Gonzalo Colque, economista, especializado en estudios agrarios y ambientales, fue director ejecutivo en Fundación Tierra, donde actualmente se desempeña como investigador, y es una voz autorizada en Bolivia cuando se trata de analizar la compleja realidad ambiental de este país sudamericano, atravesado por crisis políticas, económicas y sociales.

Colque adelanta que en Bolivia los megaincendios de 2019 y 2024 no sólo podrían repetirse este año, sino que el país no tiene forma de responder adecuadamente a una nueva tragedia socioambiental de este tipo.

El economista ve un desgobierno y un Estado acosado por una situación económica que lo lleva a desatender los problemas ambientales. Deforestación en alza, avance de la frontera agropecuaria y los monocultivos sobre los territorios que deben conservarse, además de la propagación de la minería ilegal y la contaminación de los ríos por el uso del mercurio son los dos frentes ambientales que destaca en diálogo con Mongabay Latam.

-¿En qué situación han quedado las áreas arrasadas por los incendios de 2024?

-Hemos tenido dos eventos extremos de incendios en los últimos cinco años. En 2019, tuvimos una cifra récord que no tiene antecedentes en hectáreas quemadas. Ese número bajó en 2023 pero se ha disparado de nuevo el año pasado, prácticamente duplicando la cifra a nivel nacional de lo que teníamos en 2019. Hemos llegado a una situación ya catastrófica en términos generales. La segunda idea es que estos recientes incendios están principalmente concentrados en el departamento de Santa Cruz. Antes era una combinación entre Santa Cruz y Beni. A veces Beni encabezaba el número de incendios y después Santa Cruz, pero últimamente es Santa Cruz el principal protagonista de los incendios, lo cual es un cambio cualitativo importante porque las quemas en Beni están relacionadas principalmente con la quema de los pastizales de los potreros ganaderos, de las estancias ganaderas y tiene fines principalmente de rehabilitar las zonas de cultivo y los rebrotes de las pasturas. Entonces tiene fines estrictamente de ganadería extensiva. Esas zonas no son tan de bosque, sino de vegetación alta. El hecho de que eso haya ocupado un segundo lugar ahora y el principal protagonista sea Santa Cruz significa que las razones por las que se hacen desmontes y quemas no son para la ganadería, sino fundamentalmente para la expansión de la frontera agrícola con fines de habilitar tierras de monocultivos, principalmente para soja, la agricultura mecanizada y la gran extensión de los monocultivos. Y esto está relacionado con que la soja es un commodity internacional que sigue teniendo precios altos desde hace más de diez años.

-La crisis de 2024 podría indicar que las autoridades no aprendieron de las crisis de los incendios de 2019. ¿Esta vez cree que cambió algo, que las autoridades van a tomar medidas para evitar otra crisis en 2025?

-El problema es que la capacidad económica del Estado entre el 2019 y 2024 es muy distinta. En 2019, Bolivia estaba en la etapa final pero todavía estaba en el ciclo alto del boom o de la bonanza de la renta petrolera, básicamente por la exportación de gas natural. Eso se ha agotado, se han agotado las reservas internacionales de divisas y el año pasado ya hemos tenido otro tipo de problemas económicos, lo cual quiere decir que la capacidad financiera del Gobierno para combatir incendios está prácticamente desmantelada. Tanto es así que el Gobierno ha pedido no solamente una, sino varias veces este financiamiento a la cooperación internacional en forma de créditos para combatir los incendios. Hay un proyecto de financiamiento del año pasado justamente para esto con el BID [Banco Interamericano de Desarrollo] de 250 millones de dólares para combatir riesgos, entonces esa es una muestra de que no hay fondos. Lo que sí me llama la atención es que estos préstamos internacionales son para desastres naturales y en el caso de los incendios podrían ser contraproducentes. Podrían tener un efecto perverso por lo siguiente: los desastres naturales, cuando hay inundaciones, sequías, no son provocadas por el hombre directamente, y esos desastres son inevitables, impredecibles. Y hay que intervenir. En el caso de los incendios, sí hay relación, mayormente están provocados por la mano del hombre. Se genera un incentivo negativo porque si hay incendios el gobierno se declara en emergencia y esa declaratoria de emergencia habilita el acceso al financiamiento externo. No han evaluado en los organismos internacionales que han aprobado estos financiamientos que esto, en lugar de ayudar a combatir los incendios, puede empeorar y probablemente, hasta diríamos especulando, podría haber pasado eso el año pasado.

-Usted viene advirtiendo sobre un aumento de la deforestación, especialmente desde 2016 y 2024 no fue la excepción. ¿Cuáles son los mecanismos de la deforestación en Bolivia?

-Nosotros tendríamos que hablar de desmontes. La deforestación implica pérdida de bosque por degradación, por sequía, por falta de recuperación y otros temas. Y el origen fuerte de la intervención humana son los chaqueos o desmontes. La diferencia con respecto a hace 15 años es que los desmontes actualmente se hacen mecanizados. Antes eran manuales y a pequeña escala. Ahora, como los desmontes están dirigidos para la agricultura mecanizada, se utiliza maquinaria pesada, que habilita tierras a gran escala, unidades de producción de 20 hectáreas para arriba. Ese es el tamaño al que funciona este modelo de agricultura. Desmontar con maquinaria a escalas mayores de por sí genera la probabilidad de que las quemas sean mucho más grandes y los riesgos mucho más altos a la hora de cuidar que ese desmonte no afecte durante la quema a los bosques y se convierta en incendios. Es fundamental, por ejemplo, que alrededor de la zona desmontada existan unos corredores de cortafuego. Hay que limpiar toda la vegetación y dejar una franja que tiene que ser el doble de la altura de los árboles para que el fuego que se provoca en esa parcela, en esa unidad productiva, no llegue a quemar el bosque. Esas son las características técnicas y legales de los desmontes. Entonces, obviamente, al no existir fiscalización, control y muchas quemas no autorizadas, estos cuidados no se han hecho. Esto multiplica el riesgo de los incendios por la escala, por la magnitud del fuego, y porque los puntos de contacto entre las zonas de quemas y el bosque son demasiados. Hace diez años teníamos unos 10 000 puntos de contacto, por poner un dato general, y hoy día fácilmente tenemos unos 50 000.

-El Gobierno declaró en septiembre una pausa ecológica. ¿Cree que fue útil? ¿Esa medida sirvió para algo?

-Ninguna medida sirve si no tiene fondos, si no tiene financiamiento. Y si por detrás no hay una política de combatir el fuego. Recordemos que una parte importante de los aliados políticos del gobierno son los dirigentes políticos, campesinos e indígenas que han recibido tierras en estas zonas y ellos también han recibido autorizaciones para desmontes sin mayor trámite de 20 hectáreas por familia. Entonces, hay un conflicto de interés muy grande. Son medidas básicamente declarativas que no tienen efecto en los hechos.

-¿Crees que en Bolivia hay zonas de sacrificio?

-Creo que sí pasa eso en lo que llamamos las reservas forestales, existen varias reservas forestales creadas en los años 60 o 70, es decir, hace 50 años, donde no se permiten nuevos asentamientos, no se permite la habilitación de esas tierras para agricultura y que su potencial mayor de estas zonas es la explotación racional sostenible de la madera. Estas son las zonas de saqueo actualmente por dos razones primero: para lucrar con la madera y, después de lucrar con la madera, convertir eso en monocultivo.

-¿Son bosques nativos?

-Si, son nativos. Es toda la zona tropical y prácticamente está conectada a la Amazonía. La tendencia es histórica pero se agrava a partir de 2005. Entran los cultivos transgénicos al país y estos cultivos transgénicos empiezan a tener una inserción exitosa en el mercado internacional y en el caso boliviano el modelo agropecuario se pone económicamente atractivo porque Bolivia desde 2011 tiene los precios de combustibles congelados. Esto abarata muchísimo los costos de producción de la agroindustria, que tiene una rentabilidad mucho más alta que otros sectores económicos. Así, se incentiva una mayor inversión y, finalmente, una mayor presión sobre la expansión de la frontera agrícola en el país.

-La minería del oro se está expandiendo por la Amazonía en la región. ¿Cuál es la situación en el caso de Bolivia?

-La minería ha cobrado fuerza, la del oro principalmente, por los precios internacionales y por la facilidad que había para hacer contrabando con esta minería y el hecho de que no pagan prácticamente impuestos. Entonces es un modelo también extractivo en esos términos, en este caso controlado de manera corporativa por las cooperativas mineras y ellos lo que han hecho es ampliar las zonas de explotación tradicional del oro que había en el norte Amazonía, en el norte de la Paz, que ya es Amazonía, y con esta intensificación y con el uso indiscriminado de mercurio han ido avanzando hacia los principales ríos de la Amazonía. Generalmente vemos que están conectando con la minería ilegal del oro de Perú. Ahí el problema fundamental es la contaminación de los ríos y el despojo de derechos de uso y de aprovechamiento de recursos naturales a los pueblos indígenas. Entonces los cooperativistas, las cooperativas mineras, no tienen derechos de propiedad o derechos de uso de sus recursos naturales, sino que tienen concesiones. Y estas concesiones afectan a varios pueblos indígenas que están en situación de minoría y fragilidad, al grado que muchos de esos pueblos indígenas acaban entrando en una alianza económica para juntos explotar esta minería.

-¿Se ha tomado alguna medida con respecto a la minería ilegal?

-Existen varias medidas e incluso las autoridades han hecho intervenciones en terreno para expulsar a cooperativistas mineros asentados ilegalmente. Ha habido un intento de aumentar el impuesto a la minería del oro. Todo esto ha provocado un conflicto social muy grande. Entonces, el Estado ha sido rebasado en cuanto a fuerza porque este sector es un sector bastante estructurado, organizado y defienden corporativamente este modelo de economía. Creo que los intentos de controlar esta minería han rendido muy pocos frutos. El interés económico que está en juego es muy grande y se impone lamentablemente por encima de cualquier intento de regulación o control.

-¿Cuál cree que debería ser el modelo que funcione para la defensa del ambiente en Bolivia?

-La Amazonía boliviana no tiene una estrategia de protección y de defensa. Las estrategias y creo que esto no es solo en la Amazonía boliviana, sino también en Ecuador, Colombia, la estrategia o el marco conceptual como entendemos la Amazonía es de los años 90. Es la de la conservación con fines de no tocar el paisaje, de manejar paisajes intocables. La idea de que creando territorios indígenas vamos a crear zonas de exclusión del modelo extractivista. O la idea de que los parques nacionales van a quedar al margen del avance de este tipo de modelos de explotación. Fundamentalmente la idea de los años 90 era que los planes de manejo del suelo y bosques estaban relacionados a directrices de recomendaciones para buenas prácticas, existan reglas, instrumentos técnicos para evitar este tipo de avances territoriales de modelos extractivistas. Nada de eso ha funcionado y todavía seguimos trabajando con ese marco normativo. Le doy un ejemplo: en Bolivia hay áreas que están declaradas como áreas de protección de bosques que no pueden tener agricultura mecanizada, que no pueden tener agricultura comercial, donde sólo se puede hacer agroforestería, pero eso no está definido en blanco y negro, sino que estas normativas dejan un margen de discrecionalidad para la interpretación de los técnicos encargados de dar estas autorizaciones para que ellos hagan una micro interpretación. Y en este contexto económico acaban dando permiso a todos. Entonces uno ve el mapa territorial y lo que era bosque de protección es agricultura con desmontes, con deforestación, con incendios. Entonces este es un problema fundamental que tenemos en el país. Creo que no hemos hecho una innovación en términos de definir una estrategia de trabajo para la protección de estos ecosistemas. Todavía mucha gente cree que la mejor estrategia es aliarse con los pueblos indígenas, apoyar a las organizaciones indígenas y per sé las organizaciones indígenas son antimodernidad, anticapitalista. Y nada de eso sucede. Acabamos de tener un caso en el que un pueblo indígena vendió su territorio a una secta.

-La Fundación Tierra realizó un informe sobre los cuestionamientos a los nuevos contratos de litio de Bolivia con empresas de Rusia y China. ¿Nos podrías explicar los principales cuestionamientos y a qué se deben?

-Sabemos que existen dos contratos con una empresa rusa y una empresa china para la explotación del litio en el país. Hasta el momento las principales observaciones que hemos hecho no son tanto en términos ambientales sino en términos económicos, porque ese modelo de contrato prácticamente determina que la carga de los riesgos financieros, económicos la asuma Bolivia y que las inversiones que estas empresas van a traer al país van a ser en realidad son préstamos con altas tasas de interés que Bolivia va a devolver en producto, es decir, en litio. Entonces, las empresas participan en un negocio con un 49 % en los beneficios sin hacer inversión, participan en calidad de prestatarios que además lucran porque hacen el papel de un agente financiador.
Y el otro problema que hemos observado es que han inflado los costos de producción y determinan altos costos de producción. ¿Para qué? Para que los beneficios que vayan a repartirse al gobierno boliviano sean mucho menores, para que los márgenes de ganancia sean minimizados para de esa manera quedarse con la mayor parte de los ingresos. Sabemos que en Argentina o en Chile los costos de producción llegan a ser mucho más bajos. Entonces estamos hablando de unos costos operativos muy altos que no tienen paralelismo con los países vecinos, que explotan ese argumento de que en Bolivia es más costoso producir por temas técnicos. Entonces nos interesa porque es un tema de modelo de economía extractivista, es un modelo que tiene costos sociales y es un modelo también de externalización de los recursos a través de este tipo de acuerdos con organismos internacionales.

-Bolivia llegó a impulsar una política de nacionalización del litio. ¿Qué pasó en el trayecto, además de los cambios políticos? ¿Por qué no se mantuvo esa línea?

-Porque en términos políticos y reivindicativos es obviamente atractivo, especialmente en los momentos en que se ha vivido una ola de izquierda extrema en el país. Pero operativamente y económicamente no tiene sentido, porque el país necesita control y capacidad tecnológica. Y Bolivia no va a llegar a tener eso. Falta un diseño institucional distinto y reclamar que Bolivia tiene que tener control sobre todo el proceso productivo y vender no solamente el litio como materia prima, sino baterías, lo cual significa un valor agregado y un conocimiento y tecnología que el país no tiene.

-¿Cómo crees que la crisis política que vive el oficialismo está afectando a la política ambiental?

-Es un poco difícil de evaluar, dado que las peleas dentro del MAS no están demasiado relacionadas con el tema de los recursos naturales, en términos de control de derechos y de uso. Pero sí hay dos temas relevantes. Una parte de los soportes políticos de Evo Morales han sido los interculturales, es decir, aquellas personas de origen campesino, sobre todo de las tierras altas, que han tenido beneficios como recibir tierras fiscales en estas zonas de incendios forestales para crear nuevas comunidades campesinas, lo cual se ha convertido en una fachada para la compra y venta ilegal de esas propiedades. Finalmente acaban siendo, no comunidades, sino monocultivos. Entonces, al existir esta ruptura entre el ala de Arce y la de Evo Morales, este sector se ha quedado mayoritariamente con Evo Morales y no están teniendo acceso a este tipo de políticas que benefician con tierras a los dirigentes. Pero a su vez el gobierno boliviano, si bien ha perdido cierto control en algunas zonas como San Julián, Cuatro Cañadas, ha entrado a otras zonas, como Yapacaní, que está en la frontera entre Cochabamba y Santa Cruz. Y en Yapacaní se están construyendo nuevos caminos en zonas que son protegidas, en el Choré, que es una reserva forestal convertida en Parque Nacional. Hay un proyecto de carretera en construcción en nuevas zonas de asentamiento que benefician a estas comunidades. En la práctica, el Gobierno sigue haciendo lo mismo solamente con diferentes sectores. El cambio o la lucha o la pelea no han significado un retroceso en el modelo expoliador de los recursos naturales que tenemos desde hace tiempo en el país.

-¿Cuando el oficialismo habla de la Madre Tierra, la Pachamama, crees que es algo que queda solo en el discurso?

-Ahora ya no habla. Sí lo hace David Choquehuanca, pero casi a título personal. El vicepresidente ya prácticamente tiene un perfil público de alguien que discursa en términos de radicalismo ambiental, proteccionismo, la Pachamama, pero en eso queda, en una figura decorativa y sabemos que no es política de Estado.

-¿Cómo está manejando el Gobierno la crisis por las inundaciones y qué medidas de prevención crees que se podrían haber tomado y no se tomaron a tiempo?

-Lo único que sabemos es que se acaba de aprobar un préstamo, un crédito externo de 75 millones de dólares dirigido a la reposición de los daños causados por este evento climático. La pelea boliviana es que ese dinero no va a ir directamente a reparar estos daños porque lo que hará el Gobierno es recibir el préstamo, emitir ese préstamo en moneda nacional y el Banco Central otorgará al Tesoro General de la Nación esos dólares en calidad de préstamo y el Tesoro General utilizará estos fondos para importar combustibles. Entonces económicamente esto significa que en el camino se van a quedar muchas cosas y hasta es posible que el Fondo acabe financiando gastos ya asumidos por el gobierno. Entonces, realmente siendo optimista, yo diría que un 20 % de eso llegará para reparar los desastres y eso va a acabar en reponer la construcción de un puente que está afectando seriamente el acceso caminero en la zona norte de La Paz. Esa es la capacidad de respuesta que tenemos por ahora.

-Describe una política de tapar agujeros con parches…

-Estamos en un año electoral. La crisis económica es insostenible y está condicionando todo lo demás, incluyendo derechos ambientales, incluyendo desastres naturales, incluyendo que no vamos a tener políticas de prevención de los próximos incendios. Tenemos un problema fuerte que también tiene múltiples crisis. En esas condiciones casi, casi estamos abandonando muchas políticas y prácticas de protección del ambiente o de los derechos de los pueblos indígenas. En este momento tenemos un Estado con muy poca capacidad de actuación, de fiscalización, de intervención, de implementación de las políticas que existen. Hay una motivación doble ahora para producir más soja porque el Gobierno se ha convertido en comprador de soja que convierte en aceite y este aceite lo convierte en biodiésel, en un intento desesperado de disminuir las importaciones de diésel en el país. Entonces eso exacerba obviamente el interés por depredar más los bosques para los monocultivos.

-Los guardaparques han sido protagonistas de una crisis institucional a principios de año, con denuncias, desplazamientos y reincorporaciones. ¿Qué crees que está fallando en este punto?

-Tenemos un desgobierno muy grande. Hay gente que no tiene sueldos. No hay presupuesto operativo para que cumplan con su trabajo. Hay pugnas internas que se disputan el control de estas unidades, no solamente por el tema de acceso a un empleo público, sino también por tener mayores derechos y autorizaciones de uso de estos recursos naturales en áreas protegidas. Hay una limitación muy fuerte en términos operativos de estas unidades y también se ha perdido el norte de qué es lo que se quiere como política de Estado. Los funcionarios públicos sienten una desorientación muy grande sobre cuál debe ser su rol. Y en algunos casos acaba siendo lo que cada uno decide. Entonces falta un lineamiento, que persiga objetivos, alcance metas. Además, Bolivia también ha renunciado a firmar compromisos internacionales, entonces internacionalmente no tiene la obligación de disminuir la deforestación en el país. El presidente Lula da Silva convocó a todos los presidentes de la Amazonía y Bolivia no firmó este acuerdo. Entonces, eso también muestra que Bolivia está en una posición de ambivalencia en estos términos. Porque hace dos años se negaba a los créditos de carbono y hoy en día es considerado como una oportunidad de financiamiento importante para conseguir dinero a cambio de protección de los bosques.

-¿Cuál crees que es el principal desafío ambiental para Bolivia?

-Sin duda son los incendios. Son los que causan el mayor impacto en términos de indicadores y de contaminación y de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el país. Se sospecha que habría duplicado las emisiones de carbono con lo que ha pasado el año pasado. Es desafiante porque no solamente pasa por una política de prevención, de control, de fiscalización, sino por un rediseño de todas las salvaguardas ambientales y de los derechos de uso de las tierras. Significa una rezonificación de las áreas de intervención y de no intervención, de protección y de restauración. También significa, obviamente, tener acuerdos y pactos sociales. Entonces, ya de por sí, si Bolivia enfrentara y resolviera ese tema en los próximos cinco años, tendríamos un avance respecto a lo que tenemos hoy en día. Lo segundo, creo, es la contaminación por la minería del oro de la Amazonía.

-¿Se han tomado medidas sobre la contaminación por mercurio?

-No, lo que había es una política de control más estricto a la importación de mercurio en el país, que creo que ha tenido un efecto fuerte. Y ahora un efecto indirecto, porque no tenemos capacidad de importación y los mineros lo que reclaman son dólares para seguir importando este material. Por la crisis económica algunos daños ambientales se han paralizado.

-En el corto plazo, ¿Bolivia no está preparada para combatir una nueva crisis de incendios?

-No, para nada, no está preparada. Es más, yo diría que esa posibilidad de acceso a ese financiamiento externo de 250 millones es un arma de doble filo. Si tuviera que recomendar, recomendaría que los organismos internacionales no aprueben créditos o préstamos para la lucha contra los incendios en nombre de desastres naturales. Porque no son desastres naturales, sino son desastres provocados por el hombre. Y si el Gobierno nacional tiene un interés alto de tener ese financiamiento declarándose en emergencia nacional, de seguro que esa emergencia nacional de desastre va a acabar siendo provocada. Ese es el tema que creo que no están valorando los organismos internacionales que tienen firmados acuerdos de financiamiento de desastres naturales. Los incendios forestales no deberían considerarse como desastres naturales.

Imagen destacada: Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra desde hace 16 años. Foto: cortesía Fundación Tierra

Nota: este artículo fue corregido el 23 de marzo de 2025 por un error en el cargo de Colque en Fundación Tierra.

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Emiliadelfino Editor/a

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