillo, Rojas respondió en noviembre de 2023 que “Paracel trabaja con reglas claras acerca de los conflictos de interés declarados de manera apropiada en su Código de Ética”.
El Código de Ética citado por el empleado de Paracel indica que “en caso de existir conflictos de interés, ya sean reales o presuntos, en el trato con los proveedores, clientes, y otras personas que tengan relaciones de negocios con Paracel, los directores y colaboradores afectados deberán declararlos en forma expresa, oportunamente y transparente ante el Comité de Cumplimiento, de forma de que se puedan adoptar las decisiones correspondientes”.
Ese Código de Ética fue “revisado” por Estudio Jurídico Vouga Abogados, según consta en el propio documento.
Al ser consultado sobre si esta relación familiar entre Vouga Zuccolillo y Kemper podría constituir un posible conflicto de interés, Rojas respondió que “para nuestra empresa categóricamente no se configura como una situación de conflicto de interés y mucho menos de tráfico de influencias”.
Esta alianza periodística preguntó tanto al senador Kemper como a Vouga Zuccolillo si podría existir un posible conflicto de interés por e su relación familiar, sumada al hecho de que el senador hubiese sido uno de los principales proyectistas de la ley de créditos de carbono; a que el abogado hubiese asesorado la elaboración del marco regulatorio del mercado de carbono; y a que el estudio jurídico donde éste trabaja haya tenido relación comercial con un proyecto de créditos de carbono en el Chaco y con Paracel, una empresa interesada en la venta de créditos. A la fecha de publicación, ninguno había respondido.
Un posible conflicto de interés oculto gracias a cambios a la ley
Hay una razón que podría ayudar a explicar por qué la relación entre el senador Kemper y Vouga Zuccolillo no tuvo ninguna publicidad: un cambio a la ley sobre conflicto de intereses aprobada por el Congreso paraguayo en diciembre de 2023. Estos cambios fueron apoyados por Kemper, tanto en las comisiones en las que es parte como con su voto a favor.
La ley original de 2023 de prevención y sanción de conflictos de intereses en la función pública – que estaba vigente cuando se votó el proyecto de ley sobre el mercado de carbono – obligaba a todos los congresistas paraguayos a informar mediante declaración jurada los nombres y actividades económicas de todo su grupo familiar hasta un segundo grado de consanguinidad y afinidad. Es decir, alcanzaba a suegros, hermanos y cuñados, como es el caso de Kemper con Vouga Zuccolillo.
También establecía un deber de abstención de tomar intervención directa o indirectamente en los asuntos “en los cuales él o algún miembro de su grupo familiar posea interés personal, laboral, económico, financiero, profesional o de cualquier índole”. Este podría ser el caso de la asesoría realizada por el bufete en el que es socio su cuñado, Vouga Abogados, una firma que a su vez, asesora a empresas con expectativas expresadas públicamente de entrar en el mercado de carbono. La pregunta sería si en el diseño de la ley respondía al interés de Paraguay, o se perfiló para acomodarse para servir a los intereses de los privados.
Mientras la ley original estuvo en vigencia, el senador Kemper no presentó su declaración jurada de intereses, según consta en el portal de declaraciones juradas de funcionarios públicos del gobierno de Paraguay.
En octubre de 2023, dos semanas después de ser aprobado el marco regulatorio del mercado de carbono, una modificación impulsada por Kemper y otros senadores de la Comisión de Legislación del Senado redujo el estándar de transparencia obligatorio para los legisladores paraguayos. Por un lado, eliminó la obligación de hacer públicos los datos del grupo familiar en la declaración jurada.
Cuando el proyecto volvió de la Cámara de Diputados en diciembre de 2023, Kemper también votó a favor de eliminar la obligación que existía para cualquier congresista de considerar a su grupo familiar a la hora de sopesar si podía votar u opinar sobre un proyecto de ley o aplicar su deber de abstención ante posibles conflictos de intereses.
Estas modificaciones fueron aprobadas por ambas cámaras del Congreso con mayoría oficialista y convertidas en ley por el presidente Santiago Peña en enero de 2024.
Las modificaciones fueron criticadas por la Contraloría General de la República (CGR), el ente del Estado encargado de recibir y analizar las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos. De acuerdo a un dictamen jurídico que el propio Contralor Camilo Benítez envió al Senado, la CGR consideraba “que al reducir los miembros del grupo familiar (…) limita el campo de investigación y control para la aplicación de la normativa al fin de determinar la ocurrencia o no de un conflicto de intereses”.
El informe de la Contraloría también señaló que “reduce el campo de alcance para analizar las decisiones que favorezcan al grupo familiar que vincularían al funcionario público con actuaciones poco transparentes que busquen un interés personal, laboral, financiero o de cualquier otra índole”.
Esta alianza periodística preguntó al senador Kemper si hizo pública en algún momento su relación familiar con Vouga Zuccolillo en su declaración jurada de intereses. También le preguntamos por qué apoyó el proyecto de ley que eliminó la obligación de reportar los intereses de su grupo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad. A la fecha de publicación de este reportaje, no había respondido.
Desde la ley de créditos de carbono, la cercanía entre el senador Kemper, antes del partido opositor Hagamos, y el gobierno ha sido cada vez más evidente. En diciembre de 2023, dos meses después de aprobado el marco regulatorio para el mercado de carbono, Kemper se reunió con el presidente Santiago Peña para “hablar de las acciones que podemos impulsar para el beneficio de todos los paraguayos”. Otros cuatro meses después, en marzo de 2024, Kemper confirmó su pase al oficialismo en la convención de la Asociación Nacional Republicana (ANR) al pedir que se le devolviera la afiliación perdida tras haber sido electo como congresista opositor.
El encargado de presentar su pedido ante la convención partidaria fue el ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto.
Cuando finalmente el senador Patrick Kemper presentó su declaración jurada de intereses en abril de 2024, no hizo mención a su hermana ni al esposo de ésta, Rodolfo Vouga Zuccolillo, su “hermano” que lo asesoró en el proyecto de créditos de carbono y que al mismo tiempo estaba activo en promover ese mercado prometedor.
Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor y Consenso (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética.
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