- Tres proyectos legislativos que elevan a rango de ley la prohibición de la pesca a mayor escala en zonas protegidas cuentan, desde abril de 2024, con un dictamen aprobado por mayoría en la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.
- Aunque el dictamen fue enviado ese mismo mes a la comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso, ésta aún no debate la propuesta para que sea enviada al Pleno.
- Congresistas y pescadores artesanales consideran que presiones de la industria pesquera estarían detrás del retraso de la aprobación del dictamen.
La biodiversidad marina de Perú se encuentra bajo amenaza debido a un proyecto de decreto supremo del Ministerio de la Producción (Produce) que, según expertos en asuntos pesqueros y ambientales, abriría la puerta a la pesca ilegal en áreas naturales protegidas.
El proyecto, publicado a fines de 2024, busca modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca. Con los cambios propuestos, la pesca industrial que se realice al interior de las áreas naturales protegidas dejaría de ser considerada una infracción por lo que ya no sería sancionada. De aprobarse, el decreto dejaría en letra muerta las multas de más de 12 millones de soles (más de 3 millones de dólares) que se iniciaron el año pasado en contra de 11 empresas por pescar al interior de la Reserva Nacional de Paracas.
Científicos, ambientalistas, pescadores artesanales, abogados y representantes de la política peruana han rechazado la norma que iría en contra del reglamento de la ley de áreas naturales protegidas, que prohíbe la pesca industrial en estos espacios desde 2001. Exministros y viceministros mostraron incluso su desacuerdo en un comunicado público asegurando que la aprobación del proyecto de decreto supremo podría “debilitar la protección de las áreas naturales protegidas”.
En contraposición, tres proyectos de ley planteados en 2023 por congresistas de diferentes bancadas políticas buscan poner candado a las pretensiones de la industria pesquera. Congresistas y pescadores artesanales, sin embargo, aseguran que estas propuestas se encuentran estancadas en el Congreso. Aunque cuentan con un dictamen aprobado por mayoría en la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, los proyectos han quedado encarpetados en la comisión de Producción a la espera de ser enviados al Pleno.
Qué dicen los proyectos
Si bien la prohibición de pescar a gran escala en las áreas naturales protegidas se encuentra establecida en el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las propuestas legislativas proponen reforzar la norma elevándola a rango de ley.
La primera de las iniciativas fue presentada por el congresista Luis Kamiche Morante, en agosto de 2023. Este proyecto de ley propone incluir en el artículo 5 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas un párrafo que dejaría sin argumentos a la Sociedad Nacional de Pesquerías (SNP), que en 2023 inició una serie de acciones judiciales y administrativas para que se le autorice operar al interior de la Reserva Nacional de Paracas.
La SNP —que reúne a empresas de extracción de recursos pesqueros, principalmente anchovetas para la producción de harina y aceite de pescado— sostiene que no debería negársele el ingreso al área protegida porque tiene derechos preexistentes de pesca, es decir, títulos habilitantes para pescar en el mar peruano adquiridos antes del establecimiento de la reserva.
Si bien ese argumento ha sido rechazado por la Corte Superior de Justicia, la SNP no se ha dado por vencida. La propuesta de Kamiche podría cambiar el escenario puesto que propone que solo se consideren como derechos preexistentes los títulos habilitantes que especifiquen cuáles son las áreas de pesca sobre los que se ejercen esos derechos preexistentes. Dado que las empresas pesqueras tienen títulos habilitantes para pescar en el mar pero que no delimitan su actividad a áreas específicas, el argumento de la industria quedaría desbaratado.
El proyecto impulsado por el congresista Kamiche, además, planteaba modificar la Ley General del Ambiente, estableciendo que dentro de las áreas naturales protegidas, marinas o continentales, se prohíbe la pesca de mayor escala, “cualquiera sea su categoría y/o zonificación”.
Cuatro meses después, en diciembre de 2023, la parlamentaria Karol Paredes Fonseca presentó otro proyecto de ley con el mismo objetivo. La propuesta de Paredes incorpora un artículo en la Ley de Áreas Naturales Protegidas que señala que la extracción de recursos hidrobiológicos al interior de las áreas naturales protegidas “solo podrá ser autorizada para la pesca artesanal y de menor escala, y si resulta compatible con la categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro del área”.
“Este proyecto propone proteger y asegurar la conservación y la biodiversidad acuática”, expuso la congresista Karol Paredes ante la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, en abril de 2024. Además, sostuvo que la iniciativa “busca asegurar que se respete el reglamento y solo estén permitidas las actividades pesqueras que sean compatibles. El Congreso no debe darle la espalda al interés común, permitir la pesca industrial al interior de las áreas protegidas es un craso error”.
El tercer proyecto de ley fue elaborado por la congresista Kira Alcarraz. En esta propuesta, se adiciona un artículo a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que precisa la prohibición de la pesca de mayor escala al interior de las áreas naturales protegidas de ámbito marino y marino-costero.
La parlamentaria dijo a Mongabay Latam que con el proyecto de ley “estamos colocando las cosas en su lugar”, en referencia a las controversias que ha suscitado el decreto supremo de creación de la reserva Dorsal de Nazca que permite en ella la pesca de mayor escala.
Proyectos de ley entrampados
Luego de ser presentados ante la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, los aportes de los tres proyectos fueron recogidos en un texto final que fue aprobado por mayoría en abril de 2024.
El dictamen aprobado fue enviado ese mismo mes a la comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas para su debate y posterior aprobación en el Pleno. Sin embargo, aún no ha sido considerado por esta comisión. Los autores de los proyectos de ley denuncian que la demora se debe a presiones por parte de la industria pesquera para que el dictamen no llegue al Pleno del Congreso.
“No quieren hacer nada, ni debatir ni exonerar de debate, nada”, señala el congresista Luis Kamiche Morante. “¿Por qué no quieren debatir si la primera comisión dictaminadora ya aprobó un dictamen?”, agrega.
“(El dictamen) se aprobó el año pasado y es una lástima que aún no se ponga en debate. Mientras tanto, las empresas siguen depredando el mar”, agregó la parlamentaria Kira Alcarraz.
Para la congresista Karol Paredes que se apruebe el dictamen es clave ya que “sin él, la Sociedad Nacional de Pesquería seguirá usando el mismo argumento en su intento de entrar a pescar a Paracas. Según ellos, pescaban ahí antes de su creación en 1975, aunque el Sernanp (el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas) ha aclarado que no se permite pesca industrial en el área desde hace más de 36 años”.
José Hernández Mundini, miembro del Comité Ejecutivo de la Reserva Nacional de Paracas, asegura que desde 2023 los pescadores han viajado hasta cuatro veces al Congreso para expresar su preocupación por la demora en la aprobación de los proyectos de ley. Incluso, han invitado a los parlamentarios a que los acompañen a Pisco, pero solo han recibido promesas.
“El propósito era que a finales de 2023 el dictamen pasara al Pleno, pero por cuestiones políticas hay congresistas que están muy identificados con la Sociedad Nacional de Pesquería”, asegura.
Entre los argumentos expuestos, los especialistas consultados para las propuestas legislativas sugieren que “las áreas naturales protegidas bien conservadas, donde no se realiza pesca industrial, pueden aumentar la biomasa total de peces en más de 600 %, el tamaño de los organismos en más del 25 % y la riqueza de especies en más de 20 % en relación con áreas cercanas que no están protegidas”.
Además, según el dictamen que espera ser debatido en la comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas “permitir la pesca industrial en este tipo de áreas implica un retroceso en los compromisos asumidos. Sobre todo, aleja al país de la posibilidad de cumplir con la meta del Marco Global de Diversidad Biológica de proteger el 30 % del mar a 2030.
Jimpson Dávila, director de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, asegura que no se trata de una discusión antagónica entre pesca industrial contra áreas marinas protegidas o al revés. “Las políticas de conservación marina, en concreto, la creación de áreas marinas protegidas, de acuerdo con la evidencia internacional retribuyen con más peces para la pesca industrial, para la pesca en menor escala y para la pesca artesanal”, destaca. Luego, añade: “No es cierto que si yo establezco un área marina protegida ya no voy a poder pescar. Lo vas a poder hacer porque habrá más peces”, destaca.
Respecto a las propuestas que llegan desde el Congreso, Dávila refiere que los proyectos de ley buscan básicamente garantizar la legalidad de lo establecido en el marco legal peruano desde hace 20 años. “Buscan darle una fuerza normativa mayor a través de un reconocimiento legal”, asegura. Por ello, considera necesario llamar la atención de los legisladores para que prioricen la aprobación del dictamen en el Pleno del Congreso. Los pescadores artesanales de Pisco se unen a este llamado.
Mongabay Latam envió preguntas a la SNP sobre las supuestas presiones para frenar los proyectos de ley, pero hasta la publicación de esta nota el gremio no respondió. Respecto al proyecto de decreto supremo del Ministerio de la Producción, el presidente del Consejo Directivo, Eduardo Ferreyros, dijo que “desde la SNP respetamos plenamente la independencia de todas las instituciones y la normativa vigente”. “Este es un asunto que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, corresponde ser gestionado por el Ministerio del Ambiente (Minam), como entidad competente en el tema”, agregó.
*Imagen Principal: Reserva Paracas. Foto: Gabriel Herrera
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