- Charque es una comunidad de 36 personas de la etnia indígena mosetén, ubicada en la reserva Pilón Lajas, en plena Amazonía boliviana.
- Un estudio evidenció que la mayoría de estos indígenas están intoxicados con mercurio.
- Charque es un ejemplo de resistencia para otras comunidades vecinas y trabajan en conjunto con guardaparques para proteger la reserva, donde cualquier intento por hacer minería es, por ley, ilegal.
- Los comunarios de Charque recibieron ofertas de empresas mineras para ingresar a su territorio a cambio de dinero y obras, pero se han negado en tres oportunidades.
Luego de recorrer más de dos horas en bote por el río Beni desde el puerto de Rurrenabaque y caminar 20 minutos por la selva, los visitantes son recibidos por los comunarios indígenas de Charque con un plato de pescado frito. Esa es la única forma en que hoy consumen el pescado en ese pequeño poblado de la Amazonía boliviana, después de que les compartieran el resultado de un análisis médico que confirmó la presencia de mercurio en los habitantes ribereños, ocasionada por la contaminación minera que hay a su alrededor. Según cuentan, los médicos les dijeron que el aceite hirviendo podría ayudar a disminuir las concentraciones de mercurio en los alimentos.
Los charqueños, lejos de beneficiarse de la extracción aurífera ilegal, rechazaron tres veces la oferta de empresas extractivistas para explotar oro en su territorio. La tajante negativa no evitó la contaminación que hoy sufren, pero les hizo reafirmar su veto a la minería y su intensión de impulsar a otras comunidades a seguir su camino.
“Antes consumíamos mucho pescado, pero ahora nos da miedo”, cuenta Merciel Chita, el segundo corregidor (cacique) de Charque, una de las 23 comunidades que habitan en la Reserva de la Biosfera Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, que está distribuida en 400 000 hectáreas, entre Beni y La Paz, y es dividida por el río Beni, su principal fuente de agua para subsistencia.
“Antes el río Beni era cristalino, todos se bañaban ahí. Ahora mantiene así, como lo ven (turbio), nunca se aclara. Es porque en Mapiri (municipio cercano) están explotando las dragas y botan la contaminación de la minería industrial”, explica Chita.
Desde el puerto de Rurrenabaque, donde se toma el bote que se dirige a Charque, el caudal del río mantiene la misma tonalidad café que contrasta con el verde de los árboles a su alrededor. En el atardecer, el sol que cae por el horizonte se difumina con las olas turbias que aumentan a medida que termina el día.
Según contaron los comunarios a Mongabay Latam, este cauce comenzó a cambiar hace diez años por la explotación minera de oro sin control en Mapiri, un municipio de La Paz por donde pasa el río Kaká, que desemboca en el río Beni, y llega hasta comunidades que no reciben ningún beneficio económico de la explotación del oro, pero sí sufren las consecuencias ambientales.
Si bien en Mapiri operan empresas mineras que cuentan con los permisos estatales, son comunes los cuestionamientos e irregularidades al cumplimiento de la ley. En 2021, el alcalde del municipio declaró que la extracción de oro convirtió a Mapiri en una región “sin ley donde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) perdió autoridad”.
Chita asegura que los indígenas no pueden tomar agua de forma directa. Una vez que la sacan del río, deben esperar al menos una hora para que la arena que contiene se asiente en el fondo. “Quedan como dos centímetros de espesor de tierra al fondo del balde. En febrero, el agua estaba tan sucia como si se hubiera bañado un chancho”, describe el líder.
A raíz de la contaminación de los peces, los indígenas comenzaron a comprar pollo y preparar guisos que acompañan con arroz, yuca y plátano. Al ser un pueblo muy pequeño, todos comen de una olla común que preparan las mujeres de la comunidad.
“El dinero se acaba, pero la vida no tiene precio”
Charque es una pequeña comunidad de la etnia indígena mosetén, en la que viven 36 personas que se dedican a la agricultura para su consumo y, sólo si tienen excedentes, llegan a vender parte de la producción en Rurrenabaque, la ciudad más próxima, a poco más de dos horas en bote.
En sus inicios, esta comunidad vivía en Palos Blancos, La Paz, pero hace unos cinco años cruzaron el río hacía Rurrenabaque, en Beni. Debido a los cambios climáticos, en 2020 tuvieron que moverse nuevamente y adentrarse más en la selva porque su territorio anterior, que estaba cerca de la ribera, se inundaba constantemente y sufrían la destrucción de sus pequeñas casas hechas de madera y paja.
“Nos daba pena por los niños porque el agua tardaba en secar un mes y quedaba todo lleno de barro. Les salían hongos en los pies, no podían ni caminar”, dice Chita.
El nombre inusual de esta comunidad tiene su propia historia. La caza era una de las actividades principales de estos comunarios, tanto para consumo como para comercializar el cuero. Chita cuenta que un día, un grupo de cazadores indígenas de la comunidad quedó atrapado en la selva por la noche, pusieron el charque (carne deshidratada) de sus animales en un bote y, buscando el cauce del río, volcaron, perdiendo todo lo que habían cazado. Así decidieron bautizarse bajo el nombre de Charque.
Si bien el director de la Reserva de la Biosfera Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, Álvaro Segovia, asegura que no hay actividad minera dentro del área protegida, donde vive la comunidad de Charque, la explotación aurífera en los alrededores ha aumentado y los intentos para ingresar han sido varios.
“Llegaron varias solicitudes de algunas empresas, pero todas fueron denegadas porque nuestro decreto de creación establece que se prohíbe la otorgación de áreas mineras, forestales o petroleras”, indica Segovia a Mongabay Latam.
En 2017, una empresa minera que opera legalmente en Mapiri llegó hasta Charque con la intención de explotar oro en su territorio. A cambio, prometió construirles una sede para sus reuniones, agua potable, tinglado, luz, una posta de salud, un colegio y otorgarles 200 000 dólares en efectivo.
En ese entonces, Chita era parte del Consejo Regional Tsimane Mosetén (CRTM) —que agrupa a las 23 comunidades de la reserva Pilón Lajas— y estuvo en la reunión que mantuvieron los indígenas con la empresa. “Ellos pensaron que nos iban a comprar. La gente se puso dura, no aceptó. No pensamos ni dos veces. La comunidad tomó la decisión”, recuerda.
La compañía insistió un par de veces más y, según Chita, empleó diferentes métodos para persuadir a los comunarios, como organizar reuniones sin los guardaparques o con grupos pequeños de indígenas para dividirlos. Incluso les mostraron planos de la posible obra ejecutada. “Les dijimos: el dinero se acaba, pero la vida no tiene precio”, sostiene Chita.
Gonzalo Huasna, presidente del Consejo Educativo de Charque, afirma que siempre tuvieron claros los peligros que podría traer la minería a su territorio; lo habían visto en comunidades vecinas como Mapiri y sentían que estaban cerca de vivirlos en carne propia. Se mantuvieron firmes y volvieron a repetir su negativa a la minería, la cual es ilegal dentro de áreas protegidas como Pilón Lajas.
«Estamos contaminados»
Negarse a la minería en su territorio no fue suficiente para evitar los efectos de la contaminación. Los comunarios de Charque comenzaron a ver desde hace diez años, con la minería en Mapiri, cómo su río cambiaba de color y disminuía la presencia de peces; además empezaron a presentar problemas de salud.
Los primeros síntomas fueron mareos, dolor de cabeza, malestar estomacal y diarrea. La alerta era compartida por comunidades vecinas que también sufrían por la contaminación y tenían los mismos problemas de salud.
Esto motivó a que, en 2022, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) —que agrupa a todas las comunidades amazónicas de Bolivia— impulsara un estudio médico para determinar si había contaminación y cuál era el nivel de afectación. Participaron 302 personas de 36 comunidades pertenecientes a los pueblos tacana, uchupiamona, tsimane, lecos, esse ejja y mosetén, al que pertenece Charque.
Las muestras se obtuvieron de peces y del pelo de las personas. “Nosotros esperamos con agonía los resultados para saber qué es lo que estaba pasando… Estamos contaminados”, sostiene Magaly Tipuni, presidenta del Consejo Regional Tsimane Mosetén (CRTM), que agrupa a las comunidades que viven en la reserva Pilón Lajas.
Tipuni sostiene que al ser comunidades que basan su alimentación en el pescado y el agua del río están más propensos a la contaminación. “El río nunca aclara. Los peces, a veces, están malogrados”, afirma.
El estudio evidenció que el 74.5 % de las personas analizadas presentó niveles de mercurio por encima de los 2.00 partículas por millón (ppm), establecidas como máximo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque la entidad aclara que desde 0.58 ppm de concentración de mercurio una persona ya puede presentar daños neurológicos.
En 18 de las comunidades muestreadas, todas las personas estudiadas presentaron niveles altos de mercurio. Una de esas comunidades es Charque que, además, ocupa el sexto lugar con mayor porcentaje del metal. Allí, seis mujeres se sometieron a los estudios y a todas les dieron la noticia de que estaban contaminadas por mercurio con niveles que superaban los 2.00 ppm y llegaban incluso a 4.00 ppm.
“Nuestra vida es el pescado. Nosotros estamos acostumbrados a comer pescado todos los días, tomamos agua del río. Es así que se nos está contaminando”, explica Magaly Tipuni.
Una de las mujeres que participó en el estudio, y que prefirió no revelar su nombre para evitar ser estigmatizada, se encarga de la comida con la que reciben a los visitantes. Tiene más de 60 años, camina descalza por el suelo de tierra y tiene el cabello largo y suelto. Sonríe, aunque, en su idioma nativo, dice que está preocupada por las mujeres más jóvenes.
Desde que les entregaron los resultados las cosas no han cambiado mucho. Chita cuenta que sólo les dieron la recomendación de no comer “sudado de pescado” sino más bien freírlo porque, como el metal se concentra más en la grasa, con esta cocción una parte del mercurio termina quedándose en el aceite de la sartén.
“Ahora parece que si comes pescado, mueres por la contaminación. Es preocupante”, asegura Chita. El líder indígena también cuenta que los peces en el río han disminuido debido a la contaminación y a la pesca fuera de tiempo de veda.
La Cpilap presentó una acción popular en agosto de 2023 para frenar la explotación minera en la zona, la cual fue concedida en septiembre del mismo año. Sin embargo, cuando Mongabay Latam llegó al lugar durante el XI Foro Social Panamazónico (FOSPA), realizado en junio de 2024, la realidad de las comunidades que viven en las riberas del río Beni era la misma.
Los comunarios de Charque cuentan que siguen tomando el agua que, sostienen, está contaminada porque no tienen otra opción. Intentan cocinar el pescado de forma diferente, pero no siempre es posible porque deben comprar aceite y para eso necesitan dinero.
Durante el XI FOSPA se denunció el incumplimiento de la acción popular y el avance de la contaminación minera en la zona. Entre las resoluciones del encuentro está exigir que el gobierno boliviano tome medidas para mermar los daños provocados por la minería aurífera.
“Estamos haciendo seguimiento y vamos a hacerlo siempre para que esto se detenga. Acordarnos del tema minero nos trae dolor de cabeza, nos trae tristeza. Dentro del territorio no queremos la minería porque nos ha costado mucho. Tenemos a nuestro territorio unido, todas las comunidades dicen a una sola voz ‘no queremos minería’”, afirma Magaly Tipuni.
Vulneración en aumento
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Alfredo Zaconeta, explica que además del mercurio proveniente de Mapiri, en ese municipio también se da contaminación por combustible, lubricantes, aceites y otros elementos, lo que genera un cambio importante en la vida de los comunarios aguas abajo.
“Llama la atención la alteración de su hábito alimenticio; ahora reemplazan el pescado por el pollo porque son conscientes de que un consumo masivo de pescado incide en su salud”, sostiene.
Este cambio también genera una modificación en su economía porque deben recurrir al mercado de la ciudad para comprar el pollo, lo que representa un gasto al que no están acostumbrados, considerando que, tradicionalmente, se alimentan de lo que se produce y crece en su entorno.
“La presencia de la minería está atentando no solo a nivel ambiental y sanitario, sino también en la economía. Son transformaciones que no se ubican en el proceso socioambiental de la zona y tienen incidencia de carácter negativo”, explica Zaconeta a Mongabay Latam.
Zaconeta dice que procesos de resistencia, como el de Charque, a veces tienen un período de caducidad porque hay muchos casos en los que las comunidades terminan sucumbiendo ante el sector minero cooperativo. “Cuando hay necesidades, pobreza, desigualdad, son más propensos [a ceder a las presiones extractivas] y sin el apoyo del Estado para fortalecer su vocación agrícola, la minería se abre paso”, advierte.
A todo esto se suma que los comunarios de Charque no realizan minería artesanal, pero hay comunidades vecinas que sí recolectan oro para obtener dinero para satisfacer algunas de sus necesidades básicas.
El director de la reserva Pilón Lajas, Álvaro Segovia, asegura que realizan controles para que los comunarios no extraigan oro en zonas prohibidas. En caso de que sobrepasen los días permitidos (cinco al mes), se les desaloja y, si vuelven a extraer, se hace un proceso administrativo que les impone una multa, aunque no supo indicar los criterios con los que se fijan los valores para dicha sanción.
“Como autoridades de la reserva nos vemos de manos atadas porque la contaminación viene de aguas arriba y no tenemos competencia sobre estas actividades ilícitas. Recibimos la contaminación de las cabeceras de los ríos y arroyos”, lamenta Segovia.
Cuidado en conjunto
Los aliados de Charque para impedir la actividad minera en la reserva Pilón Lajas son los guardaparques, quienes, al igual que ellos, son indígenas que quieren cuidar su territorio.
Cuando se creó la reserva, en 1992, había 20 guardaparques. A medida que pasó el tiempo, varios se fueron retirando y no se suplió su lugar, por lo que actualmente solo hay 10 para las 400 000 hectáreas que abarca esta área protegida.
El indígena mosetén Román Micho es uno de los guardaparques más antiguos de la reserva. En los 25 años que lleva trabajando en Pilón Lajas vio cómo el territorio fue cambiando por la falta de ayuda del Estado. También explica que se sumó la contaminación minera en las cabeceras de cuenca, lo que ocasiona afectación a todas las comunidades por donde pasa el agua del río.
“Trabajamos en conjunto. Hay asambleas y ahí los comunarios nos dicen dónde hacen los patrullajes, tanto por carretera como por el río”, dice Micho a Mongabay Latam durante la visita a Charque.
El guardaparque Carlos Aparicio cuenta que las empresas mineras se acercan constantemente al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para pedir permiso para ingresar a la reserva, mientras intentan negociar en paralelo con los comunarios.
“Estamos unidos con las comunidades. No los dejamos abandonados. Ya hay intentos de cuadricular [dividir el territorio para hacer minería]. Quizá van a querer avasallar después”, sostiene Aparicio, quien además menciona que hasta el momento no hay empresas mineras dentro de la reserva, pero sí minería artesanal.
La minería artesanal está enmarcada dentro de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, que avala el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas que extraen metales, en menor cantidad, para su subsistencia. Esta práctica está regulada y no puede tener fines comerciales a gran escala ni el uso de herramientas de la minería industrial, pero la falta de control hace que muchas veces sea usada para hacer minería ilegal.
A pesar de los retos, los habitantes de Pilón Lajas no se rinden. Al ser un territorio grande y contar con poco personal, la vigilancia se hace en equipo. Si alguno de los comunarios ve a extraños, avisa a los demás y llama a los guardaparques para que supervisen el ingreso de los desconocidos.
El idioma ayuda a los guardaparques a acercarse a los comunarios ya que hablan la misma lengua y entienden las necesidades que tienen, porque muchas son compartidas.
Los guardaparques aseguran que Charque es un ejemplo para otras comunidades, ya que protegen su territorio pese a las adversidades. También enfatizan en que eso los impulsa a mejorar el control trabajando en equipo. “No nos damos por vencidos, seguimos vigilando nuestro territorio. Queremos garantizar la existencia de las comunidades que ancestralmente viven en el área”, indica Micho.
Imagen destacada: montañas de piedras son algunos de los rastros que quedan luego de lavar la tierra para encontrar oro. Foto: Nicole Andrea Vargas.
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