- En la frontera con Venezuela, la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, se ha convertido en el escenario de los más fuertes combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC.
- Los desplazamientos, confinamientos y asesinatos han aumentado dramáticamente en las primeras semanas de 2025, desde que campesinos, indígenas y líderes sociales han quedado en medio de la guerra de dos grupos armados ilegales que se disputan el control de una zona estratégica para las rutas del narcotráfico y rica en recursos naturales, minerales y cultivos de coca.
- El gobierno colombiano declaró el estado de conmoción en enero mientras que se conoció que las Fuerzas Armadas han tenido fuertes recortes de presupuesto.
- En las últimas semanas, además, se suspendieron las negociaciones de paz con el ELN y se formalizó una polémica unión entre Colombia y el régimen venezolano para atacar a esta guerrilla que durante años ha sido aliada del chavismo y ha ejercido como autoridad en varias regiones de Venezuela.
El Catatumbo, una zona de la cordillera oriental de los Andes, en el noreste del departamento de Norte de Santander, es una de las regiones más violentas de Colombia y ha sido noticia durante todo enero debido al recrudecimiento de los combates entre el frente 33 de las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ambos grupos armados ilegales luchan por el control territorial de esta zona limítrofe con Venezuela que es crucial para el narcotráfico y el acceso a recursos naturales a través de actividades como la minería ilegal. Si bien la disputa por el control de la zona no es una noticia nueva, desde el segundo semestre de 2024 la situación empezó a escalar hasta llegar a un intenso enfrentamiento a inicios de este año, en el que las autoridades colombianas, de manera oficial y hasta el 3 de febrero de 2025, han reportado 53 361 personas desplazadas, principalmente a los municipios de Cúcuta (24 435), Ocaña (10 228) y Tibú (13 373).
También se ha reportado el confinamiento de 30 908 personas y 52 asesinatos, entre los cuales hay dos líderes sociales, cuatro menores de edad y cinco ex combatientes que habían firmado el Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano en noviembre de 2016.
Uno de los líderes sociales asesinados fue Pedro María Ropero, masacrado el 18 de enero en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, y quien pertenecía al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). Un día después de su muerte no se había levantado el cuerpo debido a los fuertes combates en la zona. Entre los excombatientes de las FARC que fueron asesinados estaba Pedro Nel Angarita, que trabajaba en la recolección de basuras del municipio de Teorama cuando perdió la vida.
En medio de ese panorama, otros líderes sociales, como José del Carmen Abril, han hecho llamados urgentes al Gobierno Nacional para que les brinden protección inmediata a ellos y a sus familias. Según dijo Abril en un video publicado en redes sociales, el ELN lo estaba buscando para matarlo y estuvo escondido en algún lugar de las montañas del Catatumbo hasta que el Ejército colombiano lo rescató.
La dramática situación llevó a que el Gobierno Nacional declarara el estado de conmoción interior en el Catatumbo como una medida urgente para afrontar la escalada de violencia y la grave crisis de orden público que afecta a esta región fronteriza con Venezuela. La conmoción tiene una duración de 90 días y le otorgó al presidente Gustavo Petro la facultad de emitir los decretos que considere necesarios para restaurar la seguridad y garantizar el bienestar de la población.
Entre los principales decretos está la refinanciación de créditos agropecuarios; un descuento transitorio del impuesto sobre la renta para quienes proporcionen alojamiento gratuito a los desplazados por la violencia; la concesión de subsidios del 90 % para los servicios públicos; la designación de un comandante militar para la zona y la suspensión de permisos ambientales.
Asimismo, se creó una Comisión Accidental de Seguimiento en Cúcuta, cuya misión es monitorear y analizar la situación, buscando soluciones efectivas para enfrentar la complejidad del conflicto y aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas.
“Espero que el conjunto del Estado, que no es solamente el Gobierno, nos acompañe en este esfuerzo. Sería lamentable un Estado que no es capaz de unirse en torno a un problema concreto y común, como construir la paz en el Catatumbo, porque construirla aquí puede significar construirla a nivel nacional”, dijo Petro.
El presidente colombiano también decidió romper las negociaciones de paz con el ELN el pasado 17 de enero, tras considerar que en el Catatumbo se estaban dando “crímenes de guerra”. “Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, dijo Petro, mientras que la jefa de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos, Vera Grabe, aseguró que la suspensión sería hasta que el grupo armado decida si realmente quiere caminar hacia la paz.
Un problema difícil de resolver
La justificación del gobierno colombiano para decretar el estado de conmoción en el Catatumbo reveló otra preocupación: las fuerzas militares colombianas están desfinanciadas. En uno de los anexos presentados por el Gobierno para justificar la conmoción, las Fuerzas Militares revelan que, entre 2024 y 2025, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía tuvieron reducciones presupuestarias que van desde el 25 % en el caso de la Armada hasta el 47 % en el caso del Ejército. Sobre la Fuerza Aérea se menciona que con el presupuesto actual sólo podrían operar hasta el 30 de junio de este año.
Desde 2024, en sus alertas tempranas sobre diversas situaciones que vulneran los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de Colombia ya había advertido que la violencia en el Catatumbo se estaba saliendo de control.
Diógenes Quintero, congresista por el Catatumbo por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), le dijo a Mongabay Latam que desde 2019, cuando él era defensor del pueblo regional en Ocaña, Norte de Santander (desde donde se atiende a la mayor parte del Catatumbo), emitió una alerta temprana donde indicaba que el ELN estaba tomando posición de actor hegemónico en la región y que las disidencias de las FARC estaban creciendo debido a un incremento desmedido en el reclutamiento de personas, muchos de ellos menores de edad. “Después vinieron otras alertas y la última fue el año pasado, donde la Defensoría advierte nuevamente sobre esta situación. El Gobierno ha dicho que fue una situación que le sobrevino, que les tomó por sorpresa. Pero no, simplemente no se han tomado medidas”, afirma.
De hecho, el comisionado consejero de paz de Colombia, Otty Patiño, reconoció el 3 de febrero que el Gobierno no analizó la alerta temprana emitida el año pasado por la Defensoría del Pueblo. “Lo que se notaba a través de las alertas era una exacerbación del conflicto. No hubo, y quiero ser muy autocrítico, un análisis a fondo de por qué se estaba presentando esa exacerbación de las confrontaciones entre quienes tenían una situación de estado de convivencia, entre lo que llaman el Frente 33 y el ELN en esa región”, dijo.
Quintero asegura que gran parte de la responsabilidad sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo recae en Patiño y en el ministro de Defensa, Iván Velásquez. “Desde el Congreso he dicho que el consejero comisionado, al igual que el ministro de Defensa, deben salir del cargo por la falta de reacción y respuesta desde el punto de vista de la seguridad y del control del territorio”, enfatiza.
Por su parte, el ministro Velásquez desmintió el cese de operaciones de la Fuerza Aeroespacial por recorte presupuestal. “Lo que le puedo asegurar y garantizar al país es que la Fuerza Aérea no carecerá de recursos para atender las situaciones normales y también las extraordinarias que se están presentando en el Catatumbo”. A inicios de febrero también presentó un documento en el que explica las razones por las que se necesita un incremento del presupuesto para el sector seguridad, como parte de una respuesta integral para recuperar el orden público en el Catatumbo y que combina la presencia armada con la inversión social en el territorio.
El riesgo de desplazamiento, advertido en las alertas tempranas, se ha convertido en una verdadera papa caliente para el gobierno colombiano. La Defensora del Pueblo Iris Marín, ha dicho que “este es el desplazamiento masivo más grande registrado en los últimos 27 años en Colombia” y que sólo en los primeros 24 días de 2025 el número de desplazados ya superó la cifra total registrada durante todo 2024.
A pesar de la crisis, esta no es la primera vez que el Catatumbo enfrenta una grave situación humanitaria y de orden público. Quintero recuerda que entre 2018 y 2020 hubo un desplazamiento de cerca de 50 000 personas debido a enfrentamientos entre el ELN y la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL). Esta última terminó perdiendo poder en la zona.
“Hubo una infinidad de muertos, mucha gente que todavía está desaparecida, muchos desplazados que, aún hoy, no han podido retornar. Pero ahora el despliegue ha sido más mediático porque la gente está llegando a Cúcuta y Ocaña, mientras que en ese momento el desplazamiento fue hacia adentro del Catatumbo”, dice Quintero.
Los líderes sociales, ambientales e indígenas siempre han estado entre las poblaciones más vulnerables. Los enfrentamientos suelen ocurrir en territorios indígenas, principalmente de la etnia Barí. “Muchas de estas comunidades indígenas son binacionales, tienen tránsito entre Colombia y Venezuela, pero terminan desplazados a otros territorios, generando unas fuertes condiciones de vulnerabilidad. Los que se quedan en el territorio se enfrentan a los confinamientos en el lado colombiano”, dice Andrés Cajiao, coordinador de Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Para Cajiao, los liderazgos sociales son siempre los que tienen mayor riesgo de ser afectados porque tienen la tarea de intermediar entre los grupos armados y sus comunidades. “Esto no quiere decir que favorezcan a los grupos, sino que deben intermediar para proteger a su gente y eso los vuelve mucho más vulnerables y visibles frente a los grupos armados, pudiendo ser señalados de pertenecer o colaborar con un bando u otro”, indica. Es por eso que Diógenes Quintero insiste en que tiene que haber un esfuerzo para la protección a esos líderes, “para que puedan ejercer su liderazgo con garantías”.
El complejo inicio de los enfrentamientos
Entender lo que ocurre en el Catatumbo entre el ELN y las disidencias de las FARC no es una tarea sencilla. Lo que sí es claro es que se trata de una región rica en recursos naturales y estratégica para la producción de cultivos ilícitos de coca y para las rutas del narcotráfico.
El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), menciona que, durante 2023, en el Catatumbo se identificaron 15 enclaves productivos que concentran unas 43 000 hectáreas de hoja de coca, es decir, el 39 % del total del área cultivada en el país.
Aunque el control del narcotráfico en la zona interesa tanto al ELN como a las disidencias de las FARC, y a pesar de que han existido momentos de tensión, durante mucho tiempo ambos grupos aprendieron a convivir. “Incluso se dice que el ELN ayudó a formar la disidencia del frente 33 en la zona del Catatumbo hacia 2018 y 2019. Había unas formas de comunicación directa entre ellos desde ese momento”, comenta Andrés Cajiao.
Según cuenta el investigador de la FIP, un dirigente del frente 33, alias ‘Jhon Mechas’, y la gente del ELN tenían una comunicación cercana, pero después el frente se empezó a alinear de forma más concreta con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y al Catatumbo llegó alias ‘Richard’.
“Richard llega con una estrategia de expansión territorial, de control de economías y eso empieza a generar tensiones con el ELN. En algunos puntos, las disidencias empiezan a quitarle influencia territorial al ELN y a competir para ganarse el apoyo de las bases sociales”, dice Cajiao.
Si bien las disidencias de las FARC se han fortalecido, el ELN está más consolidado en la zona y desde hace años tiene a Venezuela como su zona de retaguardia. “Es evidente que el ELN es superior desde el punto de vista militar, económico y de control territorial y social. Además, cuenta con la ventaja estratégica que le da estar en Venezuela. Las disidencias también estaban en Venezuela, pero hace más o menos dos años las autoridades venezolanas los sacaron de allá, posiblemente por presión del ELN. Esto los deja en gran desventaja porque quedan en la frontera, en el lado colombiano”, relata el congresista por el Catatumbo, Diógenes Quintero.
Las fuentes consultadas para este reportaje creen que el constante enfrentamiento está pasando cuenta de cobro a las disidencias y demostrando la superioridad militar del ELN. En una carta que alias ‘Jhon Mechas’ le envió al presidente Gustavo Petro el 26 de enero, asegura que el frente 33 de las disidencias está comprometido con las negociaciones de paz y que “los hechos del Catatumbo son muy dolorosos”. “Jamás pensamos que el ELN tomaría esa decisión desesperada. No vamos a responder de la misma manera, aunque habrá que defenderse”, se lee en la misiva, en la que también asegura que el frente 33 está dispuesto a negociar en el tema de drogas y le pide ayuda al Gobierno para terminar con el conflicto armado en la zona.
El factor Venezuela
El presidente Petro sorprendió a finales de enero al anunciar una operación militar conjunta con el régimen de Nicolás Maduro. “Se ha iniciado una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo-venezolana. Buscamos la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN. Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”, señaló el mandatario en la red social X.
El anuncio de inmediato generó críticas, ya que múltiples informes de inteligencia han confirmado que la guerrilla del ELN permanece en Venezuela y que, paradójicamente, allí opera como una fuerza paramilitar que protege al régimen.
Voceros de la organización venezolana SOS Orinoco coinciden con esta afirmación y le dijeron a Mongabay Latam que el ELN se refugia tranquilamente en su país, que el gobierno de Venezuela les habría cedido su autoridad para operar en grandes áreas de los estados de Amazonas y Bolívar, permitiéndoles recuperarse de las ofensivas militares en Colombia, mientras se fortalecen financieramente gracias a la minería ilegal que está destruyendo ríos y bosques en ese país.
SOS Orinoco destaca que el ELN opera y tiene control de la gran mina de oro en el cerro Yapacana, que además es un parque nacional natural. El gobierno venezolano realizó una operación militar en la zona en diciembre de 2022 que alejó a los mineros ilegales pero, según indica la organización no gubernamental, la actividad ha regresado y se desarrolla en los alrededores del tepuy.
“Para el ELN, Venezuela es literalmente su mina de oro. Opera y actúa como controlador de las minas en el este y la franja norte del estado Bolívar, así como en toda la frontera con Colombia, en el estado Amazonas”.
La difícil situación humanitaria que se vive en el Catatumbo entre el ELN y las disidencias de las FARC muestra sólo una parte de las relaciones entre las dos guerrillas. Mientras que en los Andes colombianos arrecia la guerra, en la Amazonía venezolana ambos grupos armados se benefician de la minería ilegal. “ELN y FARC no se enfrentan en los estados de Amazonas y Bolívar, ni en ninguno de los sitios venezolanos donde tenemos evidencia de su actuación. Al contrario, se respetan y cooperan. Eso es lo que hemos visto en los últimos cuatro años”, indican los voceros de SOS Orinoco.
*Imagen principal: Protesta pacífica de los maestros en el Catatumbo. Foto: cortesía La Opinión de Cúcuta
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