- A diferencia de sus países vecinos, la migración en la amazonía de Colombia no fue un proyecto de Estado sino una consecuencia del conflicto armado del Ejército con las FARC y el surgimiento del narcotráfico que creció bajo su sombra.
- Pese a que en 2017 se inició el llamado proceso de paz, para Killeen los cambios ocurridos desde entonces han encumbrado a nuevos grupos criminales luego de haberse erradicado a las guerrillas.
- En el caso de Venezuela y las Guyanas, el gran Guiana Shield ha sido su gran activo económico y por el que las poblaciones de diferentes latitudes han llegado a poblar las regiones aledañas. Asimismo, Surinam se conecta con ambos países a través de un corredor que llega hasta Brasil.
- A pesar de ello, en estos países la deforestación es menor que en el resto de países amazónicos. Sin embargo, el impacto de la migración se siente a través de la minería del oro, donde existen más de 20 000 minas de pequeña escala.
La historia moderna de la migración interna en Colombia comenzó de una manera similar a los procesos organizados por los gobiernos de Brasil y otros países andinos en los años 60 y principios de los 70. Sin embargo, este proceso se vio interrumpido primero por una guerra civil y posteriormente por la producción de drogas ilícitas, debido en gran medida a las tácticas aplicadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El conflicto limitó la inversión estatal en infraestructura y paralizó la adquisición de tierras por parte de familias de clase media e inversionistas. Al mismo tiempo, fomentó la migración de campesinos desplazados que, bajo la protección de las FARC, optaban por cultivar hoja de coca.
El conflicto terminó oficialmente en 2017 a través del llamado Proceso de Paz, que marcó un cambio trascendental para la Amazonia colombiana. Las FARC dejaron de existir como una entidad militar organizada, pero fueron reemplazadas por grupos criminales formados por guerrilleros desmovilizados y milicianos. No obstante, la falta de presencia estatal significativa en la región tras el cese de las hostilidades ha desencadenado una fiebre de tierras, impulsada por el narcotráfico y la industria ganadera.
Rutas migratorias
Antes de la guerra civil, durante la administración del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), se creó el Instituto Nacional de Colonización (INCOR) con el objetivo de atender la demanda de tierras de la población rural de escasos recursos. Esta estrategia fue respaldada por varias subvenciones del Banco Mundial, entre ellas el Proyecto de Colonización de Tierras del Caquetá, que buscaba expandir, organizar y apoyar el proceso de colonización espontánea que habían emprendido los colonos provenientes de Huila en las dos décadas anteriores. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron particularmente exitosos, aunque el apoyo del gobierno consolidó el modelo de producción ganadera que continúa predominando en la región.
En la década del 80, el departamento de Caquetá se convirtió simultáneamente en un lugar de origen y destino de refugiados, a medida que la población se desplazaba dentro del país para escapar de la violencia. Durante las décadas de 1990 y 2000, el departamento fue una fuente neta de migrantes: se estima que alrededor de 100 000 personas fueron forzadas a abandonar unas 450 000 hectáreas de tierra, y muchos de ellos se trasladaron a Bogotá. Para 2020, la población del departamento de Caquetá era aproximadamente de unos 300 000 habitantes, de los cuales el 99 % eran descendientes de inmigrantes que se habían afincado en la región en los últimos 50 años.
Una historia similar explica el asentamiento del Putumayo colombiano, que comenzó junto con la llegada de la exploración petrolera y fue alimentado por el movimiento de personas provenientes de las tierras altas andinas adyacentes. Aunque la ganadería ocupa actualmente la mayor parte del territorio, la deforestación fue impulsada principalmente por el cultivo de la hoja de coca durante los años 90 y 2000. Al igual que en Caquetá, los ganaderos en Putumayo han consolidado propiedades más pequeñas que originalmente pertenecían a los cocaleros.
La migración hacia Meta y Guaviare, en las décadas de los 90 y 2000, estuvo estrechamente vinculada a la producción de hoja de coca y a los esfuerzos de las FARC y otras milicias por extender su influencia sobre las áreas al borde de la frontera agrícola. Olas sucesivas de campesinos colonos han ocupado las zonas que rodean el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, utilizadas por las FARC como zona de concentración y refugio desde la década del 60.
Esta dinámica cambió en los años 80, cuando las FARC adoptaron el comercio ilícito de drogas como fuente de ingresos y comenzaron a proteger activamente a los campesinos que cultivaban hoja de coca. En ese entonces, no existían carreteras en la frontera forestal, y para los cocaleros tampoco era conveniente desarrollar zonas accesibles por transporte vehicular. Como resultado, tanto los cocaleros como la influencia de las FARC se expandieron utilizando senderos y redes fluviales.
El proceso de paz transformó radicalmente esta dinámica. Actualmente, los especuladores de tierras financian la reubicación de los pequeños agricultores, a quienes se les ‘anima a irse’ mientras sus propiedades son consolidadas en grandes ranchos ganaderos. Estas tierras han comenzado a ganar valor a medida que la región se abre a nuevas inversiones. Aunque el gobierno central pretende limitar el desarrollo en las zonas de amortiguamiento alrededor de los parques nacionales Macarena y Chiribiquete, su inversión en infraestructura se ha restringido a unas pocas arterias principales. Pese a ello, funcionarios locales y especuladores de tierras han acelerado la construcción de carreteras secundarias y terciarias a un ritmo alarmante, poniendo en riesgo los esfuerzos.
Venezuela y las Guyanas
Sucesivos gobiernos venezolanos han considerado los recursos naturales del Escudo Guyanés como un activo estratégico para el desarrollo nacional. Esta visión, formulada a mediados del siglo XX, condujo a la creación de la Corporación Venezolana de Guyana (CVG), empresa estatal para desarrollar recursos minerales e hidrológicos. Fundada en la década del 60 como un conglomerado descentralizado de propiedad estatal, la CVG creó numerosas subsidiarias dedicadas a la minería y el procesamiento de hierro, acero, bauxita y aluminio, así como al desarrollo de carbón y energía hidroeléctrica. La presencia del Estado en esta región se consolidó aún más a principios de la década del 70, durante la primera presidencia de Rafael Caldera (1969-1974). En este período, se construyó una moderna carretera a través de la región sudoriental de la Gran Sabana, conectándola con la BR-174, que unía a Venezuela con la Amazonía brasileña.
En sus inicios, muchas de las filiales de la CVG se destacaron como productoras eficientes, logrando competir con éxito en los mercados internacionales de minerales. Sin embargo, su viabilidad comercial se deterioró con el paso del tiempo debido al envejecimiento de las minas, la depreciación de los activos industriales y la pérdida de competitividad nacional ocasionada por la mala gestión. Bajo los gobiernos del presidente Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor, Nicolás Maduro (2013-presente), la mayoría de estas empresas comerciales estatales terminaron en quiebra. A pesar de ello, la migración hacia la región ha continuado, impulsada por una fiebre del oro facilitada por las autoridades militares que ahora supervisan el desarrollo en el estado sudoriental de Bolívar.
Por otro lado, Guyana y Surinam, países costeros con vínculos históricos y culturales con las naciones insulares del Caribe, también dependen en gran medida de sus recursos minerales. Ambos parecen considerar sus territorios amazónicos como reservas naturales listas para ser explotadas cuando las condiciones lo permitan. Ninguno de estos países ha designado grandes áreas de protección medioambiental y sus sistemas territoriales indígenas son relativamente pequeños. La mayor parte de sus territorios se encuentran como reservas forestales no asignadas. En Guyana, el gobierno ha impulsado recientemente el desarrollo de un corredor de transporte internacional destinado a conectar las zonas agrícolas emergentes de Roraima (Brasil) con las instalaciones portuarias de Georgetown. Este proyecto podría transformar la dinámica del uso del suelo a lo largo de esa ruta, fomentando la creación de asentamientos y puestos de avanzada para proporcionar servicios clave al sector del transporte.
Las fronteras entre Guyana, Surinam y la Guyana Francesa han sido gestionadas de manera diplomática tanto por las potencias coloniales como por los Estados independientes que las sucedieron. Pero ninguno de estos países parece estar realmente interesado en colonizar sus provincias interiores. En contraste, la frontera entre Venezuela y Guyana sigue siendo la única en disputa que queda en el hemisferio occidental. El prolongado conflicto por la región de Esequibo, rico en minerales, de Guyana, nunca llegó a desencadenar un enfrentamiento armado. Aún así, la disputa resurgió con fuerza tras el descubrimiento, en 2015, de un yacimiento petrolífero en alta mar con un valor potencial de cientos de miles de millones de dólares.
Rutas migratorias
El Escudo Guyanés ha logrado escapar a la colonización a gran escala y a la deforestación que han marcado tanto a la Amazonía brasileña como a los países andinos. No obstante, esto no significa que haya quedado exento de impactos derivados por la migración. La región alberga a decenas de miles de mineros de oro ilegales que explotan los recursos en las zonas poco pobladas del interior de Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa. Estos mineros incluyen tanto residentes locales como inmigrantes, principalmente brasileños, que buscan fortuna, y cuyo número fluctúa en respuesta a los cambios en el precio del oro. En Surinam, el gobierno estima que existen unas 20 000 operaciones mineras de pequeña escala, cada una empleando entre cinco y diez personas. La mayoría de los propietarios de estas minas son cimarrones nacidos en el país que contratan a miles de garimpeiros brasileños.
La situación en Venezuela resulta especialmente compleja debido al caos político y gubernamental que ha caracterizado al país durante la última década. Según el censo nacional de 2011, el municipio de Sifontes contaba con una población de 51 000 habitantes. Sin embargo, informes recientes sugieren que este número pudo haber aumentado a más de 400 000 en 2016. La explotación de la región aurífera está controlada en gran medida por los militares, quienes manejan numerosas minas a través de empresas conjuntas con empresarios locales.
No obstante, no todos los inmigrantes en la región son mineros de oro. Muchos se dedican a importar bienes escasos desde Brasil o buscan emigrar. Hacia fines de 2022, se estimaba que unos 70 000 venezolanos residían en los estados brasileños de Roraima y Amazonas, de los cuales 33 000 vivían en refugios y campamentos improvisados. La mayoría de ellos, si no todos, sobreviven trabajando en la economía informal.
Imagen destacada:El río Cauca, uno de los más importantes de Colombia, nace en el Macizo Colombiano. Foto: Gustavo Pisso Flórez.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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