- Ecuador enfrenta varios desafíos ambientales en medio de un panorama de inestabilidad política y social.
- En febrero, los ecuatorianos elegirán al nuevo binomio presidencial, que tendrá que atender temas urgentes como el déficit energético.
- Los gobernantes también tienen la gran deuda de desarmar las redes criminales responsables de la expansión de la minería ilegal, de la que todavía no se conocen a fondo los impactos sociales y ambientales.
- Adaptarse al cambio climático es una urgencia que se sintió este año por la sequía hidrológica, la inexistencia de planteamientos para superar la dependencia económica del petróleo, el avance hacia la sabanización de la Amazonía y la falta de claridad en el avance de los mercados de carbono.
Este año empezará para Ecuador marcado por una nueva elección presidencial. El 9 de febrero, los ecuatorianos tendrán que elegir a un nuevo binomio presidencial entre 16 candidaturas. El ganador asumirá la dirección del país el 24 de mayo.
El presidente Daniel Noboa y Luisa González, candidata por la Alianza Revolución Ciudadana, lideran las intenciones de voto, de acuerdo con dos encuestadoras. “Las posibilidades de que continúe el extractivismo con los candidatos que tienen posibilidades son ciertas”, opina Alberto Acosta, economista y exministro de Energía.
Noboa, que ha perdido popularidad por un mal manejo de la crisis energética que dejó al país con cortes de hasta 14 horas diarias, ha continuado con la explotación del bloque petrolero 43, en el Parque Nacional Yasuní. Esto sucede a pesar de que en 2023 los ecuatorianos decidieron en consulta popular detener la extracción de petróleo de esta reserva.
La candidata González viene del partido político en ese entonces llamado Alianza País, liderado por el expresidente Rafael Correa y que inauguró la megaminería a gran escala en Ecuador. La imposición de los proyectos Cóndor Mirador y San Carlos-Panantza se dio bajo el gobierno de Correa, acompañados de desplazamientos de poblaciones indígenas y enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares.
Sin duda, un desafío para el país en 2025 será establecer el rumbo de los proyectos mineros, sobre todo si se tiene en cuenta la oposición de diversos pueblos indígenas a estas actividades extractivas. Por ejemplo, el Pueblo Shuar Arutam, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, ha mostrado su oposición al proyecto minero Warintza, y la población andina Las Naves ha protestado en contra de la mina El Domo-Curipamba.
El Presidente tampoco ha sido capaz de detener la expansión de la minería ilegal, que pone en peligro principalmente a las poblaciones y ecosistemas de la Amazonía ecuatoriana. En octubre, anunció que se reabriría el catastro minero, cerrado desde 2018, y anunció la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM).
En ese contexto, estos son los desafíos ambientales para 2025.
1. Adaptarse a la crisis climática
En 2024, los caudales de los ríos en Ecuador sufrieron la peor sequía en los últimos 40 años, de acuerdo con datos del programa Servir Amazonía. “Aquí en Sarayaku, el río bajó bastante, bastantes cabeceras pequeñas de ríos y ojos de agua han desaparecido”, cuenta Samai Gualinga, vicepresidenta del Pueblo Kichwa de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana.
La sequía afectó al funcionamiento de las hidroeléctricas, de las que el suministro energético del país depende en más del 70 %. Por eso, para Verónica Iñiguez, docente investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), es necesario instalar estaciones meteorológicas en las cercanías de las hidroeléctricas para levantar datos sobre el comportamiento del clima y, de esta manera, tomar decisiones con antelación para evitar el déficit energético. Al mismo tiempo, cree que se debe diversificar la producción de energía, es decir, apostarle a la energía solar o eólica. Incluso, dice, se puede aprovechar el gas natural de la extracción del petróleo para la generación de energía.
Los incendios, exacerbados por la sequía hidrológica y la disminución de lluvias desde 2022, arrasaron al menos 77 000 hectáreas en 2024. Iñiguez cree que “existe una debilidad en la planificación, no sólo del gobierno central, sino también de los gobiernos locales”. En 2019, unas 7000 hectáreas se quemaron en Quilanga, una población rural de la provincia de Loja, en el sur del país. En 2024, en ese cantón rural, otras 7000 hectáreas de bosque nativo se quemaron, además de 128 hectáreas de sembríos de café y legumbres. “Pasó todo este tiempo y lo único que vimos es que se aumenta el daño y se muestra mayor debilidad”, señala Iñiguez.
Blanca Ríos-Touma, ecóloga acuática y docente investigadora de la Universidad de las Américas, señala que el país enfrenta el reto de proteger y recuperar los ecosistemas que fueron afectados por los incendios. Explica que los páramos, los bosques y los manglares ayudan a “mitigar” los efectos climáticos extremos. “Lo importante es poner en la balanza el costo de estas crisis ambientales y tener una agenda clara de mitigación frente al cambio climático”, advierte.
La disponibilidad de agua de calidad también es una preocupación para Ríos-Touma. “Si seguimos con esas tasas bajísimas de tratamiento de aguas residuales y estas tasas altísimas de deforestación y uso de la tierra, estamos a las puertas de una crisis del agua que va a afectar a las personas y a los ecosistemas”, dice. En Ecuador, solo el 26.3 % de las aguas residuales son tratadas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ríos-Touma considera que para combatir esta problemática se necesitan políticas y saneamiento integral que incluya tecnologías basadas en la naturaleza y de punta para el tratamiento de aguas residuales, además de trabajar en la recuperación de la vegetación natural de las cuencas hidrográficas.
Existen ya iniciativas desde los pueblos indígenas que están promoviendo formas de adaptación a la crisis climática. En Sarayaku, por ejemplo, la asamblea acordó no realizar agricultura ni deforestar en las cercanías de las cabeceras de los ríos ni de los ojos de agua. Además, se limpiará los ríos y se actualizarán los reglamentos de convivencia para limitar el uso de motores peque-peque, por considerarlos muy contaminantes.
2. Combatir la minería ilegal
La minería ilegal se sigue expandiendo en Ecuador. En 2024, el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) encontró que al menos 562 hectáreas de cuatro áreas protegidas de la Amazonía fueron devastadas por esta actividad ilegal. Frente a eso, Carlos Mazabanda, coordinador de Monitoreo y Mapeo de la organización no gubernamental Amazon Frontlines, cree que hay que empezar por hacer auditorías del sector minero. “Las concesiones mineras, entre comillas ‘legales’, han servido para que se dé la minería ilegal, ambas están conviviendo”, asegura. Una investigación periodística del medio digital Plan V comprobó que la minería ilegal “se expande cada vez más gracias a contratos turbios y organizaciones delincuenciales que incluyen empresarios, policías y funcionarios”.
Valeria Llerena, consultora experta en transparencia, señala que ese panorama incierto dificulta la veeduría ciudadana. Por ejemplo, explica, los datos de exportaciones de oro que tiene el Banco Central de Ecuador son una aproximación con base en información entregada por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, este tipo de datos, aunque imprecisos, sí han servido para revelar ilegalidad. Una investigación del portal Código Vidrio encontró que en 2019 Ecuador reportó que se exportaron a China 76 millones de dólares en oro. Mientras que en el país asiático se reportó el ingreso de 339 millones de dólares en oro.
Para Mazabanda carece de lógica que el presidente Daniel Noboa haya declarado al país en conflicto armado interno, pero que “no haya tomado en cuenta que la minería ilegal financia las actividades relacionadas con las bandas identificadas como terroristas por el mismo gobierno”. Aunque se han realizado operativos para combatir esta actividad, hace falta “tratar con fuerza y de una manera totalmente coordinada entre diferentes instituciones del Estado esta amenaza que está expandiéndose gravemente en diferentes zonas del país”, opina Luis Suárez, director ejecutivo de Conservación Internacional (CI) en Ecuador. Para Suárez, también es fundamental capacitar a los jueces sobre la gravedad de esta actividad ilícita, con el fin de que existan sanciones para quienes se involucran en ella.
Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, indica que “lo ideal sería seguir el rastro del dinero. En provincias como Napo, una de las más afectadas por la actividad minera, de acuerdo con datos de MapBiomas, es común escuchar relatos sobre cuentahabientes que depositan miles de dólares en fajos de billetes de cien, que reportan haber obtenido tras la venta de una propiedad.
Para los expertos es claro que mientras no exista un control efectivo, aumentarán los pasivos ambientales que dejan los ecosistemas de los ríos visiblemente destruídos y se afectará la vida de las comunidades indígenas.
Alberto Acosta, economista y exministro de Energía durante el gobierno de Correa, asegura que “la minería legal es toda ilegal”. “Sostengo que ningún proyecto minero ha cumplido con la consulta previa ni con la consulta ambiental”, explica. La Asamblea tiene la deuda de establecer normativas para la aplicación de ambas consultas, la primera es un derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas y la segunda es un derecho de toda la ciudadanía. La falta de estas leyes ha provocado que quienes se oponen a concesiones mineras o petroleras sean perseguidos y criminalizados.
3. ¿Es posible una economía pospetrolera?
Acosta plantea que una prioridad en materia ambiental es cumplir con la consulta popular del Yasuní, en la que el 59 % de votantes ecuatorianos decidieron dejar bajo suelo el petróleo del bloque 43, conocido como Yasuní ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini). La Corte Constitucional le dio al Gobierno hasta el 31 de agosto de 2024 para cerrar y desmantelar los pozos.
Sin embargo, hasta finales de 2024 estaba planificado el cierre de solo 10 de los 247 pozos. “Si hay voluntad política, se puede detener inmediatamente la actividad petrolera. Es cuestión de dejar sin electricidad a las bombas”, explica Acosta.
“Eso implica enfrentar el discurso de que sin el petróleo del Yasuní estaríamos en medio de una grave crisis económica”, añade. El primer argumento frente a esto es que las reservas de petróleo bajo tierra ecuatoriana están declinando. “Eso no debería preocuparnos, sino obligarnos a cambiar de rumbo, a construir una economía pospetrolera”, asegura.
En julio de 2024, un grupo de economistas planteó propuestas económicas para dejar de explotar el Yasuní, enmarcadas en focalizar las recaudaciones fiscales “en los sectores más acomodados y que más ganancias presentan”. Entre las medidas están reducir el gasto tributario del Gobierno, aplicar un impuesto permanente para personas naturales y empresas con grandes patrimonios, y subir el impuesto a la renta del 25 % al 28 % para los grandes grupos económicos del país.
Acosta opina que “una verdadera revolución del agro es indispensable” para pasar a esa economía independiente del petróleo. Para eso hace falta redistribución de la tierra y el agua, acceso a créditos para los campesinos, entre otros. También señala que Ecuador debe convertirse en procesador de productos agrícolas, no sólo en productor de materias primas, y potenciar sectores como el turismo comunitario.
El gobierno de Noboa lanzó en agosto último un plan para captar 41 500 millones de dólares para el sector petrolero. En el portafolio de proyectos está la Ronda Suroriente. Carlos Mazabanda explica que son 21 bloques que abarcan 3.5 millones de hectáreas de bosque. El 91 % de la superficie corresponde a territorios indígenas de siete nacionalidades. “Es preocupante porque no hay consulta previa, dicen que lo hacen, pero son socializaciones que hacen pasar como si fuera una consulta”, explica Samai Gualinga, lideresa de Sarayaku, uno de los pueblos que serían afectados.
Mientras, poblaciones del norte de la Amazonía ecuatoriana, donde se concentra la explotación petrolera, siguen sufriendo los impactos de múltiples derrames y de la quema del gas natural de la extracción petrolera en unos 480 mecheros. Según información recabada por Acosta, la quema de gas representa una pérdida de 400 millones de dólares cada año. Además, señala, con ese gas se podría generar 200 megavatios de potencia, lo que podría subsanar casi un quinto del déficit energético que tiene Ecuador. “¿Cuáles son los intereses que hacen que fracasen una y otra vez las licitaciones de gas natural?”, se pregunta el economista.
4. La deforestación: evitar la pérdida de la Amazonía
Entre 1985 y 2023, Ecuador perdió 981 000 hectáreas de superficies boscosas, de acuerdo con datos de la segunda colección de MapBiomas Ecuador, presentada por la Fundación Ecociencia. La cobertura agropecuaria es la que más se expandió: creció en un 16 %. “Hace falta fortalecer los mecanismos de control que existen en el país, fortalecer todos los instrumentos legales y ejercerlos de una manera más contundente”, opina Wagner Holguín, coordinador técnico de MapBiomas Ecuador.
Holguín explica que esto no quiere decir que se opone a las actividades productivas, sino que es necesario hacerlas de manera sostenible, de tal forma que se protejan otros recursos como el agua.
Los especialistas además encontraron que las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas han logrado frenar el avance de la deforestación y de otras amenazas. Entre 1985 y 2023, el 39 % de la cobertura natural fuera de áreas protegidas y territorios indígenas sufrió algún tipo de cambio de uso para actividades humanas, es decir, fueron degradadas. Mientras tanto, en las áreas naturales protegidas y territorios indígenas más del 90 % de su cobertura natural se mantuvo intacta.
“Hay que codiseñar políticas que apoyen la conservación de los pueblos indígenas”, dice Carlos Mazabanda. Algunas de las medidas a tomar, detalla, son fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades y entregar la titulación de sus territorios.
MapBiomas mostró también en un mapa interactivo cómo, a lo largo del periodo estudiado, la agricultura se expande alrededor de la Reserva Ecológica Los Ilinizas y del Parque Nacional Cotopaxi hasta llegar a sus límites. “Es una clara representación de cómo las áreas protegidas permiten proteger la naturaleza”, dijo Holguín durante la presentación de la herramienta.
Aunque las áreas protegidas han demostrado su eficacia, los guardaparques en Ecuador han enfrentado todo tipo de amenazas, entre esas, las de los grupos delincuenciales que usan las áreas protegidas para el tráfico de drogas y últimamente para la extracción ilegal de oro.
En noviembre de 2024, la Asociación de Guardaparques del Ecuador presentó el proyecto de Ley del Guardaparque, que busca mejorar las condiciones de trabajo de sus miembros. Queda en las manos de la Asamblea Nacional el desafío de discutir esta propuesta y emitir la ley en 2025.
Preocupa especialmente el avance de la deforestación en la Amazonía, donde se concentra el 60 % de toda la pérdida de cobertura reportada por MapBiomas. Si la tasa promedio de deforestación de los últimos cinco años se mantiene, la Amazonía ecuatoriana perderá el 25 % de su cobertura vegetal en 2045, de acuerdo con cálculos de Mazabanda.“Un reto bien grande es proteger las zonas donde no hay deforestación, proteger las zonas donde no ha habido fuerte presión de las industrias extractivas ni de la agricultura intensiva”, dice. La ronda petrolera suroriente, que abarca las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago, amenaza justamente a “uno de los bosques tropicales mejor conservados de la Amazonía”, de acuerdo con Mazabanda.
5. Proteger la biodiversidad compartida de los océanos
El mayor desafío que enfrenta Ecuador en 2025 es cumplir con lo que exige la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) para que se levante la suspensión de la exportación de tiburones y rayas incluidos en el Apéndice II de Cites. Para eso, el país debe determinar la capacidad de la pesca y los límites de las capturas incidentales, y establecer cupos sobre el comercio de tiburones y rayas basados en datos científicos.
En esa misma línea, Ecuador debe plantearse trabajar con los países vecinos en la armonización de las normas de protección de las especies, de acuerdo con Alex Hearn, experto en tiburones y profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito. “Si un país está protegiendo una especie de tiburón que está altamente amenazada, no tiene mucho sentido que el país vecino lo explote con pesca dirigida”, dice. Pone como ejemplo al tiburón martillo, protegido en aguas ecuatorianas pero una especie de valor comercial en Perú.
Para Luis Suárez, de Conservación Internacional, es prioritario establecer un manejo efectivo de la Zona Económica Exclusiva continental, basado en el trabajo interinstitucional, entre el Ministerio de Ambiente, la Armada, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, entre otras entidades. “Uno de los desafíos que plantearía es crear nuevas áreas protegidas oceánicas”, dice.
Mientras tanto, Suárez cree que es importante reforzar la protección de las ocho millas asignadas a la pesca artesanal. “Que no se metan los barcos grandes, los cinchorreros, los camaroneros de pesca industrial”, añade. Un reportaje publicado por Mongabay Latam en septiembre recogió testimonios de pescadores artesanales que señalan que esta problemática pone en riesgo la biodiversidad marina y también la actividad pesquera artesanal.
Suárez señala la importancia de fortalecer el manejo de la franja marino costeras. Explica que los municipios tienen la competencia de establecer planes de manejo para evitar la contaminación de estas áreas y proteger las playas donde anidan las tortugas marinas, los manglares y la vegetación costera. Pero la protección de estos ecosistemas también recae en el manejo de la basura a escala nacional.
En 2022, Ecuador generó 627 mil toneladas de residuos plásticos municipales, de acuerdo con la Hoja de Ruta de Acción para los Plásticos. Del total, el 40 % “se gestionó de manera inadecuada, al ser depositado en botaderos, quemados a cielo abierto, o dejado que se convierta en contaminación terrestre o acuática”. Según Inty Grønneberg, director de Ichthion, una empresa que desarrolla soluciones tecnológicas para evitar que los residuos plásticos lleguen a los océanos, la cantidad de plástico que llegó a ríos y océanos aumentó un 65.7 % en el último año.
El país también tiene pendiente ratificar el Tratado de Altamar. Este busca definir e implementar mejor las áreas marinas protegidas de las aguas internacionales y abordar los impactos del cambio climático en las especies migratorias. Hasta junio de 2024, siete países, entre esos Chile, lo habían ratificado. Sin embargo, solo entrará en vigencia una vez que sea ratificado por al menos 60 países. Una vez ratificado, se podrá reforzar la gestión del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), considerado una autopista marina para especies migratorias.
6. Aclarar las reglas del mercado de carbono
En 2024, la Asamblea Nacional planteó reformar el Código Orgánico del Ambiente para, entre otros, dar paso al mercado voluntario de carbono en Ecuador. Sin embargo, en octubre último, el presidente Noboa vetó el proyecto por incumplir el artículo 133 de la Constitución, que establece que las leyes ordinarias “no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica”.
Ese no ha sido el primer intento por habilitar este mercado en el país. En junio de 2023, el Ministerio de Ambiente emitió la norma técnica que establece el Esquema de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, un modelo que esquiva la prohibición de vender servicios ambientales impuesta en la Constitución. “Mientras no exista un fallo jurídico, no se puede saber con certeza qué está permitido o no”, dice Emil Sirén Gualinga, miembro del Pueblo Kichwa de Pastaza y especialista en derechos indígenas. Además, el esquema no ha entrado en vigencia porque faltan instrumentos necesarios para su aplicación, como la guía de aplicación de los procesos de consulta.
Ni la prohibición constitucional ni la normativa han evitado que piratas del carbono se acerquen a las comunidades con ofertas que han sido identificadas como intentos de estafa. Esto ya ha sucedido en la Amazonía ecuatoriana, de acuerdo con Diana Chávez, dirigente de relaciones internacionales de Pakkiru —organización que representa a los 15 pueblos, asociaciones y comunas kichwas de la provincia amazónica de Pastaza—. “Una prioridad de los pueblos indígenas es que se respeten los derechos. En otros países vemos que hay problemas, despojo de territorios, falta de transparencia en la venta, sin repartir los beneficios de esos mercados o créditos”, señala Sirén Gualinga.
El especialista en derechos indígenas señala también algunas de las exigencias de los pueblos indígenas a escala global para mitigar el cambio climático. En primer lugar, aclara que no todos los pueblos indígenas están opuestos a los mercados de carbono, pero muchos coinciden en el reclamo de que se detenga el uso de combustibles fósiles, considerados los mayores responsables de la crisis climática.
En segundo punto, sostiene, es lograr que se movilice financiamiento directo para el trabajo de conservación que realizan las comunidades indígenas, sin intermediación de instituciones públicas o privadas. También enfatiza en la necesidad de que las salvaguardas ambientales y sociales sean detalladas, para que no se repitan casos de violaciones a los derechos humanos, como se reportó en el especial Carbono Opaco. Por último, considera importante que haya mayor difusión de las reglas internacionales y locales de los mercados de carbono. “En las comunidades se desconoce sobre estos temas, no hay un análisis de cómo va a afectar”, dice.
Foto principal: Nemonte Nenquimo muestra los efectos de un derrame de petróleo cerca de Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana, el 26 de junio de 2023. Controlar la explotación petrolera es otro de los desafíos del país en 2025. Foto: Sophie Pinchetti / Amazon Frontlines.
Créditos
