- Los crímenes contra la Amazonía también pueden perpetrarse (con saco y corbata) desde las oficinas de Gobierno. Así lo explica Killeen en esta sección al relatar cómo un sofisticado engranaje en Brasil permitió el desfalco de millones de dólares y la deforestación de la selva brasileña.
- Empresas fantasma, asistencia técnica para el robo, préstamos ficticios e informes fraudulentos avalaban la legalidad de las operaciones y consultorías de aquellos 'emprendimientos' agrícolas o de plantaciones en los bosques amazónicos.
- La investigación, centrada en las actividades realizadas entre 1997 y 1999, identificó 151 inversiones ficticias por un valor de 547 millones de Reales. Se lograron 24 demandas civiles contra 30 empresarios, 27 funcionarios públicos y 29 entidades jurídicas, exigiendo 323 millones de Reales en indemnización por daños al erario público, aunque apenas se recuperaron 28 millones de Reales.
La Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía (SUDAM) fue creada para promover el desarrollo de empresas privadas en los ocho estados de la Amazonía Legal. No obstante, durante las primeras cuatro décadas de su existencia, sus políticas resultaron polémicas, ya que impulsaron un auge de la deforestación. Además, su administración estuvo estrechamente vinculada a acusaciones de corrupción e influencia política. La magnitud de la corrupción alcanzó su punto álgido en el año 2000, cuando una disputa personal entre dos influyentes senadores (Jader Barbalho y Antonio Carlos Magalhães) destapó una conspiración mafiosa que había desviado más de 4 mil millones de Reales (aproximadamente US$500 millones) del erario público. En ese momento, se consideró el escándalo de corrupción más costoso en la historia brasileña.
Los perpetradores crearon un sofisticado sistema de desfalco basado en una cadena de montaje criminal. Préstamos y créditos fueron desviados hacia cuentas personales de propietarios de empresas ficticias, empleados de la SUDAM y políticos influyentes. Empresas de consultoría, gestionadas por antiguos ejecutivos de la agencia, actuaban como intermediarias ofreciendo sus servicios en el diseño de ‘proyectos‘ que cumplían las condiciones técnicas de la SUDAM. Estas consultoras no solo los diseñaban sino que también organizaban reuniones con los principales responsables de la toma de decisiones, asegurando que los proyectos fueran aprobados por el comité de préstamos y, de paso, proporcionar una supuesta ‘asistencia técnica’ para implementar las inversiones propuestas.
La actividad delictiva se sustentaba en informes ficticios sobre la ejecución de proyectos y prácticas contables fraudulentas que lograban engañar a los auditores. Estos aceptaban facturas y contratos falsos que avalaban la legalidad de las operaciones. Cada etapa del proceso, ya fuera la elaboración de documentos, planes o la celebración de reuniones, implicaba el cobro de tarifas o comisiones. Como resultado, entre el 30% y el 50% del monto total del préstamo terminaba en manos de las consultoras que, posteriormente, distribuían los fondos entre los funcionarios de la SUDAM. El esquema se basaba casi exclusivamente en empresas fantasma creadas específicamente para desviar recursos, lo que representaba una malversación descarada y sistemática.
Los ejemplos más flagrantes de malversación fueron revelados por el senador Antônio Carlos Magalhães, quien testificó en el Congreso sobre una veintena de proyectos en el municipio de Altamira, con valores nominales que oscilaban entre 4,5 millones y 9 millones de Reales, por un total de 106 millones de Reales. La mayoría de estos proyectos estaban relacionados con emprendimientos agrícolas o de plantaciones, y eran gestionados por personas estrechamente vinculadas al senador Jader Barbalho. Entre ellos se encontraba su segunda esposa, Simone Maria Morgado Ferreira, copropietaria de una falsa fábrica de ancas de rana (Ranário Touro), y su hijo Helder, quien figuraba como copropietario de una supuesta empresa de alimentos (Tropical Indústria de Alimentos) que, al parecer, nunca llegó a comercializar ningún producto.
La investigación, centrada en las actividades realizadas entre 1997 y 1999, identificó 151 inversiones ficticias por un valor de 547 millones de Reales. Entre los delitos cometidos se incluían malversación de fondos, falsedad documental, uso de documentos falsos y lavado de dinero. En un caso relacionado, Jader Barbalho fue acusado de aceptar 40 millones de Reales para facilitar un préstamo de 200 millones de Reales a una empresa agroindustrial especializada en producir semillas de arroz certificadas. Además, una fábrica de piezas de automóviles valorada en 654 millones de Dólares en São Luis de Maranhão fue vinculada a Roseana Sarney.
Estas revelaciones abarcan únicamente dos años de operaciones de la SUDAM y presumiblemente representan una pequeña fracción del fraude total cometido por sus funcionarios y patrocinadores políticos entre 1966 y 2003. El Ministerio Público Federal (MPF) presentó denuncias penales contra 143 personas, de las cuales sólo una fue condenada. Paralelamente, el MPF interpuso 24 demandas civiles contra 30 empresarios, 27 funcionarios públicos y 29 entidades jurídicas, exigiendo 323 millones de Reales en indemnización por daños al erario público, aunque apenas se recuperaron 28 millones de Reales.
El escándalo representó un golpe significativo para el presidente Fernando Henrique Cardoso, quien había cultivado una imagen de integridad y responsabilidad fiscal. Como respuesta, decidió liquidar la SUDAM y relanzarla bajo un nuevo nombre: Agência de Desarrolho da Amazônia (ADA).
Un tribunal de Tocantins ordenó al presunto autor intelectual del esquema, Jader Barbalho, devolver 2,27 millones de Reales a la SUDAM. Sin embargo, Barbalho apeló la decisión y no existen registros públicos que confirmen el pago de dicha suma.
El escándalo lo obligó a renunciar al Senado en 2001. Sin embargo, en 2003 fue elegido diputado en el Congreso Nacional, lo que trasladó su caso del sistema de justicia común a la jurisdicción del Supremo Tribunal Federal. En 2011, Barbalho volvió al Senado, y su caso fue desestimado por ese tribunal en 2014.
El escándalo de SUDAM es un ejemplo emblemático del descaro de la corrupción política y de la impunidad de la que suelen disfrutar sus responsables.
El robo de petróleo: una mala costumbre andina
Existen numerosos casos de presuntos fraudes vinculados a la industria del petróleo y el gas, Sin embargo, considerando los elevados ingresos que genera este sector, es probable que representen solo una fracción de los sobornos y comisiones ilegales que ocurren en él. A continuación se presentan algunos ejemplos de mala conducta que han sido denunciados por la prensa.
En Bolivia, Santos Ramírez Valverde, el arquitecto de la estrategia del presidente Evo Morales para nacionalizar el sector del petróleo y el gas, fue condenado en 2009 por extorsionar a un empresario contratado para construir una planta de separación de gas y líquido. El contrato original, valorado en 498 millones de dólares, fue anulado tras escándalo, y renegociado por su sucesor por 190 millones de dólares. El soborno de Ramírez no fue descubierto mediante alguna auditoría o investigaciones anticorrupción, sino a raíz del asesinato del empresario que en ese momento estaba pagando en efectivo un soborno de 450.000 dólares, presuntamente parte de una suma mucho mayor. En un segundo escándalo vinculado con la misma refinería, el gerente de construcción fue arrestado en 2014 por aceptar un soborno de US$ 480.000. Su detención se produjo tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad y no pudo justificar la posesión en ese momento de 90.000 dólares en efectivo.
En Ecuador, varias empresas internacionales de comercialización de petróleo, entre ellas Gunvor, Vitol, Trafigura y Global Asphalt, fueron implicadas en el desvío de 70 millones de dólares a intermediarios panameños en nombre de altos ejecutivos de Petroecuador. Estos sobornos se realizaron para asegurar contratos de transporte y entrega de petróleo crudo en el marco del programa de pago de la deuda ecuatoriana con China. El esquema fue descubierto en 2016 gracias a la publicación de los Panama Papers, que revelaron flujos de dinero sospechosos hacia políticos ecuatorianos y sus familias. Irónicamente, los contratos incluían una tarifa de 1 dólar por barril, equivalente a la cantidad pagada como regalías al Fondo. Amazónico, el vehículo financiero de Ecuador para promover el desarrollo sostenible en sus provincias amazónicas.
De manera sorprendente, el sector petrolero peruano no ha registrado escándalos de corrupción a gran escala, probablemente debido a que el país depende principalmente de operadores privados para la exploración y comercialización de hidrocarburos. Sin embargo, las empresas estatales han estado involucradas en al menos dos casos de corrupción de mediana magnitud.
En 2008, Perupetro se vio envuelta en el escándalo conocido como los “petro audios”, que revelaron pagos de sobornos durante un proceso de licitación para la asignación de bloques de petróleo y gas en Madre de Dios. Una pequeña empresa noruega admitió haber desembolsado 120.000 dólares a empresas de consultoría vinculadas a dos ministros clave del gabinete, aunque sus ejecutivos testificaron que los pagos correspondían a servicios legales y no a sobornos. Este escándalo desestabilizó al gobierno del presidente Alan García y derivó en un proceso legal que, tras nueve años, concluyó sin condenas, como era de esperarse.
Otro escándalo que aún sigue vigente involucra las constantes fugas de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano (ONP) y los contratos adjudicados por Petroperú para trabajos de mitigación y remediación por un valor superior a los 141 millones de dólares. Estos contratos se aprobaron mediante un decreto de urgencia que eliminó la necesidad de licitación competitiva, lo que generó acusaciones de favoritismo e incompetencia. Más alarmantes son las graves denuncias que señalan que el oleoducto habría sido saboteado intencionalmente para generar trabajo de limpieza destinado a contratistas o subcontratistas locales.
El hecho de que un acto de corrupción pueda ocasionar un daño medioambiental significativo y duradero ilustra de manera contundente el impacto devastador de estas prácticas ilícitas.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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