- El 12% de la harina de soja y el 20% de la carne vacuna que Argentina exporta tiene como destino a los países de la Unión Europea, un mercado que nadie está dispuesto a perder.
- Mientras el Estado reduce su inversión para proteger los bosques, el sector privado busca adaptarse a las nuevas reglas pero por interés comercial, no ambiental.
- El foco está puesto en la región del Chaco, donde la tasa de deforestación anual sigue superando las 100.000 hectáreas y donde la frontera agropecuaria podría seguir expandiéndose.
- Qué medidas se esperan del gobierno de Javier Milei. Críticas de los productores y ambientalistas a un sistema que no parece convencer a nadie.
Los trabajos de adecuación de Argentina a las normas de la Unión Europea (UE) para prohibir el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas generan miradas muy diversas, acciones más o menos decididas y abundantes dosis de incertidumbre y quejas. Todo ello, enmarcado en el contexto de un gobierno que, en su primer año de gestión, ha mostrado mucha más cercanía con los sectores financieros y productivos que con la defensa ambiental.
A partir del 1º de enero de 2026, el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) obligará a quienes quieran exportar hacia el bloque europeo determinadas materias primas o productos elaborados a partir de estas a presentar un exhaustivo informe de trazabilidad para garantizar que las exportaciones no proceden de zonas que hayan sido deforestadas a partir del 31 de diciembre de 2020. En el caso argentino, afecta directamente a la soja, la carne vacuna y la madera.
En su primer año de gestión, el gobierno de Javier Milei dio pasos muy limitados en la tarea de adaptación del país a las nuevas medidas, dejando que sean los representantes del sector exportador los encargados de llevar adelante ese trabajo.
“Para todo lo que es carne vacuna, soja y subproductos, Argentina está lista para implementar el reglamento 1.115 de la Unión Europea”, afirma Josefina Vecino Beauge, coordinadora de la plataforma VISEC (Visión Sectorial del Gran Chaco), una herramienta creada por el sector productivo para facilitar las tareas de trazabilidad que el mercado europeo exigirá.
Una investigación de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), aún sin difundir y a la que accedió Mongabay Latam, tiene otro punto de vista y sostiene que el objetivo de esta plataforma no tiene ningún tipo de perspectiva ambiental: “VISEC es la única plataforma constituida en el país para entablar negociaciones con el Gobierno nacional y la Unión Europea. Es un actor que articula sectores empresariales vinculados a la producción, el acopio, la industria y la exportación. Es decir, que su interés es netamente comercial y los resultados que presenta en materia de deforestación y vulneración de derechos humanos están basados en informaciones someras e incompletas”, señala.
“Nosotros tenemos que hacer las dos cosas: cuidar nuestros bosques y no perder mercados. Es la ecuación que debemos analizar en Argentina”, sostiene Octavio Pérez Pardo, director de Bosques de la Nación. “Me parece muy bien que Europa tire del carro ambiental, pero preferiría que su propuesta fuese propositiva, no restrictiva. ¿Por qué en lugar de prohibir la entrada de insumos no propone fomentar aquellos que procedan de fincas y empresas que destinen parte de sus tierras a la protección de bosque nativo?”, se pregunta por su parte Alejandro Brown, presidente de la Fundación Proyungas y líder del programa Paisaje Productivo Protegido.
Nadie parece estar del todo conforme, ni con lo decidido en Europa ni con lo que está haciendo el país para acomodarse al nuevo tiempo. Tampoco los productores y operadores, que se verán forzados a multiplicar sus trámites aduaneros y modificar sus dinámicas laborales.
El disgusto de productores y operadores
Renuentes en un principio y sumamente críticos con el reglamento, los interesados en mantener abierto el mercado europeo para sus productos fueron aceptando las modificaciones a su dinámica habitual de trabajo para adaptarse a la nueva situación: “Los productores empezaron enojándose, después pensaron en cambiar el destino de sus exportaciones, pero la perspectiva de una ampliación de este tipo de medidas a China, Reino Unido y posiblemente Rusia en un lapso entre dos y cinco años los dejó sin argumentos para mantener posturas negativas”, dice Paula Soneira, asesora de la ONG Aves Argentinas y ex subsecretaria de Biodiversidad y Ambiente de la provincia del Chaco.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, con datos de 2022, señalaba que el 12 % de las carnes y cueros bovinos y el 20 % de la harina de soja de Argentina son adquiridos por la UE, lo que significa el 10 % de las exportaciones totales del país. Pero si en un futuro cercano China, Indonesia y Malasia dictan medidas semejantes al EUDR, las ventas bovinas se verían afectadas en un 72 %; las de harina de soja en un 36 %; y las de poroto de soja, en un 88 %.
Las incertidumbres guardan relación con la falta de definición de un buen número de asuntos respecto a la implementación del EUDR. Por ejemplo, la división de los países en categorías de riesgo, que implicarán distintos grados de control. Dentro de este punto, también hay dudas sobre si se aplicará a los países en su conjunto o por regiones internas de un país.
En Argentina, la realidad económica que vive la zona pampeana, principal área agropecuaria, no se parece en nada a la del Chaco argentino, en el noreste del país, el área de mayor deforestación de bosque nativo. La región forma parte del Gran Chaco americano, junto con Paraguay, Brasil y Bolivia.
Tampoco hay definiciones sobre los detalles de la segregación física de la mercadería a exportar; y a quién corresponderá certificar que lo embarcado en la bodega de un barco no ha tenido contacto con una zona desmontada luego de 2020 permanecen en duda.
Las críticas del ambientalismo
Mientras se deciden estas cuestiones, al sector más cercano a las comunidades que habitan el bosque chaqueño le preocupa que los principales patrocinadores de la plataforma VISEC pertenezcan al sector empresarial y que puedan omitir información con el fin de lograr que a Argentina se le adjudique un riesgo bajo de deforestación.
“VISEC es una plataforma sin fines de lucro (hay algunos costos anexos que sí deberán afrontar los exportadores), colaborativa y transversal, destinada a todos los productores y operadores comerciales que integran las cadenas de valor de soja y carne vacuna”, sostiene Vecino Beauge. Puesta en marcha en 2019, “consiste en un sistema de monitoreo, reporte y verificación que traza el ciclo de vida de un producto en su totalidad, desde el campo hasta el puerto”, añade Vecino Beauge.
“El reglamento determina que la conversión de un bosque en uso agrario, incluyendo los mencionados “sistemas silvopastoriles”, es deforestación y se trata de una de las principales amenazas al bosque chaqueño. Sin embargo, la información preparada por VISEC no los incorpora como tales”, señala el documento de la Redaf. En el escrito, también se hace hincapié en la inadecuada comunicación de los problemas existentes en torno a los derechos de tenencia de la tierra debidos al “avance agroganadero y agroindustrial sobre las comunidades locales y los pueblos indígenas”, que el reglamento europeo reconoce como causa profunda de deforestación.
La escasa participación del Estado en las tareas efectuadas hasta la fecha incrementa esas preocupaciones. La misma se limita a la elaboración de un informe todavía sin fecha de finalización en el que trabajan sectores de la Cancillería, el área de Ambiente y la Secretaría de Bioeconomía; la realización de reuniones de carácter informativo con los sectores privados involucrados y representantes de la UE; y la constatación de la viabilidad de un par de ejercicios de trazabilidad ajenos a VISEC (uno realizado con carne vacuna en el norte de la provincia de Santa Fe y otro con carbón proveniente de quebracho blanco chaqueño).
En noviembre último, finalmente, el Gobierno creó un directorio de diferenciación que serviría para integrar la información que manejan algunos organismos públicos reconocidos internacionalmente, como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) “y que de alguna manera también avalará oficialmente nuestras funciones”, puntualiza Vecino Beauge, en referencia al grupo que coordina la plataforma VISEC.
La gran pregunta, en todo caso, es saber hasta dónde el EUDR incidirá en reducir las tasas de deforestación en Argentina y, fundamentalmente, en la región chaqueña. “Creo que, como todas las regulaciones y prácticas impuestas, siempre el primer impacto es de alguna manera contraproducente. Pero después, a mediano-largo plazo, sí deberíamos ver una disminución progresiva de esas tasas”, cree Vecino Beauge.
Alejandro Brown posee una percepción diferente: “En este rincón del mundo, el sector productivo es responsable de la protección de una superficie que supera lo que protegen nuestros sistemas oficiales de áreas protegidas. Entonces, se lograría mucho más trabajando de manera estrecha con ese sector y las organizaciones de la sociedad civil que con lo que se pretende lograr con normativas que no respetan las decisiones soberanas de nuestros países”.
Paula Soneira toma una posición intermedia: “Me parece una medida a defender, ya que es preferible esto a que no haya nada. El problema es que, si el Estado reduce su participación, todas las leyes ambientales estarán en peligro y la protección ambiental será sólo voluntaria y regulada por el mercado. Será el derecho privado el que decidirá las pautas de conservación y no parece una buena perspectiva”.
La protección de los bosques, desfinanciada
Desde que asumió el poder, el 10 de diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo degradó el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible de ministerio a subsecretaría; retiró sus representantes de la COP29 sobre el Cambio Climático y se negó a firmar el Pacto para el Futuro de Naciones Unidas, entre otras medidas. En lo relativo a las zonas boscosas del país, determinó el cierre del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos a la vez que redujo la partida presupuestaria del Fondo Nacional para Enriquecimiento y la Conservación de esos mismos bosques.
Peor aún, desde las organizaciones de la sociedad civil se muestran incluso más preocupados con lo que pueda ocurrir si el Congreso aprueba el presupuesto previsto para 2025. La partida asignada al Fondo de Enriquecimiento y Conservación sufrió una caída del 27.75 % en términos reales, expresa en su análisis la Fundación Ambiente y Recursos Humanos (FARN).
“Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques, que no pueden cuidarse con un presupuesto de 9090 millones de pesos al año”, indica Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, cuyo cálculo estima que se estarían dedicando 170 pesos (US$ 16) por año para el cuidado de cada hectárea de bosque. En la misma línea, FARN subraya que “hasta septiembre, la ejecución del total asignado para 2024 había sido nula”.
Pérez Pardo, director de Bosques, área perteneciente a la subsecretaría de Ambiente, difiere sobre estas cifras: “En 2023, la gestión anterior transfirió a las provincias 2000 millones de pesos (unos US$ 2 millones) para conservar los bosques. Este gobierno, entre enero y marzo, les envió los 7000 millones restantes que aparecían en el Presupuesto Nacional. Y respecto a los 9000 millones correspondientes a 2024 -que sumarían los 16 000 millones que estaban en el fondo fiduciario cerrado-, los vamos transfiriendo a medida que las provincias se ponen al día con las rendiciones que deben del dinero recibido en los años anteriores. Cuando asumimos sólo cuatro de las 23 provincias que tiene el país cumplían con esa condición, ahora ya son 13”, aclara.
Retrasos de varios años en la recolección de datos
Tanto el disenso como el retraso en la liquidación de fondos públicos –“hay provincias que deben rendiciones de 2013 o 2014”, confiesa Pérez Pardo- impiden conocer con exactitud cómo es el reparto de los fondos destinados al cuidado de los bosques nativos y para qué se utiliza el dinero que Nación envía a las provincias. Al mismo tiempo, pone en entredicho la transparencia, credibilidad y eficacia que posee la recolección de datos y liquidación de cuentas en diferentes instituciones del país.
Algo semejante ocurre con los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), documentos que identifican las diversas categorías de bosques en cada provincia, pero que en 17 de ellas se encuentran desactualizados. Y lo mismo sucede con las cifras de deforestación. Recién en diciembre del año actual se dio a conocer el dato oficial de pérdidas de bosques de 2023 que, según Pérez Pardo, ronda las 173 000 hectáreas [40 000 menos que en 2022], y según su apreciación, “en 2024, habría un número semejante de hectáreas perdidas”.
La mayor parte de la pérdida de bosque nativo se sitúa en el Chaco argentino, región del noreste del país en la cual la organización Greenpeace estableció un desmonte de 100 000 hectáreas en los primeros diez meses de este año. Se trata de la zona del país donde es mayor el riesgo de deforestación para extender la frontera agropecuaria e introducir soja y ganadería.
La prórroga de un año que aprobó la UE para la entrada en vigencia del reglamento 1.115 le da a la Argentina un margen de tiempo suficiente para resolver las dudas y afianzar los circuitos que le permitan alcanzar la meta simultánea de frenar la tala de bosques y mantener a Europa como mercado de sus productos. Las críticas, posiblemente, seguirán siendo inevitables.
Imagen principal: El el Chaco argentino, en el noreste del país, Greenpeace estima la deforestación de 100 000 hectáreas sólo en los primeros diez meses de 2024. Foto: Greenpeace Argentina, archivo.
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