- El gobierno de Luis Arce no logra el respaldo a los acuerdos para la extracción del litio, ya que existe oposición a estos convenios en el Legislativo boliviano, donde deberían avalar los contratos.
- Hay observaciones a los acuerdos comerciales que se firmaron con un consorcio chino y una empresa estatal rusa.
- Además, hay reclamos en las calles, ya que no se realizó la consulta previa, libre e informada ni una evaluación de impacto ambiental antes de aprobar los contratos con extranjeros.
- También hay críticas a las concesiones económicas a favor de las compañías extranjeras y a los escasos beneficios para Bolivia.
Bolivia esconde un tesoro debajo de sus salares: es el país con más recursos de litio del mundo. Esa riqueza natural provoca que esta nación esté inmersa en una batalla política y cívica por la extracción del denominado “oro blanco”. El gobierno boliviano ya firmó contratos con un consorcio chino y una empresa rusa para separar y extraer el mineral, pero lo hizo sin consultar a las comunidades indígenas y campesinas que están alrededor de los salares, sin aprobar estudios ambientales y sin brindar transparencia. Ahora, estos contratos están estancados porque no tienen la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Bolivia, a través de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), firmó el 26 de noviembre de 2024 un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited. El objetivo principal de este convenio es la producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni e incluye la instalación de dos plantas industriales: una de Extracción Directa de Litio (EDL) y otra de salmuera residual.
YLB había firmado otro contrato con la rusa Uranium One Group, que es una subsidiaria de la estatal Rosatom, 40 días antes. Este acuerdo establece una concesión por 22 años (prorrogables) a cambio de una inversión de 1000 millones de dólares. Tras la construcción de una planta, la empresa recuperará su inversión mediante contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización.
El primer contrato con el consorcio chino tiene un pequeño avance: la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó ese contrato, pero todavía falta un largo proceso legislativo por delante. Resta que el pleno de la Cámara de Diputados avale ese convenio y luego tiene que pasar al Senado, donde también debe ingresar a una comisión y ser aprobado por los senadores. Mientras, el contrato con los rusos está congelado.
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia está dividida por dos instancias: la Cámara de Diputados y el Senado. En ambas entidades el partido de Luis Arce, que era la organización política de Evo Morales, no tiene mayoría para aprobar estos contratos. El Legislativo boliviano está fragmentado entre los fieles a Arce y Morales, pero también hay corrientes de oposición, que son alianzas de derecha, y que también están divididas.
De acuerdo con los contratos firmados con las dos empresas que fueron directamente adjudicatarias del desarrollo de la industria del litio, Bolivia deberá pagar a estas compañías más de 2000 millones de dólares, además de intereses y compensación por inflación. Esa es la principal observación que hacen políticos, cívicos y expertos. En el caso del contrato con el consorcio chino se deberá hacer una devolución de todos los costos por la construcción de las dos plantas de extracción de litio, se hará un pago en especie con carbonato de litio y se realizará una consulta a las comunidades después de que se tenga el proyecto a diseño a final.
Además, la evaluación de impacto ambiental de las dos plantas de extracción de litio se realizará una vez que los contratos sean aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, así lo reconoció el presidente de YLB, Omar Alarcón, quien dijo en conferencia de prensa en La Paz: “En el contrato hemos puesto un acápite muy importante. Al inicio, una vez que se tenga aprobado el contrato, vamos a tener una evaluación de impacto ambiental, este estudio se realiza siempre y cuando el proyecto esté a diseño final”.
Mongabay Latam consultó a Alarcón qué se haría si la evaluación de impacto ambiental concluye que hay daños al ambiente y a las comunidades del lugar cuando los contratos ya estén firmados. El funcionario respondió que una vez se tengan todos los estudios necesarios, se hará la evaluación de impacto ambiental y que con estos datos se determinará una afectación directa o indirecta al ambiente o al uso y acceso al agua de las comunidades aledañas, lo que mostrará si hay o no factibilidad para pasar a la construcción de las plantas.
La minería del litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente tiene un impacto socio-ambiental. El gobierno boliviano empezó con la perforación de 178 pozos de agua en zonas cercanas al salar de Uyuni para que funcione la planta piloto de producción de carbonato de litio en la comunidad de Lippi. Esa planta dejó de operar al cien por cien porque hubo reclamos de los comuneros.
Una de las comunidades afectadas es Río Grande, que se movilizó contra el proyecto del litio porque temen quedarse sin agua, lo que afectaría a las actividades económicas de estas zonas, como la ganadería camélida, la producción de quinua y el propio turismo.
“Ahora seguro quieren llevar agua no solo a la planta de Llipi, sino también a las plantas que piensan construir con estos nuevos contratos. Una sobreexplotación nos dejaría prácticamente sin agua. Los pozos subterráneos que se explotan para el consumo humano de Río Grande son los mismos que ahora se llevan para la planta de litio”, reclamó Donny Alí, dirigente de la comunidad de Río Grande. “Entonces, una sobreexplotación pondría en riesgo el consumo humano de agua y, obviamente, el terreno sería más árido y no nos permitiría sembrar quinua y las llamas y vicuñas no tendrían qué comer y tomar”, agregó Alí.
Alarcón añadió que para empezar la construcción de las plantas es necesario contar con una licencia ambiental, documento que se obtiene solo con ciertos requisitos y recordó que para este permiso también es necesario contar con la consulta previa a las comunidades. “Una vez que tengamos el proyecto a diseño final, recién se hacen las consultas previas a las comunidades. La consulta previa es un requisito para la licencia ambiental que está normado”, explicó.
José Carlos Solón, sociólogo y director de la Fundación Solón, una organización enfocada en el cambio climático, derechos ambientales y sostenibilidad, consideró que, con la aprobación de los contratos con las compañías china y rusa, el Estado boliviano “no se quedará con la mejor parte” de las utilidades que podrían generar los proyectos que estarán a cargo de estas empresas extranjeras. El experto precisó que la ejecución de los proyectos para extraer carbonato de litio también traerá para el país “fuertes impactos ambientales” por el uso de grandes cantidades de agua.
“Con estos proyectos y estos contratos se afectará a más de 15 comunidades que están en los salares, se van a afectar cuencas y microcuencas y los contratos no establecen cuáles son los niveles correctos de consumo de agua, no hay hasta ahora un análisis del impacto medioambiental”, explicó Solón a este medio.
El activista también cuestionó que el contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited salió a la luz pública una vez que hubo reclamos cuando ingresó a la Asamblea Legislativa Plurinacional sin que se haya realizado una socialización, sobre todo con las instituciones cívicas del departamento de Potosí, que es la región que alberga la mayoría de los salares, entre ellos el de Uyuni.
Solón explicó que, en todos los escenarios de precios del litio, Hong Kong CBC Investment Limited siempre tendrá un mayor beneficio que YLB debido a que además de recuperar su inversión y sus costos de operación y mantenimiento recibirá: primero, 12 % de interés por su inversión inicial; segundo, 1700 dólares por tonelada de carbonato de litio; y tercero, 49 % de las utilidades.
“Esta es la crónica de una tragedia anunciada. Un relato de errores y concesiones que parecen superar cualquier expectativa de entreguismo en la administración de los recursos naturales del país. Los datos contenidos en el contrato con CBC y sus anexos no dejan margen a la duda: el panorama económico proyectado es desalentador”, concluyó Solón.
El acuerdo con el consorcio chino estipula la construcción de dos plantas. La primera es la de salmuera residual. En su primera fase deberá producir carbonato de litio grado batería, con una capacidad de producción de 10 000 toneladas anuales y una tasa de recuperación mínima del 80 %. En la segunda fase, la producción debería subir a 15 000 toneladas anuales adicionales.
La segunda planta es la de EDL. En su primera fase deberá producir 25 000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, con una tasa mínima de recuperación del 80 %. Para la segunda fase, esta capacidad se mantiene. El plazo de vigencia del contrato, de aplicarse solo la primera fase, es de 36 años. Si se abarca la segunda fase sube a 42 años.
Héctor Córdova es analista en temas mineros e investigador de la Fundación Jubileo. El experto explicó a Mongabay Latam que los contratos firmados por el Gobierno con las empresas extranjeras dejan el peso de los riesgos en el Estado boliviano, incluso con aplicación de penalidades. Además, cuestionó que la consulta a las comunidades y que la evaluación de impacto ambiental no se haya ejecutado antes de firmar los contratos.
“La consulta libre, previa e informada, que se realizaría a las comunidades que serían afectadas por el uso de agua, debió ser realizada antes de la suscripción de los contratos. Por otra parte, los contratos no contemplan salvaguardas ante impactos socioambientales, tales como la afectación a por lo menos 20 comunidades en sus actividades productivas y turísticas, y la utilización/contaminación de ingentes cantidades de agua, en una de las regiones más secas del país”, detalló Córdova.
El año pasado, Bolivia fue el país que menos exportó en el triángulo del litio que conforman también Chile y Argentina: solo 9.75 millones de dólares, según datos a noviembre de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se calcula que Bolivia tiene recursos por 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, que son los reservorios más grandes de este mineral en el mundo.
Sin embargo, Bolivia camina a su sexto fracasó en industrializar el litio. Ya lo intentó antes en cinco oportunidades desde 1975, pero todos esos intentos fallaron por diversos motivos. “El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos, cuidado que mañana ya aparezcan las baterías de hidrógeno, de sodio y reemplacen al litio”, advirtió el presidente Arce hace dos semanas. Ahora, la batalla política en el Legislativo y la lucha cívica en las calles pone en jaque el futuro del mineral.
Imagen destacada:El salar de Uyuni es el principal atractivo turístico de Bolivia. A este imponente espejo de sal llegan miles de turistas al año. Crédito: Iván Paredes
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