- Muchos ministros dejaron sus cargos entre febrero y marzo, entre ellos la de Ambiente, Susana Muhamad, una de las pocas funcionarias que estaba desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro.
- Al ministerio de Ambiente llegó Lena Yanina Estrada Añozaki, indígena del Pueblo Uitoto, politóloga, con maestría en sostenibilidad, tecnología y humanismo y un doctorado en sostenibilidad.
- Estrada debe enfrentar problemas como el repunte de la deforestación, cómo brindar una información más clara sobre la meta de restauración en el país y cómo preservar territorios de gran biodiversidad dominados por el conflicto armado.
- La nueva administración también deberá lidiar con dos temas polémicos: la creación de una reserva en el páramo de Santurbán y el proyecto de ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.
El 4 de febrero fue un día crítico para el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro. Ese día el mandatario transmitió por televisión su consejo de ministros y Colombia presenció fuertes diferencias y rupturas internas en el Gobierno Nacional. La vicepresidenta Francia Márquez se quejó por los nombramientos de la canciller, Laura Sarabia, y del ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes han estado involucrados en escándalos recientes. A Márquez la secundó la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien aseguró que “como feminista y como mujer, no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti”, haciendo alusión a las denuncias por violencia de género que ha recibido el ministro.
Cinco días después, la ministra pasó su carta de renuncia en la que le aseguró al Presidente que “por las razones ya expresadas en el consejo de ministros del 4 de febrero, se hace incompatible mantenerme en el cargo. Sin embargo, dejo una ruta de transformaciones ambientales en marcha que pueden convertirse en legado de su gobierno”.
Mongabay Latam conversó con expertos que analizan cinco de los temas más importantes y polémicos que ahora quedan en manos de la nueva ministra Lena Yanina Estrada Añozaki, luego de que Muhamad dejó oficialmente su cargo el pasado 3 de marzo, poco después de la sesión final en Roma de la COP16 de Biodiversidad que inició en Cali en octubre de 2024.
Una deforestación que vuelve a repuntar
La deforestación en Colombia durante 2024 creció luego de dos años de disminuciones continuas. El ministerio de Ambiente dio a conocer que el último año se perdieron 107 000 hectáreas de bosque en el país, lo que representa un incremento del 35 % con respecto a 2023, cuando se perdieron 79 256.
Muhamad aseguró en su momento que la diferencia entre las cifras de ambos años estuvo altamente influenciada por las mesas de negociaciones con los grupos armados en el norte de la Amazonía, pues muchas de ellas empezaron a suspenderse o reestructurarse a partir de finales de 2023.
Este, sin duda, es uno de los principales retos de la cartera ambiental colombiana.
La congresista Julia Miranda le dice a Mongabay Latam que este incremento obliga a reflexionar sobre las causas estructurales y políticas detrás de este fenómeno, que no es sólo un problema ambiental, sino que se ha convertido en un instrumento de presión y conflicto en los territorios.
“La naturaleza y los bosques están siendo utilizados como un botín de guerra, donde la falta de presencia institucional y el abandono estatal han facilitado una reforma agraria ilegal y de facto”, comenta Miranda. “Esto no sólo implica la pérdida de biodiversidad y bosques, sino también la apropiación ilegal de tierras baldías de la Nación, lo que agrava el conflicto y la inequidad en el campo”, agrega.
La congresista asegura que para evitar que este aumento continúe, es urgente que el Estado ejerza un control efectivo sobre el mercado de tierras y evite la legalización posterior de aquellas que fueron obtenidas de manera ilegal. “No basta con trabajar con las comunidades para sacarlas de economías ilícitas. Es crucial revisar con mucho cuidado las propuestas que buscan entregar tierras en estos territorios, ya que podrían exacerbar el problema en lugar de resolverlo”, indica.
Por ejemplo, el proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria que tramita en el Congreso busca la creación de una nueva instancia judicial para resolver de manera pacífica y eficiente los conflictos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra en zonas rurales. Sin embargo, la iniciativa es criticada por la atribución de los asuntos ambientales a una jurisdicción que prioriza lo agrario sobre el ambiente y pretende crear reservas campesinas para dotar de tierras a campesinos en baldíos inadjudicables y en zonas deforestadas que no tuvieron antes vocación agraria.
Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, comenta que es fundamental contribuir a la consolidación de los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFB), definidos en el marco del Plan Integral de Contención de la Deforestación. Esta estrategia busca desarrollar intervenciones integrales que no sólo fortalezcan las acciones de seguimiento, control y vigilancia de las autoridades ambientales, sino que también brinden alternativas a las comunidades para el aprovechamiento sostenible de los bosques.
Para Barrera, el Gobierno Nacional, y no sólo el ministerio de Ambiente, tienen el reto de fortalecer las investigaciones criminales para identificar los vínculos entre grandes capitales y economías ilícitas responsables de la deforestación, reducir los riesgos de corrupción y promover sectores productivos comprometidos con mantener sus cadenas de suministro libres de deforestación. “Si bien los avances de los últimos años son evidentes, el reto aún se mantiene”, dice.
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Las dudas sobre las cifras de restauración
En su balance de gestión, Muhamad comentó que durante el tiempo que permaneció al mando del Ministerio se restauraron 292 830 hectáreas en ecosistemas estratégicos como la Amazonía, la Mojana, los páramos y el Bajo Cauca. Según dijo, esta iniciativa realizada en colaboración con las comunidades en los territorios y las autoridades ambientales, entes territoriales, empresas, institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), Parques Nacionales y cooperantes internacionales representó un avance del 38 % frente a la meta de restauración de 753 000 hectáreas para 2026 que fijó el Gobierno Nacional.
En este tema, el desafío mayor para Ambiente es garantizar que esa restauración perdure en el tiempo. La congresista Julia Miranda reconoce que las cifras son alentadoras, pero asegura que es vital profundizar en los detalles de estas estadísticas, “ya que los procesos de restauración son complejos y no se completan en dos años”.
Al hablar de restauración, Miranda considera importante involucrar tres factores. El primero de ellos es tener un enfoque integral, ya que “no se trata sólo de sembrar árboles, sino de recuperar funciones ecológicas, involucrar activamente a las comunidades locales y garantizar la sostenibilidad a largo plazo”.
El segundo factor es el monitoreo y la evaluación, pues se debe medir el éxito de las áreas restauradas en términos de biodiversidad, captura de carbono y beneficios socioeconómicos.
El tercer punto clave es la coordinación institucional porque, según dice Miranda, la restauración debe estar alineada con políticas agrarias, mineras y de desarrollo territorial para evitar conflictos y garantizar su efectividad. “No tiene sentido restaurar un área si, al mismo tiempo, se adjudican zonas de importancia ambiental para actividades como la agricultura”, enfatiza.
Por su parte, Germán Jiménez, coordinador de la maestría en Restauración Ecológica de la Universidad Javeriana, afirma que no ve una acción decidida o una estrategia nacional hacia la restauración ecológica. “Siguen siendo esfuerzos en sitios y áreas muy particulares, pero no veo que tengan un efecto importante en los procesos de restauración nacional y en el freno a la frontera de colonización”.
Jiménez también se pregunta “¿qué indicadores se utilizaron para medir el éxito de la restauración? ¿Se está haciendo monitoreo a estos procesos de restauración? ¿Se están recuperando procesos o son sólo acciones de reforestación?”. Para él, la respuesta a esos interrogantes son cuestiones esenciales para determinar si se va por buen camino.
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La naturaleza y los defensores frente a la escalada de violencia
Muchos territorios de gran riqueza ambiental enfrentan complejas situaciones de violencia. El Pacífico, la Amazonía y la región del Catatumbo viven grandes escaladas de inseguridad y problemas de orden público, debido a las disputas territoriales entre grupos armados, entre los que están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diversas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Ministerio de Ambiente tiene la compleja responsabilidad de buscar la conservación de los territorios en un escenario donde también intervienen las Fuerzas Armadas y donde la presencia de otras entidades del Estado es limitada y en algunos casos, inexistente. Según los expertos consultados, este escenario fomenta actividades ilegales como la deforestación y la minería ilegal, y pone en riesgo a las comunidades y líderes ambientales.
“Históricamente, la labor de conservación en nuestro país se ha desarrollado en medio de la guerra, y es paradójico que las zonas más biodiversas sean también aquellas donde el conflicto ha sido más intenso”, dice Julia Miranda. “En este contexto, el reto es abordar el problema desde un enfoque integral que combine la conservación ambiental con la construcción de paz”, añade.
La congresista, que durante casi 17 años fue directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, explica que la política de Paz Total del gobierno actual incluye un enfoque llamado Paz con la Naturaleza, el cual busca integrar la conservación ambiental en las negociaciones con grupos armados, pero hasta ahora, afirma, no se han visto avances concretos en las mesas de negociación sobre este punto. “Es preocupante porque los grupos armados son actores determinantes en la conservación o degradación de los ecosistemas”.
Miranda agrega que si los grupos armados continúan bloqueando la presencia institucional ambiental y auspiciando actividades destructivas, “los resultados pueden ser catastróficos, como ya hemos visto en zonas del Meta, Guaviare y la Amazonía, donde la deforestación y la degradación ambiental han alcanzado niveles alarmantes bajo el control de grupos armados ilegales”.
Ximena Barrera de WWF asegura que se debe reconocer a la naturaleza y los territorios como víctimas del conflicto armado y garantizar los derechos ambientales y de la naturaleza desde un enfoque biocultural.
Barrera considera que es importante que la nueva administración de Ambiente acelere la implementación de instrumentos como el Acuerdo de Escazú, que garantiza los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y que insta a los Estados a garantizar entornos seguros y libres de violencia para su trabajo.
“La protección de la naturaleza no puede cobrar más vidas en Colombia. En un país megadiverso debemos reconocer, alentar y respaldar la labor que hacen los guardianes de la naturaleza desde los territorios”, asegura, y agrega que “el rol de los defensores es fundamental en la conservación de la biodiversidad, en la mitigación y adaptación al cambio climático y en la prevención de la contaminación”.
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El polémico proyecto para ordenar la Sabana de Bogotá
El 28 de febrero, poco antes de dejar su cargo como ministra de Ambiente, Muhamad dejó listo para comentarios un proyecto que pretende ordenar ambientalmente la Sabana de Bogotá, que ha causado controversias durante marzo.
El objetivo era fijar los lineamientos para su ordenamiento ambiental, teniendo como eje conductor la planeación alrededor del agua, ya que en una ley de 1999 se consideró a la Sabana de Bogotá como área de interés ecológico nacional, lo que debe traducirse en medidas para su protección.
Sin embargo, la Empresa de Acueducto de Bogotá solicitó medidas cautelares en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando inquietudes sobre la forma en que se elaboró el documento. Esto llevó a que el 14 de marzo una magistrada ordenara suspender temporalmente el proyecto para garantizar la participación de actores clave en la región, quienes, según la Justicia, no habrían sido incluidos en la elaboración de la propuesta.
Este fue uno de los primeros impases que tuvo que enfrentar la nueva ministra Lena Estrada, quien apeló la decisión y está a la espera de la decisión final del tribunal. Mientras tanto, convocó “a todos los sectores a participar activamente en la consulta pública para construir, con celeridad, un proyecto de resolución que garantice la protección de los ecosistemas estratégicos y la seguridad hídrica de más de 10 millones de habitantes de la región”.
Para la congresista Miranda, el principal reto para la nueva administración será establecer un diálogo real y constructivo con los territorios, “escuchando a las comunidades, a las autoridades municipales y ambientales regionales, quienes tienen un rol decisivo en el ordenamiento y futuro de sus territorios”. También asegura que la imposición de una visión única desde el gobierno central “no solo genera desconfianza, sino que también limita la posibilidad de construir soluciones conjuntas y sostenibles”.
Germán Jiménez considera que se necesita de manera urgente un proyecto para ordenar ambientalmente la Sabana y que este debe tener como prioridades la conservación y restauración de ecosistemas cercanos a la capital colombiana, “inclusive ecosistemas dentro de Bogotá, pues más adelante la situación va a ser muy difícil en términos de tener beneficios derivados de unos bienes y servicios ecosistémicos en buen estado de salud”.
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La eterna discusión alrededor del páramo de Santurbán
Antes de renunciar al Ministerio, Muhamad también dejó en firme una resolución que declara una zona de reserva temporal en el lado occidental del páramo de Santurbán y que, según los expertos, seguirá siendo motivo de polémica para la nueva administración.
Muhamad firmó la Resolución 0221, que establece la declaración de 75 000 hectáreas como zona de reserva fuera del páramo de Santurbán por al menos dos años. Durante este lapso, se abrirá un espacio para que las comunidades interesadas y la ciudadanía en general puedan involucrarse activamente en un proceso de consulta sobre la situación actual de la zona. Sin embargo, la resolución ha provocado un intenso debate y confrontación entre ambientalistas que abogan por la conservación de la región y sectores mineros que buscan desarrollar proyectos de extracción.
Miranda asegura que Santurbán, al igual que el proyecto para la Sabana de Bogotá, representan dos procesos complejos y distintos, pero que comparten un desafío común: la falta de un trabajo colectivo y coordinado con los municipios y las comunidades en la toma de decisiones por parte del ministerio de Ambiente.
“Es crucial que la nueva administración priorice la participación activa de las comunidades y sus representantes, garantizando que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta para avanzar hacia una gestión ambiental más inclusiva y efectiva”, dice la congresista.
Sobre el páramo de Santurbán, Jiménez destaca su importancia para la seguridad hídrica de la región (cercana a grandes ciudades como Bucaramanga y Cúcuta). “Es necesario empezar a proteger esos territorios, pero esa protección no significa cambiar radicalmente los modos de vida de todas las personas”. En ese sentido, coincide con Miranda en que es posible combinar adecuadamente los escenarios de desarrollo con los escenarios de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.
“Tenemos que dejar de pensar que ordenar un territorio desde el ambiente significa perder los modos de vida, perder la productividad y condenar a la gente a quedarse sin empleo”, comenta Jiménez.
El biólogo y coordinador de la maestría en Restauración Ecológica de la Universidad Javeriana recuerda que es importante que los investigadores de áreas como la conservación, la restauración ecológica y el manejo de paisajes empiecen a encontrar puntos de unión y de articulación para que quienes hacen minería comprendan que hay que pagar unos pasivos ambientales y que esos pasivos se pagan haciendo buenos ejercicios de recuperación de los ecosistemas.
*Imagen principal: la nueva ministra de Ambiente de Colombia, Lena Yanina Estrada Añozaki, asumió el cargo a finales de febrero de 2025. Foto: Instagram de Yanina Estrada Añozaki
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