- Tras analizar más de 350 actas de inspecciones realizadas por personal del Ministerio de Producción de Perú (Produce) entre enero del 2021 y marzo del 2024, Mongabay Latam detectó al menos 125 casos en los que hubo irregularidades en las fiscalizaciones a embarcaciones extranjeras que transportaron tiburones protegidos por la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
- Más del 70% de las fiscalizaciones en las que se detectaron irregularidades se realizaron a embarcaciones españolas. Todos los barcos involucrados pescaron tiburones de las especies azul y diamante en aguas internacionales, frente a los mares de Perú y Ecuador.
- En más de un centenar de casos los inspectores del Produce no solicitaron a los capitanes de los barcos los permisos CITES, aún cuando este documento es obligatorio para el traslado de especies protegidas. Esta es la principal irregularidad encontrada.
El “Siempre Juan Luis”, un barco pesquero de bandera española dedicado a capturar pez espada, marlín rayado y también tiburones, llegó el 7 de enero de 2024 al puerto de Callao. Había pasado más de tres meses navegando frente a los mares de Perú y Chile, en aguas internacionales, y una vez que llenó sus bodegas fue hasta ese puerto y traspasó su pesca, que incluía 26 toneladas de tiburones de especies amenazadas, a otro barco con dirección a España. El “Siempre Juan Luis”, con sus bodegas otra vez disponibles, zarpó nuevamente hacia altamar para continuar con sus faenas en el océano Pacifico, como lo viene haciendo desde principios del 2021.
Así como este buque, son 28 los barcos españoles que pescan tiburones de especies protegidas en el Pacífico, frente a los mares de América del Sur, e incluso cerca de reservas naturales como Galápagos o la reserva nacional Dorsal de Nazca, para abastecer el mercado de aletas de tiburón que se venden en Hong Kong y del cual España es uno de los principales abastecedores.
Son 28 los barcos españoles que pescan tiburones de especies protegidas en el Pacífico, frente a los mares de América del Sur. Mapa: análisis de Mongabay Latam en la plataforma Global Fishing Watch
Los tiburones que llevaba en su bodega el “Siempre Juan Luis”, el 7 de enero que recaló en el puerto del Callao, eran de las especies azul (Prionace glauca) y diamante (Isurus oxyrinchus), ambas protegidas por la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés). Por lo mismo, los representantes del barco tuvieron que presentar a las autoridades del puerto el permiso CITES que los autorizaba a transportar esos animales. Así lo hicieron. El problema es que el permiso era por 6445 kilos de tiburón azul y según los documentos de la embarcación, ésta transportaba en realidad más de 22 mil kilos de esa especie, es decir, tres veces más que lo autorizado.
Este es uno de los 125 casos en los que Mongabay Latam encontró diferentes irregularidades a partir de revisar las inspecciones realizadas a embarcaciones extranjeras en los puertos peruanos. Este análisis permitió sistematizar en una base de datos más de 350 actas de inspección y partes de transbordo emitidos por el Ministerio de la Producción entre enero de 2021 y marzo de 2024.
La infracción más recurrente corre por cuenta de los fiscalizadores peruanos. En 108 casos, éstos no solicitaron los permisos CITES a los barcos extranjeros para asegurarse de que el transporte de tiburones se estaba realizando sin violar normas y con el fin de evitar que sean traficados.
De las 125 inspecciones que resultaron con observaciones, la mayoría fueron hechas a embarcaciones que tenían bandera de España, un país que junto con China tiene una de las flotas más grandes del mundo y opera, al igual que el gigante asiático, en los límites de Perú, Ecuador, Chile y Argentina.
La situación merece atención, sobre todo si se considera que en los últimos años las exportaciones españolas de aletas de tiburón se dispararon de acuerdo con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España: pasaron de 2 millones 715 mil euros en el 2013 a 34 millones 943 mil euros en el 2023. Es decir, en el lapso de 10 años, las exportaciones se multiplicaron por 13.
Fiscalizaciones irregulares
Durante años la atención del comercio de tiburones en Perú ha estado puesta en lo que ocurre en la frontera terrestre con Ecuador, considerando que se trata de una importante ruta para el tráfico ilegal de estos animales hacia China, donde un plato de sopa de aletas de tiburón oscila entre los 100 y 200 dólares.
De hecho, en marzo de 2024, la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) sancionó a Ecuador por no garantizar una pesca sostenible de tiburones y le prohibió comercializar varias especies. Pero, ¿qué estaba pasando en los puertos peruanos?
En agosto de 2023, mientras la CITES investigaba el tráfico de tiburones entre ambos países y centraba su atención en Ecuador, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú (Sunat) denunció ante el Comité Permanente de la CITES que en los puertos peruanos, el Ministerio de la Producción (Produce) no estaba controlando como era debido el transbordo y tránsito de especies de tiburones incluidas en el Apéndice II de la Convención.
Cuando una especie tiene esa clasificación, solo puede ser exportada si cuenta con un permiso emitido por la CITES. Según la Sunat, ese documento no estaba siendo solicitado por los inspectores del Produce a las embarcaciones extranjeras que recalaban en puertos peruanos, por lo que no había certeza de si esos tiburones estaban siendo o no transportados legalmente.
El Produce se defendió. Aseguró que sí exigía el permiso Cites a las embarcaciones, pero que no estaba facultado para hacer decomisos.
Ante la advertencia de la SUNAT, Mongabay Latam solicitó al Produce todos los documentos comprendidos en las fiscalizaciones realizadas a las embarcaciones extranjeras que transportaron tiburones protegidos entre el 2017 y marzo de 2024.
La institución envió más de 700 documentos entre actas de fiscalización, partes de transbordo –un documento que describe las especies que transporta la embarcación– y permisos CITES. De todos estos archivos, solo fueron analizados los correspondientes a enero de 2021 en adelante, debido a que antes de esa fecha los inspectores escribían toda la información de forma manual y en numerosos casos los documentos son ilegibles.
España, el gran exportador de aletas
Aunque, desde el 2013, la Unión Europea no permite la pesca de tiburones que esté dirigida solo al aprovechamiento de las aletas, tiene entre sus países a uno de los principales exportadores de tiburón del mundo.
Según los datos de exportaciones de Datacomex, el sitio de estadísticas de comercio exterior y bienes de España perteneciente al Ministerio de Economía Comercio y Empresa, el país vendió más de 262 millones de euros en aletas de tiburones principalmente a China, Hong Kong y Singapur, entre enero de 2012 y mayo de 2024.
Antes de 2012, no había exportaciones de aletas de tiburón desde España o, en todo caso, no están registradas. Por lo tanto, según las cifras, se trata de un negocio relativamente reciente. En los años que siguieron al 2012 y hasta el 2016, los primeros envíos aparecen en los reportes oficiales aunque rara vez superaban las 100 toneladas y no fue hasta el 2017 que las exportaciones crecieron, exportando, cada año, algo más de 2000 toneladas de aletas.
Paradójicamente, el aumento de las exportaciones de España ocurrió cuando las especies que más capturaba el país, el tiburón azul (Prionace glauca) y el diamante (Isurus oxyrinchus), comenzaron a ser protegidos. En 2016, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) impuso por primera vez un límite para las capturas de tiburón azul en aguas del Atlántico Norte. La Unión Europea trasladó luego ese límite a su legislación y en 2019 prohibió la pesca de tiburón azul en el Mediterráneo. Tres años después, en noviembre de 2023, esta especie pasó a estar protegida por la CITES, una protección con la que ya contaba el tiburón diamante desde 2019.
Para confirmar dónde pescan las 28 embarcaciones involucradas en las inspecciones irregulares, Mongabay Latam, a través de la plataforma Global Fishing Watch –que permite el rastreo de buques de pesca en los océanos del mundo–, analizó el movimiento de estas naves españolas y verificó que todas operan en aguas internacionales, principalmente frente a los mares de Perú y Ecuador. Varios eventos, incluso, se realizaron cerca de áreas protegidas como la reserva marina de Galápagos, en Ecuador; la reserva de Nazca, en Perú, y Rapa Nui, en Chile.
Las embarcaciones pertenecen a 25 empresas españolas ligadas a familias gallegas. Los barcos utilizan palangres para pescar tiburones, así como peces que migran grandes distancias como el pez espada y el atún.
Hasta aquí todo ocurre según las normas, aunque a Marta Martín-Borregón, responsable de océanos y pesca en Greenpeace España, le preocupa que estos barcos utilicen palangres para pescar, un aparejo formado por una línea madre de la que cuelgan miles de anzuelos.
“El uso del palangre no es nada sostenible. Se utilizan muchos anzuelos y esto incrementa la pesca incidental de muchas especies en peligro, sobre todo si pescan cerca de áreas protegidas, que es donde se recupera la biodiversidad”, explica Martín-Borregón.
Aún así, el palangre es una arte de pesca autorizado, por lo que su uso no va en contra de las reglas. Lo más preocupante, en este caso, tiene que ver con el incumplimiento de las normas establecidas por las CITES, que buscan evitar que los tiburones que tienen algún grado de amenaza, se comercialicen sin ser expuestos a un mayor riesgo.
De los 116 arribos de barcos españoles a puertos peruanos transportando tiburones azul y diamante, entre enero de 2021 y marzo de 2024, 97 registran irregularidades en sus actas de inspección.
Nadie preguntó por los permisos
La embarcación española “Baluerio Segundo” llegó al puerto del Callao, en abril de 2023, para hacer un transbordo de 23 toneladas de tiburón diamante. Aunque esa especie se encuentra enlistada en CITES desde noviembre de 2019, ningún inspector verificó si la embarcación llevaba el permiso necesario para ser comercializada.
Esa omisión por parte de las autoridades peruanas, es la principal irregularidad encontrada en 108 actas de fiscalización emitidas entre enero de 2021 y setiembre de 2023.
Según explica el abogado César Ipenza, especializado en temas ambientales, el permiso CITES debió ser solicitado por los inspectores del país en tránsito, es decir, Perú, pues es lo que permite mantener la trazabilidad de estos tiburones protegidos y garantizar que no proceden de la pesca ilegal. “Aquí vemos responsabilidad del funcionario o servidor público peruano por no solicitar el permiso respectivo”, asegura.
“Desde el momento en que se pesca tiburones las embarcaciones deben tener el permiso CITES correspondiente. Incluso tratándose de desembarco o transbordo del producto, porque esto permite la trazabilidad”, confirma Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana en Perú.
Por tratarse de tiburones que fueron pescados en aguas internacionales, lo que correspondía era que el barco presentara un certificado de Introducción Procedente del Mar (IPM). Este documento, explica Riveros, “sirve para las especies que son capturadas en aguas internacionales, fuera de las jurisdicciones de los países. Todas las embarcaciones deben contar con él, tanto para transbordos como para mercado local y el responsable de entregar este certificado es el país que recibe la descarga”, es decir, España en este caso.
El abogado Piero Rojas, especialista en derecho administrativo y quien ha dado seguimiento al tema de fiscalizaciones, añade que los inspectores deben actuar bajo los principios de legalidad, racionalidad y enfoque preventivo. Por ello, asegura, “el funcionario tiene que verificar el cumplimiento de las obligaciones aplicables a las embarcaciones extranjeras, y esto incluye los permisos CITES”.
Si la embarcación española “Baluerio Segundo” contaba o no con un certificado IPM o si llevaba a bordo un cargamento procedente de la pesca ilegal, es algo imposible de saber, puesto que nunca se le solicitó la debida autorización. A ello hay que sumar dos barcos más, detectados en la base de datos, que no contaban con el permiso CITES cuando los inspectores sí preguntaron por los documentos.
Estos casos abren la posibilidad de que sean más embarcaciones las que hayan transportado tiburones sin los permisos debidos.
Excusas no admisibles
Luego de que la CITES le diera a finales de 2023 un ultimátum a Ecuador advirtiéndole que sería sancionado si no garantizaba la sostenibilidad en el comercio de tiburones —sanción que más tarde se hizo efectiva—, los inspectores del Produce comenzaron a aplicar cambios en su fiscalización. Así lo revela el análisis de las actas, pues desde finales de 2023, los funcionarios empezaron a solicitar permisos CITES a las embarcaciones extranjeras.
Por ejemplo, el 25 de noviembre de 2023, en el puerto de Paita, los inspectores solicitaron el permiso CITES a la embarcación española “Raymi” que transportaba 20 toneladas de tiburón azul y 12 toneladas de tiburón diamante. Como el “Raymi” no llevaba consigo el permiso, el representante de la carga del barco ante Produce, la agencia marítima Gestiones Portuarias Sac, solicitó a las autoridades peruanas un plazo para tramitarlo.
Dos días después de la inspección, el 27 de noviembre de 2023, la agencia marítima envió a la Dirección general de supervisión, fiscalización y sanción de Perú (perteneciente al Ministerio de la Producción) dos permisos CITES, uno para cada especie protegida. Esos permisos fueron expedidos el mismo 27 de noviembre por la Subdirección general de Biodiversidad terrestre y marina, una dependencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (Miteco).
Según el acta fiscalización, cuando los inspectores solicitaron la documentación, la empresa señaló que tenía plazo, según las normas de España, para tramitar el certificado hasta la llegada de la nave a puerto europeo. El propio gobierno español, sin embargo, lo desmintió. La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, perteneciente a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, precisó a Mongabay Latam que “idealmente, estos permisos se emiten en cuanto el buque ha abandonado las aguas internacionales, ya sea para entrar en las territoriales de otro país, o en las españolas, momento en que nos notifica la mercancía que va a desembarcar y dónde lo va a hacer. Por tanto, los buques arriban ya sea a un puerto español, ya sea a un puerto extracomunitario de escala [en este caso Perú], con su correspondiente permiso de introducción desde el mar”.
Además, un documento elaborado por la CITES para ayudar a los países a aplicar las disposiciones de la Convención sobre la introducción procedente del mar lo confirma. “El argumento de que los documentos se solicitan al arribo al puerto no resulta admisible”, indica.
El coordinador de pesquerías de WWF España, Raúl García Rodríguez, quien ha trabajado en la gestión de las pesquerías de tiburones por parte de ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) y en contacto con la autoridad científica CITES de España, insiste sobre el punto. Incluso tratándose de transbordos, asegura, todo debe estar documentado para mantener la trazabilidad de las especies.
“(En la Unión Europea) tenemos un marco normativo, sabemos cómo hacerlo, pero hay que aplicarlo y tomárselo en serio. Nos hemos acordado de los tiburones cuando el marrajo (tiburón diamante) ya ha colapsado (…). Hace falta capacidad en muchos países para hacer bien las cosas”, reflexiona García.
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Una ley desactualizada
Mongabay Latam contactó al Produce para saber por qué no había solicitado los permisos CITES durante las fiscalizaciones a embarcaciones extranjeras, pero el ministerio respondió que en la normativa nacional, “no se advierte que los representantes de las embarcaciones que realizan tránsito o transbordo de especies CITES estén obligados a presentar el permiso a la autoridad administrativa”.
Al menos dos argumentos contradicen la respuesta del ministerio. Justamente, la normativa peruana a la que hace referencia el Produce, señala que los controles e inspecciones deben realizarse, por igual, tanto a embarcaciones extranjeras como nacionales. Por lo mismo, dado que por ley los barcos peruanos están obligados a presentar los permisos Cites ante los fiscalizadores, los extranjeros también lo están. “La fiscalización a las embarcaciones nacionales y extranjeras debe ser ejecutada de la misma forma, pero aquí sorprende que somos más rigurosos con la flota nacional que con la extranjera”, dice el abogado Rojas.
Además, según el Acuerdo de Medidas del Estado rector del puerto (AMERP), un tratado internacional que tiene como objetivo desalentar la pesca ilegal en los mercados del mundo y del cual Perú es signatario, los inspectores portuarios pueden solicitar al buque pesquero extranjero los permisos Cites.
Ante la falta de control ejercida por el Ministerio de Producción, en agosto del 2023 la Sunat afirmó ante el Comité Permanente de la CITES que había solicitado al Produce autorización para ser ella quien exigiera la documentación CITES, pero que no recibió apoyo. “Esta situación impone un riesgo para el Perú al ser utilizado como Estado de tránsito de especies incluidas en CITES comercializadas ilegalmente”, indicó la Sunat en la reunión.
En ese mismo encuentro, el Produce se defendió y aseguró que sí exigía el permiso Cites a las embarcaciones, pero que no estaba facultado para hacer decomisos. Los hallazgos de esta investigación, no obstante, contradicen las declaraciones del Produce: el Ministerio de la Producción no solicitó los permisos cuando debió hacerlo.
Lo que sí es cierto es que la ley nacional no lo autoriza a realizar decomisos a embarcaciones extranjeras, algo que la Cites ha instado a cambiar para que puedan aplicarse correctamente las medidas de control. “Está bajo el escrutinio de Perú desarrollar una legislación nacional que permita dicha confiscación”, advirtió el Comité Permanente de la CITES.
*Reportero en España: Asier Andrés; ilustrador: Tobías Arboleda; visualizador: Eduardo Mota; edición: Michelle Carrere y Alexa Vélez
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