- La permisología —término utilizado por el sector empresarial para referirse a lo que considera una excesiva burocracia en la tramitación de permisos— marcó el año ambiental en Chile.
- Expertos temen que las presiones por agilizar los procesos de tramitación para revitalizar la economía, debiliten las evaluaciones ambientales de los proyectos de inversión con consecuencias negativas para los ecosistemas.
- A poco más de un año para que termine el mandato de Gabriel Boric, ambientalistas aseguran que existe una decepción generalizada dado los pocos avances logrados por el gobierno para proteger la naturaleza.
Chile lleva alrededor de una década arrastrando un bajo crecimiento económico. Según el Banco Mundial, la productividad se encuentra estancada, limitando la creación de mejores empleos y remuneraciones. Durante los últimos 10 años, indica el reporte, el crecimiento promedio del país ha sido de un 2%, mientras que el mundial ha sido de 2,6%. Tanto el sector empresarial como el propio gobierno señalan que el origen del problema radica en un estancamiento de las inversiones dado, en gran medida, a la excesiva burocracia en la obtención de autorizaciones y permisos, incluidos los ambientales, para la ejecución de proyectos.
Así lo advirtió también el Departamento de Estado de Estados Unidos, el segundo socio comercial de Chile después de China, en su último informe sobre clima de inversión. “Los procesos de obtención de permisos ambientales, los requisitos de consulta indígena y los engorrosos procedimientos judiciales han hecho que las aprobaciones de grandes proyectos sean cada vez más lentas e impredecibles, especialmente en casos políticamente delicados”, indica el documento.
Frente a este escenario, el proceso de tramitar autorizaciones, al que el sector privado le acuñó el término de “permisología”, marcó la agenda ambiental del país este 2024.
Para atender la problemática, el gobierno ha impulsado distintos proyectos de ley que están siendo debatidos en el Congreso. Uno de ellos es la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que mantiene en alerta a los ambientalistas. Temen que el aceleramiento de los procesos debilite la evaluación de los proyectos de inversión, así como la gobernanza ambiental, poniendo en riesgo la salud de los ecosistemas.
Sumado a eso, este año se vieron pocos avances en otros frentes importantes para la protección del medio ambiente en Chile como lo es, por ejemplo, la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas (SBAP), que en 2023 fue aprobado luego de 12 años de tramitación en el Congreso. Si bien este 2024 fue momento de elaborar varios reglamentos, expertos advierten que desde la dirección del SBAP se ha desviado tiempo y energía en asuntos que no sólo no son prioritarios, sino que podrían implicar retrocesos en la protección de sitios clave para la conservación.
La protección de los océanos y de las pesquerías, particularmente, también avanza lento. Las tensiones entre el gobierno y el sector salmonero se mantienen, mientras el proyecto para una nueva ley de pesca se estancó en la cámara de diputados. Para destrabar el proceso, el gobierno impulsó la tramitación paralela de una ley que aborde los asuntos más relevantes de la primera iniciativa. Sin embargo, expertos en asuntos pesqueros aseguran que la estrategia no resuelve los problemas estructurales del sector que incluyen la sobreexplotación de los recursos.
Con todo, la evaluación que hacen especialistas de las más importantes organizaciones ambientales del país, es negativa. “Lamentablemente no hemos tenido ningún avance significativo en cuanto a protección ambiental de biodiversidad durante el presente gobierno”, dice Sara Larraín, directora de la ONG Chile Sustentable.
A poco más de un año para que acabe la presidencia de Gabriel Boric, quien prometió el primer gobierno ecológico del país, “vemos mucha decepción”, asegura Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram. “Nadie está comprometido con apoyar este gobierno porque no creemos que avancen en nada”, indicó.
Lo preocupante: la amenaza de la flexibilización de los controles ambientales
La llamada “permisología” logró calar hondo en el gobierno que presentó dos proyectos de ley que apuntan a acelerar la tramitación de permisos. Uno de ellos es la modificación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, un instrumento que está a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y que evalúa los impactos que los proyectos tendrán a la hora de ejecutarse para que se establezcan medidas de mitigación y compensación adecuadas.
Hay dos cosas que preocupan de esa propuesta que hoy se encuentra en el Senado. La primera de ellas está relacionada con las consultas de pertinencia, un trámite que deben hacer las empresas ante el SEA al inicio de un proyecto, para saber si deben ser evaluados ambientalmente. Es un procedimiento, indica Larraín, que se utiliza para precisar lo que debe ser evaluado y lo que no.
La consulta de pertinencia “es una carta muy general presentando el proyecto”, precisa Liberona. “No hay una evaluación, no hay observaciones, no hay nada” y, además, la respuesta no es vinculante. Por lo mismo, explica, la respuesta del SEA puede ser judicializada. Por ejemplo, si el SEA resuelve que un proyecto determinado no debe pasar por evaluación ambiental, una organización ciudadana puede iniciar una acción legal para cambiar el veredicto del SEA si es que estima que el proyecto sí tendrá impactos y debe ser estudiado a fondo.
Ese espacio, sin embargo, se perdería, explica Liberona, porque la reforma que hoy se discute en el Congreso propone que las consultas de pertinencia sean vinculantes. En concreto, si el SEA resuelve que un proyecto no debe ser evaluado, esa respuesta será de cumplimiento obligatorio, por lo que no habrá posibilidad de revertir la decisión y el titular del proyecto podrá ejecutar su plan directamente.
Lo que preocupa a las organizaciones ambientales del país es que la consulta de pertinencia, en la práctica, pase a ser una “especie de evaluación ambiental”, aunque carente de todas las especificaciones necesarias para evaluar la presencia o no de impactos.
El segundo elemento que ha levantado las alarmas tiene que ver con la reforma del órgano que evalúa los proyectos. Actualmente, dicho órgano está compuesto por las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA), constituidas por los delegados presidenciales y los secretarios regionales de los distintos ministerios. El proyecto de ley propone eliminar estas comisiones y que sea el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental quien tome la decisión de aprobar o no un proyecto, teniendo en cuenta el expediente con todos los permisos aprobados o rechazados.
En principio, la propuesta busca eliminar el componente político en la evaluación ambiental de proyectos de inversión, sin embargo, expertos en asuntos ambientales advierten serios problemas. Al ser una autoridad unipersonal la que decide, explica Larraín, “hay poca transparencia sobre qué es lo que se considera en el momento de conceder el permiso”. Además, “esa persona, que tiene superiores jerárquicos, puede recibir una orden telefónica de aprobar un proyecto a cualquier costo y decidir sobre la aprobación o rechazo sin la ponderación transparente de los fundamentos”, indica.
Aunque la propuesta sigue en pie, la comisión del senado acordó, tras la solicitud de la senadora Isabel Allende, convocar un panel de expertos para que presente alternativas sobre cuál sería el órgano que podría reemplazar las actuales Coeva. Dicho panel entregó la última semana de noviembre tres propuestas que deberán ser debatidas.
Lo malo: presupuesto insuficiente para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
La primera etapa de implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), aprobado en septiembre del 2023, ya está en marcha. Ello implicaba la elaboración de todos los reglamentos a lo largo de este 2024, lo que se ha cumplido, aseguran los ambientalistas. Sin embargo, hay dos cosas que preocupan.
La primera tiene que ver con el presupuesto. Según precisó el Ministerio de Medio Ambiente a este medio a fines de 2023, el presupuesto anual del SBAP ascendería a 36 mil millones de pesos (más de 40 millones de dólares), sin embargo, el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2025 destina apenas 12 247 millones de pesos (un poco más de 12 500 millones de dólares). “Hay una diferencia enorme entre lo que se había proyectado que iba a tener y lo que realmente el misterio de Hacienda le está dando”, dice Liberona, quien asegura que con ese monto el SBAP “no se va a poder implementar”.
El escaso presupuesto resulta un importante revés para un organismo público que durante más de una década fue una de las principales demandas de ambientalistas y científicos.
El segundo punto que preocupa tiene relación con los asuntos que está priorizando la recientemente creada administración del SBAP.
Una de las principales necesidades que llevó a la creación de este servicio, que aún está en proceso de ser implementado, fue tener un sistema único que agrupe las administraciones de las distintas áreas protegidas que hoy están desperdigadas en diferentes organismos del Estado. Ello implica, también, integrar al sistema de áreas protegidas a los parques y reservas privados, que si bien tienen planes de manejo, actualmente están fuera de él. El objetivo es homogeneizar mejor las decisiones con una mirada integral de ecosistemas.
Como parte del proceso, una de las primeras misiones que tiene el SBAP es recategorizar las áreas protegidas según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Están las reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales, las tres categorías más estrictas donde está prohibida la explotación comercial de recursos naturales y la instalación de infraestructura industrial. También figuran en la lista las reservas nacionales, áreas de múltiples usos y áreas de conservación de pueblos indígenas, que sí permiten usos, siempre y cuando no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos del área.
Para Sara Larraín, la administración del SBAP tendría que estar concentrada hoy en avanzar en ese proceso. “Ordenar todo lo que está protegido para que el país pueda acreditar cuánto está conservado, cuánto le falta por proteger, cuánto está invirtiendo, y hacer un corpus para que los planes de manejo tengan una cierta lógica”, precisa. Sin embargo, indica la experta, eso no ha ocurrido.
Por el contrario, el esfuerzo se ha concentrado en los Sitios Prioritarios de Conservación de la Biodiversidad, áreas que no tienen un estatus de protección legal, pero que han sido identificadas por la comunidad científica y los organismos públicos como espacios de gran valor ambiental por lo que debieran ser las próximas áreas protegidas.
“El gobierno se puso a revisar aquello señalando que los sitios prioritarios a nivel regional serán revisados y pueden perder su categoría”, asegura Larraín. “No teniendo establecido el corpus de lo protegido, empezar a descartar sitios que hoy día están establecidos y están fundamentados nos parece raro”, agrega. “Es raro el propósito, sobre todo porque el Servicio de Biodiversidad es (por ahora) la directora ejecutiva, punto, que actúa con la gente de los actuales departamentos dentro del Ministerio de Medio Ambiente. No tiene ni equipo ni financiamiento para hacer este procedimiento”, insiste.
Lo que más preocupa, puntualiza, “es que vía esta revisión haya una regresión de lo que la comunidad científica ha establecido. Hoy día hay una tremenda confrontación entre el movimiento ambiental y las organizaciones locales con el Ministerio de Medio Ambiente justamente por este procedimiento”, asegura.
Mongabay Latam envió preguntas al Ministerio de Medio Ambiente para confirmar la información proporcionada por Larraín y saber por qué el SBAP ha priorizado la revisión de los Sitios Prioritarios de Conservación, pero hasta la publicación de esta nota el Ministerio no envió respuestas. Tampoco respondió a las preguntas que este medio le hizo llegar acerca de los recortes en el presupuesto y la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Lo crítico: la protección de los salares
En marzo, Chile anunció la creación de la red de salares protegidos, uno de los principales compromisos ambientales que el gobierno de Gabriel Boric asumió cuando en 2023 dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio que busca transformar al país en el principal productor de litio del mundo.
En total son 27 los humedales de altura escogidos para componer la red protegida, de los cuales 14 son salares y 13 corresponden a lagunas. De ellos, tres ya contaban con alguna categoría de protección. Es el caso del salar de Tara, que es Reserva Nacional, y los salares de Atacama y Maricunga, que están protegidos parcialmente, es decir, que una porción de su territorio está resguardado bajo la categoría de Santuario de la Naturaleza y Parque Nacional, respectivamente.
Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros también anunció los salares que podrán ser explotados. Actualmente solo el salar de Atacama tiene faenas mineras para la extracción de litio, pero tras el anuncio siete salares más, incluido el de Atacama, quedaron bajo la clasificación de “estratégicos”. En ellos, el Estado tendrá una participación mayoritaria en el desarrollo de proyectos de explotación de litio. Además, otros 16 salares quedaron abiertos a la inversión privada.
En total, son 23 los salares que podrán ser explotados y uno de los grandes puntos que preocupa a científicos y conservacionistas son los criterios que se utilizaron para hacer esa clasificación.
Según el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, para identificar los salares que son parte de la red de protección se utilizó “un criterio compuesto de valor ecológico” que contiene cuatro variables: la conservación de la biodiversidad, la conservación del recurso hídrico, el secuestro de carbono (entendido como la cantidad de carbono orgánico en el suelo) y, por último, los beneficios sociales y culturales.
Cristina Dorador, científica especializada en el estudio de salares, confirmó que todos los salares que quedaron destinados a la conservación tienen una alta importancia ambiental, sin embargo, agregó que hay salares que no están en la lista de protección y que tendrían que haber quedado. Uno de ellos es el salar de Ascotan, un Sitio Prioritario de Conservación para la región de Antofagasta, que está dentro del área de influencia de la Reserva Nacional Alto el Loa y cuyo borde sureste es un acuífero protegido por la Dirección General de Aguas. En él, no sólo nidifica el flamenco andino, sino que habita la especie Orestias ascotanensis, un pez endémico cuyo hábitat está restringido a las vertientes del salar.
Antonio Pulgar, abogado de la Universidad de Chile e investigador de FIMA, una organización que trabaja en el acceso a la justicia ambiental, destacó que no se consideraron los sitios prioritarios de nidificación de los flamencos a la hora de clasificar los salares. Esto es de especial preocupación para los especialistas dado que en estos ecosistemas se reproducen y alimentan tres de las seis especies de flamenco que existen en el mundo: el flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis), el flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi) y el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus), todas en la Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Pero lo que a Dorador más le inquieta, es cómo se va a hacer la extracción desde el punto de vista tecnológico. “Hay un cierto optimismo de la industria, sobre todo, de ocupar tecnología de extracción directa para la obtención de litio”, un mecanismo que supuestamente reduciría los daños ambientales sobre los salares. Sin embargo, la científica enfatiza en que no existen mayores antecedentes sobre el funcionamiento de esta tecnología y sus posibles impactos a nivel ecosistémico. La técnica, explica, considera reinyectar al salar la salmuera que se extrae para obtener el litio, pero “esa parte más fina de qué es lo que se reinyecta, si esa salmuera trae o no, por ejemplo, contaminantes que vayan a afectar procesos ecosistémicos dentro del salar, o los impactos de la fuerza hidráulica con la que se reinyecta la salmuera, son aspectos que es necesario revisar en mayor detalle”.
Lo grave: una ley de pesca que no soluciona los problemas de fondo
Según el último reporte de situación de las principales pesquerías chilenas, nueve se encuentran sobreexplotadas y seis en condición de agotadas, es decir, el 53% de las pesquerías en Chile está en riesgo. Estos datos, sumados a la actual crisis ambiental, generan un futuro incierto para la pesca en el país.
A ello se suma que el Ejecutivo destacó la necesidad de restablecer la confianza, puesto que la ley de pesca actual se tramitó bajo comprobados hechos de corrupción, lo que implica alcanzar una mayor equidad en la distribución de cuotas de pesca entre pescadores artesanales y pescadores industriales.
Sin embargo, los avances en la discusión de la nueva ley de pesca, ingresada por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2023, han sido mínimos, aún cuando el mandatario consideró el proyecto de suma urgencia.
Algunos diputados de la comisión de pesca y acuicultura aseguraron que los retrasos se deben a obstrucciones por parte de representantes de la oposición, quienes solicitaron la votación de cada inciso de los 375 artículos que comprende el proyecto legislativo.
Para destrabar el proceso, el gobierno decidió quitarle la suma urgencia al proyecto de la nueva ley de pesca y presentar uno nuevo para legislar, puntualmente, uno de los temas más complejos del proyecto original: el fraccionamiento de las cuotas de pesca entre pescadores artesanales e industriales, es decir, cuánto tendrán permitido pescar cada uno de estos sectores.
Uno de los principales puntos que se cuestiona de la norma vigente, es que durante su tramitación se establecieron acuerdos para que un grupo limitado de empresas pesqueras accediera a permisos de extracción por un periodo de 20 años, con la posibilidad de renovarlos por otros 20.
La medida le entregó a ese grupo limitado de actores la decisión de fijar los valores de toda la cadena de producción. Tal es el caso, por ejemplo, del jurel. El sector artesanal no tiene los medios para procesar él mismo su pescado, así es que le vende casi el 100% de su pesca a este pequeño grupo de empresas. Estas últimas procesan en sus plantas esa pesca, junto con la que ellas mismas también capturan, y luego venden el producto en el mercado nacional e internacional. Al tener el control en todos los eslabones de la cadena, es la industria quien maneja el negocio estableciendo los precios y la participación del sector artesanal en el mercado, explica Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero.
“El hecho de que la industria pesque, procese y venda el producto final, permite que tengan el control sobre la pesquería (…) Hace 10 años que el precio lo fija la industria, desde que comenzó a operar la actual legislación corrupta”, asegura.
Sin embargo, la ley de fraccionamiento no se hace cargo de esto, por lo que el orden actual se seguiría manteniendo.
El diputado y miembro de la Comisión de Pesca, Matías Ramírez, reconoció a Mongabay Latam que “discutir sobre los actores que hoy tienen las licencias para pescar es un elemento esencial”. De esa manera, dice, se podría haber modificado la forma en que se extraen los recursos y la cadena productiva. Sin embargo, “esos ámbitos no se tocan en este proyecto. Esa es una realidad”.
Con todo, Elisabet Soto, especialista en océanos de Fundación Terram, indica que la discusión sigue centrada en cómo “repartirse la torta” sin considerar que muchas pesquerías se encuentran sobreexplotadas o agotadas y que por efecto del cambio climático esta situación se puede agudizar. “Urge volcar la atención a lograr pesquerías sanas que puedan sostener las capturas que hoy son el centro de la discusión”.
En cuanto al sector acuícola, este año las tensiones entre la industria del salmón y el gobierno continuaron. En línea con las críticas del empresariado, en torno a lo que han denominado la “permisología”, los salmoneros aseguran que enfrentan un estancamiento debido a las restricciones institucionales. La Fundación Terram, sin embargo, asegura que los datos demuestran lo contrario. Un análisis realizado por la organización en el período 1990-2023 demuestra que la industria salmonera en Chile ha experimentado un crecimiento de un 3652% en sus cosechas de salmón. Además, el análisis evidenció que entre 2012 y 2022 la industria utilizó solo una fracción de las concesiones que tiene a su disposición.
Desde Terram, sostienen que “es fundamental que el debate público sobre la industria salmonera esté basado en datos y realidades concretas, y no en percepciones infundadas, en este caso de un estancamiento productivo que no sería tal”.
Lo bueno: crece la red de áreas protegidas de la Patagonia
En un esfuerzo que involucra al sector público y privado, este 2024 se comenzó a gestar la creación de un nuevo parque nacional en la región de Magallanes y la Antártida chilena, la más austral del mundo, y que viene a extender la red de áreas protegidas de la Patagonia.
Se trata del parque nacional Cabo Froward, de más de 121 000 hectáreas, que el gobierno de Chile, Fundación Rewilding Chile y Tompkins Conservation se comprometieron a conservar tras firmar un acuerdo.
De la extensión total, 28 132 hectáreas son tierras fiscales que corresponden a los bienes nacionales protegidos en Cabo Froward y Batchelor. El resto, 93 492 hectáreas, serán aportadas por la Fundación Rewilding Chile a través de su socio estratégico Tompkins Conservation.
Cabo Froward posee grandes extensiones de bosque subantártico, con presencia de ciprés de las Guaitecas y grandes extensiones de turberas, uno de los ecosistemas más eficientes en la captura de carbono. Además, el avistamiento de un huemul (Hippocamelus bisulcus) ha abierto la posibilidad de encontrar una subpoblación de esta especie, catalogada En Peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El área también colinda con el sitio más austral de nidificación del canquén colorado (Chloephaga rubidiceps), un ave igualmente enlistada en la lista roja de especies amenazadas de la UICN. Cabo Froward “es un tesoro invaluable de la biodiversidad subantártica de nuestro país y el mundo entero”, dijo la ministra de medio ambiente, Maisa Rojas.
Mientras avanza el proceso administrativo de creación del Parque, la Fundación Rewilding ya está implementando en el territorio programas de restauración de bosque nativo y monitoreo de vida silvestre, además de expediciones marinas para el muestreo de biodiversidad.
“La velocidad y la fuerza de la crisis climática y de la crisis de la extinción de especies exigen que volvamos a cambiar de táctica, y esta vez tiene que ser a gran escala. Los parques ofrecen refugio frente a estas crisis y sabemos que los ecosistemas pueden restaurarse en estos espacios. Y lo que es muy importante, sabemos que cuando la gente vuelve a conectar con la naturaleza, se inspira para protegerla”, dijo Kristine Tompkins, presidenta del directorio de Rewilding Chile.
Imagen Principal: La Patagonia es un lugar relevante para la conservación de los cóndores. Foto: Hernán Povedano.
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