Perú llega a 2025 con un serio debilitamiento en las leyes que protegen los recursos naturales, como la llamada ‘ley antiforestal’ o las modificaciones a la ley contra el crimen organizado. Algunos expertos consultados por Mongabay Latam señalan que los efectos de estos cambios legislativos  podrían agudizarse este año.

Para este año también se espera el inicio de la contienda electoral para escoger, en abril de 2026, al próximo presidente de Perú, así como a los parlamentarios, que a partir del próximo año serán 190, es decir, 60 senadores y 130 diputados. En ese contexto preocupa el poco interés de los políticos en los temas ambientales, así como la falta de representatividad de los pueblos indígenas en el Legislativo, pese a que el 25 % de la población peruana se autoidentifica como parte de un pueblo originario, según el censo de 2017.

Una lucha eficaz contra el crimen organizado también es parte de los pendientes que tiene el país para 2025, aunque se trata de una deuda de larga data, si se considera el avance de las economías ilegales en todo el territorio peruano. Conversamos con diferentes expertos para conocer los principales desafíos ambientales de Perú en 2025.

1. ¿Será posible frenar el debilitamiento de la legislación ambiental?

Las diversas modificaciones legislativas que han debilitado el manejo y conservación de los recursos naturales e incluso aquellas que han modificado las leyes contra el crimen organizado ya están teniendo efectos adversos en el país.

Expertos consultados por Mongabay Latam consideran que este panorama puede complicarse en 2025 y aún más los años que siguen. “Creería que este año continuará el deterioro en la gestión ambiental antes de empezar a mejorar en algún momento, aunque no sabemos cuándo. Posiblemente este 2025 sea un año de punto de quiebre”, asegura Juan Luis Dammert, director para América Latina del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Dammert señala que el futuro de la gestión ambiental está estrechamente ligado al futuro de la política y, mientras no haya un cambio de la situación política actual, nada va a mejorar. “La coalición que actualmente gobierna no tiene ningún interés en mejorar los temas ambientales. Están muy relegados. Esperaría que este año se sigan viendo las consecuencias del desgobierno. Con mucha claridad esto se va a plasmar en la minería del oro”, asegura Dammert, considerando las leyes que aprobó el Congreso en 2024 y que favorecen la informalidad e ilegalidad de la minería aurífera.

Varios fiscales de regiones amazónicas consultados por Mongabay Latam coinciden en que la Ley 32138, que modifica la ley contra el crimen organizado —aprobada en octubre de 2024 por el Congreso de la República—, ha complicado sus labores para la investigación de los delitos ambientales. Uno de los principales problemas que tienen que afrontar ocurre durante los allanamientos, debido a que la nueva ley obliga a que un defensor público o el abogado del acusado esté presente para proceder con el allanamiento.

Se han dado casos, cuentan los fiscales, en los que una diligencia que incluía el allanamiento de varios inmuebles ha demorado horas porque no se contaba con suficientes defensores públicos para ingresar a todos los lugares definidos en la investigación o porque el abogado del inculpado demora en llegar o, incluso, no llega. Lo que preocupa a los fiscales es que cualquier inconveniente para cumplir esta disposición durante los allanamientos pueda luego ser usado por la defensa del acusado para solicitar se declare nulo el proceso.

Por otro lado, Lissette Vásquez, ex Adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, sostiene que un desafío importante para 2025 será la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Cambio Climático a 2050, aprobada por el Ejecutivo a fines de noviembre de 2024.

“Creo que será un gran reto lograr una adecuada  implementación de esa estrategia nacional. Sabemos que ha tenido un proceso participativo, que se ha convocado a varios actores. El riesgo es que, como con muchos otros instrumentos de planificación que existen en materia ambiental, la implementación no se dé como debería. Establece retos y una serie de medidas para entidades públicas, para la ciudadanía y para los actores del sector privado, destinadas a establecer actividades con una economía baja en carbono”.

Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), menciona que aún está pendiente de aprobación la Política Nacional de Pueblos Indígenas y espera que en 2025 se concrete. “Las brechas de otorgamiento de derechos a favor de pueblos indígenas siguen incrementándose. Se habla mucho de la transición justa, de la transición energética, pero conversando con un grupo de líderes indígenas de Perú y otros países nos dicen: de qué transición energética justa hablamos, si nosotros ni siquiera tenemos algo que cambiar, porque ni siquiera tenemos energía”.

Pese a las metas y los compromisos adoptados por Perú para la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el proceso de transición energética, los avances en Perú han sido lentos en esa dirección.

Mientras tanto, los expertos consultados esperan que en 2025 sea posible solucionar problemas asociados a modificaciones legislativas claves y preocupantes, como la decisión del Ejecutivo de modernizar y reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace). Vanessa Cueto, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), considera que los cambios que se están haciendo debilitan el rol de la institución. “Nos preocupa esté debilitamiento que se viene dando a los temas ambientales, porque, por ejemplo, al momento de evaluar grandes proyectos de infraestructura vamos a tener problemas  para realmente proteger el medio ambiente”.

Para Cueto esta propuesta afecta las políticas públicas ambientales e “impacta negativamente en el objetivo con el que se creó esta institución, que era promover inversiones sostenibles y dotando de predictibilidad a las evaluaciones ambientales”. La especialista de DAR señala también que la flexibilización de las normas para la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental en el Senace traería como consecuencias mayor conflictividad socioambiental.

“El camino para revertir esta situaciones pasa por construir normas en las que la protección ambiental sea vista como una herramienta para generar desarrollo sostenible y no lo que ocurre en la actualidad: se observa el tema ambiental como una barrera de desarrollo”, dice Cueto, y agrega que “es importante la incidencia de sociedad civil para mostrar que los objetivos del Senace no cambien o que promover inversiones no debilite los estándares ambientales”.

En 2025 la modificación de la Ley Forestal seguirá en la mira de los ambientalistas, sobre todo por los riesgos a un incremento de la deforestación Amazónica. “Esta ley impone en la práctica una política negativa en materia forestal. Todo indica que está favoreciendo intereses ilícitos”, dice Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio de Ambiente.

El 5 de noviembre de 2024 el Tribunal Constitucional (TC) sesionó en audiencia pública cinco demandas de inconstitucionalidad, una de ellas —son tres demandas acumuladas— contra la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ese día se presentaron los informes orales de los abogados y representantes de pueblos indígenas. Sin embargo, la sentencia del TC aún está pendiente.

“Esperamos que el Tribunal Constitucional determine la inconstitucionalidad de esta ley”, señala Vanessa Cueto, de la organización DAR. Cueto comenta que esta norma ya tiene consecuencias negativas para el ambiente. “Los impactos que viene generando esta norma, lamentablemente, son irreversibles”.

Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) señala que, en paralelo a la ley ‘anti-forestal’ diferentes entidades del Estado han aprobado modificaciones a otras regulaciones para complementar la modificación de la ley forestal. “La ley anti-forestal, por sí sola, no resuelve los problemas de las empresas que han deforestado ilegalmente y que vienen operando ilegalmente”.

Urrunaga explica que estas empresas necesitaban también una modificación en otros reglamentos de procedimientos que exige el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para obtener una certificación forestal, pues con la legislación actual, esta certificación tenía que haberse conseguido antes  de talar el bosque. “Entendemos que hay otros reglamentos con los que están buscando modificar esto. Están tratando de hacer cambios en reglamentos, porque, si incluso se declara inconstitucional la ley ‘anti-forestal’, estos cambios ya quedarían establecidos”.

Urrunaga también comenta que, en caso el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la ley, “se debe buscar que se desmantelen todas las otras modificaciones legislativas paralelas que se han emitido en 2024 y que van en el mismo sentido de la ley ‘anti-forestal’”.

Para Lucila Pautrat, directora del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené, el conjunto de medidas legislativas y normativas que se han producido durante el último año en los sectores ambientales y forestal en Perú responden a una estrategia sistemática de desregulación y debilitamiento de las autoridades nacionales y regionales con la finalidad de facilitar la consolidación de las economías ilícitas en el país, así como garantizar un pacto de impunidad frente a los delitos ambientales.

Pautrat considera que las contrarreformas planteadas por el Ejecutivo y el Legislativo en “este pacto de impunidad de los delitos ambientales”, además de socavar los principios constitucionales y los derechos fundamentales de las personas, “van a promover el saqueo del patrimonio natural del país y debilitar los estándares ambientales internacionales, con la consecuencia de posibles cierres de mercados para los productos legales y sostenibles”.

2. Lucha eficaz contra economías ilegales

Uno de los temas que más preocupa en Perú es el avance de las economías ilegales, sobre todo en los territorios amazónicos. El aumento de asesinatos de líderes indígenas en los últimos cinco años y los reportes de una cada vez mayor presencia de minería ilegal y narcotráfico en los territorios indígenas y áreas protegidas hacen urgentes políticas integrales para frenar estas actividades.

“El Estado debe ser capaz de parar efectivamente las amenazas y el crimen organizado. Lamentablemente está haciendo todo lo contrario”, dice Mariano Castro. En ese sentido, el ex viceministro de Gestión Ambiental cuestiona al Congreso y al Ejecutivo por los cambios realizados en el marco normativo contra el crimen organizado.

Castro añade que estas medidas han debilitado la política de seguridad de orden interno y lucha contra el crimen en materia de personas defensoras y de temas ambientales.

Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, menciona la relación entre las actividades ilícitas y la política peruana, por lo que considera importante una mayor organización a nivel de la población. “Creo que es urgente una sociedad civil, una academia y una cooperación internacional que realmente se articule y comience a seguir con claridad en la agenda pública, porque, en verdad, del lado de los partidos, mientras tengan arraigo en los espacios de las economías ilegales resulta imposible que pueda surgir alguna posibilidad de espacio de discusión o de debate sobre el tema”, sostiene.

“La delincuencia está fuerte en nuestro país y no hay garantía para nuestras vidas. Estamos como en el reino de la impunidad”, dice Ketty Marcelo López, de ONAMIAP. La lideresa indígena señala que en las comunidades amazónicas se ejerce la seguridad a través de las guardias indígenas y que la propuesta desde sus organizaciones es fortalecer este trabajo. “Tenemos nuestra propia justicia y nuestros derechos constituidos, que seguimos trabajando y fortaleciendo dentro de nuestras comunidades. Hay muchas amenazas de las economías ilegales que están proliferando en nuestros territorios y el país se ha convertido en tierra de nadie. Es una gran preocupación porque el Estado debe garantizar nuestras vidas, pero ahora no garantiza nada ni dentro ni fuera de la comunidad”.

Para Silvana Baldovino, de la SPDA, el problema “debe ser abordado de manera integral y articulada por tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— sobre el mismo objetivo: combatir, desaparecer o, por lo menos, reducir el impacto de las economías ilegales, hasta poder lograr su extinción”.

Baldovino también aborda los riesgos que enfrentan los pueblos indígenas ante el avance del crimen organizado. “La protección de los pueblos y líderes indígenas es muy complicada. Uno de los principales temas es seguir consolidando la seguridad jurídica de sus territorios, pero ligado a ello está la defensa frente a las amenazas e ilegalidades latentes. Últimamente se habla también de mecanismos de autodefensa o guardia indígena, pero la pregunta que surge es: ¿No deberíamos primero resolver el problema estructural?”, cuestiona.

Los pueblos y líderes están protegiendo o asumiendo en muchos casos la protección del patrimonio natural y cultural que debería ser cautelado por el propio Estado, agrega Baldovino, pero frente a esquemas de ilegalidad tan grandes, las acciones resultan de muy poco impacto.

Para Baldovino, es difícil una correcta aplicación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos debido al poco presupuesto con el que cuenta. “Tenemos mucho por mejorar y buscar herramientas más fuertes para la protección de las personas defensoras. El mecanismo es una herramienta, pero necesitamos generar estrategias más grandes, aprobar la ley para la protección de las personas defensores ambientales, ratificar el Acuerdo de Escazú y dotarnos de los máximos niveles de protección», afirma.

3. La COP 30 llega a la Amazonía

En 2025, la Amazonía se convertirá en el centro de la discusión sobre el cambio climático cuando el 10 de noviembre la ciudad amazónica de Belém do Pará abra sus puertas para recibir a los mandatarios y representantes de todo el planeta en la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 30.

Las expectativas sobre los resultados de esta cita son grandes, debido a que por primera vez la sede de una cumbre climática será en la Amazonía, el bioma con la mayor extensión de bosques tropicales del planeta y que está severamente amenazado. Luego de que las tres últimas ediciones de la conferencia climática mundial se realizaran en países dependientes de los combustibles fósiles —Egipto, Emiratos Árabes y Azerbaiyán—, la llegada de la COP 30 a Brasil podría significar un cambio en la agenda para enfrentar el cambio climático.

“El hecho de que se realice en Brasil debería servir para priorizar el tema de la Amazonía y el valor que tiene este ecosistema, tanto a nivel global en el marco del cambio climático, como en el marco de su riqueza biológica”, señala Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Urrunaga considera que los países amazónicos, incluido Perú, deberían construir una visión conjunta para presentar en la COP 30. Sin embargo, Urrunaga cuestiona al actual ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, debido a que sostiene que su principal objetivo ha sido flexibilizar las normas ambientales. “Me temo que la situación de Perú para noviembre de 2025 puede ser peor que la actual en términos de derechos, de conservación y de uso sostenible, razonable y socialmente justo de la Amazonía”.

Juan Luis Dammert, director para América Latina de NRGI, señala que “países vecinos como Brasil y Colombia se están preparando con mucha seriedad para llegar a la COP 30, con mensajes potentes vinculados con la protección de la Amazonía. El gobierno colombiano incluso lanzó en la COP16 de Biodiversidad, en Cali, una iniciativa orientada a promover criterios de debida diligencia y trazabilidad para la industria minera con énfasis en la minería vinculada a la ilegalidad”, señala Dammert.

Dammert añade que ambos países —Brasil y Colombia— han mostrado avances en el camino para reducir la deforestación. En ese sentido, considera que Perú “puede quedar rezagado porque está lejos de demostrar que está haciendo esfuerzos en ese sentido”.

De acuerdo con el último informe del Programa de Bosques (Geobosques) del Ministerio del Ambiente, Perú perdió 132 216 hectáreas de bosques amazónicos durante 2023. Geobosques también reportó que la pérdida de bosque seco para 2021 fue de 6 730 hectáreas.

En la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29), los países de América Latina y del Caribe, agrupados en la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), llevaron una propuesta de acuerdos internacionales efectivos y transparentes para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Perú fue el país encargado de presentar la propuesta. “El mundo espera decisiones claras y ambiciosas que respondan al desafío climático con integridad y compromiso”, dijo Berioska Quispe, directora general de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente durante la cita en Baku.

Una decisión importante de la COP 29 fue la adopción del Plan de Trabajo de Baku, que reconoce el esfuerzo del Grupo de Trabajo Facilitador (FWG) de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP). Esta decisión reconoce el liderazgo de los pueblos indígenas y las comunidades locales para hacer frente a la crisis climática.

Ketty Marcelo López, presidenta de ONAMIAP, considera que la participación de los pueblos indígenas en estas reuniones mundiales es importante, aunque, también cuestiona que, muchas veces, todo se queda sólo en el discurso.

“Será importante prepararnos para llevar también nuestras voces a Brasil, sobre todo las principales demandas. Es importante elevar nuestras voces y no quedarnos callados. Debemos decir qué necesitamos. Y también es importante escuchar las voces de las mujeres”, agrega Marcelo López. “Los pueblos debemos seguir resistiendo, protegiendo nuestra madre naturaleza y llevar propuestas que nacen desde las voces de nuestros pueblos y no aquellas impuestas”, afirma.

Silvana Baldovino, de SPDA, sostiene que la COP 30 que se realizará en Belém do Pará debería ser la COP indígena. “Hubo un logro importante de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la COP 16 de biodiversidad. Sería interesante si se logra que lleguen a la de cambio climático con espacios claros para incorporarse a las negociaciones”.

4. Empieza el año electoral

Este 2025 empezará la campaña con miras a las elecciones presidenciales y de parlamentarios que se realizará en abril de 2026. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), actualmente existen 39 partidos políticos inscritos y otros 30 en proceso de inscripción, es decir que si todos los partidos concretan su inscripción en el JNE en las siguientes elecciones se podría contar con 69 partidos en competencia, cifra que superan cualquier elección anterior que se haya realizado en Perú.

En elecciones anteriores los temas ambientales siempre han estado rezagados, la mayoría de candidatos no los incluían en sus planes de gobierno e, incluso, postulantes al Congreso y actuales congresistas han sido cuestionados por sus vínculos con actividades irregulares que afectan el medio ambiente.

“Para nosotros el principal reto va a ser el año electoral”, dice Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). “Nuestros conflictos están vinculados a la gestión de los recursos naturales, entonces, deberíamos tener gente informada sobre estos temas”, agrega.

También será un año difícil, añade Baldovino, porque quienes están actualmente en funciones van a tratar de cumplir muchas promesas que se hicieron con la intención de buscar ser elegidos nuevamente. “Todo aquello que se comprometió y no se cumplió se va a tratar de cumplir y eso puede ser un riesgo muy grande para todos, sobre todo cuando no se abordan temas tan críticos como las ilegalidades”, asegura.

Ketty Marcelo López, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú (ONAMIAP), cuestiona que durante los procesos electorales nunca están presentes los temas relacionados con los pueblos indígenas. “Casi nunca se habla ni de poblaciones indígenas ni de temas ambientales. Incluso no hay representación de los pueblos indígenas en el Congreso. Es una de las grandes deudas que tienen con nuestros pueblos”.

La presidenta de Onamiap recuerda el censo de 2017 en el que por primera vez se incluyó una pregunta sobre autoidentificación étnica. “El 25 % de la población nacional nos autoidentificamos como parte de un pueblo originario. Por tanto, también deberíamos tener derecho a la participación política en ese porcentaje, por ejemplo, en el Congreso. Sin embargo, la reforma política no considera esto”, dice.

«El distrito electoral es una larga lucha que siempre hemos presentado, agrega Marcelo López, e imagino que el próximo año vamos a volver a presentar que queremos tener participación política propia con las organizaciones indígenas, escaños propios, porque solamente de esa manera vamos a garantizar que nuestra agenda, nuestras voces, se vean reflejadas», asevera. “Exigimos al Estado esta representación política como nos corresponde”.

En la Agenda Grande de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se incluye, como un tema prioritario, la Creación de Distritos Electorales Indígenas. En el documento, Aidesep explica que en julio de 2019 se presentó un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Elecciones en el que se proponía que los pueblos indígenas tengan 32 de los 130 escaños en el Congreso de la República, de manera proporcional a su representación en la población de cada región, según el censo de 2017. Esta ley nunca fue aprobada.

Marcelo López señala que en 2025 se realizará un nuevo censo de población y las organizaciones indígenas están trabajando con el Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística e Informática para mejorar la pregunta de autoidentificación étnica. “El año que viene será un año bastante movido por los temas electorales y también por el censo. Para nosotros es muy importante porque tiene que ver con la visibilidad y con el ejercicio de nuestros derechos como pueblos indígenas”.

Vladimir Pinto, de Amazon Watch, espera que para estas elecciones se consolide alguna fuerza política que incorpore las agendas ambiental e indígena de manera clara y visible, que logre consensos para legitimarse como una propuesta política interesante.  Sin embargo, encuentra difícil que se cumpla esta expectativa debido al actual escenario atomizado con tantos precandidatos y precandidatas. “Igual creo que debemos mantener la esperanza y levantar la voz para tratar de que las agendas incluyan en su propuesta política estos temas”, sostiene.

Imagen destacada: los derechos, participación y seguridad de los pueblos indígenas están ausentes en las agendas de los políticos, a pasos del comienzo de la próxima campaña electoral. En la foto, un comunero del pueblo Marontoari. Foto: Max Cabello

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Mayra Editor/a

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