- El año 2024 representó la corroboración de que en México los temas ambientales no fueron prioridad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La llamada Cuarta Transformación continuó privilegiando los megaproyectos sin tomar en cuenta sus consecuencias socioambientales.
- La falta de atención del gobierno mexicano hacia la agenda ambiental tuvo su mayor reflejo en el escaso presupuesto que se otorgó al sector. Eso provocó una cascada de problemas, entre ellos el debilitamiento de las instituciones, la falta de acciones para la protección de océanos y zonas forestales, así como la impunidad detrás del asesinato de decenas de defensores del ambiente y el territorio.
- El país incrementó en forma considerable el número de áreas naturales protegidas, pero lo hizo sólo en el papel, porque muchas de ellas no tienen presupuesto ni planes de manejo.
- México comenzó un nuevo sexenio en octubre de 2024. La llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia del país y, sobre todo, los nombramientos que realizó en los sectores de medio ambiente, agricultura y pesca son vistos como esperanzadores.
Lo que ocurrió el último domingo de septiembre de 2024 sintetizó el desdén que el gobierno mexicano mostró hacia los temas ambientales en los últimos seis años. Ese día, en Chetumal, Quintana Roo, a unas horas de terminar su periodo presidencial, Andrés Manuel López Obrador inauguró todo el circuito que recorre el llamado Tren Maya, entregó reconocimientos a los militares que construyeron la obra y, una vez más, descalificó la labor de personas y organizaciones que denunciaron los daños ambientales que ha causado este megaproyecto.
López Obrador consideró “una hazaña” la entrada en funcionamiento del llamado Tren Maya. No mencionó que para construir este megaproyecto emblemático de su administración se deforestaron más 6659 hectáreas, se fragmentó aún más a la Selva Maya, se construyó un hotel dentro de una Reserva de la Biosfera, se dividió a comunidades, se ignoraron leyes ambientales y se perforaron cenotes, esas cavernas que resguardan el agua subterránea y que dan una personalidad especial a la Península de Yucatán.
Para México, el año 2024 representó el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, presidente que emprendió lo que él mismo llamó la Cuarta Transformación del país. A lo largo de esa transformación fue criticado por expertos, científicos, organizaciones ambientales e indígenas por no respetar un territorio considerado entre los más biodiversos.
En el 2024 se mantuvo la misma tendencia de los años previos: los temas ambientales no fueron una prioridad, al contrario, quedaron relegados. En ello coinciden especialistas en temas de bosques, océanos, áreas naturales protegidas, política ambiental y quienes desde organizaciones no gubernamentales acompañan a las personas defensoras de ambiente y territorio.
México termina el año 2024 con instituciones ambientales debilitadas y sin capacidad operativa, con una mayor degradación ambiental, con una fuerte criminalización de las personas defensoras del ambiente y el territorio, con delitos ambientales que permanecen impunes, con océanos y zonas forestales sin atención. Como consecuencia, se enraizó aún más el control que tienen los grupos del crimen organizado en los espacios naturales.
Lo grave: el debilitamiento de las instituciones
Desde su primer año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador mostró que el ambiente no era un tema prioritario ni urgente de atención. Sus prioridades estuvieron en otras áreas, por ejemplo, en impulsar Sembrando Vida, un programa social en donde se asegura que el componente ambiental recae en la reforestación. Sin embargo, según los expertos entrevistados, no está dirigido a restaurar ecosistemas forestales. Y muestra de ello es que el programa no cuenta con indicadores ambientales que permitan conocer su impacto en biodiversidad, en suelos y en recuperación de coberturas forestales.
López Obrador también colocó en el centro de su gobierno la construcción de megaproyectos como la Refinería Dos bocas en una zona con manglares de Tabasco, el llamado Tren Maya en la Península de Yucatán o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que incluye la instalación de, al menos diez, parques industriales en Oaxaca y Veracruz.
“El modelo de desarrollo [en México] ha privilegiado la realización de grandes proyectos argumentando que son detonadores del crecimiento económico, pero pasan por alto sus impactos y costos socioambientales”, señalan los 35 especialistas que participaron en la elaboración del documento titulado Agenda Socioambiental 2024.
En esa publicación, académicos, científicas, integrantes de organizaciones civiles y exfuncionarias realizan una revisión de las acciones que realizó el sexenio de López Obrador en temas como agua, agricultura, bosques, energía, cambio climático, entre otros. Si bien reconocen que hubo avances en la protección de los maíces criollos, en tratar de eliminar en forma paulatina el uso del glifosato y en no entregar nuevas concesiones mineras, en general el balance que presentan es negativo.
“En la política nacional de desarrollo persiste un modelo que ha conducido a la degradación ambiental y a la pérdida de biodiversidad”, resalta el grupo de 35 especialistas.
Además, desde el mismo gobierno se minimizaron y desdeñaron procedimientos como la consulta popular o estudios como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), señala Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Las denuncias sobre consultas populares realizadas en forma inadecuada y de MIAs que se presentaron fuera de tiempo, con datos erróneos, sin considerar todos los impactos acumulados o cuya información se reservó fueron constantes en los megaproyectos icónicos del sexenio, como la Refinería de Dos Bocas, el CIIT, el llamado Tren Maya y el que ya se conoce como “El tren fantasma en Sonora”.
Los expertos entrevistados también destacan un tema que fue recurrente a lo largo del sexenio de López Obrador: el debilitamiento de las instituciones responsables de la gestión ambiental, ocasionado por los recortes presupuestales que padeció el sector, en especial en 2020 y 2021. Si bien existió un aumento para los siguientes años, y en 2024 el presupuesto para Medio Ambiente y Recursos Naturales llegó a poco más de 70 mil millones de pesos (más de tres millones de dólares), la mayoría de ese dinero se destinó a la construcción de obras hidráulicas.
“Más del 80 % del presupuesto ambiental se destinó a la Conagua (Comisión Nacional del Agua), a pesar de su notoria corrupción y sometimiento a los intereses de los grandes concesionarios acaparadores del agua”, resaltan los autores de la Agenda Socioambiental 2024.
La falta de presupuesto para todas las otras áreas del sector ambiental se resintió y llevó a que se tuvieran problemas en cascada. Entre los más evidentes está la casi inexistente acción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que perdió su capacidad para combatir los delitos ambientales, como la tala y la pesca ilegal.
“La carencia de presupuesto y de personal llevó a que la autoridad ambiental no pudiera cumplir con sus atribuciones; que estuviera completamente ausente y omisa”, destaca Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda.
Eso también lo resaltan quienes escribieron la Agenda Socioambiental 2024: la disminución del presupuesto llevó a las instituciones “al límite de la inoperancia y casi nula presencia en campo”. Al mismo tiempo, destacan que “se ha producido un fenómeno social de gravedad mayúscula: el avance del control de los territorios por parte de la delincuencia organizada”.
Lo preocupante: violencia contra defensores del ambiente
Antes del gobierno de López Obrador, México ya aparecía en la lista de los cinco países con el mayor número de agresiones en contra de quienes defienden bosques, ríos, montañas y todo aquello que da vida a un ecosistema. Tan solo entre 2012 y 2023 fueron asesinadas 203 personas defensoras del ambiente y el territorio, de acuerdo con datos de Global Witness, organización no gubernamental que documenta estas violencias.
Durante el sexenio de López Obrador 102 personas defensoras de ambiente y territorio sufrieron agresiones letales, de acuerdo con la documentación realizada por Cemda. En 2023 se registraron 20 de esos asesinatos. Y aunque todo parece indicar que para el 2024 disminuyó levemente el número de homicidios, los registros de organizaciones defensoras de derechos humanos también muestran que han ido al alza otras violencias, en especial la criminalización.
Por lo menos hay 61 personas vinculadas a carpetas de investigación acusadas de diversos delitos, sobre todo daños a las vías de comunicación. La mayoría de esas acusaciones surgieron después de que esas personas manifestaron su oposición al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), como lo documentó una misión civil formada por integrantes de organizaciones que recorrió algunas comunidades afectadas por este megaproyecto.
La criminalización también la han padecido comunidades que han denunciado la contaminación y despojo de territorio que provocan las granjas porcícolas en la Península de Yucatán. Así como la comunidad El Coyul que se ha opuesto a los planes de particulares que buscan realizar un proyecto inmobiliario en una zona de manglar y arribo de tortugas en Oaxaca.
A lo largo del sexenio de López Obrador, otra de las violencias que tomó fuerza fue la estigmatización en contra de las personas, comunidades y organizaciones defensoras de ambiente y territorio. Durante la conferencia matutina que el presidente ofrecía todos los días y que se conoció como “la mañanera”, se descalificó a quienes denunciaban los daños ambientales causados por los megaproyectos.
La impunidad también se instaló en muchos de los casos de personas defensoras del ambiente y el territorio asesinadas o desaparecidas, tal y como ha sucedido en el caso de la desaparición del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, ocurrida en enero de 2023. El año 2024 terminó sin que ellos ni otras 37 personas defensoras sean localizadas.
Gabriela Carreón, co-coordinadora de TerraVida, organización que acompaña a personas y comunidades defensoras de ambiente y territorio, resalta que el hecho de que la construcción de megaproyectos —como el CIIT o el llamado Tren Maya— hayan estado a cargo de militares, desató diversas dinámicas en los territorios. Una de ellas fue inhibir la protesta social.
“Las instituciones en México no han estado a la altura para garantizar la seguridad de las personas defensoras de ambiente y territorio, ni para combatir la impunidad que persiste en estas violencias”, considera Carreón. Y es por ello que una de las deudas que dejó el año 2024 es la implementación del Acuerdo de Escazú.
Carreón considera que, pese a que México fue uno de los países que impulsó la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, en el territorio nacional “ha faltado voluntad de los entes institucionales para implementarlo”. Y hay dos ámbitos en donde es claro que el acuerdo sigue sólo en el papel: no se tienen aún jueces especializados en materia ambiental y hay grandes problemas en el acceso a la información ambiental, ya que muchos datos ambientales no están actualizados o se niega su acceso.
En México, además, la defensa del medio ambiente y del territorio no sólo se enfrentó a los megaproyectos impulsados por el Estado o por empresas. En 2024 fue aún más evidente la presencia de grupos del crimen organizado que han hecho parte de su negocio el tráfico de especies, la pesca o la tala.
Lo crítico: el control del crimen organizado en territorios forestales
Chihuahua, Durango, Estado de México y Michoacán son algunos de los estados del país en donde sus habitantes han denunciado casos en donde el crimen organizado ha entrado a controlar el manejo forestal comunitario. Eso lo ha documentado Iván Zúñiga, gerente de Paisajes Forestales del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y quien desde 1995 trabaja en el tema del manejo sostenible de bosques. En esos estados del país “[personas vinculadas al crimen organizado] han tomado las mesas directivas de las organizaciones de manejo forestal, están al frente de aserraderos o de la cadena de suministro de productos forestales”.
Zúñiga es uno de los autores que participó en el capítulo dedicado a las regiones forestales, incluido en la Agenda Socioambiental 2024. En ese apartado se señala que “el empoderamiento de los grupos criminales ha incrementado la tala ilegal, incluso en regiones en donde las comunidades habían avanzado en la gestión sustentable de los territorios”.
También se menciona que la tala ilegal “se ha convertido en un problema creciente y generalizado”. Según ese documento, se estima que entre siete a nueve millones de metros cúbicos de madera en rollo son taladas ilegalmente al año. Eso representa entre el 95 y 120 % de todo el aprovechamiento legal de madera que se registra en el país.
Poco más del 70 % del territorio nacional alberga algún ecosistema forestal. Aún así se desatendió el sector forestal: “No se le miró como un sector productivo elemental para el desarrollo de varias regiones del país. No tuvo un impulso adecuado, sobre todo durante la segunda parte del sexenio”, señala Zúñiga.
La falta de capacidad del Estado para atender la agenda forestal, propiciada por la disminución del presupuesto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), fue uno de los varios ingredientes que abonaron el terreno para lo que hoy se padecen en muchos de los territorios forestales del país, por ejemplo, el aumento en la presencia de plagas y enfermedades, así como incendios que cada vez afectan a una superficie más amplia, como lo muestran los datos de la propia Conafor.
El país tampoco pudo disminuir la pérdida de superficie forestal: si en el 2022, al menos, 179 000 hectáreas se quedaron sin cobertura arbórea, para el 2023 esa cifra se elevó a 226 000 hectáreas, de acuerdo con los análisis más actualizados de la plataforma Global Forest Watch.
Una de las regiones del país que más ha perdido cobertura forestal es la Península de Yucatán. Entre 2019 y 2023, al menos, 285 580 hectáreas dejaron de ser terrenos forestales, de acuerdo con los datos de una plataforma de análisis de imágenes satelitales desarrollada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), bajo la dirección técnica del doctor Edward Ellis. Esta herramienta permite conocer que las causas de la deforestación en esa región fueron la construcción del llamado Tren Maya y del aeropuerto internacional de Tulum, la expansión de la agroindustria y de las granjas de cerdos y aves, el establecimiento de potreros y los desarrollos inmobiliarios.
En Hopelchén, Campeche, por ejemplo, la expansión de la agroindustria ha generado buena parte de la pérdida de cobertura forestal, como lo documentó Mongabay Latam en agosto de 2022. En ese municipio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó mesas de diálogo con los menonitas que deforestaron las tierras sin contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo para hacerlo. Esas mesas no detuvieron la deforestación. En la zona continúa la expansión de la agroindustria. “Hay un gran problema generado por la nula capacidad gubernamental para asegurar el cumplimiento de leyes. Hay una enorme impunidad en cambios de uso de suelo ilegal”, remarca Zúñiga.
Lo olvidado: el sector pesquero
México está entre los 20 países del mundo con mayor producción pesquera y es la actividad que da empleo a más de dos millones de personas. Además, en los 263 municipios costeros del país habitan más de 15 millones de personas.
Pese a la importancia que tiene la vida marina para el territorio mexicano, durante el sexenio de López Obrador, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) se mantuvo desdibujada, en especial porque la persona que estuvo al frente de la dependencia —Octavio Almada Palafox—, desde 2021 y hasta septiembre de 2024, “abandonó al sector y no hizo nada por cumplir con las metas del plan sectorial”, señala Esteban García-Peña Valenzuela, coordinador de políticas públicas de la oficina en México de Oceana.
Por ejemplo, no se cumplió con las metas de crear redes de refugios pesqueros, abatir la pobreza en el sector pesquero, impulsar la adaptación al cambio climático, fortalecer la vigilancia y combatir la pesca ilegal.
Hay datos que muestran el abandono: si entre los años 2009 y 2014 había 183 oficiales federales de pesca para todo el país, este número disminuyó a 161 entre 2018 y 2022. Además, si para el periodo 2009 a 2014 se detuvo a 1228 personas acusadas de pesca ilegal, entre 2018 y 2023 sólo fueron 59. “Hay menos inspectores, menos presupuesto y no hay un combate real a la pesca ilegal, que es el flagelo de la pesca”, resalta García-Peña.
En México, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Pesca publicado en 2023, cada año se capturan entre 1.8 y 2.1 millones de toneladas de peces, eso sin tomar en cuenta la pesca ilegal que representaría un 40 % más de esa cantidad, de acuerdo con algunas estimaciones.
García-Peña menciona que la pesca ilegal ya está afectando a, por lo menos, unas 300 especies de importancia comercial, entre ellas el huachinango del Golfo de México (Lutjanus campechanus), el robalo (Centropomus undecimalis), la lisa (Mugil cephalus), el mero rojo (Epinephelus morio), el camarón rosado (Farfantepenaeus duorarum), entre otros.
El abandono del sector pesquero también se refleja en que no se ha avanzado en una actualización del estatus de las especies pesqueras y que sólo 30 % de las pesquerías en el país cuentan con planes de manejo. García-Peña comenta que eso ha llevado a que 28 pesquerías, de las 83 reconocidas, se encuentren en condiciones de deterioro o que su aprovechamiento rebase el “aprovechamiento máximo sustentable”.
En 2024 tampoco se trabajó para dar alternativas a los pescadores que cada vez enfrentan mayores adversidades por la presencia de huracanes más frecuentes e intensos o por los efectos del cambio climático en varias pesquerías. “No hay una adaptación de las políticas públicas ante esos escenarios”, comenta el experto de Oceana.
En ese sentido, Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda, recuerda que el gobierno mexicano hizo a un lado toda la agenda para la mitigación y adaptación al cambio climático, al mantener una política energética regresiva: “Fue una apuesta por los combustibles fósiles: se construyó una nueva refinería y se promovieron las carboeléctricas, el petróleo y el gas”.
Además, pese al compromiso de López Obrador de terminar con el fracking, esta práctica continuó realizándose y se destinaron más de 62 mil millones de pesos entre 2018 y 2024 en proyectos que implican el uso de esta técnica de extracción de hidrocarburos que provoca una disminución de la disponibilidad de agua, de acuerdo con datos incluidos en la Agenda Socioambiental 2024.
Lo bueno (pero no tanto): más áreas naturales en el papel
Al comienzo de su gobierno, López Obrador anunció que una de sus metas ambientales era decretar 50 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANPs). En 2024 se aceleró el paso para cumplir con la promesa. Incluso, el último día del sexenio se decretaron seis nuevas áreas.
México tiene ahora 232 ANPs, pero 106 de ellas no cuentan con programa de manejo, documento vital para conocer cuáles son las amenazas de los lugares y las mejores estrategias para conservar los sitios. “No podemos avanzar en la protección de la biodiversidad y los espacios bioculturales si no tenemos este instrumento”, resalta Gina Ileana Chacón, directora de política pública de Wildlands Network México, organización de la sociedad civil que forma parte de la Coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).
Además, muchas de las ANPs no cuentan con presupuesto ni personal. Chacón pone como ejemplo el caso del Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar (APFF Jaguar), creada a mediados de 2022 en el municipio de Tulum, en Quintana Roo, y cuyo programa de manejo se publicó en febrero de 2024, pero que no tiene recursos asignados y sólo tiene a dos personas trabajando en el área que tiene poco más de 2249 hectáreas.
“No queremos áreas naturales de papel. Aunque tengan plan de manejo, si no tienen presupuesto, no es posible hacer mucho para garantizar su protección”, resalta Chacón.
La APFF Jaguar se creó justo en una de las zonas por donde pasa el llamado Tren Maya y se presentó como si fuera una compensación ante la construcción del megaproyecto. En ese sentido, Chacón resalta que “la creación de un ANP no puede compensar el que se haya fragmentado un ecosistema como la Selva Maya. Esa fragmentación pone en riesgo la sobrevivencia del ecosistema en su conjunto y de la biodiversidad, sobre todo de especies emblemáticas como el jaguar”.
El decretar más áreas sin dotarlas de programa de manejo o presupuesto no fue la única incongruencia que se observó durante el último año de la administración de López Obrador. Antes de cerrar el sexenio, funcionarios de la Semarnat autorizaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) para la construcción de desarrollos turísticos en zonas aledañas al Parque Nacional de Cabo Pulmo.
La revocación de una de esas autorizaciones fue una de las primeras acciones que realizó Alicia Bárcena, como nueva titular de la Semarnat, a partir de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México.
Lo esperanzador: nombramientos en el sector ambiental
El 1 de octubre de 2024, la física y doctora en ingeniería energética Claudia Sheinbaum Pardo asumió el mando como la primera mujer presidenta que tiene México. Es también la primera vez que la presidencia del país está a cargo de alguien que nunca formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que gobernó el país durante más de 70 años y en donde comenzó su carrera política López Obrador.
Sheinbaum, además, formó parte del grupo de más de 600 académicos e investigadores del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).
La presidenta nombró titular de la Semarnat a la bióloga y diplomática Alicia Bárcena, quien fue secretaria de Relaciones Exteriores en el último año de gobierno de López Obrador y fue directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), donde impulsó el Acuerdo de Escazú.
En las subsecretarías y en las diferentes dependencias ambientales también se nombraron a personas que son reconocidas por su capacidad técnica y experiencia en los temas ambientales. También se ha aplaudido la designación del ingeniero pesquero Alejandro Flores Nava, al frente de la Conapesca, y del ingeniero agrónomo e investigador Julio Berdegué Sacristán como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa).
“Hay entusiasmo, porque se ve la posibilidad de que se pueda tener, de nuevo, una relación cordial y respetuosa con la autoridad ambiental”, dice Gustavo Alanís, sobre los nombramientos en el sector ambiental.
La opinión de Alanís no es aislada. Entre las diversas organizaciones no gubernamentales e, incluso, en los espacios internacionales se ha celebrado la llegada al sector ambiental de personas con experiencia y conocimiento científico.
Alanís, por ejemplo, recuerda que durante la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) que se realizó en Cali, Colombia, se “festejó que México estuviera de regreso con autoridades ambientales preparadas, con experiencia en los temas. Eso ha generado una expectativa muy positiva”.
Esa expectativa ahora se enfrentará con la realidad, sobre todo si el gobierno de Claudia Sheinbaum asume la misma postura de su antecesor y, durante los próximos años, castiga con un presupuesto mínimo al sector ambiental. Algo que ya se vislumbra, por lo menos para el 2025.
Imagen central: Los habitantes de Homún, en Yucatán, viven de los estanques naturales que se encuentran dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes. Foto: Benjamín Magaña
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