- Un estudio realizado en Perú y Colombia aborda los impactos negativos en las mujeres por las actividades extractivas.
- La violencia en sus diferentes formas, así como el poco acceso a la justicia figuran entre las amenazas que enfrentan las mujeres de los pueblos indígenas y las comunidades locales donde se realizan actividades mineras y de agroindustria.
- La ilegalidad y el crimen organizado también afectan con una intensidad mayor a las mujeres en comparación con los hombres.
“En las comunidades que están expuestas a la minería, las mujeres no pueden caminar libremente por su territorio, tienen que tener cuidado de no exponerse demasiado para evitar ataques. Yo tampoco me siento libre para caminar por mi territorio”, dice una mujer indígena de Madre de Dios, la región amazónica de Perú con mayor impacto ambiental causado por la actividad minera.
Sus palabras reflejan el grado de vulnerabilidad en la que viven las mujeres indígenas que habitan territorios ocupados por actividades extractivas —legales e ilegales—, historias que han sido recogidas en el estudio Mujeres en una Amazonía degradada: luchas por la tierra, el cuerpo y la naturaleza. Estudios de campo de la Amazonia colombiana y peruana.
El estudio que se realizó en la región de Madre de Dios, en Perú; y en Meta, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Putumayo, en Colombia, expone cómo las economías extractivas, una débil gobernanza y las desigualdades estructurales afectan de manera desproporcionada a las mujeres que viven en territorios marcados por la deforestación, la degradación ambiental y la violencia.
“Han sido dos estudios paralelos en cada país, sin embargo, hemos visto que hay cosas en común en ambos países, como que una mujer indígena está más expuesta a la violencia de género en lugares donde las actividades extractivas son más intensas”, dice Mariel Cabero, experta en Justicia Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de Holanda (UICN-NL), quien lideró la investigación.
En el estudio liderado por la UICN-NL participaron también la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible, (FCDS) y el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata (CDG).
Madre de Dios: inseguridad para las mujeres
“Madre de Dios es uno de los lugares megabiodiversos del planeta, pero con una conflictividad ambiental altísima”, dice Cabero y menciona que tiene una de las más altas tasas de homicidios en Perú. Según indica el estudio, en 2020 la tasa de homicidios de Madre de Dios fue de 13.8 personas asesinadas por cada 100 000 habitantes, la más alta del país ese año. “Una de las razones de esta elevada tasa se atribuye a la actividad de la minería artesanal y de pequeña escala de oro (MAPE) en el departamento, que es mayoritariamente informal e ilegal”, señala el estudio.
El estudio también detalla que los pueblos indígenas y las comunidades locales asentadas en las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas de Madre de Dios están muy amenazados por los conflictos territoriales y las actividades ilegales y extractivas asociadas al crimen organizado.
La minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico son actividades que se han establecido en varios de los territorios indígenas o cerca de ellos. La Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri son tres áreas protegidas que enfrentan estos problemas.
En este contexto, se han identificado como amenazas la superposición de derechos de uso de la tierra, la falta de acceso a servicios de salud y educación, los efectos del cambio climático, la inseguridad alimentaria, la contaminación del agua, así como la inseguridad frente al crimen organizado y los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres.
“El impacto que tienen las familias, incluso los niños, por las amenazas que reciben las madres, es impactante”, comenta Cabero. “Hay testimonios de mujeres y de niños que salen más temprano de la escuela o no quieren ir a la escuela porque tienen miedo de caminar en la calle”, agrega sobre la violencia que se vive en la región.
Entre los resultados del estudio se menciona que la presencia de la actividad minera en las comunidades nativas genera un grave problema de inseguridad para las mujeres indígenas y de las comunidades locales. “El ingreso de extranjeros al territorio y la presencia de mineros, de organizaciones criminales, de asaltantes y sicarios significan amenazas, hostigamientos, extorsiones, secuestros o asaltos a mineros y comuneros”, refiere el artículo. “En Madre de Dios, los delitos ambientales como la actividad minera van de la mano con una serie de delitos conexos”.
“Las actividades mineras han dividido a las comunidades. […] Estas actividades tienen un alto impacto social porque además de la división, las comunidades están perdiendo su lengua y su cultura, ¿cómo se recupera eso?”, cuestiona una de las mujeres indígenas entrevistada para el informe de la UICN-NL.
Su testimonio expresa uno de los resultados del estudio que señala que las presiones sobre el territorio de estas actividades informales e ilícitas tienen múltiples impactos en las comunidades. Por un lado, están las consecuencias sobre la cultura de los pueblos indígenas y locales debido a la presencia de personas foráneas, lo que ocasiona que en las comunidades se adopten patrones culturales que contrastan con sus tradiciones, con el uso de su lengua y las costumbres indígenas.
Además, la minería está fragmentando a las comunidades indígenas de Madre de Dios, pues genera división entre los líderes comunitarios e incluso dentro de las familias debido al apoyo a la minería de algunos de los integrantes de las comunidades.
Cabero menciona también los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres en Madre de Dios y que se evidencian en el reporte. “La violencia es constante y en diferentes niveles. Existe violencia psicológica, violencia económica, y no solo de parte de los mineros o de las actividades extractivas, sino muchas veces de parte de la misma familia. Las mujeres reciben amenazas y violencia de diferentes lugares”, comenta en relación con los riesgos que enfrentan las mujeres por acciones de las empresas, de las autoridades y de otros actores presentes en sus territorios.
“Esta también es una zona roja por las balsas de los mineros, ya que la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional (PNP) suelen intervenir en la ribera del río y quemar todo”, cuenta otra mujer indígena que vive en Madre de Dios. “Las personas que se ven perjudicadas ahí son los hermanos que tienen su casita cerca de las balsas porque piensan que también son mineros, entonces también explotan sus cosas. A una profesora le quemaron la casa”.
Según el estudio, las mujeres defensoras ambientales y de derechos humanos en Madre de Dios enfrentan mayor violencia que los hombres “simplemente por el hecho de ser mujeres”. Adicionalmente, enfrentan problemas por la obstrucción de su libertad de movimiento y autonomía, la criminalización, la falta de representación política y el limitado acceso a la Justicia.
Violencia física a las mujeres
Un dato que arroja la investigación es que entre enero y octubre de 2023, los Centros de Emergencia Mujer del Programa AURORA, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, atendieron 701 casos en Madre de Dios y la mayoría de estos casos (48.8 %) se referían a violencia física.
La violencia ambiental también aparece entre los principales tipos de violencia que sufren las mujeres indígenas. “Las mujeres entrevistadas perciben fuertemente que los insumos químicos (mercurio) y las prácticas asociadas a la minería (cultivo de coca y papaya, entre otros) afectan la calidad del agua de las comunidades y poblaciones aledañas, especialmente cuando se realizan en las cabeceras de los ríos”, señala el estudio.
En ese sentido, las mujeres entrevistadas mencionaron que la contaminación de los ríos impacta en la calidad y disponibilidad de agua potable y de peces que se consumen en las comunidades como parte de su dieta habitual, generando impactos negativos en su salud y desarrollo, especialmente de sus niños, adolescentes y mujeres embarazadas.
Otros tipos de violencia, como la moral, económica, de propiedad y psicológica, han sido analizados en este estudio. “Algunas mujeres entrevistadas mencionan que enfrentan repercusiones financieras y económicas como lideresas y defensoras de los derechos humanos y ambientales”. Entre los ejemplos mencionados aparece el acceso a la Justicia por los gastos que implica, la distancia entre las comunidades y los centros urbanos, la naturaleza de los casos que se están tratando y las redes de apoyo disponibles.
Los costos que implican los viajes a los lugares donde se encuentran las instituciones del Gobierno para hacer cualquier trámite, la preocupación por el cuidado de sus hijos durante su ausencia, así como las amenazas y restricciones que muchas de ellas tienen para salir de su hogar y de su comunidad significan barreras para su labor como defensoras del ambiente. A ello se debe sumar la superposición de derechos territoriales que se convierten en una presión para el patrimonio de las generaciones futuras.
“Cuando las mujeres empiezan a defender los derechos de la Madre Tierra, de la Madre Naturaleza, simplemente empiezan a buscar narrativas para separarla de la familia y de la comunidad. Hay una situación de violencia, que surge como una contracampaña”, dice la lideresa indígena Melania Canales, ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).
Canales también menciona que la labor de las mujeres va mucho más allá de defender el territorio porque, además, tienen que defender el agua y los cultivos. “El acoso a las mujeres, es un modus operandi de las empresas y el Estado. Las mujeres sufren acoso, violencia y estigmatizaciones”.
Colombia: sin acceso a la tierra
“En Colombia el tema de las industrias extractivas se tienen que dar en un marco más amplio porque están relacionadas, por un lado, con la inseguridad legal y legítima de la tierra, del derecho a las mujeres a la tierra”, señala María Juliana Gómez, quien lidera la Política de Equidad de Género en la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS).
Gómez señala que en Colombia la tierra, en general, está a cargo de los hombres y las mujeres no tienen una protección jurídica que les otorgue derecho a la tierra, porque, además, “en ciertas zonas aún se considera que ellas no la trabajan”. Por otro lado, Gómez menciona que las industrias extractivas, muchas veces, están relacionadas con el conflicto armado. “Son las mujeres quienes se mueven en el territorio porque llevan la leña, el agua, y esto afecta su forma de relacionamiento”.
En efecto, el estudio en el que también participó FCDS señala que Colombia presenta una alta desigualdad social relacionada con el acceso y uso de la tierra. “La regulación y distribución injusta de la tierra generó luchas y mucha violencia que, en consecuencia, moldearon la situación sociopolítica de Colombia. Lo que siguió fue una de las guerras civiles más largas y violentas entre el Gobierno y la guerrilla”, indica el reporte y menciona que el resultado fue el desplazamiento de campesinos, un aumento de actividades ilícitas como la producción de coca e inseguridad y violencia.
En el estudio se menciona que el acaparamiento de tierras y la alta concentración de la propiedad rural dedicada a los negocios agrícolas ha ocasionado la expulsión de las poblaciones hacia la selva amazónica.
Adicionalmente, los procesos de deforestación asociados al acaparamiento de tierras se vinculan a la usurpación ilegal de actores armados. “En la mayoría de los departamentos de la región norte amazónica colombiana, son las desigualdades económicas que existen entre acaparadores de tierras y campesinos las que llevan a la venta de tierras de estos campesinos a foráneos”, detalla el documento.
En estos procesos de despojo, señala el informe, las mujeres propietarias de tierras se encuentran más expuestas debido a la situación de pobreza en la que viven la mayoría de ellas. “Con el acaparamiento de tierras y la pérdida de territorios, las mujeres rurales se ven afectadas en su acceso a los bienes comunes (…) poniendo en riesgo su modo de vida como mujeres campesinas, indígenas o negras”, menciona el informe y agrega que debido a esta situación las mujeres experimentan inseguridad económica y discriminación como propietarias de tierras.
Gómez señala que existe legislación en Colombia sobre la obligatoriedad de la titulación conjunta para hombres y mujeres, además de una política de restitución de tierras que toma en cuenta a las mujeres como sujetos de derechos, sin embargo, comenta Gómez, “todo eso lo tenemos en la ley, pero en la realidad no se da”.
En el caso de la Amazonía, dice Gómez, el problema es que muchas veces no llega el Estado, por tanto, es difícil que se ejecuten estas leyes, y por otro lado, las comunidades no conocen la legislación. “También tenemos el problema de la realidad patriarcal en los territorios, donde les puedes decir, estas son las leyes, pero si no se quiere reconocer a la mujer, no se logra nada”.
Otro de los problemas que aborda el estudio está relacionado con los cultivos ilícitos de coca. Según el informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2022, en Colombia se registraron 230 000 hectáreas de coca ilegal. De este total, 31 874 hectáreas corresponden al área de investigación del informe, ubicadas en los departamentos de Putumayo y Caquetá, y en la región del Meta y del Guaviare. Otras 151 hectáreas se encuentran en la Amazonía.
“Los cultivos ilícitos tienen impactos biológicos y culturales en los territorios, que van desde la degradación del suelo, pasando por la amenaza de desaparición de especies vegetales y animales, la contaminación de fuentes hídricas y la amenaza a la seguridad alimentaria de las comunidades y la inestabilidad económica de las familias”, señala el informe.
Una de las preocupaciones de las mujeres que se destaca en el informe es que las fumigaciones puedan tener impactos negativos en la salud de las personas.
En Colombia, por ejemplo, dice Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), donde hay narcotráfico, a veces hay fumigaciones de aéreas con glifosato que puede afectar la tierra, los cultivos y los nacimientos de los ríos y las quebradas.
Kuiru también menciona la contaminación por mercurio en el caso de la minería y los problemas que ocasionan los desechos del petróleo.
“Yo diría que hay un exterminio silencioso”, dice Kuiru. “La Amazonia es diversa, es grande, pero tiene problemas muy similares en todos los países: extractivismo, agroindustria, monocultivos, ganadería. Y esas actividades lo que hacen es empobrecer a los pueblos indígenas, desde todo punto de vista”.
Imagen principal: Mujer, en Madre de Dios. Foto: Thomas Muller
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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
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