- El 1 de noviembre se cumplió el quinto aniversario del asesinato del guardián del bosque indígena Paulo Paulino Guajajara y del intento de asesinato de su compañero guardián Laércio Guajajara en una presunta emboscada por parte de madereros en el territorio indígena de Arariboia en la Amazonía brasileña; los sospechosos aún no han sido juzgados.
- Entre 1991 y 2023, 38 indígenas guajajara fueron asesinados en Arariboia; ninguno de los autores ha sido juzgado.
- El caso de Paulo será un hito legal porque es el primer asesinato de un líder indígena que se lleva ante un jurado federal; como informó Mongabay hace un año, el inicio del juicio dependía de un informe antropológico de los daños colectivos a la comunidad indígena como resultado de los delitos.
- Sin embargo, el informe aún no se ha realizado debido a varias cuestiones que retrasaron el juicio, entre ellas el cambio de juez, el largo tiempo que se tomaron para elegir al experto que elaboraría el informe y obtener su cotización, y la reticencia de la Procuraduría General de la República (Advocacia-Geral da União, AGU) a pagar por el informe.
“Son libres y yo sigo aquí. Quizás estén planeando ejecutarme a mí también. Me preocupa mucho”, dice el líder indígena Laércio Guajajara, sobreviviente de una presunta emboscada de madereros ilegales que acabó con la vida de su compañero, el guardián del bosque Paulo Paulino Guajajara en noviembre de 2019, en el territorio indígena de Arariboia, en la Amazonía brasileña.
Laércio expresa su indignación por la demora en someter a juicio a los dos sospechosos acusados por el incidente ocurrido hace media década, el 1 de noviembre de 2019. “Nunca creí que la justicia nos ayudaría en términos de autoprotección territorial y de la vida de los seres humanos”, le dice a Mongabay en un mensaje de audio. “Y hoy [se confirma] que no hay justicia para los pueblos indígenas. Ya pasaron cinco años y no se ha hecho justicia”.
Al igual que Laércio, Paulo era integrante de los “Guardianes del Bosque”, un grupo de indígenas guajajaras de Arariboia que arriesgan su vida para proteger su tierra ancestral contra la tala ilegal, la caza y otros delitos medioambientales. El grupo, formado hace una década, también protege al pueblo awá, cazadores-recolectores que viven en aislamiento voluntario en las profundidades de los bosques de Arariboia y a quienes se considera el grupo indígena más amenazado del planeta.
Entre 1991 y 2023, 81 indígenas guajajaras fueron asesinados en el noreste del estado de Marañón, más de dos tercios del total de asesinatos de indígenas en todo el estado. Casi la mitad de estos homicidios (38) ocurrieron en el territorio de Arariboia, según datos del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), un grupo de defensa afiliado a la Iglesia Católica, y de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un grupo de la Iglesia Católica que realiza su labor con trabajadores rurales brasileños que buscan una reforma agraria. Ninguno de los autores ha sido juzgado. Entre los muertos hay seis guardianes del bosque, según el pueblo guajajara.
Una vez que llegue a juicio, el caso de Paulo será un hito legal al ser el primer asesinato de un líder indígena que se presenta ante un jurado federal. En la mayoría de los casos, los asesinatos se consideran delitos contra personas y son juzgados por un jurado estatal. Sin embargo, la muerte de Paulo se elevó al nivel federal porque los fiscales argumentaron que representaba una agresión contra toda la comunidad guajajara y la cultura indígena.
Como informó Mongabay hace un año, el inicio del juicio dependía de un informe antropológico de los daños colectivos a la comunidad indígena como resultado de los delitos. Sin embargo, dicho informe aún no se ha elaborado.
Alfredo Falcão, fiscal federal que lleva el caso, dice que varios problemas en los últimos 12 meses “claramente han obstaculizado la velocidad del proceso” y ocasionaron el retraso del juicio, incluido un cambio de juez, el largo tiempo necesario para elegir al perito para preparar el informe y la demora para obtener la cotización del perito. A todo esto, añade, se sumó la “resistencia” de la Procuraduría General de la República (Advocacia-Geral da União, AGU) para pagar el informe.
De hecho, la AGU presentó una petición que argumentaba que los costos del informe antropológico deberían ser pagados por el Ministerio Público Federal o por la Funai, el organismo de asuntos indígenas de Brasil. El tribunal rechazó la solicitud.
En una declaración enviada por correo electrónico el 6 de noviembre, la AGU afirmó que había pagado un depósito el 1 de noviembre. Sin embargo, esta información aún no aparece en el sistema judicial. El 11 de noviembre, Falcão presentó una petición donde solicitaba al juez que fijara un plazo y estableciera una multa por incumplimiento. En otra declaración enviada por correo electrónico el 12 de noviembre, el tribunal dijo que el plazo otorgado a la AGU ya había expirado y que “en los procedimientos no consta que se haya realizado un depósito”.
“¡Impunidad! ¡Injusticia!”
El 1 de noviembre, un grupo de 18 guardianes del bosque fue por primera vez al lugar del asesinato de Paulo para honrar su memoria y exigir justicia para él y todos los guajajaras que perdieron la vida defendiendo a Arariboia, dice Lucimar Carvalho, exabogada del CIMI y ahora de los guardianes, quien se unió a la misión.
“¡Impunidad! ¡Injusticia! ¡Cinco años desde el asesinato de Paulo Paulino!”, dice uno de los carteles colocados en el lugar del delito, junto a una pancarta con la foto de Paulo que reza: “Más de 500 años de genocidio contra los pueblos indígenas. ¡Basta de asesinatos!”. Los guardianes también desplegaron carteles donde exigían el cumplimiento de la Constitución Federal y la demarcación de tierras.
Paulo fue asesinado después de detenerse a beber de un pozo de agua. Comenta Carvalho que, en la conmemoración de los cinco años, una pariente de Paulo, Juliana Guajajara, limpió el pozo de agua para honrar su memoria. Carvalho dice que es importante resaltar que era la primera vez que los guardianes regresaban a esa zona “riesgosa”. “Es sumamente arriesgado ahí fuera. Encontramos cápsulas de plomo y por la noche también oímos disparos de gente que cazaba allí”, le cuenta a Mongabay en una entrevista telefónica. “Al menos no encontramos a ninguna persona no indígena allí”.
El padre de Paulo, José María Guajajara, manifiesta su indignación por el retraso del juicio. “Está tardando demasiado. ¿No van a resolver este caso?”, le dice a Mongabay en un mensaje de voz. “Es demasiado doloroso para nosotros perder un hijo. No puedo dejar de llorar, ni tampoco su madre, cuando lo recordamos”.
José María denuncia la falta de justicia para los pueblos indígenas. “Cuando los indígenas morimos, no hay justicia. La justicia nunca ha resuelto ningún caso, al igual que el de los demás familiares fallecidos. Nadie va a la cárcel”. Dice que quiere ir a hablar con las autoridades porque el caso de Paulo “no puede quedar impune”.
Falcão, el fiscal, afirma: “Lamentablemente, el tiempo que tarda la burocracia no es el tiempo de las víctimas, que es el más rápido posible”. Agrega que, para este caso en concreto, el cambio de juez y el ritmo del tribunal “me parece un poco lento”, diferente al del tribunal federal del estado de Pernambuco, donde vive. Falcão lidera el caso de Paulo porque es uno de los pocos fiscales federales con experiencia en jurados federales.
Una vez cancelado el pago del informe antropológico, dice Falcão, los abogados de los dos sospechosos imputados serán notificados para que presenten sus preguntas para el informe antropológico, ya que tienen derecho a participar en la producción de pruebas. “El perito estará trabajando para el juez, así que tendrá que escuchar a ambas partes”, le explica el fiscal a Mongabay en una entrevista telefónica.
Concluida esta fase, dice Falcão, finalmente se podrá programar el juicio. Como ya existe una lista federal de miembros de jurado, agrega, los siguientes pasos serán el sorteo de estos y la citación a las partes para que concurran al jurado e indiquen las pruebas que quieren utilizar durante la sesión plenaria, incluyendo testigos, documentos y videos, entre otros. Falcão dice que tiene esperanzas en que el juicio se lleve a cabo en la primera mitad de 2025.
“Las cosas para nosotros en Arariboia son muy difíciles, no vemos justicia”, dice Laércio. “Pero sigo siendo un guerrero”.
Imagen principal: El 1 de noviembre, un grupo de 18 guardianes del bosque fue por primera vez al lugar donde hace cinco años mataron a su compañero guardián Paulo Paulino Guajajara, para honrar su memoria y exigir justicia para él y todos los guajajaras que perdieron la vida defendiendo el territorio indígena de Arariboia, en la Amazonía brasileña. Imagen cortesía de la Asociación Indígena Ka’aiwar de los Guardianes del Bosque del Territorio Indígena Arariboia.
La Asociación Indígena Ka’aiwar de los Guardianes del Bosque del Territorio Indígena Arariboia agradece donaciones para construir una escuela que lleve el nombre de Paulo Paulino Guajajara. La asociación, fundada tres años después de la muerte de Paulo, también recibe donaciones para proteger el territorio indígena de Arariboia.
Karla Mendes es periodista de investigación y de reportajes de plantilla de Mongabay en Brasil y becaria de la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer. Es la primera brasileña y latinoamericana elegida para integrar la junta directiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales (Society of Environmental Journalists, SEJ); también fue nominada presidenta de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Lea sus artículos publicados en Mongabay aquí. Encuéntrela en 𝕏, Instagram, LinkedIn, Threads y Bluesky.
Se vislumbra el fin de la impunidad para el asesinato de Paulo Guajajara en Brasil
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