- Durante 2023 y el primer semestre de 2024, el Programa Somos Defensores registró 238 agresiones contra las mujeres líderes y defensoras en Colombia.
- Diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido que la violencia contra las defensoras ha tenido una escalada de agresiones desde 2022.
- A diferencia de sus compañeros, ellas se enfrentan a una doble victimización: por ser líderes y por ser mujeres.
- Las mujeres en la Amazonía y Orinoquía colombiana siguen siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en la defensa del territorio, como muestra este especial periodístico a través de las historias de cuatro defensoras en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Meta.
Las constantes amenazas contra la vida, el desplazamiento forzado y los sistemas de protección que no siempre funcionan se volvieron parte de la cotidianidad de los defensores del ambiente y el territorio en Colombia. En el caso de las mujeres, no sólo enfrentan los retos y peligros inherentes a ser mujeres, sino que también deben lidiar con violencias específicas que difieren de las que sufren sus compañeros.
Waira Jacanamijoy, artista y lideresa del pueblo inga, confiesa que no sabe cómo sigue viva, pues se ha enfrentado desde muy joven a los actores armados en la Bota Caucana, entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, que han querido controlar el territorio y sembrar cultivos de coca. Y es que, de acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness, Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de líderes ambientales y del territorio entre 2012 y 2023, con 461 asesinatos, seguida de Brasil (401), Filipinas (298), México (203) y Honduras (149). El año más crítico fue 2023, pues 79 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas en el país, la tasa anual más alta para una nación desde que Global Witness documenta casos.
Leonardo González, director del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), comenta que la muerte es el caso extremo de las violaciones de derechos humanos contra los y las líderes, además de que las defensoras deben enfrentar una gama de violencias que incluyen el acoso judicial, amenazas a sus familias, estigmatización, criminalización, desplazamiento y violencia sexual.
El Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia) en su artículo «La verdad y la lucha de las lideresas sociales» advierte que muchas de ellas han sido amenazadas junto con sus familiares, especialmente sus hijos. Según la organización, “para las mujeres es más costoso continuar con su liderazgo si esto implica perder sus lazos familiares, en un entorno en el que ellas mismas son las que sostienen económica y emocionalmente sus redes de cuidado”.
Eso precisamente ha llevado a que Marlén Arévalo replantee si quiere seguir defendiendo al río Guamal de la explotación petrolera en los Llanos Orientales, pues durante más de una década ha recibido amenazas contra ella, su esposo y su hija.
Las cifras de las diversas organizaciones que trabajan con violencias en contra de líderes en el país varían dependiendo de la metodología que utilicen, pero todas revelan escenarios preocupantes. Por ejemplo, el Programa Somos Defensores registró 135 amenazas, 24 asesinatos, 14 atentados, 12 desplazamientos forzados, tres secuestros, dos casos de tortura, dos hechos de violencia sexual y una judicialización contra mujeres defensoras en Colombia en 2023.
Los informes de las organizaciones sociales también han documentado de manera sistemática la violencia contra liderazgos ambientales de mujeres, especialmente en zonas de expansión de actividades extractivas, narcotráfico, minería ilegal y ganadería extensiva. “Todas (estas economías) están protegidas por grupos armados ilegales, por la impunidad y por la falta de acción del Estado”, afirma Leonardo González, director de Indepaz.
Enormes dificultades para ejercer el liderazgo
Las mujeres no sólo deben estar al frente de los procesos organizativos, sino que también se les exige no abandonar sus roles de esposas y madres. La violencia a las defensoras “trasciende del conflicto y se enmarca en un contexto de discriminación asociado al lugar de la mujer en la sociedad. Se les castiga por estar en las calles, por tomar una voz y hacer reclamos en lo público, por no vivir una vida silenciosa únicamente a cargo del cuidado de un hogar. Por no cumplir con las expectativas que se tienen de ellas”, enuncia el artículo de Dejusticia.
Cuando las mujeres empiezan a ocupar espacios que tradicionalmente han sido de los hombres, su trabajo se multiplica, pero también es demeritado. “El trabajo de la mujer no se valora igual que el del hombre. Un hombre es líder y ya. A una le toca, en cambio, estar pendiente de la casa, de los hijos, de los animales”, manifiesta Jani Silva, lideresa y cofundadora de la Zona de Reserva Campesina La Perla, en el departamento de Putumayo.
En el caso de las mujeres indígenas, a su labor de liderazgo se suma la de transmitir los conocimientos en las comunidades. El liderazgo indígena es generacional, como lo explica la investigadora Fabiola Caspud del Comité Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). “Las mujeres indígenas, líderes y sabedoras tejen procesos y han permitido también fortalecer la identidad cultural. Y esos liderazgos han sido también heredados por esas ancestras que han dejado el legado de la protección y defensa del territorio. Es importante visibilizar estos liderazgos para sembrar esa semilla en otras mujeres jóvenes para que se continúen con los procesos indígenas”, afirma Caspud, quien añade que cuando amenazan, desplazan y asesinan a una lideresa indígena, acaban con el legado y el traspaso de conocimientos.
Viviana Gómez, de CNTI, asegura que las violencias hacia las mujeres tienen impactos colectivos, donde no sólo está en riesgo su vida y trabajo, sino también la vida de las comunidades, como ocurrió con el asesinato de Carmelina Yule, una mujer indígena nasa de Toribío (departamento del Cauca).
Yule era una dirigente reconocida por defender los derechos de la mujer indígena y luchar contra el reclutamiento de menores de edad para la guerra. En marzo de 2024, el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, que opera en el Cauca, le disparó tras rescatar a un joven reclutado forzosamente. En 2021 ya habían atentado contra su vida al atacar su vivienda y uno de sus hijos murió en ese episodio. El año anterior, otro de sus hijos murió en circunstancias que aún no son claras, pero la lideresa responsabilizó al EMC. Tras el asesinato de Yule, el presidente Gustavo Petro levantó el cese bilateral con las disidencias en el Cauca.
Las investigadoras del CNTI insisten en que las amenazas y ataques contra las defensoras indígenas son un atentado contra las bases de las comunidades. “Cuando se ataca a una lideresa indígena, se ataca y se corta un saber y se acentúan problemas estructurales”, resalta Gómez.
En noviembre de 2024, durante la conmemoración del día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, ONU Mujeres presentó cifras de las violencias basadas en género contra las personas defensoras en Colombia: en 2023 hubo un aumento del 203%. Sólo para el primer semestre de 2023 hubo 3555 casos reportados de amenazas, hostigamientos y desplazamiento, en comparación con 1763 casos registrados en el mismo periodo de 2022.
En la Amazonía y Orinoquía colombiana no son sólo las mujeres indígenas quienes enfrentan los impactos colectivos de las amenazas a sus liderazgos. Jani Silva, una mujer campesina del Putumayo que fue parte del equipo que ayudó a la creación de la Zona de Reserva Campesina La Perla, y quien fue candidata a recibir el Nobel de Paz en 2023, se ha enfrentado a grupos armados y a las empresas de hidrocarburos en el departamento. Su lucha la ha llevado a recibir más de diez amenazas en los últimos cinco años.
A raíz de estas amenazas, que vienen de todos los grupos armados que operan en la zona, Silva ha tenido que abandonar el territorio en varias oportunidades. Por ejemplo, recuerda que en 2021 fue declarada objetivo militar y tuvo que encerrarse en su casa 15 días y abandonar el municipio durante un mes. “Yo lo primero que pensé fue en mis nietas, que por esos días se mantenían aquí en la casa con su mamá, mi hija. Casi me vuelvo loca”, manifiesta la lideresa.
Lideresas estigmatizadas y criminalizadas
Las violencias contra las defensoras desarmonizan los territorios y a las comunidades. Es por eso que, desde su informe ‘Mujer y territorio’, la CNTI le hace un llamado al Estado para garantizar y reconocer la legitimidad de la labor de las defensoras, escuchar sus demandas y no estigmatizar su defensa.
Y es que la estigmatización ha sido una constante en la vida de muchas mujeres que alzan la voz. Como lo explica Leonardo González, este flagelo ha servido históricamente como herramienta para deslegitimar a ciertos grupos sociales y justificar actos de violencia en su contra.
La historia de Silva es la prueba de cómo su vida ha estado en riesgo constante por el simple hecho de ser una mujer campesina. “Decían que la figura de las Zonas de Reserva Campesina era uribista. Y [el entonces presidente] Uribe, por otro lado, decía que eran repúblicas independientes para las guerrillas. Era una brutalidad total, y nosotros ahí, en el medio, sin saber qué hacer”, relata Silva.
Otra premisa que se repite en contra de los liderazgos es que si se oponen a las actividades extractivas son enemigos del progreso.
El observatorio de la CNTI registra 715 asesinatos de indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz y el 17 % representaban cargos de dirigencia en las comunidades y territorios étnicos. “La violencia es la amenaza latente contra la vida de los y las defensoras indígenas, una amenaza al mandato y a las estructuras político organizativas y ancestrales que se oponen a las economías extractivas en los territorios”, manifiestan Viviana Gómez y Fabiola Caspud de la CNTI.
La ONU advierte que las mujeres, y aún más las indígenas y afrodescendientes, enfrentan desafíos particulares con relación a la estigmatización, pues suelen ser señaladas por algunas autoridades locales o actores con intereses económicos en los territorios.
La criminalización también es otra forma de ataque y mordaza contra la defensa del ambiente y el territorio. Global Witness, en su informe de 2023, advierte que esta táctica se ha convertido en una “estrategia clave para restar autoridad a los movimientos en defensa de la tierra y el medioambiente e interrumpir sus actividades y actualmente es la táctica que más se utiliza para silenciar a las personas defensoras de los distintos países”.
Marlén Arévalo conoce este tema de cerca, ya que vio cómo sus compañeros fueron criminalizados y enfrentaron procesos judiciales por la defensa del territorio ante la estatal petrolera colombiana. En 2018 empezaron a circular por redes sociales volantes con el logo de la Policía Nacional en los que informaban la captura de siete líderes ambientales en el departamento del Meta. Eran defensores y defensoras del río Guamal. En los papeles se encontraban frases como: “Inició su actuar delictivo como presidenta de la Junta de Acción Comunal”.
Arévalo dice que estos señalamientos ponen aún más en riesgo su vida y la defensa del territorio: “Nos han puesto en riesgo nuestra vida, porque eso hace que la misma comunidad nos tenga entre ojos, porque supuestamente estamos atentando contra los intereses de los que quieren trabajar con la industria”.
Además de esto, los mecanismos de protección para los líderes, implementados por el Estado colombiano, son insuficientes. Aunque el Gobierno ha adoptado algunas medidas, como la firma del Acuerdo de Escazú, que busca proteger a los defensores ambientales, su implementación ha sido limitada. “La falta de voluntad política ha impedido que las medidas de protección lleguen a las zonas más afectadas”, afirma Leonardo González, de Indepaz.
Una protección sin soluciones a la vista
Las defensoras resisten en sus territorios mientras se sortea una reconfiguración de los poderes armados y políticos en cada una de las regiones colombianas. Según el último informe de Global Witness, los tres departamentos con mayor número de asesinatos registrados de líderes ambientales son Cauca (26), Putumayo (7) y Nariño (6), “donde quienes defienden la tierra y el medioambiente han quedado atrapados en el fuego cruzado”.
De hecho, el pueblo siona del departamento de Putumayo fue confinado durante más de 10 días por el enfrentamiento entre el grupo armado Comandos de Frontera y las disidencias Carolina Ramírez de la antigua guerrilla de las FARC en 2023. Los dirigentes del resguardo Buenavista y Piñuña Blanco fueron amenazados y algunos desplazados. Jani Silva estuvo en una lista de líderes amenazados por los armados.
La Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas, sólo para la región amazónica, entre 2023 y 2024. Un comunicado de marzo del año pasado dice que “otros riesgos han emergido para personas defensoras del ambiente, particularmente liderazgos campesinos e indígenas, que se han opuesto o han denunciado las afectaciones al territorio y a los procesos sociales y organizativos en contextos en los que se implementan economías legales, como la explotación de hidrocarburos o donde se implementan proyectos REDD+ de bonos de carbono”, dice el documento de la alerta temprana.
Colombia ha avanzado en el tema normativo para la protección de los defensores y se ha vinculado a acuerdos internacionales que buscan la protección de quienes defienden el medioambiente. El país celebró en agosto de 2024 la ratificación del Acuerdo de Escazú, pues es la primera vez que un tratado internacional dedica un artículo a la protección de líderes. “El artículo 9 establece que los Estados partes deben garantizar entornos seguros y propicios para que los defensores del medioambiente puedan actuar sin ser perseguidos, amenazados o asesinados. Esto es particularmente urgente en un país como Colombia, donde la impunidad prevalece en muchos de estos casos”, comenta González.
Sin embargo, las victorias son agridulces. La ONG Paz y Reconciliación (PARES) e Indepaz han informado que poco se ha hecho para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y del Decreto 660 de 2018, que regula la creación del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios. Este último proyecto tiene como objetivo adoptar medidas de protección y prevenir la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la libertad y la seguridad, además de establecer un plan de trabajo específico con las organizaciones sociales para su protección.
En el informe de gestión del Decreto, hecho en 2023 por la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior, se muestra un escaso avance. Desde abril de 2018 hasta julio de 2023, 42 organizaciones defensoras de derechos humanos fueron escogidas como beneficiarias de las medidas del decreto, pero ninguna ha logrado la implementación completa.
El problema, como manifiestan los y las líderes, es la implementación de los reglamentos, resoluciones y políticas que se formulan. La Corte Constitucional, a finales de 2023, alertó en un fallo judicial por la vulneración sistemática, masiva y permanente del derecho a defender los derechos humanos, evidenciando la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y protección de líderes, además de ordenarle al Estado hacer seguimiento efectivo al riesgo que enfrentan los defensores, valorar las rutas de protección colectiva en los municipios en los que el nivel de riesgo es mayor, establecer los lineamientos generales para la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos, entre otras medidas.
La Corte también le pidió a la sociedad civil realizar el acompañamiento y seguimiento a la implementación de las medidas para la protección y en abril de 2024 se creó la Comisión de Seguimiento con 17 organizaciones para realizar una mesa de interlocución con el Estado y dar cumplimiento de las órdenes de la sentencia.
La tarea no ha sido fácil. En términos de protección, la CNTI advierte que es indispensable que se adopte un enfoque étnico y de género, ya que los repertorios de violencia son distintos en hombres y en mujeres, pero también entre mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes.
En el caso de la lideresa indígena Waira Jacanamijoy, la defensora renunció a los dos guardaespaldas que la acompañaron durante cinco años, tras sentirse como una prisionera en su territorio amazónico.
En otros casos, el esquema de protección no sólo no tiene un enfoque de género, sino que es insuficiente para el nivel de amenaza que enfrentan las defensoras, tal como relata Marlén Arévalo, quien lleva varios años solicitando un sistema de protección eficiente, más allá de un chaleco antibalas y un celular para llamar en caso de riesgo. “Las medidas eran insuficientes, a Edgar (su esposo) le dieron un teléfono para que llamara cuando le iban a meter un tiro en la cabeza”, dice la defensora.
Lo cierto es que en medio de un recrudecimiento de la violencia en Colombia, las mujeres indígenas y campesinas siguen resistiendo en su territorio, desafiando los proyectos extractivos y defendiendo la tierra, mientras los grupos armados continúan amenazando, desplazando y estigmatizando la defensa territorial y ambiental.
*Nota del editor: Este reportaje fue modificado el 5 de marzo de 2025. Para garantizar la seguridad de una de las defensoras que hacía parte del especial, se eliminaron todas sus menciones en este texto.
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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
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