- Colombia se posiciona nuevamente como una de las naciones más letales para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos en el mundo. Esta es una deuda constante todos los años en el país.
- La deforestación de 2024 podría romper récords y acabar con la tendencia a la disminución que se vio en 2022 y 2023. Los grupos armados ilegales son quienes gobiernan la ruralidad amazónica y ordenan si se tala el bosque o no.
- Los expertos consultados por Mongabay Latam coinciden en que el país no responde efectivamente a los desastres generados por los eventos climáticos extremos y la entidad que los atiende vivió un año lleno de escándalos por corrupción.
- La participación ciudadana en la COP16 de Biodiversidad en Cali fue uno de los legados ambientales positivos del 2024, ya que generó “una de las campañas de educación ambiental más exitosas en la historia de Colombia”.
Lo más probable es que el 2024 marque el fin de la tendencia en la reducción de la deforestación que vivió Colombia en el 2022 y el 2023. En abril pasado, el Ministerio de Ambiente informó que en el primer trimestre el país habría perdido aproximadamente 109 000 hectáreas de bosque, superando así toda la deforestación que se causó en el 2023 (79 256 hectáreas).
Las dinámicas en la pérdida de bosque están fuertemente ligadas a los grupos armados ilegales, principalmente disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que son las que controlan el territorio amazónico y ejercen presión sobre el gobierno.
Los expertos consideran que el aumento de la capacidad militar y territorial de los ilegales, en medio de las negociaciones de paz que adelantan con el gobierno de Gustavo Petro, ha llevado a que temas como la deforestación, la protección de líderes sociales y ambientales, la gobernanza de las áreas naturales protegidas y la protección de los resguardos indígenas sean hoy problemas grandes para el país.
Las respuestas tardías y poco planeadas ante los desastres causados por eventos climáticos extremos, como las sequías y las inundaciones, también fueron una constante en el 2024, mientras que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de atender las emergencias, protagonizó varios episodios de corrupción. Por su parte, la participación ciudadana y la educación ambiental que trajo la organización de la COP16 de Biodiversidad en Cali, fue la cuota positiva del balance ambiental del 2024 para Colombia.
Lo malo: repunta nuevamente la deforestación
En julio de 2024, las autoridades colombianas celebraron la reducción de la deforestación durante 2023, aunque en medio de críticas de parte de algunos expertos que pusieron en duda esos resultados. La cifra presentada, sin embargo, fue impactante: según el gobierno, la pérdida de bosques disminuyó en un 36 %, pasando de 123 517 hectáreas deforestadas en 2022 a 79 256 hectáreas en el 2023. Es más, esta ha sido la cifra oficial más baja desde que se tienen registros en el país.
Gran parte de esa reducción se debe a que la deforestación, según el análisis oficial, se redujo considerablemente en la Amazonía, la región que más aporta en la pérdida de bosques en Colombia.
“Hemos puesto nuestros esfuerzos en la Amazonía porque es la región que, históricamente, ha concentrado más del 50 % de la deforestación. Logramos un hito histórico con esta disminución. Sabemos que en el 85 % del territorio donde hemos firmado acuerdos de conservación con las familias, se está cumpliendo con la protección del bosque”, afirmó en su momento la ministra de Ambiente Susana Muhamad.
Sin embargo, esta reducción no se debió sólo a los tratos que el gobierno hizo con los campesinos de las zonas más deforestadas, sino a la intervención de los grupos armados organizados, principalmente las disidencias de las FARC, las cuales dominan la Amazonía colombiana.
Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, y Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), coinciden en que buena parte de los logros en la reducción de la deforestación en 2022 y 2023 ocurrieron por una política de intimidación y terror de los grupos armados, que prohibieron la deforestación en la ruralidad de departamentos amazónicos como Guaviare, Caquetá y sur del Meta.
Incluso, así lo afirmó el Bloque Oriental de las Farc, también conocido como Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, en un comunicado que publicaron a finales de septiembre de 2024. Allí indican que “en el año 2022 mediante comunicado se limitó a todos los campesinos la tumba de monte para contribuir en parar la nociva política de deforestación”.
Sin embargo, desde finales del año pasado, los armados les permitieron nuevamente a los campesinos tumbar la selva, ya que, según mencionan en su comunicado, los diálogos que el gobierno adelanta con ellos desde hace dos años no han llegado a consensos sobre temas como el manejo de las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales, garantías para los campesinos dentro de las áreas protegidas y una reforma rural integral.
“En otras palabras, ellos están diciendo que controlan la zona. La situación es tan crítica que incluso generaron un proyecto para parcelar el parque Tinigua y el gobierno no tiene control de 10 parques nacionales en la Amazonía”, comenta Rodríguez, y agrega que es muy probable que esa tendencia de la reducción se revierta, “pero esto no es muy claro porque no nos han mostrado datos de 2024”.
Lo único que se sabe hasta el momento es que la ministra Muhamad, en una rueda de prensa del pasado mes de abril, aseguró que en los primeros tres meses del 2024 se dio “un pico histórico”, que supera los datos de deforestación del primer trimestre de 2022, un “periodo que fue terrible”, porque solo en esos meses se perdieron 77 816 hectáreas de bosque. Se identificó un incremento de 40 % en el primer trimestre de 2024, en comparación con el 2023. Es decir que, entre enero y marzo de este año, Colombia habría perdido aproximadamente 109 000 hectáreas de bosque, superando así toda la deforestación que se causó en el 2023 (79 256 hectáreas).
A Rodríguez le preocupa que esta haya sido la única información oficial que se ha dado sobre la deforestación en 2024, ya que el gobierno no volvió a publicar los boletines trimestrales de alertas de deforestación. “Eso es falta de transparencia porque evidentemente el gobierno tiene los datos”, asegura.
Rodrigo Botero dice que el viaje de Gustavo Petro a San José del Guaviare en octubre da cuenta del difícil panorama que vive la Amazonía colombiana, ya que el presidente viajó con la ministra de Agricultura y de Ambiente para firmar con las organizaciones sociales y campesinas unos acuerdos de conservación y la entrada en vigor de la política ambiental y agraria para fortalecer y favorecer el ordenamiento territorial, así como los pagos por conservación que tiene el gobierno, que es una política complementaria desde la perspectiva financiera. “Fue dramático cómo las organizaciones le dijeron al presidente que no podían firmar nada porque estaban amenazadas. Es una demostración dramática del poder territorial y la gobernabilidad que tienen los grupos armados”, comenta.
Lo grave: crimen organizado domina las áreas naturales protegidas y los resguardos indígenas
El 2024 tampoco fue un buen año para los resguardos indígenas en la Amazonía colombiana. Los cultivos de coca de uso ilícito, la minería ilegal, la deforestación y la apertura de vías ilegales rodearon e invadieron sus territorios.
Rodrigo Botero asegura que las vías ilegales siguen creciendo exponencialmente. Se superponen a las zonas de deforestación y de apropiación de tierras, y a las zonas de mayor concentración ganadera, las cuales coinciden, en mayor medida, con zonas de reserva forestal, resguardos indígenas y áreas naturales protegidas.
El director de FCDS menciona que hay una gran migración cocalera hacia el sur de los departamentos de Amazonas y Caquetá, así como a todo el departamento de Putumayo. Dicha expansión de la coca, comenta, está entrando masivamente hacia el resguardo indígena Predio Putumayo, un proceso que se ha consolidado desde Tarapacá, en Amazonas, hasta Puerto Asís, en el Putumayo.
“No vemos ningún tipo de reacción en la institucionalidad pública, ni en términos de la política de paz, pero tampoco de la política de cultivos ilícitos, ni en manos del Ministerio del Interior o de la Cancillería [para las zonas de frontera]. Nunca habíamos tenido un registro tan importante del cambio en el uso del suelo orientado al cultivo de coca como el que se está dando hoy en toda la cuenca alta, media y baja del río Putumayo”, sentencia Botero.
Carlos Alberto Gaitán, coordinador de Territorio, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que la protección de la Amazonía sólo se queda en el discurso político, pero que las acciones no se ven. “Este año la contaminación por mercurio en el río Putumayo ha avanzado mucho, al igual que la tala de árboles. Le hemos pedido al gobierno que de manera conjunta busquemos medidas para mitigar todo esto pero ‘no se han puesto las pilas’ [no han tomado acciones]”.
Gaitán asegura que en varios territorios amazónicos ya hay desplazamiento de las comunidades debido a la presión que ejercen los grupos armados y los grandes terratenientes. Este tema también le preocupa a Botero, quien asegura que hay resguardos indígenas que sufren por la deforestación, el aumento de carreteras y de ganado y por un “recambio poblacional”, es decir, la expulsión de los indígenas de sus territorios para que sean ocupados por colonos. “Eso es un tema gravísimo y hay que ponerlo a la luz, el recambio poblacional es dirigido por los armados en zonas de resguardos indígenas que están siendo destruidos. Algunos de los resguardos más afectados son Yaguará y Nukak”, comenta.
La gestión y conservación de las áreas naturales protegidas es otro tema donde el país deja enormes deudas en este 2024. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto publicaron en julio pasado un reportaje que muestra que los parques Alto Fragua Indi Wasi, Serranía de los Churumbelos y La Paya, suman cerca de 600 000 hectáreas con minería o cultivos de coca en sus territorios o en sus zonas de amortiguamiento. La minería de oro se convirtió en una opción económica para los habitantes de la cuenca del río Caquetá, desde San José de Fragua a Solano, además, a las orillas de este afluente y del Orteguaza las comunidades campesinas e indígenas viven un confinamiento parcial, debido a las disputas entre las dos principales disidencias de la guerrilla de las FARC.
A esto se suma el preocupante informe del Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023, presentado en octubre por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), que revela que el área sembrada con hoja de coca aumentó un 10 % entre 2022 y 2023, pasando de 230 000 hectáreas a 253 000. Una de las cifras más alarmantes es que el 48 % de esa superficie se concentra en parques naturales, territorios colectivos y zonas de reserva forestal.
La FCDS realiza constantes sobrevuelos y análisis de imágenes satelitales en la Amazonía, lo que les permite tener un panorama sobre lo que ocurre en la región. Botero menciona que en los últimos dos años “se hicieron añicos 25 años de trabajo de conservación y restauración en el parque La Paya, con la invasión que han promovido los Comandos de Frontera [una de las disidencias de las FARC]. Las cuencas de los ríos Caucayá, Mecaya, Senseya y Yurilla tienen procesos de invasión acelerada por el tema cocalero”.
En general, Botero indica que los parques ubicados en las cuencas alta, media y baja del Putumayo, como el parque Amacayacu, se han convertido en corredores de narcotráfico y minería ilegal. Además, dice que el 2024 ha sido el año donde se ha visto más minería a gran escala proveniente de Brasil en el parque Río Puré, y aunque destaca las acciones de gran magnitud que ha hecho el gobierno nacional, en alianza con Brasil, para enfrentar la minería ilegal en la zona, “al parecer hay otros incentivos para que la ilegalidad se mantenga allí, ya que el río Puré se ha convertido en ruta de tránsito para la coca y la marihuana que salen del departamento del Cauca”.
Durante el 2024, dice el director de la FCDS, continúa la extracción ilegal de oro y coltán en el parque Puinawai, donde ejercen control grupos armados como la Segunda Marquetalia y el ELN.
“En los parques Tinigua y Sierra de La Macarena no sólo continuaron los procesos de deforestación sino de fragmentación acelerada. Por su parte, Chiribiquete ha tenido una cierta estabilidad porque políticamente está en la mira de las mesas de diálogo, sin embargo, a partir del segundo semestre del año hemos visto una aparición consistente de cultivos de coca que vienen desde el río Guayabero y pasan por todo el borde noroccidental del parque”.
Julia Miranda, congresista colombiana y quien fue directora de Parques Nacionales durante casi 17 años, le dice a Mongabay Latam que hay muchos sitios del mundo donde las áreas protegidas prácticamente se cuidan solas, sin embargo, “en Colombia todas las áreas protegidas tienen diversas amenazas y requieren de la presencia de los guardaparques en su ejercicio como autoridad ambiental, pero también en su labor de construcción de confianza con las comunidades locales para lograr la protección de esas áreas”.
Es por eso que a Miranda le resulta muy grave que desde la pandemia de COVID19 los guardaparques de áreas protegidas como Chiribiquete, La Paya, Cahuinarí y Amacayacu hayan tenido que abandonar los territorios y aún no puedan retornar para cumplir sus funciones.
“No hay un control territorial por parte del Estado. Yo entré a parques en el año 2004 y veníamos de situaciones de orden público muy graves, pero ahora es peor porque se han multiplicado los grupos al margen de la ley”, asegura Miranda.
Lo desalentador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores
Una de las deudas de Colombia que se repite año tras año es el fracaso en la protección efectiva de líderes sociales, ambientales e indígenas.
El último informe de la organización Global Witness muestra que al menos 196 defensores del medio ambiente y de la tierra perdieron la vida en todo el planeta en 2023. En esta lista Colombia fue el país más letal con el 40 % de todos los casos que documentó la organización a nivel mundial.
“Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo el mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año”, indica el reporte. Del total de los crímenes cometidos en el país durante 2023, 31 corresponden a personas indígenas y seis de ellos pertenecían a comunidades de afrodescendientes.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) es una de las organizaciones que lleva registro de homicidios de líderes en el país y registró 162 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2024, una cifra levemente menor a la de 2023 cuando se registraron 172 asesinatos en el mismo periodo, pero igual de alarmante.
Por su parte, la organización Somos Defensores reveló a finales de noviembre su reporte de personas defensoras de los derechos humanos agredidas entre enero y junio de 2024, en el cual registró un total de 65 asesinatos.
Somos Defensores no sólo registra los asesinatos sino otro tipo de agresiones: amenazas, atentados, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones forzadas, robos de información, detenciones arbitrarias, violencia sexual, judicializaciones y torturas.
Al incluir todas estas variables, la organización registró 355 agresiones cometidas en contra de 318 personas. Esto se debe a que, en algunos casos, varias personas fueron víctimas de más de un tipo de agresión en un mismo hecho. En relación con el mismo período de 2023, el total de agresiones registradas mostró una disminución del 24 % (111 hechos menos).
“Esta situación puede estar marcada por la diferencia de contextos entre el primer semestre del 2023 y el del 2024, el año anterior los grupos armados estaban ingresando a los territorios, por lo cual, el ejercicio de la intimidación en las comunidades a través de la violencia selectiva y demostraciones de poder hizo que las agresiones incrementaran, y este año, se observa una consolidación en diferentes regiones por lo cual, cuando los actores armados se establecen se presenta una reducción en los hechos en contra de los liderazgos sociales, incluso por cambios en las estrategias para hacer presencia”, se lee en el documento.
Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, indica que esta disminución en las agresiones no puede verse como un avance en la protección de los líderes sino que responde a otras lógicas, como el hecho de que la fuerte presencia de los actores armados en los territorios genera un silenciamiento en las denuncias de las comunidades y las personas defensoras.
“Otra explicación a la reducción de agresiones es que puede haber una cooptación por parte de actores armados ilegales de algunos procesos y liderazgos, sustentada en la amenaza y el terror”, dice Torres.
La coordinadora de Somos Defensores asegura que sigue siendo muy preocupante la situación en departamentos como Cauca, Antioquia y Santander, y que repuntaron departamentos que habían tenido disminuciones en años anteriores como Bolívar y Norte de Santander. “Son territorios donde hay disputas de los actores armados que se están tratando de reorganizar y ejercer dominio frente a otros actores armados que están en esos territorios. También son zonas donde las comunidades tienen capacidad organizativa para hacer defensa a temas extractivos y por eso reciben más ataques”, dice.
Torres destaca que las comunidades indígenas continúan entre las más afectadas, porque enfrentan situaciones no sólo de conflicto con los grupos armados sino con los megaproyectos extractivos.
Carlos Alberto Gaitán, de la OPIAC, asegura que los grupos subversivos han ingresado en los resguardos irrespetando las normas de los pueblos indígenas e imponiendo las de ellos. “Como los indígenas no acatan las normas de los subversivos, estos los amenazan y por eso han tenido que abandonar sus territorios. Tenemos indígenas amenazados y hemos llevado esta preocupación al gobierno nacional, pero hasta ahora no ha habido acciones”, comenta.
Juliana Bravo, directora del Programa Amazonía de EarthRights International, comenta que en este 2024 también se ha fortalecido una problemática que ha tenido poca visibilidad. “Hay mucha migración de comunidades étnicas que están de un lado de la frontera, por ejemplo en Venezuela, y que llegan a Colombia pero no son reconocidos ni reciben una atención humanitaria prioritaria, por lo que quedan en riesgo al entrar en la dinámica compleja de un territorio donde hay grupos armados, economías ilegales y empresas que tienen intereses en la zona”.
Lo preocupante: falta de planeación y precaria atención de desastres
El 2024 estuvo marcado por eventos climáticos extremos. Entre los meses de enero y marzo, el país perdió más de 100 000 hectáreas de bosque debido al fuego. Sólo entre enero y febrero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registró 939 incendios.
En noviembre la situación cambió y las emergencias fueron por las intensas lluvias, al punto que el presidente Gustavo Petro declaró el desastre nacional ante la variabilidad climática. Los departamentos de Chocó y La Guajira estuvieron entre los más afectados. En el Chocó se reportaron más de 30 000 familias damnificadas y afectaciones en 27 de los 31 municipios del departamento. Por su parte, La Guajira, caracterizada por su clima árido, seco y de altas temperaturas, recibió en noviembre lluvias intensas que duraron más de 15 días y afectaron a más de 225 000 personas. Ocho de los 15 municipios de La Guajira fueron declarados en calamidad pública, entre ellos Riohacha, la capital.
En medio de todo este panorama la UNGRD, entidad encargada de atender las emergencias, se vio envuelta en denuncias por corrupción que iban desde sobrecostos por la compra de carrotanques o camiones cisternas para llevar agua potable a La Guajira, los cuales nunca se usaron, hasta manipulación de contratos para diversos fines. Su entonces director Olmedo López y su subdirector, Sneyder Pinilla, están investigados por la Fiscalía por celebración indebida de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad en documento y el presunto soborno a congresistas.
Julia Miranda asegura que lo que ocurre en la UNGRD es muy grave pues afecta la capacidad de la entidad para cumplir con su misión, porque Colombia es uno de los países más vulnerables a la crisis climática. “Los científicos han advertido sobre las sequías y las lluvias y a pesar de los diagnósticos, y cómo ha pasado tantas veces, la atención de esos temas es muy precaria. Esto sumado a las gravísimas situaciones de corrupción en la entidad”.
Miranda afirma que se tienen que tomar acciones de mediano y largo plazo que trasciendan los gobiernos de turno e insiste en que hay que escuchar a los científicos porque están generando información en tiempo real y con proyecciones. “Yo sí creo que falta planeación en la UNGRD y no puedo decir que falte plata porque, como vemos, hay mucha y se la roban”, asegura.
El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez agrega que “se podría decir que no tenemos una Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres adecuada al creciente problema de los eventos climáticos extremos”.
Lo bueno: más participación ciudadana en temas ambientales
La Cop16 de Biodiversidad fue el evento ambiental más grande que se ha realizado en Colombia. Cali fue sede de las negociaciones bianuales del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, un evento que no logró cerrar debates importantes que se daban en las plenarias, como el procedimiento con el cual se recaudarán los fondos para proteger la biodiversidad mundial o los indicadores para hacer monitoreo de los planes de acción que propuso cada país para cumplir con las 23 metas del Marco Mundial Kunming Montreal. La COP16 quedó suspendida hasta el 25 de febrero de 2025, cuando se realice la reunión intersesional del CDB en Roma.
Aún así, el evento terminó con algunos logros importantes como la aprobación del “Fondo de Cali” para la Información de Secuencias Digitales (DSI, por sus siglas en inglés) sobre recursos genéticos. También se logró el reconocimiento de los afrodescendientes dentro del CDB y la creación de un órgano subsidiario para los pueblos indígenas y las comunidades locales dentro del convenio. Esto quiere decir que tendrán un puesto permanente en las negociaciones, el cual no dependerá de la voluntad de los gobiernos de turno.
A pesar de que este tipo de eventos reciben críticas internacionales porque las negociaciones no avanzan al ritmo que lo requieren la crisis mundial de biodiversidad y climática, algunos expertos consideran que fue una reunión positiva para Colombia porque Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia y presidenta de la COP16, influyó en que se aprobaran temas cruciales como la participación indígena y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes.
Otro punto positivo para Colombia fue el impulso que se le dio a la participación ciudadana en el evento, con una de las zonas verdes más grandes y mejor organizadas en la historia de las COP. En la denominada “COP de la gente” se esperaba la visita de 150 000 personas pero, según cifras oficiales del Ministerio de Ambiente, ingresaron cerca de un millón.
“Logramos una de las movilizaciones ambientales más grandes del país, con la inclusión de comunidades y pueblos de todo el mundo. Tan solo en la Zona Verde conseguimos un millón de visitantes, seis veces más de lo esperado. Más de 300 millones de pesos (cerca de 68 000 dólares) en ventas generadas por las casi 3000 economías de la biodiversidad que ofertaron productos y servicios de comunidades campesinas, afro y negocios verdes. Tuvimos cerca de 40 000 personas en diálogos académicos y se generaron más de 3000 empleos directos e indirectos”, aseguró Muhamad.
El exministro de Ambiente de Colombia, Manuel Rodríguez, resume el impacto de la COP16 para Colombia de la siguiente manera: “Lo más positivo es que se hizo la mayor campaña educativa en medio ambiente que ha tenido Colombia en su historia. De eso no me cabe la menor duda”.
*Imagen principal: Deforestación en el parque nacional Sierra de la Macarena, Colombia. Foto: Jorge Luis Contreras.
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