- En 2023, tres pequeñas empresas mineras de oro en Ecuador exportaron 268 millones de dólares en oro a los Emiratos Árabes Unidos y la India, 20 veces más que en 2022, según una investigación de Mongabay y Código Vidrio.
- La cantidad de oro que las empresas afirman haber procesado no tiene sustento técnico, según expertos de la industria. Las inspecciones de sus concesiones no muestran indicios de que hubo operaciones formales de minería.
- Más del 35% de las exportaciones de oro de Ecuador proviene de empresas mineras de oro a pequeña escala, pero las irregularidades en su origen, permisos y operaciones, así como una crisis continua en la capacidad de monitoreo de las autoridades, sugieren que la mayoría de estos actores están comercializando oro de fuentes ilegales.
- Nuestra investigación muestra que las autoridades aprobaron permisos de exportación principalmente sin verificación en el sitio; y aunque el registro minero del país fue suspendido en 2018, la agencia a cargo continuó aprobando concesiones mineras.
Alrededor de una cuarta parte de las exportaciones de oro de Ecuador provenientes de la minería a pequeña escala en 2023 se originó en solo tres empresas: Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals. Sus exportaciones de 268 millones de dólares en oro a los Emiratos Árabes Unidos e India fueron aproximadamente 20 veces más que el comercio similar del año anterior. Una investigación de ocho meses sobre sus actividades, realizada por Mongabay y Código Vidrio evidencia que las exportaciones se realizaron a través de un esquema de certificados y permisos maquillados, con oro extraído de minas que en realidad no existen. Esta operación fue facilitada por la débil o inexistente supervisión gubernamental y la corrupción.
Los últimos años han evidenciado un auge en los negocios de minería de oro a pequeña escala en Ecuador. Por primera vez desde 2020, las exportaciones de los productores de oro a pequeña escala alcanzaron los 1.260 millones de dólares en 2023, superando los 1.170 millones de dólares en envíos de Aurelian, la única empresa de minería de oro a gran escala en Ecuador, en etapa de explotación. Este auge ocurrió mientras el crimen organizado ha afianzado su control sobre la minería artesanal e ilegal de oro, a través de la violencia y la extorsión. Las tasas de homicidios aumentaron cinco veces entre 2019 y 2023, afectando en particular a las comunidades indígenas y campesinas, así como a los ecosistemas frágiles y ricos en recursos de las regiones amazónicas.
Mientras los periodistas de esta alianza seguían el rastro de todas las anomalías y los esquemas fraudulentos de este fenómeno, el 2 de septiembre pasado la Policía y la Fiscalía allanaron la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), así como el Ministerio de Energía y Minas, como parte de una investigación sobre irregularidades en la autorización de nuevos permisos y concesiones para la minería a pequeña escala. Aunque el registro minero fue suspendido a principios de 2018, entre 2019 y 2024 con la venia e inacción de la Agencia se otorgaron más de 650 concesiones, según los informes de los investigadores.
Los documentos y pruebas que revisamos, así como los testimonios y entrevistas para esta investigación, señalan que Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals y, al menos, otras 15 compañías y 18 personas, obtuvieron oro de diversas fuentes, que en su mayoría serían ilegales, con la complicidad o silencio (por temor a retaliaciones delictivas) de las autoridades de control minero. Esto fue corroborado en entrevistas con funcionarios y exfuncionarios.
Los casos de estas empresas, cuyas ganancias han aumentado 10 veces o más, en menos de un año, indican que la regulación débil, la corrupción y el crimen organizado han permitido que multimillonarias ganancias del narcotráfico se laven a través del oro extraído ilegalmente, según reveló nuestra investigación.
Desde 2020, la minería ilegal y la criminalidad se han duplicado. Esto, según Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, coincide con el cierre de ARCOM en 2020. El presidente Daniel Noboa reestableció la agencia en agosto de 2024, ante el despunte de la minería ilegal.
“Los controles sobre la minería ilegal cayeron, todo se volvió más laxo, las verificaciones técnicas y auditorías disminuyeron debido a la drástica reducción de personal y recursos”, dijo Benalcázar. “Se comenzaron a crear empresas sin ninguna verificación, y prácticamente podían exportar lo que quisieran, sin ningún límite”.
«Pequeños comerciantes»
A pesar de sus ingresos astronómicos, Rockgolden y Rocadorada (fundadas entre 2021 y 2022, según el registro de la Superintendencia de Compañías) no son empresas formales. Son lo que se conoce como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), un esquema especial que Ecuador introdujo en 2020 para apoyar a los pequeños emprendedores durante la pandemia de COVID-19.
Después de la pandemia, grupos familiares, especialmente de las provincias costeras de El Oro y Guayas, crearon decenas de empresas, incluidas SAS. “Hemos observado la presencia de personas naturales y jurídicas que no se dedican a una sola actividad en el sector, sino a varias, y camuflan sus operaciones reales al solicitar licencias y permisos a las agencias públicas”, según un informe de 2021 de la Organización de los Estados Americanos sobre minería de oro ilegal en Ecuador.
Sobrevuelo de Yutzupino, uno de los principales yacimientos mineros ilegales a orillas del río Jatunyacu, cerca de Tena, en la provincia de Napo, Ecuador. Crédito: Dan Collyns.
Según los registros de la Agencia que revisamos, 363 empresas, sociedades y personas naturales tienen licencias de comercialización de minerales. Encontramos ocho exportadores de oro bajo el esquema SAS: las tres ya mencionadas, además de JP-Metals, que exportó $2.3 millones en oro a los Emiratos Árabes Unidos solo en julio de 2024; Aldemining, que vendió $10 millones a los Emiratos Árabes Unidos en la primera mitad de este año; y Dream Rock World D-Rock, que exportó $10.8 millones durante el mismo período, también a los Emiratos Árabes Unidos.
“Más del 35% de las exportaciones de oro de Ecuador proviene de la minería a pequeña escala, y una parte significativa de la minería ilegal y del lavado de dinero. Así es como la criminalidad minera explotó, estos no son casos aislados,” nos dijo Benalcázar. “Hay empresas que se multiplicaron y pagan pocos o ningún impuesto. Otras venden a través de aquellas que tienen licencias de exportación; cualquiera puede exportar, con o sin concesión,” señaló.
Nuestra investigación no encontró controles sistemáticos del Servicio de Rentas Internas (SRI) ni la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para verificar si estas empresas habían pagado impuestos o estaban involucradas en alguna irregularidad financiera o lavado de dinero. Tampoco la Superintendencia de Compañías ha intervenido para detectar y denunciar las irregularidades. La información que recaba Inteligencia del SRI solo es conocida por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y no es formalizada en ninguna investigación de la Fiscalía. Hay una ausencia total de coordinación interinstitucional para enfrentar estos casos.
No obstante, este año el SRI detectó que existen 150 firmas comercializadoras que registran direcciones inexistentes, sin un RUC actualizado, por lo que se presume que son de papel; la mayoría no tiene empleados. Eso se identificó tras controles del organismo a la verificación de actividad económica a cerca de 200 contribuyentes dedicados a la minería.
Patrón fraudulento
Desde 2020 hasta la primera mitad de 2024, cuando ARCOM fue cerrada, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) asumió sus responsabilidades. Durante este tiempo, aprobó certificados de producción y permisos de exportación para Rocadorada, Soul Metals, Rockgolden y otras pequeñas empresas mineras. Lo hizo sin poder verificar los lugares de procedencia del oro extraído y procesado, según los documentos que revisamos. La Ley establece que la autoridad a cargo solo debe revisar y aprobar que los documentos estén en orden y cumplan los requisitos formales.
A través de estos documentos, así como del registro minero, guías de exportación y pagos de impuestos, encontramos que los permisos de exportación y certificados de producción parecían seguir un patrón fraudulento.
“Estas empresas tuvieron un aumento de envíos de oro que no corresponde con su condición de pequeñas mineras,” dijo un exfuncionario de la Agencia que pidió permanecer en el anonimato por seguridad. “Las cantidades exportadas y los pagos multimillonarios recibidos no coinciden con sus informes de producción y procesamiento del mineral”.
“Al cruzar los datos reportados en 2022 y 2023, es muy probable que la fuente del oro exportado provenga de la minería ilegal,” nos comentó el exfuncionario.
Los certificados de exportación de las empresas con envíos inusuales contienen pruebas claras que apuntan a irregularidades. En particular, hay discrepancias entre las cifras de producción y exportación, según pudimos detectar al revisar esos documentos, lo cual también fue corroborado por expertos consultados para esta investigación.
Por ejemplo, en un certificado de exportación, Rockgolden declaró que en agosto de 2022 había procesado 4.588 toneladas métricas de mineral en 13 días en la concesión DENIS UNO, en la parroquia Bella María, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. De esta actividad, que ascendía a un promedio de 353 toneladas métricas de material extraído diariamente, obtuvo 43 kilogramos (95 libras) de oro puro, que vendió a una empresa en Dubái por 2.2 millones de dólares.
§ En 2023 el Estado recibió ingresos por regalías del sector minero de 207,6 millones de dólares. Una parte significativa de esos fondos, más de 80 millones provino del pago por exportaciones de oro y otros minerales.
Aunque estas cantidades fueron validadas por las autoridades, una fuente de una empresa minera legal en la provincia de Azuay dijo que las cifras de producción señaladas por las sociedades eran desmesuradas. “Nuestra empresa tiene 700 empleados formales y es capaz de procesar 700 toneladas al mes, aproximadamente 40 toneladas al día, con lo cual obtenemos alrededor de 12 kilos (26 lbs) de oro,” dijo la fuente, y agregó que las empresas mineras a pequeña escala solo tienen permitido procesar hasta 300 toneladas métricas diarias. “Ninguna empresa de este tipo tiene esa capacidad máxima de producción.”
LA CADENA DE SUMINISTRO DE ORO EN ECUADOR
Fuente: Informe de Flujos Financieros ilícitos en el sector minero. Global Financial Iniciative
Entre julio y agosto de 2023, Soul Metals exportó 59 kg (130 lbs) de oro de un total de 2.500 toneladas métricas de mineral procesado. “Ninguna empresa minera legal a pequeña escala puede producir más de 15 kilos (33 lbs) al mes, debido a los costos, el uso de maquinaria y la capacidad de producción. Solo Aurelian puede producir más de 20 kilos (44 lbs),” afirmó la fuente.
La concesión DENIS UNO, que pertenece a Rockgolden, fue otorgada en octubre de 2013. Sin embargo, Rockgolden fue creada como una SAS en 2022. Entre 2017 y 2022, esta área, ubicada en Machala, estaba a nombre de Germán Arias Pauta, con el catastro 098697480. Y en diciembre de 2022 el dueño hizo la cesión y transferencia de la concesión a Rockgolden. “Ninguna SAS puede tener un área minera, ya que las últimas concesiones fueron otorgadas en 2017, cuando se cerró el registro minero, y en ese momento no existían este tipo de empresas,” dijo la fuente en Azuay.
Rocadorada no tiene empleados, al menos ninguno está registrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según fuentes de ese organismo. Soulmetals registra dos trabajadores en el IESS. Ambas empresas, según la magnitud de su explotación y producción deberían contar con una nómina de, al menos, 1.000 empleados cada una, según estima un representante de una compañía minera, que pidió el anonimato.
Este no es un caso aislado. Las concesiones mineras declaradas en los documentos de exportación se ubican en lugares donde no hay actividad minera visible, solo se aprecian ríos y aldeas, modestos caseríos. Según los mapas que revisamos para esta investigación, estas áreas no tienen entradas a minas, presas de relaves ni sitios de desechos.
“La falsificación de certificados de origen, como parte de la cadena de producción de minería ilegal, es una de las actividades más rentables dentro de los eslabones de producción ilícita, ya que el intermediario compra oro ilegal a aproximadamente el 60% del valor del mercado y lo vende a alrededor del 95%,” nos dijo Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DTOC) de la OEA.
En ciertos casos, según un investigador de Inteligencia, organizaciones criminales transnacionales con nexos con el narcotráfico crean las firmas en Dubai, la capital de Emiratos Árabes. Luego envían a sus representantes a Ecuador para que creen o adquieran SAS o compañías ya constituidas, obtengan licencias de comercialización y compren oro a mineros ilegales o artesanales. Para sus operaciones cuentan con capitales de decenas de millones de dólares en efectivo, provenientes de actividades criminales, indica el investigador.
La danza de los millones
La magnitud de las inusuales exportaciones de oro comenzó a generar alarmas a mediados de 2023. Entonces Patricio Bonilla, un coronel (r) del Ejército, asumió el cargo de director de ARCERNNR, la entidad reguladora minera desde 2020, tras la destitución de su predecesor, Luis Maingón, en medio de acusaciones de corrupción. Durante la gestión de Maingón, se sospecha que funcionarios alertaban a los mineros ilegales antes de las redadas policiales, particularmente en las provincias de Azuay y Napo, mientras que los reguladores mineros en provincias supuestamente cobraban tarifas y exigían sobornos a representantes de empresas exportadoras de oro para emitir permisos. Maingón dirigía ARCERNNR desde agosto de 2022 y era un colaborador cercano del exministro de minería Xavier Vera, quien fue arrestado tras ser acusado de supuestos sobornos.
Bajo el liderazgo de Bonilla, la agencia reguladora comenzó a descubrir irregularidades en las exportaciones de oro de muchas empresas. Un exfuncionario confirmó que destacaban Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals, registradas en los puertos de Machala y Guayaquil.
En 2023, Rockgolden exportó $71 millones en oro a MHGS Trading DMCC en Dubái, aproximadamente 70 veces más que en 2022. El gerente general de Rockgolden es Guillermo Bolaños, un ciudadano peruano. Shaheen Daniel Hays, un ciudadano estadounidense, es accionista. Ninguno respondió a los correos electrónicos y números de teléfono registrados en la empresa. MHGS Trading DMCC es una subsidiaria de la multinacional comercializadora de oro Metals House Inc., donde Hays figura como socio gerente en Perú.
Por su parte, Rocadorada vendió $110 millones en oro a Dubái en 2023, casi 10 veces más que en 2022. El comprador fue Al Hamra Overseas Trading Llc. Su único accionista es el ecuatoriano Christian Quijije. Los correos enviados a la dirección de Al Hamra no obtuvieron respuesta.
Soul Metals no registró ninguna exportación de oro en 2022, pero al año siguiente envió $81.4 millones en oro a India. El comprador fue A.J. Refinery Private Limited, con sede en India. Creada hace solo dos años, Soul Metals ha cambiado de propietarios y accionistas cuatro veces. Llamamos a los dos números de celular listados en su registro corporativo, pero estaban a nombre de otras personas. Tampoco respondieron a nuestros correos electrónicos.
El modo en que estas transacciones se llevan a cabo parece ser un método de lavado de dinero, según un oficial de inteligencia que consultamos y que solicitó el anonimato por razones de seguridad.
Las ganancias ilícitas del tráfico de cocaína que antes ingresaban al sistema financiero en Ecuador ahora salían del país para ser invertidas en compras de oro en Ecuador, señaló el oficial. Las mismas personas creaban empresas en los Emiratos Árabes Unidos para enviar dinero a Ecuador y así crear empresas ficticias que exportaban el oro a sus propias firmas con sede en Dubái, lavando así el dinero sucio.
La minería ilegal es la actividad criminal más dominante y violenta
El aumento de las exportaciones de oro se produjo en medio de un incremento de la delincuencia y la violencia en las zonas de minería ilegal de nueve provincias ecuatorianas, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). En la Amazonía sur, donde las bandas criminales han incursionado en la minería ilegal, las tasas de homicidios se han duplicado o incluso triplicado.
Entre enero y junio de este año, las exportaciones bajaron en un 26%. 23 firmas encabezan el listado, incluidas 3 SAS y 8 personas naturales
“La minería de oro ilegal se ha convertido en la actividad criminal más dominante en la región amazónica de Ecuador, dijo Sofía Jarrín, asesora de defensa de Amazon Watch para la Amazonía Occidental y autora principal de un informe reciente sobre bandas de oro.
“Las organizaciones criminales están reinvirtiendo las ganancias del narcotráfico en este lucrativo comercio, alimentando una lucha violenta por el control territorial”, afirmó Jarrín en el informe. “Esta dinámica no solo aumenta la violencia, la extorsión, el reclutamiento y los asesinatos por encargo, sino que también permite la expansión de otros mercados ilícitos, como el contrabando de mercurio, armas y drogas, empoderando aún más a los grupos criminales que custodian los enclaves mineros”.
Aunque no pudimos identificar un vínculo directo entre las organizaciones de narcotráfico y las empresas en cuestión, la hegemonía de grupos criminales en la minería apunta a una industria contaminada. En provincias como El Oro, Azuay, Imbabura, Napo y Zamora-Chinchipe, Los Lobos, una banda aliada con grupos criminales de Venezuela, Colombia y Perú, lucha por el control de la minería ilegal, utilizándola como un conducto para lavar los ingresos del narcotráfico y otros delitos.
Solo en el cantón de Ponce Enríquez, en Azuay, Los Lobos genera alrededor de 3.6 millones de dólares en ganancias al mes. Los operadores de empresas comerciales compran mineral de oro a los líderes de la banda y a los mineros ilegales en sus áreas de influencia, así como de Perú, según el oficial de inteligencia.
Estos intermediarios luego transportan el mineral a plantas de beneficio (procesamiento) en Ponce Enríquez o Portovelo, o en la provincia vecina de El Oro, donde se tritura hasta reducirse a polvo, para luego procesarse químicamente y fundirse en lingotes, que pueden ser exportados por las comercializadoras.
El secuestro de mineros ha sido uno de los métodos usuales de las organizaciones criminales, para presionar por el pago de extorsiones a las empresas mineras formales. Foto de archivo
“La minería ilegal es una actividad más segura y lucrativa en la que pueden invertir dinero del narcotráfico y desde la cual pueden lavar los activos más fácilmente”, nos dijo Schulmeister de la OEA. “Es más fácil transportar un kilo de oro que un kilo de cocaína”.
Un ex funcionario que trabajó en la ARCERNRR en el gobierno anterior nos dijo que las autoridades “solo están allí para legalizar lo ilegal”. Algunos lo hacen por miedo y otros porque son colaboradores y reciben pagos por sus servicios. Otro problema es la falta de personal y presupuesto. En Quito son apenas 20 funcionarios.
En 2023, la Agencia emitió 1.984 certificados de exportaciones de minerales, y 910 hasta junio de este 2024, según informes oficiales.
Inspecciones in situ
El ex funcionario añadió que, al detectar el aumento en las exportaciones de Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals, la ARCENRNRR decidió en 2023 inspeccionar los lugares de las concesiones de las empresas. “Cuando llegamos… no había movimiento de tierra ni operaciones extractivas importantes. Todo era un montaje. Estimamos que el oro que exportan lo compraban a mineros ilegales en Yutzupino y Punino, en la provincia de Napo, y en Buenos Aires, en Imbabura”.
Cuando en agosto pasado se le consultó sobre el crecimiento explosivo de las exportaciones inusuales, Diego Ocampo, el viceministro de minería en ese momento, dijo que el gobierno había planeado detectar y corregir estas anomalías a través de ARCOM, que fue reinstalado este agosto. Añadió que las autoridades comenzarían a perseguir los delitos en la zona.
Según Ocampo, ARCOM había planeado realizar auditorías de los informes de producción para verificar si los coordinadores zonales estaban llevando a cabo auditorías in situ y si los datos coincidían con lo declarado en los documentos. Su posición frontal le pasaría factura.
Ocampo renunció como viceministro a mediados de agosto de 2024, trasv un impasse con el ministro de Energía. En su informe final de gestión, expresó su preocupación por la situación de ARCOM, añadiendo que carecía de personal técnico, administrativo y legal, así como del presupuesto para cumplir con su labor y combatir la minería ilegal.
Según un informe interno de la Agencia que revisamos, otro indicador grave es la falta de reportes consolidados sobre las estadísticas de multas y sanciones impuestas y cobradas, ni informes sobre la distribución de regalías y ganancias mineras. Tampoco existe control in situ del muestreo de minerales, debido a la falta de personal. No hay ningún registro o informe consolidado de auditorías técnicas realizadas en 2023, y mucho menos en años anteriores.
La salida de Ocampo fue una señal de que el actual gobierno tenía serios problemas para empujar la operación de la nueva ARCOM, en medio de un juego de intereses de autoridades del Ministerio de Energía y Minas relacionadas con anomalías en el control de la minería ilegal, que alertó Ocampo. El último pico de esa crisis fue la salida de Mauricio Martínez, quien estuvo frente a la Agencia menos de un mes, y acaba de ser reemplazado por el coronel (r) Bonilla, a inicios de septiembre.
En octubre de 2023, las autoridades de control minero reunieron pruebas sólidas de exportaciones inusuales por parte de Rockgolden y Rocadorada, que fueron reportadas por presunta evasión fiscal al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
También mantuvieron reuniones con directivos de esas entidades, así como del Centro de Inteligencia Estratégica CIESS, para explicarles los alcances del fenómeno.
Mientras el SRI avanza en la auditoría a esas empresas exportadoras, el director encargado de la UAFE, José Neira, no respondió nuestros pedidos de entrevista y de información sobre el avance de la investigación.
Imagen destacada: Incursión policial y militar en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, Ecuador, en agosto de 2024. Cortesía de la Policía Nacional de Ecuador.
Este reportaje se realizó en alianza entre Código Vidrio y Mongabay, con el financiamiento para la investigación del Fondo de Periodismo sobre Bosques Tropicales del Centro Pulitzer.
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