- Los incendios forestales convirtieron más de 10 millones de hectáreas de bosques en cenizas. Esa cifra demuestra la peor tragedia ambiental que vivió Bolivia en su historia.
- La minería ilegal de oro sigue avanzando dentro de las áreas protegidas, en donde existe una escasa presencia del Estado. Esta actividad afecta cada vez más la vida de los pueblos indígenas por la contaminación de ríos.
- Bolivia sigue en el podio de los países más deforestados del mundo. No logró bajar de ese lamentable tercer puesto.
Cada año Bolivia lamenta la misma tragedia, aunque este 2024 fue particularmente devastadora. El fuego no tuvo piedad: más de 10 millones de hectáreas quedaron reducidas a cenizas. En la Chiquitania, en el Pantanal, en el Chaco o en la Amazonía boliviana los habitantes no recuerdan una temporada peor que la de este año. Las llamas se extendieron quemando todo lo que encontraban a su paso, fruto de una combinación de factores como el cambio climático, la ausencia de sanciones a los infractores y las decisiones políticas que para muchos de los entrevistados han alentado los incendios forestales.
“Nuevamente existe un balance negativo. Este año no con problemas nuevos sino con un alcance mayor de problemas ya existentes como los incendios del bosque chiquitano y amazónico. Con problemas en los que la incapacidad de prevención o la inacción en mitigarlos destacan nuevamente al gobierno como uno de los responsables”, detalla Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), una organización sin fines de lucro que documenta e investiga temas sociales y ambientales de Bolivia.
Pero el balance de este 2024 no solo se centra en los impactos devastadores del fuego, sino también en los cuestionamientos hacia un país que sigue en el podio mundial de las naciones que presentan la mayor tasa de deforestación: por tercer año consecutivo ocupa el tercer lugar después de Brasil y la República del Congo. Es imposible, por otro lado, evaluar el año ambiental de Bolivia sin mencionar la minería aurífera que sigue contaminando los ríos amazónicos con mercurio y dañando la salud de los pueblos indígenas que sobreviven a orillas de estos afluentes.
Los ecosistemas que resguardan las áreas protegidas también son afectados por la minería, pero sobre todo son víctimas de los avasallamientos o invasiones, y el narcotráfico. A este cóctel de problemas se suma una sequía intensa y los estragos que ha causado en varias zonas del país
Este panorama ambiental tiene relación con la dura crisis económica y política que atraviesa Bolivia. Los problemas en la economía se evidencian en la alta inflación, el desabastecimiento de combustible, un incremento sostenido en el costo de vida y la escasez de dólares. Mientras que en lo político, la pelea pública entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, quienes se disputan el liderazgo y la candidatura presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), afecta incluso la toma de decisiones sobre temas ambientales clave.
Los legisladores que responden a Evo Morales, por ejemplo, no quieren aprobar una lista de créditos externos que ascienden a 1100 millones de dólares. Según los asambleístas de Arce, parte de esos préstamos deben ir al cuidado de áreas protegidas o la construcción de carreteras compatibles con la naturaleza.
¿Cuáles fueron los aciertos y desaciertos ambientales de Bolivia en el 2024? Un equipo periodístico de Mongabay Latam repasó el año que se va junto a un grupo de expertos, organizaciones, científicos y líderes indígenas que han sido de cerca esta temática.
Lo trágico: incendios arrasaron más de 10 millones de hectáreas de bosque
En 2024 Bolivia ardió por mucho tiempo. Desde junio hasta octubre se vieron los peores resultados. Las cifras oficiales preliminares hablan de 9,8 millones de hectáreas quemadas, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, aunque hay entidades, como la Fundación Tierra, que muestran en algunos de sus estudios que esa cifra podría ser mayor. El director de esa organización, Juan Pablo Chumacero, pronostica que la “peor desgracia ambiental que vivió Bolivia” puede llegar a 13 millones hectáreas de bosque devastadas por el fuego.
“Este 2024 refleja la gravedad del problema ambiental. Estamos hablando de un año marcado por los incendios en tierras bajas, que hasta el 30 de septiembre calculábamos 10 millones de hectáreas de superficie quemadas y eso hay que añadirle lo que se quemó en octubre y parte de noviembre, lo que seguro aumentó y suponemos que llegaremos a 12 o 13 millones de hectáreas perdidas”, resalta Chumacero.
Tanto Chumacero como Campanini, junto a otros expertos y activistas, coinciden que los incendios forestales marcaron la agenda ambiental negativa del país sudamericano. Las quemas de bosques son un problema recurrente año tras año en Bolivia, pero en esta gestión las cifras de la desgracia obligan a poner un freno para evitar tragedias en 2025.
Detrás de ese fuego brutal están las denominadas normas incendiarias, un conjunto de seis leyes y dos decretos supremos, más dos resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que avivan las quemas sin que haya sanciones, o al menos sanciones duras. Estas normas fueron aprobadas con el propósito de ampliar la frontera agrícola de tres a 13 millones de hectáreas en 10 años (hasta el 2025), mediante desmontes, quemas y cambios de uso del suelo autorizados, pero terminaron favoreciendo la ocurrencia de incendios de grandes proporciones. Siete de esas polémicas normas, que siguen vigentes hasta hoy, fueron aprobadas durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
“Los incendios y el alcance de sus impactos han marcado el 2024. Han destacado no solo por la amplitud de la superficie quemada, la incapacidad para prevenirlos y la insuficiencia de las medidas para apagarlos, sino porque el humo generado por estos ha afectado severamente la calidad del aire de las principales ciudades e incluso el libre desarrollo de actividades”, afirma Campanini, para quien el alcance de la emergencia que ocurrió a cientos de kilómetros de distancia, en el bosque amazónico y chiquitano, ha demostrado que es un problema que afecta a todo el país. Por otro lado, el experto critica las declaratorias de emergencia tomadas por el gobierno, pues “además de tardías no son implementadas o se contradicen en el discurso y acciones gubernamentales”.
Vincent Vos, biólogo, investigador y miembro del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía de la Universidad Autónoma del Beni, considera que el balance ambiental en Bolivia está en “contra ruta” por los incendios forestales. El científico no ve avances concretos en evitar las quemas de bosques, sobre todo de la Chiquitania y la Amazonía.
“La primera deuda y la más importante son los incendios forestales. Acá se demuestra que no hay compromiso con el medio ambiente boliviano porque se ataca a bomberos, a guardaparques y se está debilitando el sistema de las áreas protegidas. El gobierno, en vez de parar los incendios derogando normas, está sentado con los empresarios para ver qué negocios más se pueden hacer”, lamenta Vos en entrevista con Mongabay Latam.
Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, hace hincapié precisamente en que la mayor parte de los incendios ocurridos desde 2019 hasta este año fueron en las zonas de ampliación de la frontera agrícola hacia la Chiquitania y el municipio de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz. El investigador señala directamente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la ABT de haber aumentado drásticamente las autorizaciones de quemas y de facilitar los desmontes sin mayor trámite en determinados asentamientos.
Colque remarca que el desmonte legal se multiplicó por seis desde que entraron en vigencia la Agenda Agropecuaria 2025 y los acuerdos de ampliación de la frontera agrícola, y destaca que entre 2021 y 2023 las hectáreas autorizadas para desmonte por la ABT sumaron 625 000.
El director del INRA, Eulogio Núñez, informó que, hasta el 8 de octubre, se registraron 9,8 millones de hectáreas afectadas por incendios forestales en todo el país. El reporte sostiene que el 61% del fuego se concentra en zonas boscosas y que Santa Cruz es el departamento más afectado al acumular el 68% de las quemas, seguido de Beni con el 28% y La Paz con el 3%. Estas áreas incluyen 26 municipios y 34 comunidades, y demandaron la movilización de 1256 bomberos en todo el país para combatir los focos de fuego.
Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, considera que el Gobierno boliviano no tuvo la voluntad y capacidad política para prevenir los incendios y tampoco tuvo la capacidad institucional de controlar las quemas ilegales, como también atender oportunamente el avance del fuego. Además, cuestiona que no se haya identificado y sancionado a los culpables de provocar los incendios.
“Nuevamente el país se ha incendiado sin que siquiera se haya garantizado la recuperación de las áreas quemadas en la gestión anterior. Muchos de los incendios forestales se generan a partir de quemas ilegales que no se es capaz de controlar y se sancionan únicamente con multas insignificantes que engrosan largas listas de deudores morosos del Estado. Aquí se prende fuego con total impunidad”, cuestiona Monasterio.
Parte de la solución inicia en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. La senadora Cecilia Requena, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y activista ambiental, exclama que urge la derogación de las normas que alientan los incendios forestales, caso contrario –dice- Bolivia seguirá sufriendo la pérdida de bosque no solo por quemas, sino también por la deforestación provocada.
“Necesitamos que las políticas públicas no promuevan la deforestación, que suele venir acompañada del fuego en Bolivia. El desmonte y el fuego vienen acompañados y para todo esto se pueden crear programas estatales que ayuden y nos vayan alejando del fuego”, destaca Requena.
Lo malo: Bolivia sigue en el podio de los países más deforestados
La destrucción del bosque en Bolivia alcanzó niveles sin precedentes en 2023 con la pérdida de 696 362 hectáreas de bosque. El departamento de Santa Cruz se mantiene como el epicentro de la deforestación en Bolivia, mientras que la región de Beni, con su bosque amazónico, ha surgido como un nuevo frente agropecuario y de pérdida de bosque.
Global Forest Watch reveló que de las más de 696 mil hectáreas de bosque que han desaparecido en Bolivia durante el año 2023, 490 544 hectáreas corresponden a bosque primario o intacto, lo que ubica al país en el tercer lugar del ranking mundial de pérdida de este tipo de cobertura boscosa de gran relevancia por tercer año consecutivo. Este 2024, los expertos no ven avances en la lucha contra la deforestación, al contrario, pronostican que el país seguirá con niveles altos de pérdidas de bosques.
“Bolivia, con 36,6 millones de hectáreas de bosque primario, el 3,8% de todo el bosque primario de todo el mundo, contribuyó al 13,1% de la pérdida de ese tipo de superficie boscosa en el mundo. En cambio, en 2023, Bolivia solo contribuyó al 2,4%. Son cifras altamente preocupantes”, lamenta Ruth Alipaz Cuqui, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).
En Bolivia surge cada año la misma interrogante ¿Por qué cada gestión empeora el desempeño boliviano en el tema de deforestación? Los expertos hallan muchas razones. Chumacero destaca que Brasil y Colombia, que redujeron su pérdida boscosa en 2023, han demostrado que con voluntad política y planes coherentes se pueden lograr resultados. Sin embargo, el experto lamentó que en Bolivia no se avance en el cuidado del medio ambiente a pesar del discurso gubernamental de defensa de la Madre Tierra.
“Lo que se hace en el país es plantear una política de desarrollo a costa de los bosques. Hace falta un cambio de modelo de desarrollo, alcanzar uno que no sea a costa del bosque, sino uno con sostenibilidad, uno en el que se consideren las posibilidades de progreso económico junto a la gente que depende directamente de nuestros bosques”, considera Chumacero.
El experto añade que entre las recomendaciones de GFW está el insistir en mecanismos de financiamiento que otorguen valor al bosque en pie, en lugar del bosque tumbado. “Las inversiones en bioeconomía pueden dirigir a un progreso en reducir la deforestación, mientras se promueve el crecimiento económico y se aseguran los estilos de vida de quienes dependen de los bosques”, resalta.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) ha publicado el informe titulado Causas, Actores y Dinámicas de la Deforestación en Bolivia 2010-2022. Este estudio ofrece una visión exhaustiva de las causas y los principales actores que contribuyen a la deforestación en el país. Según el informe, entre 2010 y 2022, los sectores responsables de la deforestación en Bolivia incluyen al sector ganadero, que contribuye al 57% de la deforestación total, seguido de la agricultura mecanizada -que representa el 33%-, y la agricultura a pequeña escala, con un 10%.
Además, el estudio analiza las contribuciones específicas de los actores rurales en el auge de la deforestación entre 2016 y 2022, periodo en el que se intensificó el fenómeno. Se estima que un 27% de la deforestación fue realizada por ganaderos medianos y pequeños, un 25% por ganaderos empresariales grandes, un 16% por comunidades menonitas, un 13% por colonizadores mecanizados y un 9% por pequeños productores, incluidos pueblos indígenas y campesinos.
“Urge un cambio radical en Bolivia en política pública para reducir la deforestación”, afirma Alex Villca, dirigente indígena y portavoz de la Contiocap.
Lo terrible: la minería ilegal sigue contaminando ríos
Ruth Alipaz de la Contiocap relata que en el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz, la minería ilegal destruye su territorio. La dirigente indígena asegura que la extracción de oro avanza por los ríos amazónicos que son parte de la reserva y que los mineros pretenden consolidar una carretera que atraviese el parque.
La zona núcleo del Madidi, precisa Alipaz, está en riesgo. La dirigente indígena detalla cómo los mineros, en complicidad con algunos comuneros, expulsaron este año a guardaparques del lugar para extraer el oro sin problema. “Parecen los dueños y señores del territorio. No se dan cuenta que nos están matando poco a poco y que están matando una de las reservas más biodiversas del mundo”, sostiene.
Por ello, Alfredo Zaconeta, investigador del Cedla, afirma que en esta gestión en vez de avanzar en la mitigación de efectos se incrementaron los factores causantes de contaminación.
“Yo puedo identificar tres deudas en el ámbito de la minería en este 2024. Primero, no se redujo el uso de mercurio en las operaciones mineras auríferas; segundo, el chaqueo para deforestar áreas destinadas a la minería y, por último, la invasión de áreas protegidas para la explotación minera. Todo esto da como resultado el incremento de las áreas destinadas a la explotación”, detalla Zaconeta.
El uso de mercurio para explotar oro sigue en aumento en los ríos amazónicos de Bolivia y, según explica Campanini, ahora existen grupos vecinales que se sumaron a la extracción de oro en algunas poblaciones, dejando a un lado a las cooperativas auríferas y provocando conflictos en zonas tradicionales del oro.
“El avance de la minería del oro y el uso del mercurio no ha disminuido. Si bien las cifras oficiales muestran una disminución de la exportación e importación de estos metales, la práctica y denuncias periodísticas muestran que esta actividad se ha intensificado y por ende sus impactos. Un hecho ilustrativo son las actividades de extracción de oro realizadas en el centro poblado de Guanay (en el departamento de La Paz), ya no por una cooperativa o empresa sino por grupos semi-organizados de la propia población a pesar de las denuncias y advertencias de la autoridad municipal y la autoridad de fiscalización del sector minero”, dice Campanini.
La experta de Fundación Solón, Fátima Monasterio, coincide y hace hincapié en las políticas públicas que “favorecen a los intereses mineros, que concesiona a mansalva los ríos sin ninguna restricción o consideración ambiental, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas y sin que se realicen esfuerzos suficientes para controlar la actividad ilegal”.
Lo grave: áreas protegidas olvidadas
La minería ilegal, las obras de infraestructura, los incendios forestales, la deforestación, los avasallamientos y puentes construidos por colonias menonitas son algunas de las amenazas que enfrentan los santuarios naturales de Bolivia. “Las áreas protegidas siguen siendo debilitadas y afectadas por actividades extractivas donde el gobierno es el protagonista, como es el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, o como el caso del Parque Nacional Madidi, donde la minería ilegal está avanzando”, dice Campanini.
En Bolivia hay sectores que presionan al Gobierno para ingresar a las áreas protegidas para explotar recursos naturales, como el oro. Por ejemplo, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) acudió, a mediados de noviembre de este año, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para exigir la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso (CCUs), documento que no es un permiso para realizar minería en un área específica, pero es un paso importante para obtener la licencia ambiental y la autorización final.
“La mayoría de estos certificados que menciona Ferreco están caducados, se encuentran fuera de norma debido a que ninguna de las actividades mineras han demostrado que adquirieron derechos antes de la creación de las áreas protegidas, por lo cual no serían actividades mineras preconstituidas. Entonces, estas cooperativas no tienen autorización para ingresar a las áreas protegidas, pero aún así lo hacen”, denuncia Alipaz.
En 2024 la situación de las áreas protegidas no mejoró. Vos dice que la situación de las reservas naturales se debe al “bajo presupuesto, a la baja calidad de gestión desde el gobierno central, a la presencia cada vez más fuerte del narcotráfico y al insuficiente apoyo al personal de campo”. En esta gestión, la situación de varias áreas protegidas, como la Reserva Municipal de San Rafael y el Área Natural de Manejo Integrado Amboró, en la Chiquitanía y Amazonía boliviana respectivamente, no mejoró. El año pasado, Mongabay Latam ingresó a estas reservas y comprobó el ingreso de avasalladores (en San Rafael) y cultivos de coca (en Amboró) destinados al narcotráfico.
Alejandro Almaraz, quien fue viceministro de Tierras entre las gestiones 2006 y 2010 y actualmente es docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, sostiene que “lo que ahora llama la atención es que estos grupos son más violentos que antes. Ahora están armados, son peligrosos y eso preocupa a dueños y hasta a la misma Policía. Antes era algo fácil identificar y sacarlos, pero ahora lamentablemente se ven enfrentamientos para poder sacarlos”.
Lo imparable: una sequía que crece
La sequía que golpeó este año a Bolivia no sólo avivó aún más los incendios en las zonas forestales, también generó varios problemas en las zonas andinas y urbanas. En áreas del occidente, como Potosí, Oruro y el altiplano de La Paz, los productores se declararon en emergencia ante la falta de agua para riego. En la ciudad de Potosí, por ejemplo, existe todavía racionamiento.
“Este año también tenemos un proceso generalizado de sequía, de disminución de fuentes de agua. Nosotros hicimos una investigación que muestra que en Santa Cruz llueve un 30 por ciento menos de lo que llovía hace 40 años y hay un incremento de temperatura debido a la pérdida de bosques, lo que tiene un impacto en la pérdida de humedad. Hay más sequedad y eso también conlleva a los incendios. Hay también sequía en los valles y el altiplano, que incluso fueron sequías agudas en estas regiones”, detalla Chumacero.
Dalila Bejarano, dirigente indígena de la comunidad San Francisco, dentro del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, en el departamento de Santa Cruz, lamenta que la sequía se profundiza cada año y que el río que pasaba a cien metros de su casa está totalmente seco. “Varios ríos se han secado, esos ríos eran nuestra vida. Hay lagunas, como la de Concepción, que también se secó”, lamenta Bejarano.
Según datos del Viceministerio de Defensa Civil, en esta gestión fueron afectados 193 municipios en Bolivia por las sequías. En ese mismo informe se establece que hasta el 11 de noviembre 419 546 familias bolivianas fueron perjudicadas por sequías.
“Casi todos los proyectos que se implementan son proyectos que apoyan a la adaptación al cambio climático. Sin embargo, por emergencia estamos implementando un plan inmediato contra la sequía que tiene un presupuesto de más de 180 millones de bolivianos (25,8 millones de dólares), el mismo que ya está culminando en su primera fase y vamos a implementar una segunda fase con un presupuesto tal vez similar o mayor dependiendo a las necesidades y las solicitudes de los municipios”, informó el ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Alan Lisperguer.
“Tenemos un pronóstico y un panorama de lo que viene, así que lo mejor que podemos hacer es estar preparados y tomar las acciones necesarias para reducir los impactos, esto quiere decir que tenemos que ser más cuidadosos con las fuentes de agua, generar áreas de recarga con la forestación, ser responsables con el consumo y establecer mejores mecanismos de tratamiento y reciclaje de aguas”, destaca Mauricio Villazón, investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
Lo bueno: una pausa ambiental y la creación de un área protegida
El Gobierno declaró en septiembre de este año una pausa ecológica para frenar las quemas que causaron los devastadores incendios que afectaron, principalmente, a los departamentos de La Paz, Beni, Pando y Santa Cruz. Esta medida, plasmada en un decreto supremo, suspende todas las autorizaciones de quema previamente concedidas a nivel nacional y prohíbe emitir nuevas. Asimismo, instruye que las tierras fiscales afectadas no podrán ser utilizadas durante un periodo mínimo de cinco años, tiempo indispensable para su regeneración antes de considerar su uso futuro.
Alcides Vadillo, de Fundación Tierra, considera que la pausa ambiental es una medida digna de ser valorada en el país, porque claramente da una tregua a la flora y la fauna. “Lo único que vemos que en serio apunta a algo y que aporta es la pausa ecológica —dice—. Después de eso no se ha creado ningún fondo económico especial, no existe una política para atender ni a la gente ni a las áreas que han vivido este desastre. Lo único rescatable en este momento es la pausa ecológica. Es importante reivindicarla porque nos parece que es la línea sobre la que hay que seguir, se trata también de dar tiempo al bosque para que se restituya”.
Además, otra noticia positiva para el medio ambiente es la creación del Área Natural de Manejo Integrado Gran Manupare, que es el área protegida más joven de Bolivia. Tiene una categoría municipal, pero su territorio abarca 452 639 hectáreas del municipio de Sena, en el departamento de Pando. Esta reserva es un refugio para especies en peligro de extinción como la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y el jaguar (Panthera onca). Esta reserva fue creada en enero de este año tras un estudio exhaustivo realizado por diferentes entidades, como la Alcaldía de Sena, el Centro de Investigación del Campesinado (CIPCA) y el equipo técnico de Conservación Internacional Bolivia, con apoyo financiero de diversas organizaciones internacionales.
El alcalde de Sena, Jaime Aguirre, explica que esta nueva área protegida municipal, a pesar de tener 11 meses de vida, tiene “riesgos altos” y que uno de ellos es la minería aurífera. La autoridad relata que cuando se creó la reserva, una cooperativa minera tenía la mitad de sus operaciones dentro del área protegida y que recién en junio lograron expulsarla de la zona.
“Se está haciendo mucho control. Había un área donde se estaba haciendo minería, sacando oro, pero esta concesión empezó a operar antes de la aprobación de la ley que creó el área protegida. Ahora, se logró sacar a la concesión (minera). Pero igual hay que seguir controlando, tomando en cuenta que en los alrededores del área protegida hay explotación minera vigente”, relata Aguirre.
Imagen destacada: Bolivia vivió un 2024 trágico por los incendios forestales. Más de 10 millones de hectáreas de bosques quedaron en cenizas. Foto: Gobernación Santa Cruz
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