Durante el 2024, Ecuador estuvo marcado por la sequía. La falta de lluvias provocó apagones y racionamientos de energía a lo largo del año, provocando, en las temporadas más críticas, cortes de hasta 14 horas al día. “Lo que estamos viendo en la crisis energética es ante todo una crisis ambiental, es una crisis relacionada con el cambio climático y con el manejo ineficiente de las cuencas hidrográficas y de los páramos”, dice Luis Suárez, director ejecutivo de Conservación Internacional (CI) Ecuador.

Blanca Ríos-Touma, ecóloga acuática y docente investigadora de la Universidad de las Américas, señala que este contexto ha ocasionado el aumento de la crisis económica y de la presión sobre los ecosistemas. Por ejemplo, ya se ha documentado la afectación a la calidad del aire por el uso de generadores eléctricos a diesel durante los racionamientos energéticos.

Los ecuatorianos también enfrentaron cientos de incendios que arrasaron con alrededor de 79 000 hectáreas. Mientras tanto, la minería ilegal y el crimen organizado continuaron amenazando al país.

El 2024 también ha estado marcado por “un reacomodo de ciertas organizaciones criminales”, de acuerdo con Renato Rivera, Director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). La violencia en el país disminuyó debido a que estos grupos se aliaron, explica. Sin embargo, “organizaciones emergentes” están causando un nuevo incremento de la violencia. Rivera ha observado que hay “mayor interés” por ocupar espacios para la minería ilegal.

Ese interés se ha demostrado con el avance de esta actividad hacia cuatro áreas protegidas de la Amazonía ecuatoriana. Comandos de la Frontera y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estarían detrás de las 440 hectáreas afectadas en la Reserva Cofán Bermejo y el Parque Nacional Sumaco – Galeras. “Esto nos pone en alerta de cómo esta actividad se está expandiendo con gravísimos impactos, no solo ambientales, pero también sociales”, dice Suárez.

En medio de esta crisis ambiental y social, otras problemáticas como la deforestación de bosques y manglares, la pesca ilegal y la falta de cumplimiento de sentencias como la del cierre del bloque petrolero Yasuní ITT, decidido por una consulta popular, han pasado a un segundo plano en este 2024.

Lo crítico: la peor sequía en décadas

“Esta ha sido la peor sequía hidrológica —se refiere a la cantidad de agua en los ríos— en los últimos 40 años”, dice Rodrigo Torres, de la Fundación Ecociencia y Coordinador técnico para Ecuador del Programa SERVIR-Amazonía.

La sequía afectó al complejo hidroeléctrico Paute y dejó a Ecuador sin una de las principales fuentes de generación eléctrica del país, la hidroeléctrica Paute Molino. Bolívar Erazo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), explicó a una televisora local que en esa zona del sur de Ecuador, se experimentaron los meses más secos de caudales de entrada a la presa Mazar en los últimos 61 años.

Verónica Íñiguez, docente investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), complementa la explicación. Según información recopilada por la experta, en Paute hubo menos lluvias en 2022 y 2023 que en 2024. La diferencia reside en la continuidad de las sequías. “El 2023 también fue un año de sequía hidrológica, pero no se notó tanto porque los ecosistemas tenían reservas de agua. Este año no nos pudimos recuperar”, explica Torres.

Según Ríos-Touma, la sequía se atribuye a los efectos que suele provocar el fenómeno de El Niño, pero también a la acción humana. La experta señala que el incremento de la deforestación en la Amazonía ha ocasionado que disminuyan los flujos de evapotranspiración de los bosques amazónicos hacia los Andes, un fenómeno conocido como ríos voladores, que permiten la circulación del agua en Sudamérica. También ha habido menos nubes, lo que expone a la superficie a más radiación solar, agrega Erazo.

En ese contexto de sequía, los incendios, que muchas veces son iniciados para quemas agrícolas, se expandieron fácilmente. Alrededor de 79 000 hectáreas de bosque se perdieron debido al fuego, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Los incendios afectaron a áreas protegidas, como el Parque Nacional Podocarpus y el Parque Nacional El Cajas, ambos en el sur del país. “Se perdieron ecosistemas riquísimos y súper importantes”, asegura Ríos-Touma. Además, en ciudades como Quito y Loja, los habitantes sufrieron afecciones respiratorias por la gran cantidad de humo que cubrió a las urbes en diferentes momentos de este año.

Por otro lado, en la Amazonía, la disminución de los caudales debido a la sequía hizo más difícil la navegación. La comunicadora shiwiar Verónica Suquilanda reportó la muerte de peces debido a la falta de agua. “Hay un impacto en la alimentación de las poblaciones locales que consumen pescado”, dice Suárez. Por otro lado, Ríos-Touma advierte que aún se conoce “muy poco” de los efectos de esta sequía en la biodiversidad.

Lo peligroso: La minería ilegal y el crimen organizado

“La minería ilegal es la principal amenaza a la naturaleza en el Ecuador, pero también a la sociedad ecuatoriana”, opina Luis Suárez. Entre 1985 y 2023, la minería legal e ilegal sumó 12 944 hectáreas en todo el país, de acuerdo con datos de la segunda colección de MapBiomas Ecuador, presentada por Fundación Ecociencia. Solo en 2023, la minería se expandió en 2673 hectáreas, esto representa el 26 % del total alcanzado en los últimos 35 años. Wagner Holguín, coordinador técnico de MapBiomas Ecuador, señala que los datos analizados muestran que “para el 2024 vamos a tener esas mismas tendencias”.

Lo más preocupante es que el 60 % de la superficie afectada por distintos tipos de minería está en la Amazonía. En esta región se llevan a cabo proyectos de megaminería a cielo abierto, como Cóndor Mirador, en fase de explotación, y Warintza, en fase de exploración. Además, al ser una zona rica en oro aluvial, ha llamado la atención de los mineros ilegales. El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), registró que hasta 2021 las concesiones mineras y la minería ilegal ya cubrían 7 495 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana.

Aunque todavía no hay reportes recientes que muestren la expansión de los distintos tipos de minería en la Amazonía, solamente en algunas zonas específicas. MAAP, por ejemplo, documentó en octubre que la minería ilegal devastó 562 hectáreas en cuatro áreas protegidas: El Parque Nacional Sumaco – Napo Galeras, la Reserva Cofán Bermejo, el Refugio de Vida Silvestre El Zarza y el Parque Nacional Podocarpus. Además, en septiembre de 2024, el equipo de MAAP publicó otro reporte que muestra que esta actividad ilícita se incrementó en 420 hectáreas en la zona del río Punino, entre Napo y Orellana, sumando 1422 hectáreas afectadas desde 2019. Asimismo, la minería sigue creciendo alrededor de los ríos Jatunyacu y Anzu, en Napo, y en Zamora, de acuerdo con el especialista en sistemas de información geográfica de MAAP, Jorge Villa.

A Renato Rivera, del OECO, le preocupa que los graves impactos ambientales de la minería ilegal. El experto detalla que los mineros ilegales usan piscinas de mercurio para extraer el oro, generando “contaminación significativa de los ríos” y daños a las comunidades indígenas aledañas a las actividades. Este metal pesado entra de manera ilegal a Ecuador desde Perú, según el especialista. A esto se suma, explica, un deterioro de la topografía por el uso antitécnico de explosivos y de maquinaria pesada en los ríos. “Todo es producto de la inserción de grupos de delincuencia”, asegura.

En el río Santiago, en el sur de la Amazonía, un equipo de Mongabay Latam observó que la minería ilegal ha causado la destrucción de playas, bosques y cascadas. En el camino provocó deforestación y dejó montículos de piedras y piscinas de mercurio que el río limpió y que ahora son usadas por los niños de las comunidades para jugar y bañarse. Además, el agua y los recursos pesqueros y de la tierra han sido también contaminados aunque todavía no se ha estudiado en profundidad todos sus efectos.

Alrededor de la minería ilegal se dan delitos conexos, cuenta un habitante de la zona de Cofán Bermejo que prefiere no revelar su identidad por seguridad. Muy cerca de esta reserva, ubicada en la frontera con Colombia, se ubica el poliducto de Shushufindi, por el que se transportan combustibles de la Amazonía hacia la costa. En este punto, se concentra el robo de hidrocarburos, de acuerdo con Rivera, Director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Actores ilegales perforan ductos y los conectan a tubos que desembocan en grandes piscinas improvisadas en medio de la selva. Extraen gasolina blanca para la producción de pasta base y diesel para alimentar los generadores de energía de los laboratorios de procesamiento de cocaína.

Lo crónico: los impactos y los pasivos del petróleo

El 31 de agosto se cumplió el plazo de un año que dio la Corte Constitucional para que la empresa estatal Petroecuador cese sus actividades en el bloque 43, después de que el 59 % de electores ecuatorianos decidiera en consulta popular mantener bajo tierra el petróleo del también llamado Yasuní ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini). Diez días antes del plazo, el Gobierno de Daniel Noboa emitió un informe en el que señala que los 247 pozos petroleros se cerrarán progresivamente en un periodo de cinco años y cinco meses. El desmantelamiento de la infraestructura y el abandono de los campos tomaría cinco años más, extendiendo las labores hasta 2034.

“Está demostrada una mala fe por parte del gobierno, no está con la intención de cumplir el mandato popular”, asegura Alexandra Almeida, coordinadora del área de petróleo de la organización no gubernamental Acción Ecológica. “Lamentablemente, la Corte Constitucional no ha hecho nada”, añade.

Almeida relata que Petroecuador no ha permitido la entrada de la veeduría ciudadana del Yasuní — legalmente inscrita en el Consejo de Participación y Control Social— al bloque 43 para verificar el avance del cumplimiento. El 30 de agosto, el gobierno anunció el cierre del primer pozo y que hasta finales de año se cerrarán 10 pozos en total. “No sabemos qué es lo que está pasando realmente”, asegura la experta. También explica que, con base en información de técnicos petroleros, el cierre es “sencillo”, pues es cuestión de “bajar el interruptor” que apaga el mecanismo que extrae el petróleo. El desmantelamiento y el abandono de los campos sí toma más tiempo, reconoce.

Mientras la situación en el Yasuní ha acaparado la atención de los medios nacionales e internacionales, los impactos de la industria petrolera siguen pasando desapercibidos.

A pesar de que existe una sentencia de 2021 para que se apaguen los mecheros que queman el gas producto de la extracción del petróleo, estas grandes antorchas han aumentado en lugar de disminuir. La Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (Udapt) contó 486 mecheros en marzo de 2024. Las nueve demandantes, ahora adolescentes, denunciaron que esta actividad tiene un efecto nocivo sobre la salud, especialmente de las mujeres. Ellas están a la espera de que la Corte Constitucional, que admitió el caso también en 2021, aclare los conceptos para aplicar la sentencia y establezca las medidas de reparación.

Por otro lado, los derrames de petróleo tampoco han parado. En marzo se registró un nuevo vertimiento por rotura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en el río Quijos, un tributario del río Coca. “No nos dieron ninguna información, ni barriles derramados ni información sobre el daño ni sobre los trabajos de remediación”, asegura Almeida. El petróleo cubrió el Quijos y la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair evitó que gran parte de la contaminación fluya río abajo, según relata la experta de Acción Ecológica. Con este se suman tres grandes derrames desde que se inició la erosión regresiva de ese afluente. Los primeros, en 2020 y 2022, afectaron a al menos 27 mil personas.

Finalmente, preocupa también la situación de los defensores ambientales. En la parroquia General Farfán, en Sucumbíos, el defensor ambiental Alejandro Lapo y otros dos jóvenes que se oponían a la petrolera canadiense Gran Tierra Energy fueron asesinados el 5 de octubre. El caso está en investigación.

“Cualquier acusación que relacione este incidente [los asesinatos del 5 de octubre] con las operaciones de Gran Tierra no está basada en hechos. Gran Tierra no tolera ninguna acción e intimidación en contra de personas que ejercen sus derechos legales”, respondió vía correo electrónico Nicolás Barrios, líder de comunicaciones de la empresa.

Lo imparable: la deforestación se expande

Ecuador sigue perdiendo coberturas naturales, mientras que la agricultura, silvicultura, ganadería, minería y cuerpos de aguas artificiales para el cultivo de camarón “se mantienen al alza”, de acuerdo con Wagner Holguín, de MapBiomas Ecuador. Entre 1985 y 2023, Ecuador perdió 1.1 millones de hectáreas de coberturas naturales de las cuales 981 000 hectáreas fueron superficies boscosas, según datos de MapBiomas Ecuador.

“Si bien creemos que la minería es uno de los principales factores de deforestación, quizá no sea tan grande como el avance de la frontera agrícola”, afirma Jorge Villa, de la iniciativa MAAP. El experto en sistemas de información georreferenciada dice que este año se han destacado casos de creación de pastos en Morona Santiago con el objetivo de criar ganado. En esa misma provincia amazónica del sur del país, MAAP registró en 2023 la pérdida de 248 hectáreas de selva para el cultivo de pitahaya, una fruta de exportación. “Este año la deforestación por pitahaya ha avanzado poco, no tanto como en años anteriores, pero hay sustitución de bosques nativos”, asegura el especialista.

La construcción de vías es otra amenaza para los bosques en Ecuador. En enero, MAAP encontró que 15.8 kilómetros fueron talados en el territorio waorani de Pastaza para la construcción de una ambiciosa vía que tiene planificado extenderse por más de 60 kilómetros, 40 de ellos en medio de un bosque primario. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la obra señala que en la zona habitan mamíferos como jaguares, monos y tapires, y se hallan especies forestales como la caoba, el cedro o el guayacán. En años anteriores, la vía avanzó 15.7 kilómetros. Faltan 28,3 kilómetros para concluir la vía Arajuno-Nushiño-Ishpingo-Toñampade.

Este proyecto puso en alerta a la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), que presentó en marzo de 2023 una queja ante el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, documenta MAAP. En julio de ese año, la OWAP y la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) acordaron que la construcción continúe bajo el monitoreo de ambas organizaciones, con el objetivo de que se cumplan las especificaciones técnicas del EIA y del Plan de Manejo. La OWAP estableció un puesto de vigilancia y monitoreo territorial en la comunidad Obepare. El 18 de noviembre de 2024, el puesto fue destruído. “Este hecho fue por amenazas que llegaron ya desde hace tiempo por no dejar entrar a extraños y mineros ilegales. Estamos muy preocupados”, dice Silvia Nihua, presidenta de la OWAP.

Villa asegura que desde el proyecto MAAP se continuará monitoreando esta zona, pues como ha pasado con la apertura de otras carreteras en la Amazonía, este tipo de infraestructura facilita la tala selectiva de especies maderables, la caza, la expansión de la frontera agropecuaria, la colonización y también la minería ilegal.

Una amenaza reciente es el proyecto de construcción de la vía Salcedo-Tena, que busca unir la provincia andina de Cotopaxi con la provincia Amazónica de Napo, a través del Parque Nacional Llanganates. A finales de noviembre, 28 organizaciones pidieron, mediante un comunicado, detener la obra por poner en riesgo “la rica biodiversidad de esta área protegida, la conectividad ecológica que garantiza la salud de los ecosistemas y la provisión de servicios ambientales esenciales como el agua potable, que beneficia a miles de personas en la región”.

Lo preocupante: los océanos continúan sin protección efectiva

El 11 de marzo, la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) solicitó a los países signatarios suspender el comercio de tiburones y rayas provenientes de Ecuador, debido a que el país no cumplió satisfactoriamente con los requisitos para alcanzar niveles sostenibles de comercio de estas especies.
 Entre esos criterios, Ecuador no estableció límites a las capturas incidentales —pues la pesca dirigida de tiburones está prohibida en Ecuador—, no determinó la capacidad de pesca ni estableció cupos de comercio que no perjudiquen a las poblaciones de peces.

“Sí ha tenido un impacto sobre el comercio en Ecuador. Se ha visto que hay sectores de pescadores que están molestos con esta situación, pidiendo que se rectifique”, cuenta Alex Hearn, experto en tiburones y profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito. No obstante, reconoce que no se ha dejado de recibir noticias de desembarques en las costas ecuatorianas y en Perú de tiburones pescados en Ecuador.

El 27 de marzo, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca informó a través de su website que se activaron coordinaciones interinstitucionales “para solventar las observaciones remitidas en el menor tiempo posible”. La cartera de estado también anunció que las comunidades pesqueras no se verán afectadas por la medida de CITES, pues en caso de capturar tiburones de manera incidental —algo que permite la ley ecuatoriana, podrán ser “comerciados internamente”. A partir de esa fecha no hubo más informaciones al respecto. “Lamentablemente, toda esa información se ha manejado muy sigilosamente”, confirma Cristina Cely, directora de la organización ambiental One Health Ecuador.

Por otro lado, Cely cuenta que en un taller de pesca realizado a mediados de noviembre en Galápagos, agrupaciones de pescadores presionaron para que se permita el uso del palangre, un arte de pesca prohibida en el archipiélago porque representa un peligro para especies como los tiburones, los delfines, las tortugas o las manta rayas. Aunque en el taller, científicos, autoridades y representantes de organizaciones no gubernamentales ratificaron la importancia de la prohibición, el 26 de noviembre agrupaciones de pescadores dirigieron una carta a Inés Manzano, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en la que afirmaron que “el palangre es una necesidad para el sector pesquero”.

En las costas continentales del país, continúa la destrucción de playas para la extracción de arena y de manglares para la expansión de las actividades acuícolas. “Se ve un claro crecimiento de la media anual de los espejos de agua artificiales, que básicamente son para actividades de producción de camarones y otros productos”, explica Wagner Holguín. Entre 1985 y 2023, la superficie de agua superficial aumentó en 51 431 hectáreas, esto es un crecimiento del 61.4 %.

Lo bueno: más áreas protegidas y nuevas especies

Luis Suárez, de CI, destaca que este año hubo “avances interesantes”. Entre esos, está la declaración de la Reserva del Río Anzu, en Pastaza, como la primera en Ecuador bajo la categoría Otra Medida Eficaz de Conservación Basada en Áreas (OMEC). Las OMEC son sitios designados para la conservación bajo la gestión de una variedad de actores, como pueblos indígenas, comunidades locales, dependencias gubernamentales, organizaciones privadas o individuos.

También ha continuado la creación de áreas de protección hídrica (APH), que blindan legalmente a los ecosistemas de actividades de explotación como la minería, con el objetivo de asegurar el suministro de agua limpia. En octubre se creó la primera APH en la provincia andina de Chimborazo. Además, hasta febrero se contabilizaron 136 Áreas de Conservación y Uso Sostenible (ACUS), espacios reservados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales y municipales para proteger el patrimonio natural.

El director ejecutivo de CI también menciona la concreción de 10 nuevos Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema Manglar, que beneficia a 590 pescadores y cangrejeros de la provincia de Guayas. Este es un sistema de comanejo entre el Estado y los usuarios tradicionales de los manglares, como cangrejeros y concheros, que tiene el objetivo de proteger la biodiversidad y los recursos. Hasta agosto se contaron 75 acuerdos vigentes, logrando una cobertura de más de 89 000 hectáreas. “En un país donde hay tanta inestabilidad, tener una política nacional ambiental que ya cumple 25 años es digno de resaltar”, dice.

Este año el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) registró el hallazgo de 17 nuevas especies de orquídeas, arañas, árboles, polillas, mariposas, ranas, roedores, entre otros. El hallazgo más reciente es el de dos nuevas especies endémicas de ratones del género Thomasomys. El biólogo Jorge Brito explica que aunque se creía que las 19 especies descritas de este género tenían una amplia distribución en el país, este hallazgo confirmó que hay muchas más por describir (se estima que 12 más) y que tienen distribuciones bastante limitadas, revelando la gran biodiversidad y el endemismo de pequeños mamíferos en Ecuador. Las dos nuevas especies pueden contribuir a reforzar o a implementar las medidas de protección de los ecosistemas en los que fueron halladas, de acuerdo con el experto.

En Galápagos, Alex Hearn destaca que en julio se realizó la primera expedición para establecer una línea base de la Reserva Marina Hermandad, creada en 2022 para proteger 60 000 kilómetros cuadrados entre la Reserva Marina de Galápagos y la Isla del Coco en Costa Rica. Participaron miembros del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, del Parque Nacional Galápagos, representantes del sector pesquero e investigadores. Durante 25 días levantaron información que ahora se está sintetizando. Para el biólogo marino “fue grato constatar que los pescadores respetaron la reserva”, que prohíbe la pesca en una parte y prohíbe el uso de palangre en otra, “prácticamente” desde el inicio, aunque todavía no se ha formalizado un proceso de monitoreo. Esto se corroboró a través de la información de Global Fishing Watch, una plataforma que permite rastrear las embarcaciones.

Mongabay Latam solicitó información al MAATE sobre los hitos ambientales del 2024, pero no hubo respuesta hasta el cierre del reportaje.

Al finalizar este año crítico, Suárez señala que no hay que dejar de lado el hecho de que muchos problemas ambientales son exacerbados por los problemas sociales y viceversa. “Tenemos que cambiar nuestro enfoque hacia un manejo socioambiental del país”, opina. Detalla que los efectos del cambio climático afectan a las poblaciones más vulnerables y pobres, por lo que es fundamental trabajar simultáneamente en políticas ambientales y sociales.

*Nota de editor: Hemos sumado la versión de la empresa Gran Tierra Energy para darle mayor contexto a la sección en la que es mencionada.

**Imagen principal: Minería en los ríos de la provincia de Napo. Foto: cortesía José Moreno.

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Antonio Paz Cardona Editor/a

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