- En el departamento del Meta, la industria de los hidrocarburos ha contaminado ríos y suelos. Ahí, Marlén Arévalo es una figura clave en la defensa ambiental.
- Durante más de 13 años, la defensora y su esposo han denunciado los problemas que causa la industria petrolera. También han resistido a las amenazas de quienes apoyan a las empresas extractivistas.
- Además de detener proyectos petroleros, Arévalo ha logrado darle la vuelta al cáncer que le diagnosticaron en 1993. Esa enfermedad la llevó a establecerse en el territorio que hoy defiende.
Entre los casi 28 000 habitantes del municipio de Guamal, en los llanos orientales de Colombia, sobresalen los coloridos turbantes y pañoletas que Marlén Arévalo usa en la cabeza. Aunque habla con firmeza, la mujer de 57 años tiene un agudo sentido del humor que ni el cáncer que la acompaña hace tres décadas, ni las amenazas a su vida y a la de su esposo han podido quebrantar.
Guamal se ubica en Meta, el departamento de Colombia que tiene más de la mitad de las reservas probadas de petróleo del país (54 %). Ahí, Marlén Arévalo se ha convertido en una figura clave en la lucha de la prevención de los problemas ambientales causados por la industria de los hidrocarburos. Junto con su esposo y un grupo de personas campesinas de Guamal y Castilla La Nueva, Arévalo ha dedicado más de 13 años a la defensa de su territorio.
Además de su cultivado interés por la defensa de los derechos humanos, causa a la que ha dedicado la mayor parte de su vida desde que estaba en la universidad en Bogotá, la capital de Colombia, el motor de su lucha tiene un trasfondo personal.
Fue diagnosticada con cáncer en 1993 y encontró en la leche de cabra propiedades que —está segura— le han permitido sobrellevar su enfermedad durante casi tres décadas. La extracción de hidrocarburos pondría en riesgo el ecosistema donde está su finca, donde cría 40 cabras que toman agua de caños o arroyos que se alimentan del río Humadea, un afluente que nace en el Nevado de Sumapaz, el punto más alto del Parque Nacional Natural Sumapaz.
La defensa del ambiente en el Meta ha tenido un alto costo para Arévalo y su familia. Durante más de una década, han enfrentado constantes amenazas de muerte y actos de intimidación por parte de aquellos que, sin importar las consecuencias sociales y ambientales, apoyan la extracción de hidrocarburos de la región. A pesar de los riesgos, ella se mantiene firme en su convicción de que la lucha vale la pena.
Una historia de amor
“La historia de Marlen debería conocerla todo el mundo”, dice Edgar Cruz, hombre de 60 años, esposo de la ambientalista y defensora de derechos humanos. Su voz se escucha a través de una llamada telefónica desde el municipio de Guamal. Cruz relata de memoria cada momento de la vida de quien ha sido su compañera durante los últimos 31 años. Cuenta que ella nació en Zipaquirá en 1967 y descubrió su pasión por el trabajo social en sus veintes. “Ella jamás soñó con una vida en el campo, le parecía una locura”, recuerda.
El destino, sin embargo, tenía otros planes para Marlen Arévalo. En 1990 se enamoró de Edgar Cruz en la universidad, donde estudiaron juntos administración de empresas y, tres años después, ella recibió un diagnóstico que le cambiaría la vida para siempre: cáncer de vaso, páncreas, hígado y estómago. «Los médicos del Instituto de Cancerología en Bogotá la desahuciaron», asegura Cruz. A pesar de la gravedad de su enfermedad, él decidió proponerle matrimonio. «Marlen se casó conmigo por prescripción médica», dice entre carcajadas.
La pareja comenzó a buscar cómo mejorar la salud de Marlen Arévalo acudiendo a métodos alternativos. «Nunca se hizo ningún procedimiento con medicina tradicional alopática, nunca le hicieron radio ni quimio», explica. En búsqueda de opciones, un doctor especialista en medicina alternativa les sugirió que algunos estudios apuntaban a que la leche de cabra podría ayudar a mitigar los efectos del cáncer.
Aunque en ese momento vivían en Bogotá, Edgar Cruz se desplazaba diariamente en bicicleta hasta Cota, municipio a una hora de la capital colombiana, para comprar la leche recomendada, hasta que en 1999, cuando atravesaban por una crisis económica, se dio cuenta de que cada vez era más difícil conseguir el alimento y decidió comprar 17 cabras a escondidas de su esposa. “Nosotros no sabíamos nada de criar cabras, fue todo un reto. De hecho, luego de comprarlas me di cuenta de que no eran lecheras, entonces entre las 17 no sacaba ni una botella de leche”, cuenta.
La salud de Marlen Arévalo mejoró y los 18 meses de esperanza de vida que le dieron los médicos, se convirtieron en 29 años que han pasado desde el diagnóstico. Esa no fue la única vez que la salud de la defensora desafió los pronósticos médicos. Cuando tenía 18 años le dijeron que no podía quedar embarazada debido a una condición de nacimiento, pero en 1999 la pareja recibió a su hija Katheryn Daniela.
Cuando se enteraron de que la niña venía en camino, se propusieron criarla en el campo. Así, junto a sus cabras y la recién nacida, la familia se trasladó por distintos pueblos de Colombia hasta que, en el año 2000, ya tenían 70 cabras. “Abrimos un restaurante vegetariano y aprendí a procesar los lácteos de cabra para consumir la leche de distintas maneras y, además, poder vender los productos derivados y así tener un ingreso extra”, recuerda Marlen Arévalo.
En 2004, se mudaron a Guamal, a unas cinco horas de Bogotá y se instalaron en una finca propiedad de los padres de Edgar Cruz. Soñaban con montar allí un proyecto ecoturístico. La finca, con sus cabras y tres afluentes de agua que la atraviesan, se convirtieron en su hogar y centro de trabajo, pero sobre todo en la esperanza de tener un lugar donde criar los animales que, creen, llevan años manteniendo viva y saludable a Marlen Arévalo.
En 2008, cuando sintieron que por fin tenían un espacio donde cumplir sus sueños, la tranquilidad de la familia se vio amenazada por las noticias de la llegada de empresas petroleras que iban a explorar la zona. En enero de ese año, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) celebró un contrato de exploración y producción de petróleo con la empresa canadiense Talisman Colombia Oil & Gas Ltd. y Ecopetrol, la principal empresa de crudo de Colombia. Las compañías tenían el 45 % y el 55 % de participación respectivamente y el documento les permitiría realizar exploraciones en el Bloque CPO-9, un área de 263 hectáreas en el departamento del Meta, donde está ubicado Guamal, el municipio donde viven Marlen, Edgar y Katheryn con sus animales.
La noticia significó una señal de alerta para la familia y los demás pobladores de Guamal. “Ya sabíamos que Ecopetrol había contaminado muchas fuentes hídricas. Quebradas, ríos y caños —dice Marlen. Hoy el agua todavía sigue siendo nuestra mayor preocupación”.
El proyecto que iba a estar más cerca de ellos era el pozo Lorito-1, planeado para ser instalado a 95 metros del río Humadea, un afluente del cual se benefician muchos campesinos —incluidos Marlen, Edgar y su proyecto de capricultura— y que nace en el Parque Nacional Natural Sumapaz, parte del sistema de páramos más grande del mundo.
La huella del petróleo en el Meta
Los temores de los pobladores sobre las consecuencias que acompañan la explotación de petróleo se sustentan en datos. Por ejemplo, un análisis realizado por Mongabay Latam en 2022, muestra que el Meta es el cuarto departamento de Colombia en donde se registraron más derrames causados por la extracción petrolera hasta ese año. Además, la compañía petrolera con más incidentes operacionales es Ecopetrol, con 1 447 casos de 2 133 reconocidos, lo que representa el 67 % de las contingencias registradas entre 2015 y junio de 2022. No obstante, la empresa petrolera le aseguró a Mongabay Latam que entre 2011 y 2021 solo ha tenido 190 “incidentes con potencial afectación al medio ambiente por causal operacional” y que la cifra —mucho mayor— que da la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se debe a que incluye reportes de eventos de baja dimensión y, además, incorpora los derrames por ataques o hurto de hidrocarburos.
Además de los antecedentes de Ecopetrol, que tiene el 55 % de participación en el Bloque CPO-9, también existe un historial complejo en las empresas extranjeras que, desde el 2009, han estado a cargo del otro 45 %.
La primera de ellas y con la que inició todo en Guamal fue Talisman Energy. Esta empresa canadiense fue denunciada en el año 2000 por financiar y apoyar la guerra civil en Sudán y al gobierno del entonces presidente Omar al-Bashir que, años después, fue acusado formalmente de genocidio por la Corte Penal Internacional. Aunque la empresa negó los vínculos, el historial de líos ambientales y sociales siguió creciendo con el pasar de los años: fugas de gas en Canadá, su participación en un problema de tierras entre Kurdistán e Irak, acusaciones de intentar influenciar a menores de edad sobre la industria en los colegios en Estados Unidos y el intento de explotar tierras indígenas en Perú en 2011 que, en medio de las protestas, habría dejado 33 muertos.
Todos estos casos ocurrieron antes del 2014, ese año la empresa canadiense fue comprada por la gigante española Repsol, que también tiene un historial de problemas ambientales y sociales causados por sus actividades de extracción de gas y petróleo en todo el mundo.
Uno de ellos es el provocado el 15 de enero de 2022 y considerado uno de los peores desastres ecológicos que han ocurrido en la costa peruana. Ese día, Repsol fue la responsable del derrame de 12 000 barriles de hidrocarburos que contaminó el mar en Ventanilla.
La compañía española también tiene su historia en Colombia. En 2004, un informe de Amnistía Internacional reveló que Repsol, junto con la empresa Occidental Petroleum, habría hecho llegar fondos a la Brigada 18 del Ejército colombiano en una zona del departamento de Arauca donde ha habido, durante décadas, denuncias de organizaciones de derechos humanos de abuso de autoridad y detenciones masivas y arbitrarias de quienes se oponen a la explotación petrolera.
En la misma zona, Repsol junto con Ecopetrol participan en el pozo Chipirón, una plataforma petrolera instalada en medio de la Laguna del Lipa, donde líderes ambientales y campesinos llevan años denunciando que la fuente de agua fue secada por las petroleras, afectando a cientos de especies de fauna y flora.
Edgar Cruz y Marlen Arévalo denuncian que en Guamal, Repsol y Ecopetrol también presentaron prácticas cuestionables, que intentaban engañar a los pobladores, una vez que compraron a la empresa Talisman en 2014.
“La Gobernación del Meta llegó como en 2015 a los municipios que estaban dentro del bloque CPO-9 a ofrecer proyectos productivos”, explica la defensora ambiental. En la socialización nunca nombraron a Repsol hasta que Edgar Cruz, insistentemente, les pidió claridad sobre los recursos que financiarían esa iniciativa. “Nos respondieron que la plata venía de Repsol y ahí nos dimos cuenta de que todo tenía sentido. Lo que buscaban era endulzarle el oído a las comunidades, sin ser claros con la información, para que, a cambio de los proyectos y el apoyo económico, la gente se sienta comprometida y les sea más fácil entrar con la extracción”.
Mongabay Latam consultó con Ecopetrol sobre esta denuncia. La empresa aseguró que todo el material que entregan en estos espacios a las comunidades lleva los logos que representan a ambas empresas y que sus equipos de trabajo tienen el compromiso de informar sobre los convenios.
Las amenazas tras la defensa del territorio
“Dígale a ese mechudo que deje de joder o un día de estos lo va a encontrar muerto”. Esas fueron las palabras que le dijeron a Marlen Arévalo en una llamada anónima en 2012, refiriéndose a su esposo Edgar Cruz, cuando ambos empezaron a cuestionar la llegada de las petroleras. Fue la primera vez, recuerda, que recibieron una amenaza.
Las intimidaciones no lograron amedrentarlos y cuando se enteraron de que Ecopetrol estaba llevando maquinaria para iniciar la exploración de hidrocarburos en el pozo Lorito-1, decidieron tomar acción. El 21 de febrero de 2012 se reunieron con otros campesinos y campesinas de Guamal y de Castilla la Nueva para hacer un paro y frenar cinco camiones que traían aparatos de la petrolera. La principal intención era proteger el acueducto que quedaba muy cerca del área donde iban a instalar el taladro.
«Armamos una olla comunitaria que se mantenía las 24 horas prendido y le daba desayuno, almuerzo y comida a todos», dice Marlen Arévalo, mientras Edgar Cruz asegura que ella era «el alma del fogón». La defensora hace mucho énfasis en que llevarse el protagonismo de esta lucha sería injusto e insiste en hablar de las que en el paro fueron conocidas como «las chicas superpoderosas»: «Cinco mujeres trabajadoras, campesinas de Castilla la Nueva, que lo único que querían era garantizar el agua para sus proyectos productivos y llegaban a avivar el plantón hasta a pie si era necesario», recuerda.
Las mujeres que han acompañado a Marlen Arévalo en su lucha, coinciden en que ha sido inspiración para muchas de ellas. Miryam Moreno, coordinadora de EICOS, un espacio de mujeres del Meta que trabajan por la equidad de género, asegura que la defensora les ha enseñado mucho. “De Marlen aprendimos que defender el agua es defender la vida. Nos ha dejado el legado de la defensa del territorio y la defensa del agua”, explica.
Durante la manifestación, acordaron que nadie fuera el líder visible. «Cualquiera podía hablar en nombre de la comunidad», cuenta Edgar Cruz. Pero las intimidaciones no cesaron. «Pasaban en camionetas con vidrios polarizados grabándonos», recuerda. «Llegaban a hacerle requisas a los muchachos que se quedaban en las noches para asustarlos», continúa.
En julio de 2012, con el plantón todavía en pie después de cinco meses, una acción judicial que Corpohumadea —una organización social a la que Marlen Arévalo y Edgar Cruz pertenecen y que ha sido parte fundamental de su lucha— y Jesús María Quevedo —conocido en la zona como «Chucho Tutelas» por su vasto conocimiento en asuntos jurídicos a pesar de no ser abogado— habían puesto el 21 de febrero, obtuvo respuesta a favor de la comunidad. El Tribunal Administrativo del Meta ordenó medidas cautelares a Ecopetrol y les impedían continuar con el avance del pozo.
Los defensores estaban felices, pero el Ministerio de Minas apeló y ganó cuatro meses después, suspendiendo las medidas cautelares y permitiendo a Ecopetrol avanzar con la instalación del pozo.
«Para el 3 de agosto, Ecopetrol, al ver que la manifestación iba en serio, sacó unas invitaciones para los presidentes de acción comunal y los alcaldes de Guamal, Cumarral y Castilla la Nueva, con la excusa de que iban a ofrecer un acueducto nuevo para nuestras comunidades», recuerda Marlen Arévalo. Los líderes de todos los municipios no confiaban en quienes ocupaban estos puestos políticos, por lo que Edgar Cruz convocó a los pobladores a asistir a la socialización porque «era asunto de todos y no solo de los presidentes de acción comunal y los alcaldes».
Antes de asistir a la reunión, Marlen Arévalo y Edgar Cruz tenían que ver a sus cabras. En el trayecto, mientras avanzaban en su vehículo, un camión empezó a cerrarlos. “El camión se nos echó encima y casi nos mata”, recuerdan. El accidente fue tan grave que la defensora presentó tres fracturas en la columna y su esposo estuvo a punto de perder un brazo. “Las 600 personas que estaban en el plantón llegaron al hospital e hicieron vaca (colecta de dinero) para nuestros gastos médicos”, recuerdan.
«La empresa (Ecopetrol) hizo algo que hoy todavía me parece muy bajo. Mientras estábamos en el hospital, una empleada nos visitó y nos pidió que renunciáramos al seguro del carro porque Ecopetrol iba a pagarlo todo», asegura Marlen Arévalo. Los defensores se negaron y dicen con orgullo que nunca han querido los recursos de la empresa.
Que las petroleras ofrezcan cosas a las personas en zonas donde quieren hacer extracción es una práctica común, denuncian. «Aquí con Ecopetrol se hizo muy frecuente el famoso ‘Ventiochazo'», asegura Edgar Cruz. Esta práctica ha sido reportada en diversos informes periodísticos, el más antiguo disponible en línea es del diario El Tiempo de 1993: «Alrededor de una bolsa negra de plástico y sobre una mesa giran los ojos de más de setenta hombres. Seis de ellos se quitan el sombrero y se persignan, mientras que otros cuantos cruzan los dedos de sus manos callosas. Alguien toma la bolsa, la agita y luego una mujer introduce su mano, saca un carné y dice con fuerza: James Quiroz tendrá trabajo durante los próximos 28 días», se lee en el reportaje. Básicamente, se trata de una rifa de trabajos.
Las empresas contratan personas de los pueblos cercanos a las zonas de extracción como mano de obra no calificada y les pagan entre cuatro y diez veces el equivalente al salario mínimo en Colombia, según las notas de prensa. Un sueño en un país en donde, según las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), 18 millones de personas viven con menos de un salario mínimo que hoy es de 1 423 500 pesos (aproximadamente 345 dólares).
Katheryn Cruz Arévalo, la hija de Edgar y Marlen, recuerda a la perfección el accidente de sus padres y explica que, meses después, había personas en el pueblo que les aseguraban que no había sido algo casual, que en realidad había sido un atentado porque «ellos eran una piedra en el zapato”. “El objetivo era que mis papás no llegaran a la socialización”, dice la hoy abogada de 25 años.
Risas contra el asedio
Tras ocho meses de resistencia, agotados y disminuidos ante las acciones que estaban ocurriendo, los pobladores decidieron disolver el plantón y Ecopetrol entró a pesar de las recomendaciones de Corpomacarena, la autoridad ambiental de la zona que, en octubre del 2012, había publicado un informe reportando que la empresa no estaba cumpliendo con los requerimientos de la licencia que otorga la ANLA.
Las intimidaciones continuaron. En 2013, a Edgar Cruz le asignaron medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Las medidas eran insuficientes, a Edgar le dieron un teléfono para que llamara cuando le iban a meter un tiro en la cabeza”, dice Marlen Arévalo riéndose de la tragedia.
Reírse ha sido su forma de afrontar las cosas y la gente que la rodea la admira por eso. Así lo explica Marta Currea, amiga de la pareja desde hace más de diez años y quien comparte su lucha por la defensa del territorio. “La capacidad de Marlen de sobreponerse a las amenazas contra su vida y la de su familia es tan extraordinaria que lo hace, incluso, de manera jocosa. La risa es su arma contra el asedio, es el símbolo de su resistencia”, asegura.
La estigmatización siguió siendo parte de su vida diaria. Un documento del Ministerio del Interior de 2015 —con firma de la oficina del Viceministerio de Relaciones Públicas, encabezado entonces por Carlos Ferro Solanilla—, mapea los «actores dentro de los conflictos sociales de cada pozo» en cinco municipios de los departamentos de Meta y Casanare, incluyendo Guamal.
Las descripciones de los actores, en dónde se encuentran los nombres de Marlen Arévalo y Edgar Cruz, han sido consideradas por los defensores, cuanto menos, como peligrosas, teniendo en cuenta que Colombia es el país en donde más ocurren asesinatos de líderes ambientales. El último informe de la organización Global Witness señala que en Colombia, 79 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en 2023, la cifra anual más alta registrada por esa organización en una nación.
En el documento del Ministerio del Interior hay descripciones como esta: «Comerciante del municipio, se encuentra presente en todos los bloqueos y tiene discurso agresivo contra la industria”, y “El párroco de la iglesia de El Castillo, en los espacios de la misa, toma los últimos minutos de esta para emitir discurso en contra de la industria”.
Para Dora Lucy Arias, abogada que integró la terna elegida por el presidente Gustavo Petro en 2024 para ser candidata a la Defensoría del Pueblo de Colombia y quien conoce y acompaña la lucha de Marlen Arévalo y Edgar Cruz desde hace más de una década, estas descripciones son evidentes perfilamientos hechos desde el Estado de las personas que son líderes sociales.
La introducción del documento habla de que el viceministerio busca con él “atacar los focos de problemática en la región… para ayudar a las operadoras (petroleras) en sus actividades de exploración y explotación». Arias asegura que ese es un análisis que excede las facultades de un viceministerio de relaciones políticas. “De una entidad como esta, lo que se esperaría es todo lo contrario, que conociendo los conflictos socioambientales existentes buscara incorporar tales perspectivas en clave de derechos y no de problemas cuyos focos deben ‘atacarse’”, dice.
Además, la experta llama la atención sobre un apartado específico del documento que como plan de acción del Ministerio del Interior, plantea organizar un foro ambiental con la comunidad y los ambientalistas para “desestimar su discurso”, pues deja en evidencia el sesgo de las “soluciones” planteadas por la cartera.
Aunque el documento lleva el logo de Ecopetrol como entidad que “apoya” y “financia” el análisis que ahí se contiene, Mongabay Latam consultó a la petrolera y esta aseguró que “Ecopetrol no tuvo participación en la elaboración de ese documento”.
Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior para corroborar esta información, pero la cartera aseguró que “no encontraron antecedentes del documento”, por lo que no negaron ni confirmaron que Ecopetrol lo haya financiado.
El informe de 59 páginas está firmado por Santiago Luna Soto, del Equipo de Gestión del Conocimiento del Ministerio del Interior de ese entonces. Luna Soto es abogado y trabajó para el Ministerio durante cuatro años, entre el 2015 y el 2018; hoy labora en su propia firma de abogados y escribe columnas de opinión criticando fuertemente las decisiones minero energéticas del gobierno actual.
Carlos Ferro, quien en 2015 se desempeñaba como viceministro y lideraba las acciones citadas en el documento, enfrenta actualmente una investigación por enriquecimiento ilícito y concusión (abuso de poder de un funcionario público en el que exige o recibe ilegalmente dinero), delitos que habría cometido durante su gestión como senador.
El pasado 24 de septiembre de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia formalizó la acusación contra el exviceministro. Si el proceso sigue adelante, iría a juicio.
La luz al final del túnel
«En febrero de 2014 una señora en el pueblo me felicitó y yo no entendía por qué», recuerda Marlen Arévalo. Edgar Cruz estaba fuera de Guamal cuando vio la noticia en un periódico: una tutela, mecanismo que cualquier ciudadano colombiano puede usar para pedir a las autoridades judiciales la garantía de sus derechos fundamentales, que Marlen y otras once mujeres habían interpuesto en 2012, argumentando que sus derechos a la salud y la vida estaban siendo vulnerados por el proyecto de Ecopetrol, había sido revisada por la Sala Octava de revisión de tutelas de la Corte Constitucional. El fallo ordenó suspender las actividades de construcción y operación de la plataforma exploratoria Lorito 1. Marlen fue la única que se negó a retirar la tutela, a pesar de que asegura que en el juzgado la presionaron para hacerlo y esa decisión ha dado frutos.
A pesar de eso, la empresa reubicó el pozo 350 metros más lejos de la ubicación inicial y en 2018 confirmó la presencia de petróleo. Una nota del medio especializado en economía, Portafolio, replicado en el portal País Minero, reportó que en una visita a Villavicencio, capital del departamento del Meta, el presidente de Ecopetrol en 2017, Juan Carlos Echeverry, aseguró que Lorito-1, ahora reubicado, tenía los pozos “más promisorios” de todo el portafolio de la empresa.
Sin embargo, otro reporte del diario El Tiempo en 2019, en entrevista con Ricardo Romero, líder de proyectos exploratorios del bloque CPO-9 de Ecopetrol, aseguró que la empresa había “reducido sus expectativas” con el pozo tras encontrar que el crudo que se produce es “extra-pesado”, lo que, aseguró Romero, es muy castigado en el mercado y aumenta los costos para poder venderlo.
A pesar del fallo favorable, Marlen Arévalo no ha parado su lucha. Ha participado en múltiples mesas de trabajo con la petrolera, no solo en su municipio, sino también en otros lugares donde se enfrentan a situaciones similares. «Donde haya violación de derechos humanos, yo voy a estar, no importa que yo no sea de allí”, afirma.
Su más reciente lucha es un nuevo proyecto del Bloque CPO-9, operado por Ecopetrol y que abarca 3.629 hectáreas, llamado “Campo Guamal”. El proyecto se ubicaría en el municipio donde Marlen y Edgar viven. Los temores que tenían con el primer pozo se han avivado de nuevo.
Por eso, el 17 de octubre de 2023, junto a Corpohumadea interpusieron una acción popular que, hasta ahora, ha logrado frenar el avance del proyecto petrolero. Nueve meses después, el 26 de julio de 2024,la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó archivar la solicitud de licencia ambiental presentada por Ecopetrol para operar en la zona, impidiendo así el desarrollo de la iniciativa. La petrolera impugnó la decisión, pero el 15 de octubre la ANLA ratificó su postura, lo que significó otro triunfo para Edgar Cruz y Marlen Arévalo.
Los defensores lo celebran, aunque saben que es una lucha que no ha terminado. “Por ahora estamos medianamente tranquilos, pero sabemos que Ecopetrol no va a renunciar a eso”, asegura Marlen Arévalo.
A ambos les es imposible pensar en el fallo sin recordar la última vez que Marlen sufrió una amenaza directa. En 2018, cuando salía del juzgado de Guamal tras haber instaurado un documento para pedir que la ANLA cumpliera con la licencia ambiental de Lorito -1, un hombre y una mujer en una moto la interceptaron y le gritaron: “Ustedes vuelven a parar el pozo y se mueren, hijueputas”.
A pesar del temor, Marlen Arévalo y su esposo se mantienen firmes en la defensa de sus derechos y los de cualquier comunidad que necesite su apoyo, mientras viven en una casa junto a la carretera, creyendo que ser visibles hace más difícil que les hagan daño.
De momento se mantienen en su lucha, como dice Edgar Cruz cada vez que le preguntan ¿cómo están?: “Como la piragua de Guillermo Cubillos, chapoteando el vendaval”.
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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
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