“Recuerdo que desde la primera audiencia en la que tuve la oportunidad de participar, el tema de los monocultivos estuvo muy presente, sobre todo por los testimonios de las mujeres que llevaban sus problemáticas y sus denuncias ante la Comisión”, comenta Soledad García Muñoz al iniciar el diálogo con Mongabay Latam sobre los impactos de la palma aceitera en los países de Latinoamérica.

Era el año 2017 y García Muñoz iniciaba su gestión como Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue la primera persona en ocupar ese cargo y estuvo seis años al frente de esa relatoría, hasta el año 2023.

Ahora, en medio de su labor como catedrática en el Human Rights Institute de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, García Muñoz habla sobre los monocultivos de palma aceitera, los efectos en los derechos humanos y la responsabilidad social y ambiental de las empresas palmicultoras en los países de América Latina.

—¿Qué está ocurriendo en América Latina con la producción de palma aceitera?

—Podemos decir que América Latina está siendo parte de la tendencia de la ampliación de la frontera agrícola del Sur global. En ese sentido, la producción mundial de aceite de palma ha aumentado casi un 600 % entre 1994 y 2021, lo que ha significado un aumento exponencial del territorio que se emplea para este cultivo. Según la información disponible, para 2021 había unas 29 millones de hectáreas a nivel mundial ocupadas por este cultivo y esto se debe a que el consumo de aceite de palma ha aumentado en los últimos 30 años, superando a otros aceites vegetales como el de soya. En este contexto, las grandes empresas del sector alimentario, en su búsqueda por reducir los costos para producir alimentos ultra procesados y agrocombustibles, están buscando territorios en América Latina y en África Occidental, puesto que en los países que hasta hace poco concentraban el inmenso porcentaje de la producción (Indonesia y Malasia) ya no hay más tierras para usar. En nuestra región, los principales países productores de palma son Colombia, Guatemala, Honduras, Brasil y Ecuador.

—¿Cómo ha logrado el aceite de palma tener bajos costos y atraer así a las industrias de alimentos y biocombustibles?

—Hay muchos factores involucrados y precisamente tienen que ver con los derechos humanos, que terminan afectados por el hecho de que los precios de producción sean relativamente bajos en comparación con los beneficios. También porque el aceite que se produce con la palma es muy versátil y sirve para muchos productos, inclusive para biocombustibles, por tanto, es un negocio muy lucrativo. Yo diría que es tan lucrativo como peligroso y riesgoso para los derechos humanos.

—¿Por qué es peligroso y riesgoso para los derechos humanos?

—Hay numerosos informes que documentan una relación clara entre los cultivos de palma con situaciones de violaciones múltiples de derechos humanos. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales terminan siendo afectados. Vemos que hay personas que son criminalizadas por defender los derechos humanos y defender su territorio. Es una tendencia y un patrón que lamentablemente está generalizado en nuestra región. Vemos también cómo el cultivo de palma, debido a la falta de medidas con enfoque de derechos humanos, tanto por parte de las empresas involucradas en esta industria como de los Estados, termina generando abusos.

Se han identificado patrones muy preocupantes en cuanto a derechos laborales, se han detectado casos de trabajo forzado, de privación de libertad de trabajadores, así como casos de desalojos forzados para destinar  territorios al cultivo de la palma. También se observa un riesgo para el derecho al medio ambiente sano, que es un derecho cada vez más reconocido en nuestra región, no sólo en constituciones nacionales, sino por el propio sistema interamericano y  el Acuerdo de Escazú. Por otro lado, se observa un patrón muy preocupante en cuanto a poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas y quilombolas en el caso de Brasil que son desproporcionadamente impactadas por los cultivos de palma. Hay muchos informes que documentan estos patrones de afectación.

—¿Cuál es la responsabilidad de las empresas en los impactos que ocasiona la palma aceitera?

—Esa es una pregunta muy importante y es un tema que está en plena evolución dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Yo diría que la responsabilidad de las empresas es clara y es directa, tanto a la luz de las normativas nacionales, como también de los estándares regionales e internacionales de derechos humanos.

En el informe  Empresas y Derechos Humanos Estándares Interamericanos que se elaboró y publicó en el año 2019, cuando era relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se determinó que el contenido de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y su aplicación efectiva por parte de los Estados involucra la responsabilidad jurídica de las empresas de evitar abusos o vulneraciones a los derechos humanos. Por tanto, en el caso de las empresas transnacionales, estas deben ejercer la debida diligencia sobre las actividades de las subsidiarias en las que participan, en las relaciones comerciales y en las cadenas de valor de suministro, además, no deben incurrir en abusos directos contra los derechos humanos de forma extraterritorial [en territorios diferentes a los de su país de orígen].

Los Estados, las empresas y otros actores económicos como las instituciones financieras internacionales tienen el deber de actuar con la debida diligencia en el marco de las actividades empresariales y bajo estándares nacionales, interamericanos e internacionales de protección de derechos humanos. Esto pasa por adecuar marcos normativos para regular la actuación de las empresas; implementar políticas de protección en caso de actividades empresariales riesgosas, como es el caso de la palma; crear estrategias para superar violaciones extendidas que se relacionan con las actividades de la industria y establecer o fortalecer mecanismos de tutela judicial cuando se dan violaciones de derechos humanos en los que están involucradas las empresas, asegurando la efectiva reparación para las víctimas.

—Usted mencionó que las transnacionales deben responder por sus subsidiarias. ¿Es posible lograr que esto suceda?

—Sí, es una tendencia muy clara en el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, en el informe Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos hay un capítulo que se refiere a esta temática, a cómo la responsabilidad internacional de un Estado puede verse comprometida por los actos de empresas de capital mayoritario de ese Estado que actúan en otros países. Y son muchas las empresas, inclusive de la región, que están en esa situación. Pero hay algunas tendencias interesantes en marcha, por ejemplo, en Canadá se creó la figura de un ombudsman [persona u organismo encargado de recibir e investigar las quejas de los particulares contra la deficiente actuación o abusos de las autoridades] para examinar casos de empresas canadienses que llevan sus operaciones fuera del país. También hay un debate en marcha sobre la obligación de las empresas como sujetos mismos de derecho internacional. Es un debate en torno a una iniciativa para generar un tratado vinculante, para que las empresas respondan internacionalmente por las violaciones de derechos humanos. Esta cuestión de la extraterritorialidad es un debate muy presente.

—Una investigación de Mongabay Latam reveló que existen 298 procesos abiertos en seis países de la región contra empresas de palma por violar normas ambientales. ¿Por qué hay tantos casos de denuncias que no se solucionan?

—Hay muchos factores que explican este nivel de impunidad en torno a las violaciones de derechos humanos. Por un lado tenemos una asimetría de poder entre las empresas, los propios Estados y quienes suelen ser las víctimas de las violaciones, que con frecuencia son personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos también las dificultades en el acceso a la justicia. Los procesos judiciales son difíciles y complejos; aunque en la mayor parte de los países hay defensorías públicas y mecanismos para acceder a la justicia, esa justicia no siempre llega o llega muy tarde. Hay demasiados obstáculos y el resultado termina siendo la impunidad.

Al considerar cómo se está expandiendo la frontera agrícola y de la palma aceitera en América Latina y en África, es urgente poner en el centro de esta discusión a los derechos humanos y el derecho al medioambiente sano. Eso nos debe llevar a pensar en cómo hacemos para que los Estados y las empresas rindan cuentas, cumplan efectivamente con sus obligaciones y cómo rompemos ese círculo vicioso de la asimetría del poder; cómo logramos que las personas y las comunidades afectadas, de la mano de esos movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos que son el motor de los cambios, realmente consigan llevar sus voces y su incidencia a las propias empresas, que son los actores económicos que tienen el poder.

—¿Cómo poner el medio ambiente en el centro de la discusión?

—Las resoluciones de Naciones Unidas son recientes, pero el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en ese caso ha sido pionero, y desde el Protocolo de San Salvador, artículo 11, se reconoció el derecho al medio ambiente sano. Ahora la Comisión Interamericana está por pronunciarse en una opinión consultiva sobre el tema de la emergencia climática y, en mi opinión, esa interconexión entre derechos humanos, derecho al medio ambiente sano y derechos de la naturaleza es la próxima frontera que no podemos dejar de lado en el contexto que estamos viviendo.

Una mirada a este tema nos tiene que hacer pensar en diagnosticar y documentar las afectaciones a los derechos de las personas, pero también las afectaciones a esos bienes naturales, a los ecosistemas y a la biodiversidad que, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, es tan preocupante. Eso quedó documentado en diversas partes del informe Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía de la Comisión Interamericana, y en el propio informe anual de 2022 de Redesca donde, en distintos países, documentamos cómo los monocultivos impactan en el ambiente y en los derechos humanos de una manera holística.

—La Amazonía es un bioma en el que se concentran muchas acciones de conservación,  ¿cómo está impactando la industria de la palma de aceite a la Amazonía?

—Donde existen monocultivos, vamos a encontrar problemas de deforestación. Y en esa lógica de indivisibilidad, la Panamazonia presenta una situación grave en cuanto a deforestación de bosques que proviene de múltiples fuentes, estos índices de deforestación conllevan a una afectación a la biodiversidad, a la pérdida de riqueza de la biodiversidad; pero también al deterioro del patrimonio natural y cultural. Y si lo relacionamos con los derechos de los pueblos indígenas y demás comunidades, vemos que, debido a la pérdida de sus territorios, pierden sus medios de vida y sus culturas, sus métodos de alimentación y de organización tradicional.

La causa principal es que el uso del suelo cambia y se amplía lo que  llamamos la frontera agrícola, mediante tala. El bosque que se elimina no se rehabilita, sino que por el contrario, la eliminación del bosque genera una degradación ambiental que es irrecuperable y, obviamente, las causas de deforestación no sólo están ligadas a la industria de la palma, sino que son más amplias, se vinculan también a la minería legal, a la extracción de madera, a la ganadería, a la agricultura, a proyectos hidroeléctricos, a actividades turísticas. La deforestación es un factor muy preocupante y muy urgente de atender desde una perspectiva de derechos, tomando en cuenta que el derecho al medio ambiente sano, no sólo implica cuidar la naturaleza por su conexión con los seres humanos —en el caso de los pueblos indígenas es indispensable porque hay una simbiosis entre pueblos indígenas y sus territorios—, sino porque es un fin en sí mismo.

—¿Cuáles países latinoamericanos donde se cultiva palma están en una situación más crítica?

—No puedo hacer una comparación entre países, pero por los informes que existen y lo que pude monitorear, los países en Latinoamérica donde se han identificado los mayores impactos negativos son los que encabezan este cultivo: Colombia, Guatemala, Honduras, Brasil y Ecuador. Varios de vuestros informes [de Mongabay Latam], de numerosas ONGs y órganos internacionales de derechos humanos lo han documentado. Durante mis seis años como relatora especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Comisión Interamericana, este fue un tema muy presente en nuestro monitoreo. Fue constante la recepción de información y denuncias.

De esos informes podríamos destacar, por ejemplo, el caso de Perú —aunque no es uno de los mayores productores de palma— donde la Defensoría del Pueblo refirió tensiones entre empresas de cultivo de palma aceitera y la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya, en Ucayali, cuyos integrantes pugnaban por lograr la titulación de sus tierras. También documentamos el caso de Guatemala, donde un número significativo de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas enfrentaron riesgos de desalojo forzoso por intereses de empresas con proyectos de inversión en monocultivos. En Brasil pudimos observar cómo la empresa productora de aceite de palma, llamada Agropalma, también fue acusada por pueblos indígenas y quirombolas por haber incurrido en actos de privación de libertad de trabajadores y trabajadoras, trabajo forzado, trabajo infantil, uso excesivo de pesticidas y daños ambientales.

—Tomando en cuenta los impactos negativos que pueden ocasionar los cultivos de palma mal gestionados,  ¿cuál sería la responsabilidad de los gobiernos?

—En realidad, más que de los gobiernos, la responsabilidad sobre cómo las empresas o las actividades empresariales afectan los derechos humanos es de los Estados con sus tres poderes. Los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y eso implica actuar con la debida diligencia en relación con actividades de terceros, como son las empresas. Sería importante que las empresas de este sector [palma] y los Estados que tienen que fiscalizar las acciones de estas empresas tomen en cuenta el derecho al medio ambiente sano, la consulta previa, libre e informada, la no discriminación, y analicen por qué estos estos negocios suelen perjudicar a determinadas poblaciones y no a otras.

Es muy importante enfatizar en la necesidad de que los Estados obliguen a las empresas a que realicen consultas para la implementación de proyectos económicos, tomando en cuenta los derechos de las comunidades. Los Estados también tienen la responsabilidad de no permitir el acaparamiento de tierras por empresas o por actores privados, tierras que luego se destinan para ganadería, para cultivos extensivos y para monocultivos como la palma de aceite.

También creo que es importante traer al centro de la discusión las obligaciones que se desprenden del Acuerdo de Escazú. Y siendo nuestra región no sólo la más desigual, sino también la que resulta más peligrosa para defender el ambiente, creo que también es muy importante poner en el centro de esta discusión la obligación de los Estados de proteger a las personas que defienden los derechos humanos en el marco de estas actividades empresariales. Esa también es una gran deuda y una necesidad prioritaria.

—Usted dijo que desde que inició su gestión como relatora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el tema de monocultivos estuvo presente y que recibió testimonios de muchas mujeres. ¿Hay una afectación particular a las mujeres en relación con los monocultivos?

—Sin duda, porque el cuidado de la tierra también tiene un aspecto muy claro de género. Son las mujeres las que de una manera muy directa se encargan no solamente de alimentar, de ir por el agua para sus comunidades, de cuidar y hacer que sus comunidades estén sanas, sino que también son muchas las mujeres en nuestra región que lideran la defensa de la tierra y de los bienes naturales cuando hay problemas generados por actividades empresariales.

Las mujeres, que somos históricamente discriminadas y violentadas, solemos ser las que más tenemos que perder, junto con los demás colectivos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica. Es por eso que resulta fundamental mirar este tema con sensibilidad y de manera holística.

Imagen principal: transporte del fruto de la palma. Foto: Radio Progreso.

_______

Créditos

Yvette Editor/a

Temas

ContaminaciónDerechos humanosEntrevistasMedioambientePalma aceiteraPueblos indígenasAmérica CentralAmérica del SurLatinoamérica

Ver temas