- La Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral (FIPES) tiene, desde el 2019, una certificación de sostenibilidad para su pesca de merluza austral. Con esa ecoetiqueta, la FIPES vende su pescado en el mercado extranjero garantizando que se ha extraído de manera sostenible.
- Mongabay Latam revisó la certificación y confirmó que en ella no han sido advertidos ninguno de los escándalos y controversias que en los últimos años han sacudido a esta pesquería que lleva más de 10 años sobreexplotada.
- Según expertos, la certificación de la FIPES genera muchas dudas.
“Desde las frías y australes aguas de Chile llega la reina de las merluzas”, se lee en el video promocional de la marca Merluza Austral Chile, que la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral (FIPES) promociona en el extranjero con el apoyo de Prochile, la institución pública encargada de promover las exportaciones del país. Al final del video, aparece un sello, garantía de sostenibilidad: MSC, siglas de la Marine Stewardship Council, la certificación pesquera más difundida y prestigiosa a nivel mundial.
“Generalmente [la certificación] es un premio a las pesquerías que han hecho las cosas bien para ser sostenibles o que, estando sobreexplotadas, como el caso de la merluza austral, están dando pasos firmes para salir de la sobreexplotación”, explica Manuel Martínez, especialista pesquero de Sustainable Fisheries Partnership, una ONG registrada en Estados Unidos que opera a nivel mundial para recuperar las poblaciones de peces agotadas.
Sin embargo, para los expertos de distintas ONG, tanto nacionales como internacionales, dedicadas a conservación de los océanos y las pesquerías, la certificación MSC que la FIPES obtuvo en 2019 genera muchas dudas.
Las empresas reunidas en la FIPES extraen más del 70% de la merluza austral en Chile. Lo hacen con seis grandes barcos de los cuales cuatro utilizan redes de arrastre, uno de los métodos con más impactos en los ecosistemas marinos.
Hace más de 10 años que la merluza austral se encuentra sobreexplotada, pero hasta la fecha, ningún plan de recuperación se ha elaborado a pesar de que así lo exige la ley chilena. Además, en 2019, el mismo año en el que la FIPES obtuvo la certificación MSC, la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) dejó sin efecto la medida que impide pescar merluzas que aún no se han reproducido al menos un vez y la cuota de pesca de este recurso se aumentó, contraviniendo lo recomendado por los científicos. Dos años después, esa decisión fue considerada ilegal por el Segundo Tribunal Ambiental.
Ninguno de estos hechos ha sido tomado en cuenta por el MSC o por la empresa que anualmente realiza auditorías para garantizar que el estándar de sostenibilidad se está cumpliendo.
Si bien los especialistas coinciden en que no hay argumentos para decir que la recuperación de la merluza austral va en progreso, los informes de las auditorías aseguran lo contrario. De acuerdo con ellos, la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral estaría bien encaminada hacia el cumplimiento de todas las metas para lograr que las poblaciones de esta especie vuelvan a estar sanas.
El Marine Stewardship Council
El Marine Stewardship Council (MSC) asegura en su página web ser una organización internacional sin fines de lucro que gestiona un programa de certificación y ecoetiquetado con base en un estándar de pesca sostenible. Pero no es cualquier programa, sino el mejor. Así lo reconocen los expertos en asuntos pesqueros de diferentes ONG nacionales e internacionales y también la propia organización que, en comunicación con Mongabay Latam, indicó que cumple con las mejores prácticas globales para ecoetiquetado establecidas tanto por las Naciones Unidas como por la Alianza Internacional de Acreditación y Etiquetado Social y Ambiental (ISEAL).
“Nuestra organización obtiene una puntuación más alta que todos los demás programas de certificación de pesquerías de captura silvestre reconocidos por la Iniciativa Mundial para la Pesca Sostenible”, indicaron en un correo electrónico enviado a este medio.
Su objetivo, precisa en su página web, “es contribuir a la salud de los océanos del mundo reconociendo y recompensando las prácticas pesqueras sostenibles e influyendo en las decisiones que toman las personas al comprar productos del mar”. Por eso, asegura, “al elegir productos del mar con el sello de pescado azul del MSC, estás ayudando a proteger los océanos, los medios de vida y los peces para el futuro”.
¿Qué tan cierto es eso?
Si bien el estándar MSC no impide certificar a una pesquería sobreexplotada, cuando lo hace, impone como condición que se alcancen una serie de metas para que, en un plazo determinado, la pesquería se recupere. Así es como la certificación de la FIPES establece una serie de objetivos que deben ser alcanzados al 2029. El cumplimiento de esos objetivos está a cargo de una empresa externa independiente que, todos los años, realiza una auditoría para evaluar el progreso de las metas.
En este caso, esa empresa ha sido la irlandesa Global Trust Certification.
Su intervención es clave, puesto que “las auditorías anuales e independientes monitorean el progreso relacionado con los planes de acción establecidos al inicio. Si no se cumplen, las pesquerías pueden ver suspendido su certificado”, explicó el MSC.
Sin embargo, es en esas auditorías donde Mongabay Latam encontró incongruencias entre los resultados de la evaluación y la realidad de la pesquería de merluza austral.
Las tres auditorías anuales realizadas hasta ahora por Global Trust, aseguran que el cumplimiento de todas las metas está bien encaminado a pesar de que hechos y escándalos recientes han puesto en entredicho, justamente, la sostenibilidad en el manejo de esta pesquería.
Un aumento de cuota ilegal
Una de las metas de la FIPES es que, al 2029, “la evidencia debe indicar que las herramientas en uso son apropiadas y efectivas para lograr los niveles de explotación requeridos”, es decir, que deben existir pruebas de que el manejo que se le ha dado a la pesquería permite mantener a la población de merluza austral sana.
En este punto, los auditores indicaron en todos los informes anuales realizados hasta ahora, que el cumplimiento de la meta estaba “on target”, lo que traducido al español sería “bien encaminado”. Sin embargo, las mayores controversias en esta pesquería tienen que ver, precisamente, con el manejo que se le ha dado en los últimos años.
En 2019, la Subpesca decidió aumentar el porcentaje de riesgo de esta pesquería, lo que implicaba necesariamente incrementar la cuota anual de pesca de este recurso, es decir, la cantidad de toneladas que está permitido capturar.
Se trataba de una decisión arriesgada, sobre todo considerando la condición de sobreexplotación de la merluza austral, por lo que el Comité Científico Técnico (CCT) —el organismo asesor de la Subpesca que es consultado sobre materias científicas para la administración de las pesquerías— rechazó la propuesta. Aún así, sin tener el visto bueno de los científicos, la Subpesca siguió adelante y, como consecuencia, la cuota pasó de 14 800 toneladas a 19 537 toneladas.
Dos años después, en 2021, el Segundo Tribunal Ambiental falló que ese aumento de cuota había sido ilegal. “Resulta contrario al principio precautorio, con la salvaguarda de los ecosistemas marinos y con el objetivo de conservación y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos en la forma señalada por la Ley de Pesca”, precisó la sentencia.
Nada de eso aparece mencionado en los informes de auditoría de la certificación MSC. Tampoco se habla de que, a pesar del fallo, nada cambió.
La Subpesca explicó a Mongabay Latam que el fallo dejó sin efecto el alza en el porcentaje de riesgo. De esa manera, también ponía freno al aumento de la cuota de pesca. Sin embargo, en la misma respuesta, la Subsecretaría agregó que posteriormente, por medio de un decreto, se volvió a aumentar el porcentaje de riesgo a 50 %, lo que hoy mantiene a la pesquería de la merluza austral en un cuota de captura de 19 253 toneladas.
A pesar de que esta medida iba nuevamente en contra de lo que había dictado el Segundo Tribunal Ambiental, según la subsecretaría está acorde a la normativa vigente, dado que esta exige que los riesgos sean inferiores o iguales al 50 %.
“Sacamos los semáforos rojos”
Para asegurar la conservación de los peces, las autoridades establecen tallas mínimas de pesca para que los individuos más jóvenes no sean extraídos del mar antes de que se hayan reproducido. En el caso de la merluza austral, la talla mínima establecida era de 60 centímetros, pero en 2019 la Subsecretaría de Pesca adoptó otra controvertida decisión: dejar sin efecto la restricción de la talla mínima.
“No es tan sencillo prescindir de esa medida de manejo porque se trata de biología”, dice el investigador y especialista pesquero, Renato Gozzer. “La talla mínima es una medida de manejo que materializa la intención de asegurar la perpetuidad de la población”, explica.
La principal razón que dio la Subpesca para respaldar su decisión, fue la dificultad para fiscalizar que la medida se cumpliera. “Para que esta medida sea efectiva, se requiere de un proceso de fiscalización en zona de pesca y compromiso de los usuarios lo cual la hace poco factible de implementar de manera exitosa”, sostuvo.
Para Martínez, sin embargo, en ningún caso eliminar la talla mínima es una solución. “Es como que te dijeran que, como los conductores se pasan los semáforos en rojo, mejor sacamos los semáforos”.
Además, la Subpesca argumentó que la talla mínima incentivaba el descarte, que es cuando se devuelven al mar los peces que fueron capturados porque, por ejemplo, no rinden el beneficio comercial buscado o porque, de conservarlos, se excedería con la cuota de pesca autorizada. Debido a que en la mayoría de los casos los peces que son devueltos al mar ya están muertos o no logran sobrevivir, el descarte es un problema de sostenibilidad que los países del mundo entero intentan resolver.
Gozzer menciona que esta tampoco es una justificación de peso para haber eliminado la talla mínima. “Lo que se hace de manera administrativa para que no haya descartes o subreportes es prescindir hasta cierto punto de las sanciones administrativas”, asegura. La explicación es la siguiente: “Si yo te sanciono, pero no tengo capacidad de vigilancia en el mar, lo que vas a hacer es botar todos los chiquitos en el agua. Como eso no ayuda para nada, te doy un incentivo para que los traigas a tierra y los declares. Con eso das información a los científicos para que puedan entender qué tanto se está afectando la continuidad de la población y, a cambio, tu premio es que no te multan”. Ese es el camino que los países suelen tomar para resolver el problema, asegura el experto, “pero en ninguna parte del mundo ha pasado que dicen: ‘bueno, como el semáforo no está funcionando, lo sacamos’”.
Aunque haber eliminado la talla mínima no es una medida ilegal, como sí lo fue el aumento de la cuota de pesca, los expertos aseguran que es una decisión “a lo menos discutible”, sobre todo cuando se aplica en una pesquería que está sobreexplotada.
Tampoco nada de eso ha sido advertido en las auditorías realizadas por Global Trust.
Sin plan de recuperación
Una segunda condición establecida en la certificación de la FIPES es que, al 2029, “la evidencia debe indicar que hay una evaluación adecuada del estado del stock”. En ese ítem, las auditorías también indicaron, cada vez, que la meta estaba “on target” o “bien encaminada”. Sin embargo, aunque la pesquería de merluza austral sigue estando sobreexplotada, según el estado de evaluación de las pesquerías que la Subpesca hace todos los años, hasta la fecha no se ha elaborado un programa de recuperación a pesar de que así lo exige la ley general de pesca.
En marzo de este año, los pescadores de Hualaihué, en la región de Los Lagos, hicieron llegar una carta al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, pidiendo que “se cumpla con lo pendiente por la autoridad que es la dictación [sic] del plan de recuperación”.
Desde el 2015, el Comité de Manejo de la merluza austral, la instancia encargada de desarrollar dicho plan y que está integrada por representantes de todos los actores involucrados —gobierno, pescadores artesanales, industriales y plantas de procesamiento— han dejado por escrito en las actas de sus reuniones que se debe avanzar en un programa de recuperación del recurso. Hasta la fecha, sin embargo, esto no se ha concretado aseguran pescadores y organizaciones de la sociedad civil.
“No sabemos por qué la Subpesca no hace eco de esto”, dice César Astete, director de pesquerías de la ONG Oceana.
La subsecretaría, por su parte, respondió a Mongabay Latam que “actualmente está en proceso de revisión la Regla de Control de Captura, que es de los aspectos base de un plan de recuperación” y que se está a la espera de resultados de un proyecto de revisión de pares del Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura “que orientará respecto a mejoras, tras lo cual los miembros del Comité de Manejo podrán discutir esa estrategia”.
Pero hay otra cosa que preocupa a los expertos. De acuerdo con la Subpesca, la merluza de cola y la merluza de tres aletas, de las cuales se alimenta la merluza austral, están “agotadas”.
“Si tú dices tengo una pesquería sobreexplotada y además tengo los principales alimentos agotados es lógico que estamos en una condición más que delicada, o sea, tengo poca gente y pasando hambre”, ejemplifica Martínez.
El acaparamiento del mercado
Según el MSC, la organización “promueve una gestión responsable de la pesca y prácticas sostenibles con el fin de salvaguardar el futuro de las comunidades pesqueras”, pero en el caso de la merluza austral, esto está lejos de cumplirse.
En un reportaje anterior, Mongabay Latam describió el mecanismo que está acabando con los pescadores artesanales.
De acuerdo con la ley de pesca, el sector artesanal es el encargado de extraer el 60 % de la cuota anual de este recurso, mientras que al sector industrial le corresponde el 40 %. No obstante, una indicación ingresada a la ley en 2012 permitió que entre artesanales e industriales pudieran traspasarse unos a otros hasta el 100 % de su cuotas.
Así, por ejemplo, si una asociación de pescadores tiene una cuota de 15 000 kilos de merluza austral, si quiere, puede venderle a la industria la totalidad de esa cuota para que sea ella quien la extraiga.
A partir de esa decisión política, se creó un universo de pescadores artesanales de papel que solo existen en los registros, pero que ya no pescan y que venden cada año sus cuotas de pesca a las grandes empresas.
Según datos de la Subpesca, en 2023, la industria compró el 74 % de la cuota de merluza austral asignada a la pesca artesanal en la región de Aysén y el 98 % de la de Magallanes. Así, en la práctica, la industria pesca actualmente más del 70 % de la cuota global en lugar del 40 % como se había establecido.
Mientras la extracción y comercialización de la merluza austral se concentra en el sector pesquero industrial, los pescadores artesanales tienen cada vez menos posibilidades de comercializar su pescado. Son miles los que han debido abandonar la pesca para buscar otro trabajo que les permita costearse la vida. “Vamos para el exterminio si no hay algo que se mejore”, dijo José Alvarado, presidente de la federación de pescadores de Hualaihué, en la región de Los Lagos.
Esta concentración del mercado que tiene acorralados a los pescadores artesanales no ha sido mencionada por Global Trust en sus auditorías. Tampoco la empresa auditora ha reparado sobre un asunto que preocupa a los expertos: la cuota anual de pesca fue calculada considerando que el 60 % de ella sería extraída con espinel, el arte de pesca que utilizan los pescadores artesanales, y que el 40 % se extraería con arrastre. ¿Qué pasa cuando más del 70 % se extrae con arrastre y solo el 30 % con espinel? ¿Son los mismos impactos? “Yo me imagino que no”, resalta Astete.
Aunque Chile no ha realizado investigaciones para responder a esta pregunta, los expertos de Sustainable Fisheries Partnership y de Oceana coinciden en que, a la hora de hablar de sostenibilidad, al menos sería pertinente plantear la interrogante.
Con todo, “hay pocos argumentos para decir que la recuperación de la merluza va en progreso”, opina Astete. De hecho, el sector industrial, que es el que cuenta con la certificación MSC, “no ha estado en las decisiones más precautorias: el sector industrial apoyó que se subiera el riesgo en la captura de merluza austral y apoyó que se subiera la cuota en la merluza de cola estando agotada. Los actos más bien han sido arriesgados”, indica el experto.
Para Martínez, que el MSC ignore todos estos hechos es preocupante porque “vemos que algo que tiene el máximo reconocimiento en gestión pesquera está dando retrocesos y los mismos procesos de auditoría de la certificación no están levantando las alarmas”.
Consultado al respecto, el MSC explicó a Mongabay Latam que ellos no revisan las decisiones de la empresa auditora. El objetivo es mantener el proceso lo más independiente posible. “El Marine Stewardship Council es un programa de certificación de tercera parte independiente, que evita el conflicto de intereses de las partes involucradas en el proceso de evaluación. Las decisiones sobre la certificación no son tomadas por el MSC, sino por organismos de evaluación de conformidad”, es decir, por empresas como Global Trust, dijo. Pero aseguró que “los auditores están acreditados y son evaluados regularmente por un organismo de acreditación independiente, la Assurance Services International (ASI)”. Además, “los auditores deben cumplir con un código de conducta sobre independencia, objetividad, confidencialidad y profesionalismo”.
El MSC solicitó a Mongabay Latam enviar a Global Trust las preguntas específicas sobre las incongruencias encontradas en las auditorías. Así lo hizo este medio, sin embargo, hasta la publicación de esta nota la empresa no respondió. Tampoco lo hizo la FIPES que fue contactada en dos oportunidades por este equipo periodístico.
Recientemente, un grupo de científicos publicó un artículo en la revista Nature que cuestiona la sostenibilidad de la pesca y plantea un nuevo concepto.
“El concepto (de sostenibilidad) ha sido utilizado por marcas y supermercados para llamar sostenible a una pesca que no es sostenible. Pensábamos que las certificaciones de sostenibilidad transformaría las pesquerías, pero por el contrario, solamente transformaron el concepto de sostenibilidad”, le dijo a Mongabay Latam Claire Nouvian, Fundadora de la Asociación BLOOM y coautora del estudio.
Nouvian señala que durante varios años los investigadores esperaron que los países, la industria pesquera y los supermercados donde se comercializan los productos marinos pusieran límites y restricciones para lograr una verdadera pesca sostenible, pero nunca lo hicieron. “Es una cadena de mentiras y teníamos que acabar con esta situación, porque esas mentiras se esconden detrás de una palabra: sostenibilidad”.
*Ilustraciones: Tobías Arboleda
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