- Debido al poco avance que ha logrado la nueva ley de pesca en el Congreso, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley que se centra en la repartición de cuotas de pesca.
- La iniciativa busca destrabar el proceso legislativo aunque ya encuentra detractores: desde el sector pesquero industrial acusan “inequidad e injusticia” por no estar siendo incluidos debidamente en la discusión, aseguran.
Según el último reporte de situación de las principales pesquerías chilenas, nueve se encuentran sobreexplotadas y seis en condición de agotadas, es decir, el 53% de las pesquerías en Chile está en riesgo. Estos datos, sumados a la actual crisis ambiental, generan un incierto futuro para la pesca en el país.
Implementar una política que permita recuperar las pesquerías es impostergable, aseguran los expertos. Sin embargo, los avances en la discusión de la nueva ley de pesca ingresada por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2023, han sido mínimos, aún cuando el mandatario dio suma urgencia al proyecto.
Algunos diputados de la comisión de pesca y acuicultura, aseguran que los retrasos se deben a obstrucciones por parte de representantes de la oposición quienes han solicitado la votación de cada inciso de los 375 artículos que comprende el proyecto legislativo.
Para destrabar el proceso, el gobierno decidió quitarle la suma urgencia al proyecto de la nueva ley de pesca y presentar un nuevo proyecto para legislar, puntualmente, uno de los temas más complejos del proyecto original: el fraccionamiento de las cuotas de pesca entre pescadores artesanales e industriales, es decir, cuánto tendrán permitido pescar cada uno de estos sectores.
Atrasos en la discusión
Para Gigliola Centonzio Rossel, especialista en asesoría y consultorías en el sector pesquero y que ha participado como experta en la comisión de Pesca, el lento avance de la discusión provocaría un retraso de años en la promulgación de la nueva ley. “Se han tenido que realizar 195 votaciones para sólo 38 artículos, por lo que haciendo un cálculo para estimar de manera general cuantas votaciones quedan, serían cerca de 2 300 votaciones aproximadamente para los 337 artículos restantes, lo que alarga la votación a más de 30 meses, considerando que la comisión ha realizado el esfuerzo de sesionar cuatro veces a la semana”.
Según Centonzio, la intención de los diputados de oposición de votar cada inciso de los 375 artículos no tiene sentido, sobre todo si se considera que, de acuerdo con un análisis realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional que fue encargado por la comisión de Pesca y Acuicultura del Congreso, de los 375 artículos del nuevo proyecto, sólo se innova en 105 artículos. Según el análisis, 45 artículos son iguales a la actual ley vigente y 225 artículos contienen incisos o partes similares.
“Perfectamente se pudo tomar el acuerdo de votar en paquetes los artículos que son idénticos a la Ley vigente y que no han sido sujetos de indicaciones”, comenta Centonzio.
Según la diputada Daniella Cicardini, quien es parte de la comisión de Pesca y Acuicultura, habría representantes de oposición que han buscado retrasar el avance legislativo.”Si bien no podría encasillar a todos en el mismo saco, sin duda he visto un ánimo obstruccionista de algún parlamentario de oposición, que busca impedir o retrasar lo más posible el debate y el avance del proyecto. Aunque exista a veces cierto consenso previo en gran parte del contenido, o hayan elementos de sentido común que no requieren mayor discusión, ellos exigen leer y discutir igualmente”.
Ley única de fraccionamiento
Cuando el presidente Boric ingresó el proyecto a tramitación, entre sus compromisos estuvo la promesa de mayor transparencia —puesto que la ley de pesca actual se tramitó bajo comprobados hechos de corrupción-—y mayor equidad en la distribución de cuotas de pesca entre pescadores artesanales y pescadores industriales.
En Chile, cada año se establecen cuotas anuales de pesca para cada una de las pesquerías que existen en el país. De ese total, la ley establece qué porcentaje podrán extraer los pescadores artesanales por un lado y el sector industrial por el otro. De esa manera, por ejemplo, en el caso de la merluza del sur (Merluccius australis), el proyecto de ley propone que la extracción de esta especie sea de un 40% para el sector pesquero industrial y un 60% para el sector pesquero artesanal. Esto es conocido como el fraccionamiento de la cuota, es uno de los puntos más complejos en la discusión, y dado los retrasos en la discusión, será abordado en una nueva ley.
La nueva ley de fraccionamiento presentada en septiembre de 2024, busca enfocar el debate en la repartición de cuotas para luego volver a discutir todos los otros aspectos contenidos en la propuesta de ley ingresada en diciembre pasado.
“Los caminos de la nueva ley de pesca han quedado ligados al nuevo proyecto de ley ingresado en septiembre por el gobierno, que fija un nuevo fraccionamiento para la distribución de autorizaciones de pesca de las distintas especies, entre la pesca industrial y artesanal, y que acabamos de aprobar en general en la Comisión de Pesca”, destaca la diputada.
Desde su perspectiva, “ambos proyectos se hacen cargo, no solo de ayudar a corregir el origen deslegitimado de nuestra actual ley de pesca, sino también las consecuencias negativas que ha tenido (la actual ley) para sectores relevantes como el de la pesca artesanal y sus trabajadoras y trabajadores; de incorporar aspectos de igualdad de género, y al mismo tiempo dar garantías a todos los actores, y sobre todo sustentabilidad, protección y proyección al tesoro de los recursos renovables de nuestro mar”.
Sin embargo, la discusión de este nuevo proyecto de ley, que cuenta con suma urgencia respaldada por el gobierno, ha encontrado detractores luego de la aprobación inicial en la Comisión de Pesca. Representantes de la pesca industrial han advertido que podrían solicitar la inconstitucionalidad del proyecto de fraccionamiento puesto que afectaría los beneficios obtenidos hasta ahora, gracias a la ley vigente, y que se deberían mantener hasta el 2032. Así lo aseguró la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, en la Comisión de Pesca y Acuicultura de la cámara de diputadas y diputados.
Cepeda, además, argumentó que se ha buscado un logro político más que una regulación justa. “Hasta hoy se habrán escuchado unas 20 organizaciones artesanales y solo dos industriales. Esa inequidad e injusticia también la vivimos en el proceso anterior que fue dejado de lado para concentrarse en exclusiva en los fraccionamientos vigentes”.
Artesanales, por su parte, sostienen que una nueva repartición de las cuotas se hace necesaria dado que existen pesquerías en que la ley actual los ha perjudicado. Por ejemplo, en el caso de la merluza de tres aletas, el 100% de la cuota es para los industriales. Con el nuevo proyecto de ley, la proporción en esta pesquería pasaría a ser de 95% para industriales y 5% para artesanales, un fraccionamiento que aún está lejos de las aspiraciones de la Asamblea Nacional de la Pesca Artesanal que busca una repartición en partes iguales para cada sector.
Otro ejemplo es la merluza común. De las más de 40 mil toneladas anuales, la ley vigente permite una extracción de 60% por parte de industriales y 40% para los artesanales. El proyecto de ley de fraccionamiento propone 57% para industriales y 43% para artesanales, mientras que desde la Asamblea Nacional de la Pesca Artesanal proponen una división de 30% para industriales y 70% para artesanales.
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Consideración de la ciencia
Gigliola Centonzio valora los avances de los nuevos proyectos de ley, ya que “asume el desafío de armonizar el cuerpo legislativo en materia pesquera, separándolo de la acuicultura”. Además, incorpora herramientas que permitirán a la autoridad pesquera tomar decisiones de manera más dinámica ante un océano muy cambiante producto de los efectos del calentamiento global y cambio climático”.
De hecho, incluir a la ciencia para la toma de decisiones es una de las promesas realizadas por el gobierno para la legislación presentada a fines de 2023. En este contexto, el director de campañas de pesca de la ONG Oceana, César Astete, destaca que el principio precautorio se debe mantener al ser uno de los elementos positivos de la regulación pesquera en Chile.
Además, recalca la importancia de tomar decisiones basadas en evidencia, “Esperamos que se mantenga el modelo de los comités científicos, donde la determinación de temas tan importantes como la cuota de captura se realicen en base a investigación científica y no en base a los intereses, presiones o a las distintas maniobras que puedan tener los grupos privados para aumentar la captura de determinadas pesquerías”.
Por otra parte, Gigliola Centonzio enfatiza en la necesidad de establecer recursos para poder mejorar la investigación científica para la administración de pesquerías y recursos para aumentar la dotación de profesionales en la institucionalidad pesquera.
Además, agrega que la nueva ley de Pesca, “debiese avanzar en la eliminación gradual del arrastre, partiendo por el arrastre de fondo y limitar su expansión”.
Esta visión es compartida por César Astete, quien asegura que “la principal amenaza es la pesca de arrastre de fondo”, pero que también lo es “la pesca ilegal”.
Cabe destacar que solo entre 2020 y 2021 se incautaron cerca de 700 toneladas de productos extraídos del mar de forma ilegal. Buscando enfrentar esta situación, el Estado generó el programa de Combate a la Pesca Ilegal en la Cadena de Valor, enfocado en la fiscalización de la merluza común, merluza del sur y algas pardas.
Sin embargo, uno de los mayores decomisos de extracción ilegal de recursos pesqueros terminó con una multa para la compañía Salmones de Chile Alimentos; luego que se decomisaran más de 7 mil kilos de harina de pescado proveniente de pesca ilegal, las autoridades multaron con cerca de 15 mil dólares a la empresa, mientras que el decomiso fue avaluado en más de 11 millones de dólares.
Este tipo de situaciones se buscará mejorar con mayor fiscalización en la nueva ley de pesca.
*Imagen Principal: Pesca artesanal en Valparaíso. Foto: Oceana