- Entre los actores identificados se encuentran los que podrían ser llamados “barones del diésel”, quienes controlan el desvío de combustible de más de una decena de surtidores, así como los revendedores y los mineros que alquilan sus hojas de ruta.
- La investigación reveló que dos familias son dueñas de entre 9 y 12 estaciones de servicio y están implicadas en la comercialización ilegal del diésel, principalmente desviado hacia la minería aurífera. La ANH dice que se está investigando a ambas familias por el desvío de este combustible, pero no dan mayores detalles.
- Esta es la segunda de tres entregas de una investigación periodística realizada por La Brava y Mongabay Latam, que revela cómo algunas personas se benefician del desvío del diésel subvencionado, que luego llega a la minería legal e ilegal en la Amazonía boliviana.
Al caminar por las calles de Guanay se escucha de todo un poco: la cumbia desde los negocios, las bocinas de los mototaxis, los motores de camiones y camionetas rugiendo, y los gritos de los conductores que ofrecen viajes a variados destinos. Cerca de los ríos, el zumbido de las máquinas que extraen oro reemplaza el eco del monte. Ese bullicio incesante contrasta con el silencio incómodo cuando se pregunta a los habitantes sobre el funcionamiento del negocio ilegal de la venta de diésel para la minería aurífera en la Amazonía paceña.
“Es un tema delicado”, se atreven a decir algunos, después de una larga pausa y en voz baja.
Ese sigilo al hablar del mercado negro de diésel, presuntamente manejado por los dueños de las estaciones de servicio de al menos 17 municipios de La Paz y del Beni, no se debe a la ignorancia, sino a los grandes intereses en juego. El temor a represalias es evidente: no solo temen quedarse sin acceso al diésel, tanto del que venden los surtidores como del que ofrecen los revendedores, sino que también sienten que su integridad y hasta su vida podría correr peligro.
Ese miedo se hizo evidente en las tres ocasiones en las que el equipo periodístico de La Brava y Mongabay Latam ingresó a Guanay, y fue igualmente notorio en Mayaya, el distrito del municipio vecino de Teoponte con mayor actividad minera aurífera.
Además del temor, muchos de los entrevistados expresan su molestia. El sobreprecio (que en ocasiones triplica el valor oficial) y la escasez de diésel no solo afectan a los mineros, sino a la población que lo necesita para vehículos pesados, generadores de luz y maquinaria agrícola, por nombrar algunos usos.
Para los entrevistados, la escasez de diésel –que desde julio se ha intensificado– no solo se debe a la falta de dólares en el país, lo que afecta la importación. Señalan que también el mercado negro de este combustible desvía parte del suministro hacia la minería aurífera, especialmente en temporada alta, y que hay sectores que se benefician de esta actividad.
Entre los actores identificados están los que podrían ser llamados “barones del diésel” –quienes manejarían el desvío de más de una decena de surtidores–, los revendedores y los mineros que se comenta alquilan sus hojas de ruta, que son los documentos que entrega Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la venta de combustible, donde aparece el tipo de combustible, la cantidad y el destino final.
En las entrevistas con personas del sector transporte, minero, conductores de cisternas y vecinos que pidieron reserva de su identidad surgieron repetidamente dos nombres señalados como responsables del desvío sistemático de diésel hacia Guanay y hacia otros municipios de la región minera: Iván Limachi Carvajal y José Luis Iriarte, dueños de dos de las tres estaciones de servicio que hay en ese municipio.
Junto con sus familiares, Limachi e Iriarte concentran la propiedad y manejo de estaciones de servicio en La Paz y en el Beni, de acuerdo con el cruce de la lista pública de las estaciones de servicio habilitada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Gaceta Electrónica del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec). De 130 surtidores en esos departamentos, siete pertenecen a Limachi y su círculo familiar, mientras que 13 están en manos de las familias Iriarte Mercado e Irarte Cussi.
De esas 130 estaciones, en la revisión efectuada entre julio y agosto de 2024, 70 no contaban con ningún tipo de documento publicado en el Seprec. Además, 14 de ellas no tenían su matrícula de comercio actualizada, requisito fundamental para el funcionamiento legal y el acceso a su información.
“Ambos tienen sus contactos”, dice una fuente en reserva, pero Limachi principalmente vende a los mineros de Teoponte, e Iriarte, a [los de] Mapiri. Los dos también comercializan en las minas de Guanay, según los entrevistados.
En abril de 2023, la ANH informó que existen clanes familiares que se dedican a desviar el combustible para revenderlo a mayor coste que el fijado.
Consultado por este equipo periodístico, el director distrital de La Paz de la ANH, Iván Colque, en una rápida entrevista explicó que esa entidad estaría investigando a Limachi e Iriarte.
“Esta situación está ya en conocimiento de la Dirección Jurídica de la (ANH) Nacional –dijo Colque– y por un principio de no entorpecer las investigaciones, ellos van a dar la versión correspondiente en su momento”, afirmó.
Colque dijo que los controles permitieron dar “golpes fuertes con cisternas incautadas” y que los investigados estarían usando “palos blancos”, es decir, personas o entidades que actúan como testaferros para desviar diésel.
Para esta investigación periodística se solicitó a la ANH, a la Dirección de Sustancias Controladas y al Viceministerio de Defensa Social, dependientes del Ministerio de Gobierno, así como a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al Ministerio de Hidrocarburos información sobre la cantidad de combustible despachado a los surtidores de municipios de La Paz y Beni, además del cupo destinado a la minería de oro en el norte de La Paz, al igual que los procesos por desvío de diésel. Con excepción de la breve información sobre Limachi e Iriarte, la ANH no proporcionó datos, a más de cinco meses de haberles enviado la solicitud e insistir con una segunda misiva, además de contactar directamente con la responsable de comunicación. Lo mismo ocurrió con las demás entidades.
Las 7 estaciones de Iván Limachi
“El creador de campeones”. Así se hace llamar Iván Limachi Carvajal —hombre corpulento y moreno— después de haber impulsado carreras de motocicletas y automóviles en Guanay y en otros municipios de Bolivia. Su interés responde a su pasión personal, pues él mismo también es corredor de motos y autos.
Asimismo, Limachi es conocido por ser el organizador de grandes fiestas. Su último gran festejo fue el 31 de mayo de este año, cuando celebró su cumpleaños en la cancha del Guanay. La invitación pública a la celebración se realizó por medio de un video producido y difundido a través de la cuenta de Facebook Magnate Producciones. En el video, el vocalista del grupo de cumbia argentino 128 Kilates, antecedido por otras cuatro agrupaciones cumbieras, confirmaba su participación en el “evento más grande de Guanay”.
El conocido corredor —quien suele llevar reloj y anillos de oro en las fiestas— es dueño de siete estaciones de servicio, en algunos casos en sociedad con su esposa Alison Ángela Márquez Callisaya y su hermano Ciro Limachi Carvajal.
En los registros del Seprec, Limachi aparece como propietario de siete surtidores y como el dueño más antiguo de dos estaciones: Triángulo Oriental SRL y Jacha Inti SRL, que actualmente está a nombre de otras personas. Además, su esposa es propietaria de la estación Jacha Inti SRL y su madre es dueña de la estación de servicios de San Miguel, que actualmente es administrada por su hijo Ciro.
Un conductor asalariado de cisternas, que por razones de seguridad solicitó mantener su nombre en reserva, comentó que Limachi vende el combustible a precios elevados a los cooperativistas. Ellos aceptan porque Limachi habría proporcionado a muchos de ellos maquinaria pesada a crédito, lo que le permite presionar a los deudores para que le compren el combustible.
Iván Limachi enfrenta denuncias relacionadas con actividades ilícitas. En 2017 se emitió un exhorto por un caso de 2016 en el que la ANH figura como denunciante. En 2018, la entidad detectó irregularidades en Carburantes San Miguel, relacionadas con desvío y sobreprecio, por lo que se levantó por unos meses el cupo de combustible a ese surtidor que es propiedad de su madre y se paralizó la atención. En 2020, Limachi fue procesado por el almacenamiento, comercialización y compra ilegal de combustible, causa iniciada por la Dirección General de Sustancias Controladas.
Hace dos años, su hermano Ciro, también corredor de motocicletas y propietario de una tienda especializada en ese sector, asumió la administración de Carburantes San Miguel, según las fuentes consultadas. Ciro Limachi tiene un proceso activo por almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel y gas en el Juzgado de Anticorrupción de La Paz. El proceso se inició en 2017.
Este equipo periodístico llegó al margen derecho del río Challana, a la comunidad del mismo nombre y ubicada a 10 minutos de Guanay, donde —según los entrevistados— Iván Limachi almacena diésel. En el lugar, detrás de unas calaminas, fue posible ver un tanque de combustible de color blanco. Las fuentes aseguran que más arriba, entre los árboles, podrían encontrarse más tanques.
Antes de la mencionada fiesta de cumpleaños de Iván Limachi, en un operativo conjunto, la ANH descubrió en la ciudad de El Alto una miniplanta clandestina y seis cisternas en Senkata, en la misma zona donde están las instalaciones de YPFB. Desde allí se desviaron 3,6 millones de litros de diésel hacia la minería ilegal en dos meses. La carga, con un valor estimado de 14 millones de boliviano (2 153 846 dólares) a precio regular, podría alcanzar los 40 millones de bolivianos (5 747 126 dólares) en el mercado negro. El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, informó que las cisternas pertenecían a las estaciones de servicio Bassam LTDA (La Paz), Huatajata (municipio homónimo), y Cota Pata (Coroico). Las dos primeras pertenecen a Limachi, mientras que de la tercera no se encontró información en el Seprec, aunque un cisternero que pidió proteger su identidad aseguró que esta última también pertenece a Limachi. En el día de la redada se detuvo a una persona. Una semana después se incautaron otras tres cisternas, una de ellas también con rumbo a Huatajata.
Sobre este caso no hay un proceso abierto en el juzgado, pues al día siguiente de encontrada la miniplanta, un perito determinó que la carga de los camiones cisterna (que habían sido custodiados por dos policías durante la noche) era agua.
Limachi forma parte del sindicato de transportes Tiguamate, un grupo que desde hace algunos años está involucrado en la reventa de combustible y que, según los entrevistados para este reportaje, es uno de sus principales proveedores.
A pesar de haber sido involucrado con el desvío de diésel en Tumupasa, distrito indígena de San Buenaventura a finales de noviembre de 2023, Limachi no tiene proceso penal activo por ello. Ni la Fiscalía del municipio ni la ANH iniciaron demanda en su contra y tampoco lo hizo la Alcaldía de ese municipio, aunque el Concejo Municipal le instó a hacerlo (sobre este caso se ahonda en la tercera entrega de esta serie periodística).
Hasta el momento y pese a los procesos iniciados en su contra, Limachi nunca ha sido detenido preventivamente.
Sobre los contactos políticos, hay cooperativistas de Guanay que dicen que Limachi tiene relación con gente del expresidente Evo Morales. Este equipo periodístico accedió a la fotografía de una reunión del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la provincia Caranavi, que se realizó a mediados de este año, en la que él aparece al lado de Wilfredo Chávez, exministro de Gobierno en la segunda gestión de Evo Morales y exprocurador del Estado en el gobierno de Luis Arce. En la mesa también está el diputado del MAS Héctor Arce. Ambos son del ala que respalda Morales, opositor del presidente actual.
A fines de octubre de este año, este equipo periodístico envió una solicitud de entrevista y un cuestionario a las direcciones de correo electrónico de las estaciones de servicio registradas a su nombre en el Seprec, pero no recibió respuesta. Posteriormente, a inicios de diciembre, se insistió vía WhatsApp a su número personal, sin obtener respuesta nuevamente.
El clan Iriarte
Al menos seis camiones cisterna parados escoltan a glamurosas bailarinas de morenada, danza folklórica boliviana. Luego aparecen José Luis Iriarte Cussi y su esposa bailando en la plaza central de Guanay. Minutos después, una toma aérea registra unas 30 cisternas en movimiento. Las escenas son parte del videoclip de 2023, cuando los Iriarte fueron pasantes de la fiesta por la Natividad de la Virgen, es decir, los encargados de pagar la celebración.
Iriarte es organizador de ostentosas galas en homenaje a su familia o a sus ahijados, y es fanático de las carreras de autos, especialmente de los livianos llamados karting. Es un reconocido corredor en esa disciplina y ganó en varios campeonatos municipales y departamentales.
Iriarte Cussi —oriundo de Sorata, localidad ubicada en los valles de La Paz, una región conocida por su minería aurífera— es, junto con su esposa, propietario de cuatro estaciones de servicio en este departamento. Otros cuatro surtidores están a nombre de sus hermanos.
José Luis Iriarte es parte de una familia con tradición en este negocio que inició con su padre, Édgar Iriarte Mercado y sus tíos Pedro, René Gabriel (†) y Sergio Freddy. Esta trayectoria ha consolidado a la familia como un clan empresarial que controla al menos, entre todos, 13 estaciones de servicio solo en los departamentos de La Paz y Beni.
De las cinco estaciones de servicio pertenecientes a la primera generación, es decir, a la familia Iriarte Mercado, ubicadas en estos dos departamentos, dos están a nombre de Sergio Freddy, en Trinidad. De las otras son dueños sus hermanos Pedro, René Gabriel y Édgar. Las otras ocho estaciones están distribuidas entre los hijos de Édgar y de Pedro.
Dos de los Iriarte tienen procesos por desvío de combustible. Uno de ellos, Pedro, fue identificado por la ANH en 2008 como cabecilla de lo que denominaron como clan Iriarte.
Uno de esos procesos es el documentado en la Resolución JQU-01/2016 del Tribunal de Sentencia en Materia Anticorrupción de la Capital que data de un caso iniciado en 2011 contra Pedro Alcides Iriarte Mercado, Gaby Paco Choque y Nicolasa Sánchez Cordero. En dicho proceso, la ANH establece que se encontraron 23 estaciones de servicio, en el área urbana de La Paz y en provincias de todo el país, en las que la familia Iriarte Mercado e Iriarte Paco estaban involucradas.
El documento explica que algunas de las estaciones estaban constituidas como sociedades de esposos, hermanos y parientes políticos del imputado Pedro Iriarte.
La resolución judicial menciona que algunas de las 23 estaciones que se encuentran en el área urbana de La Paz y otras provincias a nivel nacional, estarían constituidas en sociedad de esposos, hermanos y parientes políticos del imputado Pedro Alcides Iriarte Mercado. Estas estaciones, dice el documento, fueron registradas de forma irregular en los registros de comercio, “esto con la finalidad de obtener ventajas y beneficio económico en desmedro del patrimonio nacional […] Asimismo, se tiene que Pedro Iriarte Mercado es propietario de 9 vehículos particulares y 43 vehículos están registrados a de sus parientes consanguíneos (hermanos)”.
Entre las 23 estaciones mencionadas en ese proceso judicial están las que se encuentran en Caranavi, Guanay, Ixiamas, Yucumo, San Borja y Rurrenabaque. Esos municipios fueron identificados durante la primera parte de esta investigación periodística como puntos desde donde actualmente se desvía diésel.
Edwin Gabriel Iriarte, uno de los hermanos de José Luis, también cuenta con un proceso por almacenaje de combustible que inició en 2020 e implica a dos de sus surtidores. En julio de este año, la ANH incautó una cisterna que realizaba la compra ilegal de combustible en la Estación de Servicio Sergio Freddy Iriarte Mercado, que pertenece a su tío.
En los últimos meses, la Estación de Servicio Teoponte, de José Luis Iriarte, ha sido cuestionada por los pobladores de Guanay por comercializar diésel en la noche, por subir los precios y por desviar el combustible. Sin embargo, en el Juzgado no cuenta con ningún proceso abierto.
Este equipo periodístico contactó en julio, vía WhatsApp, a José Luis Iriarte para realizar una entrevista sobre la escasez de diésel. Sin embargo, Iriarte respondió que se encontraba de viaje y no atendió más mensajes. Se le intentó contactar nuevamente a principios de diciembre, por el mismo medio, pero no se obtuvo respuesta. Asimismo, a finales de noviembre se enviaron solicitudes formales de contraparte a los correos electrónicos asociados tanto a las estaciones de servicio a su nombre como a Ircap, la empresa que transporta combustible de la cual es propietario, según registros del Seprec. Además, se solicitó una entrevista presencial con la administradora de la estación de Teoponte, pero ella dijo no estar autorizada para ofrecer declaraciones.
Los revendedores organizados
Los siguientes en la cadena del mercado negro son los revendedores. En la visita de campo realizada por La Brava y Mongabay Latam se identificó que están organizados en sindicatos. En Guanay está el Sindicato de Transporte Tiguamate, y en Teoponte el Sindicato de Transporte Pesado Larecaja Mayaya.
Estos sindicatos originalmente agrupaban a conductores cuya función era trasladar combustible con hoja de ruta desde las estaciones de servicio hasta los puntos mineros. En los últimos años se han dedicado a la reventa de diésel, principalmente a la minería aurífera, y ahora incluyen también a conductores de camiones cisterna, de acuerdo con fuentes mineras, vecinales y cisterneros.
Dos camionetas trasladan barriles de combustible en la carretera entre Caranavi y Guanay. Foto: Eduardo Llanos.
Los afiliados a esos sindicatos son conocidos por las fuentes con las que se habló como los revendedores de la “bolsa negra”, encargados de transportar los productos hasta la operación minera.
En el caso de Tiguamate, en Guanay, el sindicato está formado por aproximadamente 40 personas. La cuota para ingresar es de 30.000 a 40.000 bolivianos, según explicó un afiliado vía llamada telefónica a alguien que preguntó sobre cómo ingresar al negocio —llamada de la que este equipo periodístico fue testigo—. El precio depende de si el conductor trabaja con camioneta, camión o cisterna.
El afiliado precisó que los asociados antiguos tienen derecho a ingresar con dos cisternas, las cuales pueden trabajar las veces que quieran. También dijo que los afiliados obtienen el combustible a menor precio dentro del mercado negro.
“El sindicato te va a respaldar. Iván (Limachi), el dueño del surtidor, está también con su esposa”, complementó el afiliado a Tiguamate.
Contó, además, que el Sindicato de Transporte Tiguamate dispone de tanques, además de una sede adquirida “en 150.000”, aunque no precisó si de bolivianos o de dólares.
Cuando se le preguntó sobre posibles riesgos, respondió que no existen. “El sindicato te respalda a pasar a la Policía (sic). La Policía, Umopar, les saca grave (dinero a otros revendedores), en cambio nosotros tenemos convenio. No nos molesta, y también nos avisa cuando están viniendo en batida”, explicó.
Alquiler de hojas de ruta, el otro negocio de los mineros
Además de nutrirse de las estaciones de servicio, ya sea directamente o a través de las cisternas desviadas, los afiliados de Tiguamate tienen otros dos métodos para conseguir diésel.
La primera modalidad de desvío es el alquiler de hojas de ruta de las cooperativas que están cesantes. Ese sistema es usado por los revendedores y también por los mineros “chutos” (ilegales).
“Algunos malos dirigentes buscan beneficio personal en desmedro del sistema. Entonces, deben estar traficando (…). Ellos mismos son parte de esta especulación”, afirma en entrevista con este equipo periodístico Eloy Sirpa, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco).
El alquiler de la hoja de ruta oscila entre 10.000 y 20.000 bolivianos mensuales (1.437 y 2.874 dólares, respectivamente), según afirman los mineros. Ferreco advirtió a sus afiliados sobre sanciones a las cooperativas que lo practiquen, pero hasta julio de 2024 no se había presentado ninguna denuncia formal.
“Cuando se denuncia (este alquiler) la cooperativa queda afectada porque le anulan su hoja de ruta. Por esa razón, no lo hacen”. Además, en la denuncia figurará el nombre del denunciante y “esa persona va a tener que ser sancionada o expulsada de la cooperativa”, contó una integrante de una cooperativa que opera en el Territorio Indígena Leco, que abarca los municipios de Mapiri, Guanay y Teoponte.
Entre los revendedores hay quienes acopian en casas, garajes o tiendas (hace dos años hubo un incendio en una tienda de Guanay), mientras que otros cuentan con sus propios almacenes, generalmente alejados de la ciudad, de acuerdo con las entrevistas en campo.
En Challana, a cinco minutos de Guanay, se identificaron tres almacenes: uno que pertenecería a Limachi –de acuerdo con fuentes vecinales, mineras y de transporte– y otros dos que están cubiertos con calaminas, pero cuyos propietarios no fueron identificados.
Los mineros no solo fueron señalados por alquilar hojas de ruta, sino que algunos dirigentes lo fueron también por supuestamente participar del negocio del mercado negro.
Una fuente del Ministerio de Hidrocarburos, que pidió hablar en reserva por seguridad, considera que los mineros están involucrados en el negocio del mercado negro. Informó que en una reunión entre los altos dirigentes mineros y el Ministerio, las autoridades estatales les ofrecieron importar de manera directa (sin el precio subvencionado), ya que el cupo de 19 999 litros les resulta insuficiente, pero los mineros se negaron.
“¿Cómo van a querer, si el combustible está subsidiado?”, cuestiona.
Explica que el Gobierno también les ofreció llevar surtidores móviles de YPFB para paliar el desabastecimiento, pero los dirigentes mineros tampoco aceptaron porque –dice la fuente del Ministerio de Hidrocarburos– “YPFB va a vender al precio que corresponde. Ellos mismos me dan la impresión [de] que están involucrados en el mercado negro”.
Sin embargo, a fines de octubre en una reunión entre la Ferreco, la ANH y YPFB, los mineros cooperativistas dejaron abierta la posibilidad de importar de forma directa biodiesel, cuyo precio sería de 6,88 bolivianos (0,86 dólares), siendo más económico que el diésel oil, lo que permitiría garantizar el suministro de combustible.
El segundo método que utilizan los revendedores para adquirir diésel es a través de algunos afiliados de Tiguamate, quienes –según informaron las autoridades locales a los mineros durante la intervención de los surtidores a principios de septiembre– poseen hojas de ruta como empresas unipersonales, un documento emitido por la ANH. Sobre esta modalidad, al igual que la del sistema Grandes Consumidores de Productos Regulados (Gracos), la ANH no cuenta con información en su página web oficial.
Se intentó contactar con los directivos de Tiguamate, pero la oficina —ubicada frente a la gasolinera de los Limachi— estaba cerrada. Luego, el secretario ejecutivo no llegó a la entrevista pactada por teléfono y, ante nueva insistencia, respondió que estaba ocupado.
Estar organizados en un sindicato permite a los revendedores ejercer presión social. Un vecino de Guanay cuenta, por ejemplo, que hace dos años una mujer denunció a Tiguamate en la Policía porque había dos tanques y dos cisternas ilegales. Esa misma noche, los afiliados del sindicato habrían ido a su casa para presuntamente amenazarla y exigirle que retire la denuncia.
En 2022, el sindicato llegó a instalar un puesto de control en el puente Coroico, entre Guanay y Teoponte, para verificar si las cisternas contaban con hoja de ruta o si pertenecían a Tiguamate. Si no cumplían con alguna de estas condiciones, no se les permitía pasar. “Estaban controlando la legalidad siendo ilegales”, recuerda Francisco, un cooperativista minero.
Lo mismo ocurrió en Mayaya, distrito minero ubicado a dos horas de Guanay. Allí, el Sindicato de Transporte Pesado Larecaja Mayaya, compuesto por 30 personas, se dedica a la reventa de diésel. En 2020 instaló una tranca en Sararía, la entrada a la zona. Esto generó un monopolio por parte de este sindicato, que no permitía a los pequeños revendedores comercializar combustible, lo que causó que el diésel llegase a costar hasta 20 bolivianos (2,87 dólares) el litro.
Una fuente en reserva dijo que los comunarios reclamaron y solo entonces se permitió la venta libre de combustible.
La reventa del combustible está penada por el Código Penal Boliviano con una sanción de privación de libertad de tres a seis años y confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito.
De acuerdo con informaciones de la ANH, se iniciaron varios procesos por venta y almacenaje ilícitos de combustibles, pero no se conoce la cantidad de estos ni tampoco que haya sentencias ejecutadas contra los infractores. Muchas de las fuentes con las que se habló para este reportaje afirman que la falta de control es porque existe corrupción en las entidades estatales encargadas de controlar y fiscalizar este tema. Sobre este punto se profundizará en la tercera y última entrega de esta investigación.
Tierra de nadie
Hay dos características notables que comparten Guanay y Teoponte, según lo pudo constatar este equipo periodístico. Por un lado, muchos de los vehículos que circulan no cuentan con placas de identificación. Por otro lado, varias tiendas y puestos callejeros en las aceras ofrecen gasolina y diésel.
Ese panorama se une a que los actores de las ilegalidades están organizados. Un vecino de Guanay comenta que la ilegalidad es una constante en las actividades relacionadas con la extracción de oro.
El negocio del diésel, al igual que el del metal dorado, atrae a muchas personas y suelen llegar simultáneamente. Para muchos, la venta de combustible es su principal fuente de ingresos debido a la falta de empleo formal; mientras que para otros se ha convertido en un negocio lucrativo por la ilegalidad en la que se realiza.
Las autoridades nacionales competentes para el control tienen una presencia limitada en la zona, pues la ANH cuenta con una sola oficina en Caranavi, a dos horas de distancia, y los operativos son esporádicos. Mientras tanto, los “barones del diésel” continúan desviando el combustible, revendiéndolo a precios inflados de dos, tres e incluso cuatro veces su valor original, tanto a los mineros auríferos, como a la población general que sufre cada vez más la escasez del combustible.
Todo el movimiento de miles de litros de diésel, adquirido a través del mercado negro del combustible subvencionado, permite que los mineros, tanto legales como ilegales, operen día y noche en la búsqueda de oro. De esta manera, las retroexcavadoras, dragas y planchones remueven el fondo de los ríos, desvían su cauce y desmontan cerros en busca del codiciado metal.
Durante la navegación de este equipo periodístico por el río Kaka, a finales de abril de este año, el trabajo de las operaciones mineras no cesaba. Detrás de ellas, en el monte, se alzaban los restos de árboles quemados, testimonio de los incendios forestales del 2023.
Esta es una investigación conjunta de La Brava (Bolivia), Mongabay Latam. El trabajo se realizó en colaboración con la Red de Investigaciones del Bosque Tropical del Pulitzer Center.
*Foto de portada: Ilustración de Revista La Brava.
Créditos
